Salinas Pliego, jugador bursátil “no confiable”

 Salinas Pliego, en defensa de los ‘derechos humanos’ de Elektra

El dueño de TV Azteca desató un complejo litigio contra la Bolsa Mexicana de Valores: argumentó que un cambio en la normatividad atentó contra “los derechos humanos” de Grupo Elektra, lo que le hizo perder más de 7 mil millones de pesos. Este caso –el segundo que lo enfrenta con autoridades bursátiles– ya provocó que una juez se exhibiera en presuntos actos de corrupción y que la prensa especializada y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sentenciara: Ricardo Salinas Pliego no es un jugador confiable.

Ricardo Salinas Pliego.

Foto: Benjamín Flores.

Jenaro Villamil

Ave de tempestades, Ricardo Salinas Pliego y su compañía estelar, Grupo Elektra, se encuentran en un complejo litigio contra la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a la que acusan de haber violado sus “derechos humanos” al hacer públicos en abril de 2012 los ajustes a la metodología del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en el mercado bursátil nacional, lo que causó un desplome en el valor de las acciones de la empresa de electrodomésticos, la joya de la corona del empresario regiomontano.
En respuesta, la BMV ha involucrado al Poder Judicial capitalino y en especial a la juez sexto de lo Civil del Distrito Federal, Josefina Rosey González, acusada penalmente por haberle otorgado “ventajas indebidas” a la compañía del dueño de TV Azteca y, desde esta semana, por haber “dirigido o aconsejado” a Grupo Elektra, lo cual significaría “una violación al deber de imparcialidad que debió guardar”.
No es la primera vez que Salinas Pliego se ve involucrado en un juicio contra autoridades bursátiles. En 2006 la Securities and Exchange Commission­ (SEC) de Estados Unidos multó al empresario por no informar a sus inversionistas sobre operaciones en el mercado de valores de Codisco y Unefon, que le reportaron ganancias por 109 millones de dólares.
También se ha enfrentado en tribunales al Grupo Carso, de Carlos Slim, por la disputa en el mercado de las telecomunicaciones, donde ahora es socio de su excompetidor, Grupo Televisa, en la compañía de telefonía móvil Iusacell.
Apenas el año pasado TV Azteca se enfrentó con el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), dedicado a entregar los índices de rating, argumentando una presunta alteración en la base de datos.
En julio de 2012 presentó una denuncia contra el IBOPE ante la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, acusándolo de “manipular” los ratings y afectar así los ingresos publicitarios de los canales 7, 13 y 40, propiedad de Salinas Pliego.
Ahora la cruzada de Grupo Elektra contra la BMV no es para menos. Entre 2012 y 2013 Salinas Pliego pasó de ser el segundo hombre más rico de México y el 37 del mundo en la lista de Forbes (la revista calculó en 2012 su fortuna en 17 mil 400 millones de dólares) a un distante lugar este año, al disminuir a 9.9 mil millones de dólares su capital.
La causa fue la caída de las acciones de Grupo Elektra, la compañía de electrodomésticos que se convirtió en “la fuente del despegue” de la fortuna de Salinas Pliego, según la propia Forbes.
A raíz de que la BMV dio a conocer el 12 de abril de 2012 que las 35 empresas que forman parte del IPC deben tener un mínimo de acciones flotantes de 12% de su capital o el equivalente a 10 mil millones de pesos para ser consideradas, las acciones de Grupo Elektra cayeron 17.7%. En dos días el valor de esta compañía disminuyó 7 mil millones de dólares, según el cálculo de analistas bursátiles citados por The Economist. El 25 de abril de 2012 ese semanario publicó un análisis especial del caso, titulado Electric shock. Explicó que la disminución de estas acciones fue el resultado de que alrededor de la quinta parte de su valor estaba atado a un derivado de una transacción llamada equity swap.
The Economist recordó que Salinas Pliego no es un empresario confiable en el mundo bursátil. En 2006 pagó una millonaria multa por presunto fraude contra la SEC, el organismo regulador bursátil de Estados Unidos, en el caso de Codisco-Unefon.
El encarecimiento artificial durante 2011 y 2012 de las acciones de Grupo Elektra fue detectado también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de vigilar a las empresas que cotizan en bolsa, y por el Índice Morgan Stanley Capital International (IMSCI), uno de los proveedores de índices más importantes del mundo.
El IMSCI decidió eliminar a Elektra de su índice y la CNBV consideró, en reportes internos, que la compañía de Salinas Pliego no era un jugador confiable pues había favorecido el encarecimiento artificial de sus acciones para obtener “una ventaja indebida”.

“Derechos humanos”

El 3 de julio de 2012 Grupo Elektra promovió, a través del equipo de abogados coordinado por Gerardo Ramírez Ornelas, una demanda de juicio ordinario mercantil por daño patrimonial contra la BMV. Argumentó que el organismo privado violó sus “derechos humanos” al cambiar la metodología para el cálculo del IPC.
Grupo Elektra le solicitó a la juez Rosey González que, como medida cautelar, ordenara la suspensión de la nueva metodología a favor sólo de la compañía de Ricardo Salinas Pliego. La juez le otorgó tal medida cautelar, generando un pequeño escándalo entre los círculos bursátiles especializados.­
La BMV acató la disposición y no ha aplicado a Grupo Elektra los cambios en la metodología del IPC, a pesar de que las otras 34 grandes compañías que forman parte del índice han tenido que aceptarlos.­
En su mismo análisis de agosto de 2012, The Economist calificó como “una sentencia sorpresiva” la resolución de la juez de amparar su decisión en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que “generalmente no se aplica para compañías” de las dimensiones de Grupo Elektra.
Julio Zamora, especialista de Citigroup citado por The Economist, se preguntó: “¿Son las leyes en México aplicadas equitativamente, o pueden las compañías utilizar el sistema legal para seleccionar o escoger qué leyes deben aplicárseles?”.
Para distintos analistas consultados por Proceso lo que estaba en juego no eran derechos humanos de algún individuo, sino el presunto daño mercantil contra una empresa.
En paralelo, en agosto de 2012 Grupo Elektra interpuso una demanda por daño moral contra Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes en el calderonismo y presidente de la BMV, alegando presuntas afectaciones a la reputación de la compañía en una entrevista que concedió a Joaquín López Dóriga el 16 de abril del mismo año. El juez 27 de lo civil en el Distrito Federal, Gilberto Ruiz Hernández, declaró procedente la demanda.
Los abogados de la BMV recurrieron la sentencia por daño moral contra Téllez. En abril de este año, éste anunció que apelará el fallo del juez 27 de lo civil, que lo sentenció a pagar una indemnización por daño moral contra Grupo Elektra.
Paradójicamente la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BMV acordó ratificar a Téllez como consejero presidente y director general de la bolsa, en un claro espaldarazo al exsecretario de Energía zedillista frente al litigio con Salinas Pliego.
Grupo Elektra presentó sin éxito dos denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República contra el director general de la BMV y el entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no prosperaron.

