Acción urgente en contra de la pena de muerte

LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

C. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS.
SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ.

DIP. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ.

Señores Gobernantes y Legisladores,

La solución del secuestro y el crimen organizado no está en la pena de muerte. El país requiere un sistema judicial efectivo. Por favor consideren:

• Detener la iniciativa de reestablecer en Coahuila y en el país la pena de muerte.
• Utilizar el presupuesto estatal y federal para apoyar la educación, el empleo y la impartición de justicia, de forma que se garantice a la población certeza y seguridad social, que es lo que genera la ola delincuncial en la que estamos inmersos.
• Exigimos respeto irrestrico a los tratados, convenciones y protocolos internacionales tanto en el ámbito federal como cada uno de los estados de la república.

Vemos con gran preocupación el proceso de iniciativa de ley que el Ejecutivo Estatal de Coahuila desarrolló para aprobar, en el Congreso local, y modificar en un futuro próximo en el Congreso de la Unión, lo relativo a la pena de muerte contra secuestradores.

La pena de muerte está expresamente prohibida por la Constitución Mexicana, que en su artículo 22 establece: "Quedan prohibidas las penas de muerte". Por lo que su propuesta aprobada en el Congreso local es claramente violatoria de nustras Carta Magna y por tanto: improcedente por anticonstitucional.

Durante los últimos años, los centros de derechos humanos en el estado de Coahuila y todo ciudadano -que leea los periódicos- han visto un preocupante incremento en las extorsiones, levantones y secuestros a personas de todos los estratos sociales. Sin embargo, los afectados prefieren no denunciar dado que la vida de algún familiar está en peligro y porque sospechan que los cuerpos policíacos, ministeriales, funcionarios y gobernantes están involucrados.

Como sociedad civil somos concientes de que el crimen organizado está vinculado a sectores de policías y políticos que sacan ventaja del miedo y de la extorsión a la población.

El sistema de administración de justicia en nuestro país está vinculado en sus procedimientos al sistema de poder político y económico, que vulnera con frecuencia el Estado de Derecho. Si se aprueba una ley que reincorpore la pena de muerte en la nación sabemos que el sistema de justicia la aplicará con frecuencia a su conveniencia y discrecionalidad.

Es sumamente preocupante que el Ejecutivo Estatal de Coahuila tenga como plan de trabajo inhibir los secuestros con el reestablecimiento de la pena de muerte a secuestradores, pese a la prohibición constitucional y legal. Cadena perperua y trabajos forzados (minas de carbón, limpieza de drenajes, clasificación y recuperación de desechos tóxicos, siembra y recolección, construcción de carreteras y sistemas de riego: chamba no les faltaría) es lo que cabría exigir.

El Ejecutivo Estatal y el Congreso Local aprobaron -la noche del 2 de diciembre de 2008- la pena muerte sin reflexión, consulta ciudadana alguna y -lo más grave- IGNORANDO:

• La Convención Americana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José que México firmó el 24 de marzo de 1981, que en su artículo 3 señala No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido Tampoco
• El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General ), cuya adhesión firmó México el 28 de junio de 2007.
• El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosque México firmó el 26 de septiembre de 2007, destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989, que señala en el artículo 1. "No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción".

Nuestra Constitución federal señala que los tratados internacionales forman parte de la ley suprema de la unión, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se ubican por encima de las leyes federales.

Tomando en cuenta que en Coahuila y en el país la población está atemorizada e indignación ante la ineficiencia del sistema de impartición de justicia y que el Prof Moreira cuenta con una gran popularidad que puede ser utilizada políticamente en detrimento de los derechos humanos en el estado y en el país, hacemos un llamado urgente a solicitar al Congreso de la Unión, al poder Ejecutivo del Estado de Coahuila y al Congreso del Estado de Coahuila:

1. Detener el progreso de la iniciativa de reestablecer en Coahuila y en el país la pena de muerte.

2. Utilizar el presupuesto estatal y federal para asegurarnos a TODOS los mexicanos un sistema de educación, empleo y justicia que de a la población certeza y seguridad social, porque cuando lo MÁS ELEMENTAL tiene años fallando, la delincuencia tiene los mismos años CRECIENDO.

3. Seguir construyendo un Estado de Derecho que RESPETE los tratados, convenciones y protocolos internacionales que ha signado, tanto en el ámbito federal como cada uno de los estados de la república.

Mucho agradecemos se sumen al trabajo de fortalecer la cultura de los derechos humanos en Coahuila y por lo tanto en México.

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Haidy Arreola
haidy55@gmail.com