A Carmen Aristegui, por su mérito ciudadano

Javier Corral Jurado

Informe en entredicho

A Carmen Aristegui, por su mérito ciudadano

Desde que se solicitó la actuación de la PGR para conocer e investigar el artero doble asesinato de Felícitas Martínez y Teresa Bautista de la radio comunitaria La Voz Que Rompe El Silencio, ubicada en San Juan Copala, Oaxaca, aquel 7 de abril de 2008, las autoridades responsables presentaron una inusual resistencia a la atracción del caso para la atención de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas.Objetaron de entrada la calidad de comunicadoras de las víctimas, basada su oposición en el torpe argumento de que se trataba de simples conductoras que sólo pasaban anuncios y enviaban saludos, además de negarle a la radio comunitaria el reconocimiento de un auténtico medio de comunicación.No fue sino hasta el 15 de mayo, cuando se entregaron los premios nacionales de Periodismo, y sólo unos minutos antes de que en dicha ceremonia se premiara post mortem a las dos comunicadoras indígenas, cuando la PGR anunció hacerse cargo del caso. Sin duda, la presión que le significó que las dos jovencitas, de 21 y 23 años de edad, recibieran el reconocimiento del gremio periodístico como colegas que cumplían una inmensa labor de orientación social hizo rectificar la insensata postura. Sin embargo, de entonces a la fecha, la visión no ha cambiado mucho y ahora se informa que el asesinato “no tuvo que ver con el ejercicio de comunicación que desempeñaban en la emisora”.Tal afirmación está contenida en el informe que el pasado 9 de diciembre ofreció el titular de la fiscalía especial, doctor Alberto Orellana Wiarco. Dijo: “Con base en lo que reflejan las investigaciones públicas hasta el momento, de los asuntos registrados en 2008, nueve homicidios hasta el momento no acreditan elementos de relación con el ejercicio periodístico, sino con otras circunstancias”; y citó entre ellos, los de Felícitas Martínez y Teresa Bautista. Agregó que “fueron víctimas circunstanciales de una agresión que iba dirigida al conductor del vehículo donde ellas viajaban y su asesinato “no tuvo que ver con el ejercicio de comunicación que desempeñaban en La Voz Que Rompe El Silencio”.Este informe suscitó la inmediata reacción de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, que como coadyuvantes del caso rechazaron la conclusión del fiscal, pues ni en las indagatorias realizadas por la Procuraduría de Oaxaca ni en el expediente de la PGR se desprende alguna línea de investigación o declaración de testigos o de sobrevivientes que descarte una posible agresión por la labor que desempeñaban las jóvenes triquis.David Peña Rodríguez, abogado de la red que agrupa a 14 estaciones de radio comunitarias, señala: “Es imposible determinar en este momento de la investigación las motivaciones de los agresores para atacar el vehículo donde viajaban Tere y Feli, ni siquiera para afirmar que la agresión iba dirigida al conductor del auto y no hacia las comunicadoras, en virtud de que no hay ningún elemento sólido ni pericial ni testimonial en el expediente que permita desprender tal suposición”; existen, por el contrario, “elementos políticos y sociales en la región triqui que permiten suponer una agresión hacia las compañeras por el ejercicio de comunicación e investigación que realizaban en la estación comunitaria”.Según el comunicado que circula por internet firmado por la red, “el fiscal busca deslindar su responsabilidad en este caso y trasladar el asunto al fuero común, a la Procuraduría de Oaxaca, pero antes necesita demostrar con hechos y con investigaciones sólidas que se trató de una ‘confusión’ y no de un artero crimen. Con este tipo de declaraciones sólo se violenta el espíritu de la investigación que aún desarrolla la PGR en la delegación de Oaxaca y se marca una línea contraria a los hechos con constan en el expediente y que tienen que ser debidamente analizados por el MP encargado del asunto, contradiciendo incluso las propias diligencias realizadas por el personal de la PGR en Oaxaca”.Más allá de las posiciones que se presenten en el terreno de las declaraciones públicas, este caso necesita una demostración técnica y pericial de cómo se llegó a esa conclusión. En caso contrario, es urgente una rectificación, para que las investigaciones prosigan con el mínimo de confianza que requiere un asunto al que inexplicablemente se le trató de eludir desde el inicio.

Profesor de la FCPyS de la UNAM