“Sincronía” con la juez

El litigio por presunta violación a los “derechos humanos” de Grupo Elektra se puede convertir en una caja de Pandora judicial. De acuerdo con el abogado Carlos Riquelme, quien lleva el caso por parte de la BMV, se podría confirmar el “contacto” o la “comunicación indebida” entre la juez Rosey y el Grupo Elektra.
Rosey es una de las jueces más cercanas al magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien le gusta presumir públicamente su buena relación con los dueños de las dos principales televisoras del país. Elías Azar no sólo ha festejado a sus magistrados en el Estadio Azteca de Televisa, también jugó un papel esencial en la detención de Paula Cussi, quien litigó con Emilio Azcárraga Jean la sexta parte del legado de Emilio Azcárraga Milmo.
La BMV contrató al despacho Carrancá, Araujo, Acosta y Riquelme, encabezado por Agustín Acosta Azcón –el mismo que defendió a Florence Cassez y logró su liberación por violaciones al debido proceso–, para denunciar penalmente a la juez Rosey por concederle una “ventaja indebida” a Grupo Elektra, toda vez que el asunto es competencia del fuero federal y la medida cautelar otorgada –eximir a Elektra del uso de la metodología del IPC– “no tiene fundamento en precepto legal”, según consta en la demanda.
La juez contestó a la demanda penal interpuesta ante el Ministerio Público Federal y exhibió en su respuesta un escrito que resultó ser idéntico en tres párrafos al del amparo interpuesto por Grupo Elektra ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra la resolución de turnar el caso a tribunales federales, el 13 de mayo de 2013.
Como si se tratara de un copy-paste, tanto la juez como Grupo Elektra usaron las mismas palabras para justificar cómo debe tomarse en cuenta el IPC de la BMV.
Los tres párrafos idénticos dicen:
“En otras palabras, debe decirse que el IPC no es más que un termómetro del mercado bursátil, esto es, un simple indicador del dinamismo del que participa la actividad bursátil nacional, pero ajeno a los servicios de intermediación financiera, es decir, jamás pone en contacto oferta y demanda de valores centralizando posturas… Su único fin es permitir a los intermediarios y gran público inversionista leer la actividad del mercado bursátil.
“De acuerdo con el libro Para Entender la Bolsa, Financiamiento e Inversión en el Mercado de Valores del maestro Arturo Rueda, el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones refiere, a simple vista, un índice de precios o benchmark que es sólo una cantidad, un parámetro que resume la actividad general del mercado accionario.
“En ese tenor, pues, resulta claro que la emisión y el propio Índice de Precios y Cotizaciones no constituyen en ningún momento servicios de intermediación que pongan en contacto oferta y demanda de valores centralizando postura; la emisión del índice constituye simplemente una actividad auxiliar realizada por un particular para poder ofrecer un parámetro de la actividad del mercado bursátil; tan es así que el IPC no es el único existente, es un índice más emitido por un particular para ofrecer una lectura del panorama bursátil.”
Así consta en la declaración de la juez, como en el amparo de Grupo Elektra interpuesto por Ángel Fabricio Escalante Sánchez, cuyas copias tiene Proceso.
El pasado lunes 24 el abogado Riquelme Rodríguez, en representación de la BMV, interpuso una ampliación de la demanda ante la Dirección General de Asuntos Especiales de la PGR, argumentando que la juez “presumiblemente ha compartido información confidencial vinculada directamente con los hechos que se investigan.
“Por el orden cronológico en que se presentaron la declaración de Josefina Rosey González y la demanda de amparo de Elektra puede inferirse una violación al deber de imparcialidad que debió guardar la indiciada.
“La juez sexto de lo Civil en el Distrito Federal, Josefina Rosey González, probablemente ha dirigido o aconsejado a una persona jurídica que litiga ante ella; es decir, ha aconsejado a Elektra o compartido información confidencial sobre argumentos relacionados con los hechos del juicio ordinario mercantil 786/2012 y los de la presente indagatoria, al tiempo que dicha sociedad es parte actora en el juicio ordinario mercantil 786/2012 que se sigue ante el órgano jurisdiccional a cargo de la indiciada”, afirma Riquelme Rodríguez en la ampliación de la demanda.
Por ley, Grupo Elektra no debe tener acceso a la demanda contra la juez y menos a la declaración de ésta en respuesta a la denuncia por “ventaja indebida”.

Lapidario juicio de la ASF: México, un desastre bajo la conducción panista

Desde que el PAN llegó a Los Pinos, la economía nacional ha ido en picada. Esta afirmación destaca en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, recientemente difundido por la Auditoría Superior de la Federación. Pero la instancia que dirige Manuel Portal Martínez elabora un diagnóstico todavía más alarmante. El desastre –estima– es completo: crecimiento mediocre, recuperación precaria, empleos por debajo de la meta programada, déficit recurrentes…

Devastadora, la corrupción panista

Carlos Acosta Córdova

En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, divulgado el miércoles 15, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace trizas a los gobiernos panistas, al analizar 10 años de conducción de la economía: han sido un verdadero fracaso, sostiene.

El apartado sobre la revisión de las finanzas del sector público presupuestario de ese año –un legajo de 238 de las decenas de miles de páginas de las que consta todo el documento– es contundente:

De 2001 a 2010, la economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual más que mediocre: 1.7% en promedio.

Es decir, 10 años con una economía aletargada, sin bríos. Incapaz de generar el millón de empleos que se requieren cada año, meta que se lograría con un crecimiento de 6% o más, según cualquier modelo macroeconómico. Y por lo mismo, inútil para procurarle a la población mejores condiciones de vida.

Más: el crecimiento económico promedio en el gobierno de Vicente Fox fue de 2.2%. En los primeros cuatro años de Felipe Calderón, peor: sólo ¡un 1%! pudo avanzar el producto interno bruto en promedio anual.

En su campaña por la Presidencia fue célebre la propuesta de Fox de que en su gobierno la economía iba a crecer 7%. Ni la tercera parte logró.

Reconoce la ASF en el documento que en 2010 el crecimiento fue de 5.4% –5.5%, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística–, luego de haberse desplomado -6.1% real en 2009, el peor año de la crisis financiera internacional.

Ese crecimiento fue superior al que registraron las economías industrializadas: 3.1%, pero “inferior al 6.1% que promedió el PIB de las economías de América Latina y el Caribe”.

Además, esa recuperación económica –de -6.1% en 2009 a 5.4% en 2010– fue la más pobre de entre los países emergentes y en desarrollo, dice la ASF.

Las economías de estos últimos –acota– “confirmaron en 2010 su papel dinámico en el PIB mundial, al alcanzar un crecimiento de 7.3%, como consecuencia del comportamiento de su mercado interno, de mejores términos de intercambio comercial y de la entrada de capitales por la liquidez disponible en los mercados financieros”.

No fue el caso de México, puntualiza.

Y como si no fuera suficiente, presenta una tabla comparativa –con un sesgo negativo para el país y su gobierno panista– en la que se observa que en 2010 el crecimiento del PIB de México, de 5.4%, es apenas superior al 4.4% de los países de Oriente medio y del Norte de África; idéntico al 5.4% de países del África subsahariana… pero lejísimos del 10.3% de China ó el 10.1% de la India.

O, ya en nuestra región, nada que ver con el crecimiento de 15% de Paraguay, 9.2% de Argentina, 8.8% de Perú, 8.5% de Uruguay, 7.8% de República Dominicana y 7.5% de Brasil y Panamá.

En el tobogán

No hay reposo en la crítica a la conducción de la economía en los gobiernos panistas, sobre todo del actual.

Atiza el documento de la ASF: “El crecimiento real de 5.4% que se obtuvo en 2010, aunque importante, no fue suficiente para recuperar el valor del PIB en 2008, por lo que fue menor en 1.1% real, equivalente a 94 mil 992 millones 100 mil pesos en comparación con 2008.

Y en la tabla correspondiente, que muestra el valor del PIB, año por año, se ve en efecto que, a precios de 2003, el PIB de 2008 tuvo un valor de 8 billones 915 mil 30 millones de pesos, mientras que el de 2010, con todo y el crecimiento de 5.4%, fue menor: 8 billones 820 mil 38 millones de pesos.

Con ánimo lapidario, la ASF dice: “No fue sino hasta el primer semestre de 2011 cuando el PIB a precios constantes se ubicó en 8 billones 914 mil 736 millones de pesos. Es decir, se requirieron de 2.6 años para que se registrara un nivel por arriba del PIB obtenido en 2008”.

Además de una recuperación económica pobre en 2010, ese año se confirmó lo que desde 2006 es una tendencia: la economía mexicana cada vez pierde más peso en América Latina y el Caribe.

Textual: “La economía mexicana ha disminuido su participación en el producto (PIB) de América latina y el Caribe entre 2006 y 2010: el PIB de México retrocedió 2.7 puntos porcentuales como proporción del PIB regional, el mayor decremento de los cinco países más importantes de la zona, mientras que los otros cuatro –Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela– pasaron de representar 54.2% en 2006 a 56.4% en 2010”.

Y en la tabla demostrativa se ve, por ejemplo, que mientras Brasil generaba 32.7% del PIB de AL en 2006 y pasó a 34% en 2010, México caminó en sentido inverso: en 2006 su economía representaba 27.1% de total del PIB de AL, pero cuatro años después fue de 24.4%, es decir perdió 2.7 puntos porcentuales.

Una de las razones por las cuales la economía mexicana tiene un pobre desempeño, según la ASF, es su extrema dependencia de la de Estados Unidos, es decir, la pobre diversificación de su comercio exterior.

La institución que dirige Manuel Portal Martínez no concede mérito alguno a las autoridades económicas: la recuperación de 2010 –5.4%, desde el -6.1% de 2009–, dice, rebasó toda expectativa, pues el gobierno federal originalmente previó un crecimiento de 3% para el año… pero “la recuperación observada en 2010 se basó en la sólida expansión de la demanda externa asociada al crecimiento de EU, que se benefició de los estímulos fiscal y monetario aplicados (en ese país)”.

Ese tono es reiterativo en el informe de la ASF. Otro caso:

Reconoce que “las políticas fiscal y monetaria instrumentadas por el gobierno federal y el Banco de México han sido eficaces para preservar la estabilidad macroeconómica en indicadores clave como la inflación de un solo dígito, tasas de interés a la baja, tipo de cambio estable y déficit manejable en la cuenta corriente de la balanza de pagos”.

Pero: “Al considerar el periodo de 2007 a 2010 –el gobierno de Calderón, pues–, se advierte que la posición fiscal del país se ha deteriorado al presentar recurrentes déficits (sic) en los balances tanto público como presupuestario”.

Ello se debió a que “los ingresos ordinarios han quedado rezagados respecto del incremento del gasto público, lo que ha requerido de un mayor endeudamiento para financiar dichos déficits (sic)”.

Explica que los ingresos ordinarios se incrementaron a una tasa media anual de 1.1% real entre 2007 y 2010, mientras que el gasto neto pagado lo hizo en 5.2% real en el mismo periodo”.

Sesgo acusatorio

El mensaje de la ASF es lapidario: estos gobiernos panistas gastan cuatro veces más de lo que son capaces de generar. Y necesariamente tienen que recurrir más a la deuda para financiar los déficit. Porque la economía, la actividad productiva –aletargada– no da para más.

Sin ambages la crítica: “En los últimos cinco años se aprecia un importante incremento de la deuda pública bruta –interna y externa– en sus distintos niveles de agregación. La deuda del sector público presupuestario fue la que mostró el mayor incremento, al pasar de 21.5% del PIB en 2006 a 33.1% en 2010, lo que significó un incremento de 11.6 puntos porcentuales”.

Y para darle sentido a esos números –con el recurrente tono acusatorio–, presenta la tabla correspondiente, de la que se desprende lo siguiente:

Vicente Fox, en 2006, dejó al sector público federal (que incluye gobierno federal, sector paraestatal y la banca de desarrollo) con una deuda bruta de 2 billones 337 mil 320 millones de pesos, equivalente a 22.5% del PIB.

Pero Calderón, al 2010, ya la había subido a 4 billones 445 mil459 millones de pesos, el 34% del PIB. Es decir, en cuatro años le metió a la deuda heredada de Fox otros 2.1 billoncitos de pesos más, un “aumentito” de 90.2%.

Y si se desglosa la deuda en sus componentes interno y externo, se descubren otras cosas.

La deuda interna que dejó Fox para el sector público federal fue de 1 billón 741 mil 408 millones de pesos. Calderón la fue subiendo año con año, para ubicarla en 2010 en casi 3.1 billones, un incremento de 77% o 1 billón 339 mil 477 millones de pesos más.

El caso de la deuda externa es más sintomático. Aunque como porcentaje del PIB es mucho más reducida que la interna, el brinco que ha dado es más notorio.

La deuda externa del sector público federal, al cierre del gobierno de Fox, fue de 54 mil 766 millones 300 mil dólares o 595 mil 912 millones 100 mil pesos, 5.7% del PIB. En 2010, cuarto año de Calderón, los débitos al exterior ascendían a 110 mil 428 millones de dólares o 1 billón 364 mil 569 millones 800 mil pesos, 10.4% del PIB.

Es decir, Calderón elevó la deuda externa, al 2010, en 4.7 puntos porcentuales del PIB. En pesos: le agregó casi 768 mil 658 millones más, que significa un aumento de 129% respecto de la deuda externa que le dejó Fox.

En dólares, a la deuda externa que Fox le heredó, Calderón le agregó, hasta 2010, otros 55 mil 662 millones, que significan un aumento de 101.6%.

Si a la deuda pública bruta se le restan una serie de activos financieros, queda la deuda pública neta. Sin embargo, las variaciones porcentuales y las diferencias absolutas son muy similares a las de la deuda bruta.

Las “recomendaciones”

Pero la ASF va más allá de la crítica al rápido endeudamiento del país en los gobiernos panistas.

Hace una serie de cálculos técnicos y dice que el nivel de superávit primario –que es de 0.2 cuando debía ser de 1 para que la deuda sea sostenible– “es insuficiente en un futuro para cubrir el costo efectivo de los intereses de la deuda, lo que significa que el nivel de endeudamiento del gobierno federal en los últimos años ha minado su capacidad de pago”.

Y si el país no quiere llegar a situaciones de impago, como sucedió en los años ochenta, la ASF recomienda al gobierno de Calderón “impulsar condiciones para un mayor crecimiento estable y sostenido de la economía, en un marco de competitividad y productividad, así como de mayor fortaleza en las finanzas públicas y la calidad del gasto”.

Pero una política económica carece de sentido si no tiene como fin el bienestar de la población. Y en esto han fallado de sobra los gobiernos panistas, según se desprende del informe de la ASF.

En materia de empleo, dice que aunque el PIB registró un crecimiento de 5.4% real en 2010, los empleos permanentes redujeron su participación en el mercado laboral: de representar en promedio el 88.7% en 2006, pasaron a 88% en 2009 y a 87% en 2010.

En cambio, los empleos eventuales son menos pero aumentaron más. En 2006 representaron 11.3% del todos los trabajos formales en el país, pero ya en 2010 significaron 13% del total de empleos registrados en el IMSS.

Otra vez, la sobadita y el coscorrón: “Durante 2010 se generaron 530 mil 321 plazas nuevas, de las cuales 323 mil 170 fueron permanentes (60.9%), lo que bien significó un avance relevante, el total de estas plazas se mantuvo por debajo del nivel observado en 2008”.

Más: “La crisis de 2009 alteró la composición del empleo, debido a que en 2007 y 2008 por cada 100 nuevos empleos permanentes se crearon 21 eventuales en promedio, y en 2010 esa relación subió a 64”.

Pero, en realidad, el gobierno de Calderón no cumplió ni siquiera en la mitad la meta propuesta de creación de empleos, dice la ASF: “El total generado de 2007 a 2010 fue de 950 mil 772 plazas de trabajo, lo que equivale a 41.7% de las 2 millones 282 mil 124 establecidas como meta en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012”.

En materia de salarios, los logros han sido igual de magros que en el empleo. Aunque en 2010 el salario mínimo real promedio aumentó un 0.9%: de 10.05 pesos en 2009 (53.19 pesos en su valor nominal) pasó a 10.14 pesos (55.77 nominales) en 2010.

Pero resulta, dice la ASF, que esos 10.14 pesos a los que llegó el salario mínimo real en 2010, sigue por debajo de los 10.20 pesos de 2008; no se diga de los 10.42 pesos de 2007 y los 10.48 pesos de 2006.

Lo más grave, a juicio de la ASF, es que “del total de la población ocupada en 2010 (44.1 millones de personas), el 44.4% (19.6 millones de personas) percibió un ingreso de hasta dos salarios mínimos generales, lo que equivale a un ingreso mensual nominal de 3 mil 346.2 pesos.

“Si se considera que este ingreso sea el único que recibe una familia (de cuatro personas promedio), esta cantidad se compara desfavorablemente con el valor de la línea de bienestar por persona, que al cierre de 2010 fue de 2 mil 179.4 pesos en áreas urbanas y de mil 376.2 pesos en zonas rurales, lo que significa que la familia debiera recibir un ingreso mensual de 8 mil 717.6 pesos y 5 mil 504.8 pesos mensuales, respectivamente.”

Otro hecho que muestra el deterioro del empleo y del ingreso de los hogares, dice la ASF, es el aumento de las personas que están en la economía informal, que es mayor al número de quienes cuentan con un empleo formal.

Más claro ni el agua: “En 2010, en promedio, la tasa de ocupación en el sector informal como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) superó en 3.1 puntos porcentuales a la ocupada en la economía formal. En ese año, 34 de cada 100 personas en edad y condición de trabajar se emplearon en actividades informales, sin acceso a seguridad social, a prestaciones laborales y a una remuneración estable”.

Los datos: en 2006 había 14 millones 697 mil 372 personas empleadas en la informalidad, el 33.5% de la PEA. En el sector formal, asegurados en el IMSS, había 13 millones 573, 677 personas, el 30.9% de la PEA.

En 2010, con Felipe Calderón, los informales eran 16 millones, el 34.2% de la PEA. Es decir, 1 millón 262 mil 395 mil personas se agregaron a la informalidad, un aumento de 8.6%.

En cambio, el número de quienes se ocuparon en el sector formal sólo aumentó en 950 mil 771 personas, un
7% más.

Y así, tema tras tema, indicador tras indicador, la Auditoría Superior de la Federación se muestra implacable con la gestión económica de los gobiernos panistas, no obstante que éstos puedan presumir que han contado con sólidos equipos hacendarios, encabezados por dos secretarios de Hacienda conspicuos, de bien ganada reputación internacional: Francisco Gil Díaz, con Fox y Agustín Carstens, con Calderón.

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Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

Obtilia Eugenio Manuel, Ines Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de violación por militares.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

De Contralínea

Mapuches contra Estado chileno y trasnacional de celulosa

Pamela Sepúlveda

Mapuches de la costa y pescadores llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno y a la trasnacional Celco. Los indígenas señalan que sus derechos a la cultura y territorio han sido violados; además, la contaminación de la productora de papel ya ha dejado una mortandad de especies animales y vegetales.

Corporación europea de celulosa explota bosques de Brasil

Fabiana Frayssinet

La trasnacional Veracel Celulosa, con plantaciones en 10 municipios de Brasil, es acusada de crímenes contra el medio ambiente, evasión fiscal y de corromper servidores públicos. La empresa se defiende. Dice que genera empleos en la zona y cuida más de 105 mil hectáreas libres de deforestación. Un hecho es incontrovertible: toda la celulosa y el 60 por ciento de las utilidades se envían al exterior. El ciento por ciento de la contaminación se queda en Brasil.

Yaquis, en resistencia por el agua

Érika Ramírez

Desde la Conquista hasta el neoliberalismo actual, la tribu que se asienta sobre 480 mil hectáreas en el Sur de Sonora defiende su territorio y su agua. Entrada la segunda década del siglo XXI, la comunidad de más de 32 mil habitantes se opone al despojo de las aguas del Río Yaqui, amenazado por la construcción del acueducto Independencia, que financian los gobiernos federal, de Felipe Calderón, y estatal, de Guillermo Padrés Elías.

Cárteles mexicanos se asocian con cuatro mafias internacionales

Nancy Flores / Cuarta parte y última

Investigaciones internacionales descubren nexos entre los cárteles mexicanos y las mafias italiana, japonesa, peruana e hindú para trasegar decenas de toneladas de drogas en América Latina, Europa y Asia. Esta fortaleza global les permite acceder a mercados que antes controlaban los colombianos, como España y Portugal, alertan autoridades europeas. En esta edición, Contralínea presenta el mapa de la internacionalización de las organizaciones criminales de México.

MAPA:

MAFIA MEXICANA: NEGOCIOS INTACTOS

America's Creeping Police State

Imperialism abroad is destroying what is left of our democracy at home. From warrantless wiretapping to warrantless door-busting, this is what a police state looks like.

AlterNet / By Rania Khalek

The late Chalmers Johnson often reminded us that “A nation can be one or the other, a democracy or an imperialist, but it can’t be both. If it sticks to imperialism, it will, like the old Roman Republic, on which so much of our system was modeled, lose its democracy to a domestic dictatorship.” His warning rings more true by the day, as Americans watch the erosion of their civil liberties accelerate in conjunction with the expansion of the US Empire.

When viewed through the lens of Johnson’s profound insights, the Supreme Court’s recent ruling in Kentucky v. King makes perfect sense. On May 13, in a lopsided 8-1 ruling, the Court upheld the warrantless search of a Kentucky man’s apartment after police smelled marijuana and feared those inside were destroying evidence, essentially granting police officers increased power to enter the homes of citizens without a warrant.

Under the Fourth Amendment, police are barred from entering a home without first obtaining a warrant, which can only be issued by a judge upon probable cause. The only exception is when the circumstances qualify as “exigent,” meaning there is imminent risk of death or serious injury, danger that evidence will be immediately destroyed, or that a suspect will escape. However, exigent circumstances cannot be created by the police.

In this case, the police followed a suspected drug dealer into an apartment complex and after losing track of him, smelled marijuana coming from one of the apartments. After banging on the door and announcing themselves, the police heard noises that they interpreted as the destruction of evidence. Rather than first obtaining a warrant, they kicked down the door and arrested the man inside, who was caught flushing marijuana down the toilet.

The Kentucky Supreme Court had overturned the man’s conviction and ruled that exigent circumstances did not apply because the behavior of the police is what prompted the destruction of evidence. Tragically, an overwhelming majority of the Supreme Court upheld the Conviction. Writing for the majority, Justice Samuel Alito wrote that citizens are not required to grant police officers permission to enter their homes after hearing a knock, but if there is no response and the officers hear noise that suggests evidence is being destroyed, they are justified in breaking in.

In her lone and scathing dissent, Justice Ruth Bader Ginsburg agreed with the Kentucky Supreme Court, arguing that the Supreme Court’s ruling “arms the police with a way routinely to dishonor the Fourth Amendment’s warrant requirement in drug cases. In lieu of presenting their evidence to a neutral magistrate, police officers may now knock, listen, then break the door down, nevermind that they had ample time to obtain a warrant.” She went on to stress that “there was little risk that drug-related evidence would have been destroyed had the police delayed the search pending a magistrate’s authorization.”

Not only did the police instigate the destruction of evidence by banging at the door and shouting “Police, police,” but they could have easily obtained a warrant since they likely had probable cause. There is no reason to believe that delaying the search to obtain a warrant, as legally required, would have led to the destruction of evidence. This was pure laziness and contempt for the constitution on part of the officers.

An argument could be made that entering without a warrant saves money, time, and resources, especially if it’s obvious that a crime is being committed. However, the protection of our rights is worth the money, time, and resources. Living in a free society requires that we make these sacrifices, even at the peril of our safety if need be. In fact, I would argue that the wasting of money, time, and resources is the fault of a deeply flawed drug policy, not the protection of those pesky civil liberties always getting in the way of law enforcement.

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Reforma migratoria

Is the CIA behind Mexico's Bloody Drug War?

Summary: The militarization of the war on drugs has been a colossal disaster which has accelerated the pace of social disintegration. Mexico is quickly becoming a failed state, and Washington's deeply-flawed Merida Initiative, which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations, is largely to blame.

by Mike Whitney

On April 23, two patrol cars were ambushed by armed gunman in downtown Ciudad Juarez. In the ensuing firefight, seven policemen were killed as well as a 17-year old boy who was caught in the crossfire. All of the assailants escaped uninjured fleeing the crime-scene in three SUVs. The bold attack was executed in broad daylight in one of the busiest areas of the city. According to the Associated Press:

"Hours after the attack, a painted message directed to top federal police commanders and claiming responsibility for the attack appeared on a wall in downtown Ciudad Juarez. It was apparently signed by La Linea gang, the enforcement arm of the Juarez drug cartel. The Juarez cartel has been locked in a bloody turf battle with the Sinaloa cartel, led by Joaquin "El Chapo" Guzman.

"This will happen to you ... for being with El Chapo Guzman and to all the dirtbags who support him. Sincerely, La Linea," the message read." ("7 Mexican police officers killed in Ciudad Juarez", Olivia Torres, AP)

The massacre in downtown Juarez is just the latest incident in Mexico's bloody drug war. Between 5 to 6 more people will be killed on Saturday, and on every day thereafter with no end in sight. It's a war that cannot be won, but that hasn't stopped the Mexican government from sticking to its basic game-plan.

The experts and politicians disagree about the origins of the violence in Juarez, but no one disputes that 23,000 people have been killed since 2006 in a largely futile military operation initiated by Mexican president Felipe Calderon. Whether the killing is the result of the ongoing turf-war between the rival drug cartels or not, is irrelevant. The present policy is failing and needs to be changed. The militarization of the war on drugs has been a colossal disaster which has accelerated the pace of social disintegration. Mexico is quickly becoming a failed state, and Washington's deeply-flawed Merida Initiative, which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations, is largely to blame.

The surge in narcotics trafficking and drug addiction go hand-in-hand with destructive free trade policies which have fueled their growth. NAFTA, in particular, has triggered a massive migration of people who have been pushed off the land because they couldn't compete with heavily-subsidized agricultural products from the US. Many of these people drifted north to towns like Juarez which became a manufacturing hub in the 1990s. But Juarez's fortunes took a turn for the worse a few years later when competition from the Far East grew fiercer. Now most of the plants and factories have been boarded up and the work has been outsourced to China where subsistence wages are the norm. Naturally, young men have turned to the cartels as the only visible means of employment and upward mobility. That means that free trade has not only had a ruinous effect on the economy, but has also created an inexhaustible pool of recruits for the drug trade.

Washington's Merida Initiative--which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations--has only made matters worse. The public's demand for jobs, security and social programs, has been answered with check-points, crackdowns and state repression. The response from Washington hasn't been much better. Obama hasn't veered from the policies of the prior administration. He is as committed to a military solution as his predecessor, George W. Bush.

But the need for change is urgent. Mexico is unraveling and, as the oil wells run dry, the prospect of a failed state run by drug kingpins and paramilitaries on US's southern border becomes more and more probable. The drug war is merely a symptom of deeper social problems; widespread political corruption, grinding poverty, soaring unemployment, and the erosion of confidence in public institutions. But these issues are brushed aside, so the government can pursue its one-size-fits-all military strategy without second-guessing or remorse. Meanwhile, the country continues to fall apart.

THE CLASHING CARTELS

The big cartels are engaged in a ferocious battle for the drug corridors around Juarez. The Sinaloa, Gulf and La Familia cartels have formed an alliance against the upstart Los Zetas gang. Critics allege that the Calderon administration has close ties with the Sinaloa cartel and refuses to arrest its members. Here's an excerpt from an Al Jazeera video which points to collusion between Sinaloa and the government.

"The US Treasury identifies at least 20 front companies that are laundering drug money for the Sinaloa cartel...There are allegations that the Mexican government is "favoring" the cartel. According to Diego Enrique Osorno, investigative journalist and author of the "The Sinaloa Cartel":

"There are no important detentions of Sinaloa cartel members. But the government is hunting down adversary groups, new players in the world of drug trafficking."

International Security Expert, Edgardo Buscaglia, says that "of over 50,000 drug related arrests, only a very small percentage have been Sinaloa cartel members, and no cartel leaders. Dating back to 2003, law enforcement data shows objectively that the government has been hitting the weakest organized crime groups in Mexico, but they have not been hitting the main crime group, the Sinaloa Federation, that's responsible for 45% of the drug trade in this country." (Al Jazeera)

There's no way to verify whether the Calderon administration is in bed with the Sinaloa cartel, but Al Jazeera's report is pretty damning. A similar report appeared in the Los Angeles Times which revealed that the government had diverted funds that were earmarked for struggling farmers (who'd been hurt by NAFTA) "to the families of notorious drug traffickers and several senior government officials, including the agriculture minister." Here's an excerpt from the Los Angeles Times:

"According to several academic studies, as much as 80% of the money went to just 20% of the registered farmers...Among the most eyebrow-raising recipients were three siblings of billionaire drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman, head of the powerful Sinaloa cartel, and the brother of Guzman's onetime partner, Arturo Beltran Leyva". ("Mexico farm subsidies are going astray", Tracy Wilkinson, Los Angeles Times)

There's no doubt that if the LA Times knows about the circular flow of state money to drug traffickers, than the Obama administration knows too. So why does the administration persist with the same policy and continue to support the people they pretend to be fighting?

In forty years, US drug policy has never changed. The same "hunt them down, bust them, and lock them up" philosophy continues to this day. That's why many critics believe that the drug war is really about control, not eradication. It's a matter of who's in line to rake in the profits; small-time pushers who run their own operations or politically-connected kingfish who have agents in the banks, the intelligence agencies, the military and the government. Currently, in Juarez, the small fries' are getting wiped out while the big-players are getting stronger. In a year or so, the Sinaloa cartel will control the streets, the drug corridors, and the border. The violence will die down and the government will proclaim "victory", but the flow of drugs into the US will increase while the situation for ordinary Mexicans will continue to deteriorate.

Here's a clip from an article in the Independent by veteran journalist Hugh O'Shaughnessy:

"The outlawing and criminalizing of drugs and consequent surge in prices has produced a bonanza for producers everywhere, from Kabul to Bogota, but, at the Mexican border, where an estimated $39,000m in narcotics enter the rich US market every year, a veritable tsunami of cash has been created. The narcotraficantes, or drug dealers, can buy the murder of many, and the loyalty of nearly everyone. They can acquire whatever weapons they need from the free market in firearms north of the border and bring them into Mexico with appropriate payment to any official who holds his hand out." ("The US-Mexico border: where the drugs war has soaked the ground blood red", Hugh O'Shaughnessy The Independent)

It's no coincidence that Kabul and Bogota are the the de facto capitals of the drug universe. US political support is strong in both places, as is the involvement of US intelligence agencies. But does that suggest that the CIA is at work in Mexico, too? Or, to put it differently: Why is the US supporting a client that appears to be allied to the most powerful drug cartel in Mexico? That's the question.

THE CHECKERED HISTORY OF THE CIA

In August 1996, investigative journalist Gary Webb released the first installment of Dark Alliance in the San Jose Mercury exposing the CIA's involvement in the drug trade. The article blew the lid off the murky dealings of the agency's covert operations. Webb's words are as riveting today as they were when they first appeared 14 years ago:

"For the better part of a decade, a San Francisco Bay Area drug ring sold tons of cocaine to the Crips and Bloods street gangs of Los Angeles and funneled millions in drug profits to a Latin American guerrilla army run by the U.S. Central Intelligence Agency, a Mercury News investigation has found.

This drug network opened the first pipeline between Colombia's cocaine cartels and the black neighborhoods of Los Angeles, a city now known as the "crack'' capital of the world. The cocaine that flooded in helped spark a crack explosion in urban America

and provided the cash and connections needed for L.A.'s gangs to buy automatic weapons.

It is one of the most bizarre alliances in modern history: the union of a U.S.-backed army attempting to overthrow a revolutionary socialist government and the Uzi-toting "gangstas'' of Compton and South-Central Los Angeles." ("America's 'crack' plague has roots in Nicaragua war", Gary Webb, San Jose Mercury News)

Counterpunch editor Alexander Cockburn has also done extensive research on the CIA/drug connection. Here's an excerpt from an article titled "The Government's Dirty Little Secrets", which ran in the Los Angeles Times.

"CIA Inspector General Frederick Hitz finally conceded to a U.S. congressional committee that the agency had worked with drug traffickers and had obtained a waiver from the Justice Department in 1982 (the beginning of the Contra funding crisis) allowing it not to report drug trafficking by agency contractors. Was the lethal arsenal deployed at Roodeplaat assembled with the advice from the CIA and other U.S. agencies? There were certainly close contacts over the years. It was a CIA tip that led the South African secret police to arrest Nelson Mandela." (The Government's Dirty Little Secrets, Los Angeles Times, commentary, 1998).

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Victoria inalcanzable

La guerra antinarco: victoria inalcanzable

Desde 2009, Alfonso Reyes Garcés, capitán de fragata de infantería e integrante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, advirtió que la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico estaba encaminada al fracaso. De no cambiarla, dijo, la guerra contra los cárteles no tendrá fin. Y se explayó sobre el tema en su tesis de maestría, que presentó en diciembre de ese año en la Escuela de Posgrado Naval en Monterey, California. Entre sus críticas, el oficial de marina afirma que si el narcotráfico es una amenaza para la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal. La estrategia no ha cambiado y, en efecto, el gobierno y sus fuerzas armadas no tienen manera de sostener que pueden alcanzar la victoria...

Galván y Saynez. Ruta al fracaso.

Jorge Carrasco Araizaga

Renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, el gobierno de Felipe Calderón quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico y a menos de dos años de abandonar el poder ni siquiera sabe bajo qué parámetros puede demostrar una victoria.

Esta evaluación de lo que ha sido la principal política del sexenio es autoría de un jefe de la Marina, Armada de México, el capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés. La escribió en su tesis de maestría que presentó en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.

Adscrito actualmente al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal, Reyes Garcés se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, donde se especializó en el Departamento de Análisis de Defensa, división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.

Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división están ahora operando en Irak, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubican la “insurgencia delictiva” que padece México y que la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios estadunidenses han tipificado como “narcoinsurgencia”.

Contrario al entusiasmo del titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Francisco Saynez Mendoza, con la estrategia de Calderón –que llevó incluso al almirante a declarar el miércoles 20 en Veracruz que la violencia desatada en el país se debe a que “la fiera está acorralada” y un día después a decir “que los cárteles se están desbaratando” –, Reyes Garcés hace una revisión sin paliativos de la manera en que se ha pretendido combatir el narcotráfico en el actual sexenio y las consecuencias negativas que ha tenido, sobre todo por la creciente violencia.

Desde el título, el jefe naval cuestiona los logros que reclama Calderón en su decisión de privilegiar la violencia: ¿Se está ganando la guerra a las drogas en México? La primera respuesta de Reyes Garcés es contundente: Calderón realmente no ha innovado en el combate al narcotráfico. Se ha limitado a repetir lo que se ha hecho desde el siglo pasado en México y el mundo y que ha probado su fracaso: atacar la oferta de droga, sin tomar en cuenta las raíces sociales del narcotráfico.

En ese ataque frontal a los cárteles, las autoridades mexicanas no han tenido los resultados esperados debido a que su principal problema es la “falta de una estrategia bien coordinada”. El resultado, dice a la luz del círculo vicioso de violencia en que está atrapado el país, es que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”.

La tesis publicada por la NPS –cuya sede se ubica al sur de San Francisco, en el Pacífico– tiene como subtítulo: Hacia un enfoque integrado del comercio de las drogas ilegales. Pasada ya la primera mitad del sexenio, el capitán de fragata Reyes Garcés explicó la necesidad de un cambio de estrategia:

“México está sufriendo cada vez más los efectos negativos de los crecientes niveles de narcotráfico y de consumo de drogas. La política orientada al combate de la oferta de droga, que implica ataques a los poderosos cárteles, ha alcanzado sus límites estructurales. Los signos son claros de que es tiempo de intentar un nuevo enfoque.”

La principal propuesta del jefe militar es pasar de la lógica de que “si no hay disponibilidad de drogas no hay daño” a la de considerar la reducción de los daños sociales causados por las drogas, en especial la “violencia sistemática”.

La propuesta de Reyes Garcés

Integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada de México que ha sido fortalecido por Calderón como parte de su “guerra al narcotráfico”, Reyes Garcés asegura que la violencia asociada al narcotráfico y el crecimiento en su tamaño son síntomas de una enfermedad más grande: la adicción de la gente y los costos sociales asociados con un extendido uso de drogas ilegales.

Pero también considera que la violencia relacionada con el narcotráfico puede estar vinculada, en un grado importante, con los altos niveles de desigualdad y pobreza, debido a que los cárteles de la droga ofrecen una atractiva fuente de trabajo ante la crisis económica.

Más aún, la estrategia de descabezar a los cárteles ha generado una promoción más rápida en su interior, lo que se ha vuelto atractivo para los jóvenes: “Como resultado de la alta tasa de muertes y detenciones de narcotraficantes, los cárteles están en una constante necesidad de nuevos reclutas”, sostiene Reyes.

Lo que también ha hecho la actual estrategia, dice, es que “el negocio sea más riesgoso, pero más lucrativo”, pues no ha afectado ni la demanda de drogas ilegales en México ni su flujo, especialmente a Estados Unidos.

Alejado de la respuesta represiva, afirma que, más allá de la confrontación a los cárteles, una estrategia diferente a la actual debe tomar en cuenta la dinámica social que incentiva a la gente a participar en el narcotráfico.

En todo caso, el jefe naval propone un balance entre el combate a la oferta de drogas y la reducción del daño social que ocasionan; lo que lo lleva incluso a considerar la legalización de la mariguana. Eso tendría un impacto importante en las finanzas de los cárteles y podría reducir su participación en el mercado de las drogas ilegales debido a que la mariguana representa más de 61% de los ingresos de los narcotraficantes, argumenta.

Reyes apunta que pese a la gran cantidad de recursos destinados por las autoridades mexicanas a las operaciones antidroga, el flujo de las drogas ilegales en el país continúa más o menos en los mismos niveles desde la llegada del PAN a la Presidencia en el año 2000.

En cambio, los efectos negativos asociados con el narcotráfico siguen creciendo. El más visible, la violencia de los cárteles que se disputan el control de las principales rutas hacia Estados Unidos y los centros de distribución en México y la que resulta del conflicto armado con las fuerzas gubernamentales, en lo que el jefe militar define como “un intento fallido de detener o eliminar el tráfico de drogas”.

La principal razón de estas expresiones de violencia es que el gobierno ha desestimado las profundas raíces sociales, como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que propician la continua importancia y expansión del narcotráfico, dice el experto militar.

Lo mismo ocurrió con su antecesor, Vicente Fox, cuya administración se jactaba en 2002 de que en su “guerra a las drogas” había detenido a 40 jefes del narcotráfico. Sin embargo, observa, “el vacío creado por esas detenciones fue rápidamente llenado por miembros de los mismos cárteles o por cárteles rivales que aprovecharon la oportunidad para expandir sus áreas de influencia”.

Aunque Fox presentó como un gran éxito que durante su gobierno le haya causado pérdidas por 17 mil millones de dólares a los cárteles de la droga, además de haber extraditado a Estados Unidos más de 200 miembros de esas organizaciones, “el impacto en el comercio de drogas ilegales fue, de hecho, insignificante”.

Entre 2005 y 2006, los dos últimos años del gobierno foxista, los niveles de violencia entre los cárteles y contra el gobierno alcanzaron niveles sin precedente. La respuesta de Calderón fue lanzar a los militares a combatir a narcotraficantes, usando la misma estrategia “que a lo largo de los años ha probado ser inefectiva” y que al ser más de lo mismo “no permitirá que se obtengan mejores resultados”.

La debilidad del gobierno

Ante la falta de innovación por parte de la autoridad, dice Reyes, los cárteles de la droga se han adaptado muy bien a los esfuerzos antidrogas en México y, lo más grave, han ganado respaldo social: “Con el tiempo, han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a un paso más rápido que el gobierno mexicano. Mientras éste ha usado la misma estrategia –focalizada en un ‘asalto frontal’–, los cárteles han modificado su organización, sus relaciones con el Estado y sus relaciones con la sociedad”.

Lo que ha hecho esa estrategia “es evidenciar la debilidad del gobierno mexicano”, con todas las implicaciones sociopolíticas que eso implica. Peor aún, para el jefe naval el uso del término “guerra a las drogas” y la falta de una definición clara de lo que debería ser una victoria, está haciendo que las autoridades no aparezcan ni como perdedores ni como ganadores de esa guerra.

“El gobierno mexicano puede apuntar a la captura o asesinato de una gran cantidad de narcotraficantes, pero no puede declarar victoria. De hecho, no es claro si sabe qué sería o podría parecer una victoria”, afirma.

A pesar de que desde finales del régimen autoritario del PRI y lo que va del panismo el narcotráfico ha sido considerado como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Calderón apenas mencionó este aspecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. Pero para enfrentarlo, observa, el PND dispersó el tema en varios programas federales que tienden a tratar el problema básicamente como un asunto policial.

Además de esta estrecha concepción, el autor de la tesis dice que otra limitante es la falta de un objetivo claro, por lo que el gobierno mexicano no está en condiciones de medir y comparar los resultados cuantitativos de su campaña antinarco. Su principal problema para hacer una defensa convincente de sus logros es que no ha establecido objetivos claros, insiste.

Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una manera de medir la victoria se encuentra en el Programa Institucional de Seguridad Pública, pero ni en ese ni en el Programa Nacional de Seguridad Pública –en el que participan distintas instituciones– se puede encontrar “ninguna manera de medir qué pudiera indicar si el gobierno está teniendo éxito”.

Precisa que el programa de la SSP se enfoca a operaciones de prevención del delito y al desarrollo de nuevas tecnologías contra la delincuencia, pero “no ha sido capaz de enfrentar temas como la reducción de la violencia y la operación de los mercados de drogas ilegales, o reducir la capacidad de los cárteles para reclutar gente. Además, “no ha tenido impacto para revertir la preferencia de la gente de mantenerse neutral a pesar de las frecuentes peticiones para que informe y coopere con las autoridades”.

Lo mismo ocurre con la PGR, mientras que en el caso de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apunta Reyes, “probablemente la única institución en México que ha establecido metas específicas”, la manera en que mide el éxito presenta algunos problemas. Ejemplifica: en 2007, sus metas fueron llevar a cabo 28 operaciones de erradicación de alto impacto al año y reducir en 70% el total de superficie de cultivos ilegales en el país. Sin embargo, de acuerdo con la propia Sedena, en 2009 se desconocía cuál era el total de la superficie de cultivos ilegales.

Eso explica las fluctuaciones en las cantidades de cultivos destruidos. Si en 2006 el Ejército erradicó 28 mil 50 hectáreas de mariguana, cómo se explica que en 2008 destruyó sólo 18 mil 394, observa.

En el caso de las detenciones, asegura que las cifras por sí mismas no se traducen en resultados, particularmente si la principal meta es la reducción de la violencia. Advierte que el uso del número de arrestos y aseguramiento de droga como un indicador de éxito puede crear competencia entre las instituciones de seguridad, “incrementando incluso la violencia y socavando las investigaciones en curso”.

Falta de definiciones

Cuando alude a las pugnas en el interior del gabinete de seguridad, Alfonso Reyes Garcés expone que el énfasis en las detenciones y los decomisos de drogas coloca bajo presión a los comandantes para que, en el terreno, se dediquen a cazar blancos de oportunidad, sin importar las investigaciones que tienen lugar o sin considerar los efectos secundarios que puedan tener esos arrestos.

Además, dice, “cada arresto crea un vacío que será llenado casi inmediatamente, al tiempo que puede generar un incremento en la violencia con nuevos actores que remplazan a los detenidos”, con lo que la propia autoridad puede convertirse en uno de los principales causantes de la violencia.

Otro problema de la estrategia, agrega, es la falta de información sobre las operaciones de los cárteles, lo cual es resultado del “pobre desempeño de los servicios de inteligencia, aunque de manera más significativa puede revelar la falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades”.

Dice que la campaña de recompensa a los ciudadanos para que den información al gobierno “no ha sido tan efectiva” como éste hubiera querido debido a que los cárteles han construido una red social de apoyo, ya sea voluntaria o involuntariamente. En general, las comunidades no tienen la voluntad de cooperar con el gobierno por temor o porque sus ingresos derivan directa o indirectamente del narcotráfico. Es decir, el ciudadano no se quiere poner en medio del fuego, asegura.

Reyes también critica que en la estrategia calderonista la Secretaría de Desarrollo Social no esté incluida en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, “con lo que el gobierno mexicano se niega a sí mismo el uso de otras poderosas ‘armas’ de apoyo en su actual guerra contra las drogas”.

Añade: México no se puede permitir que las secretarías a cargo de los programas sociales y los de salud mantengan un perfil bajo en la estrategia antidrogas. “Si el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal”.

Asegura que ante los tradicionales bajos niveles de consumo de drogas entre los mexicanos, para las autoridades fue fácil enfocarse en las políticas de combate a la oferta de drogas para ayudar a otros países a enfrentar “su” problema de demanda de drogas. Esto no les ayudó a prepararse ante la creciente y significativa demanda de drogas ilegales.

Para el integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el gobierno mexicano debería tener en cuenta que una fuerte presencia del Estado se alcanza no sólo a través de la persecución de los delitos, que sólo lleva a un sentimiento artificial de estabilidad. Lo que tendría que hacer, dice, es proveer servicios públicos, educación, nuevas oportunidades de empleo e incluso reorganizar las cargas fiscales.

“Sólo la revitalización del contrato social va a cambiar la actual situación. Si no ocurre, habrá vacíos de poder que seguirán siendo llenados por organizaciones de delincuencia organizada nuevas o revitalizadas”, advierte.

México no tiene nada que perder si intenta nuevas estrategias, pero sí perdería mucho si mantiene la actual, que ha probado ser inefectiva en reducir la oferta de drogas y, más importante aún, en prevenir una explosión en el daño social asociado al narcotráfico. l