El año del fin de la hegemonía yanqui (III)

Barómetro Internacional

Reformas de constituciones e intentos separatistas para frenar a los pueblos

Por Ernesto Tamara.

Los gobiernos progresistas de la región entendieron que el aparato del Estado y las instituciones establecidas por las constituciones de sus países impedían avanzar para concretar los más elementales cambios. Así se plantearon reformas constitucionales en los tres países con los gobiernos más comprometidos con los cambios, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En oposición, las fuerzas conservadores acentuaron sus planes de desestabilización y comenzaron a promover el separatismo de algunos departamentos o provincias, sin abandonar los planes de atentados directos contra los presidente Hugo Chávez y Evo Morales.

La amplia reforma presentada en Venezuela, no fue comprendida y en el plebiscito de diciembre de 2007, el pueblo rechazó las modificaciones, con una alta abstención de los partidarios del gobierno. En Bolivia, la Asamblea Constituyente sancionó en ese mismo mes una reforma constitucional que fue rechazada por la oposición y los gobernadores de cinco departamentos que, en contrapartida, comenzaron a promover una autonomía separatista. En Ecuador en tanto, la Asamblea Constituyente recién comenzaba sus trabajos, esperando culminar la redacción y aprobación de la nueva carta magna a mediados de año.

Dividir para reinar

Cuando en febrero de este año Kosovo declaró su independencia en forma unilateral, Estados Unidos se apresuró a reconocerla, y poco después casi todos los países de la Unión Europea, con la explicación de que era un fenómeno único y por una sola vez en su territorio.

Así culminaban el proceso de división de los balcanes y el entierro definitivo de la ex Yugoslavia, y ponían como presidente en Kosovo al ex jefe de la banda terrorista que masacraba prisioneros serbios para traficar con sus órganos, según denunció en un libro reciente la ex fiscal del Tribunal Internacional de La Haya, Carla del Ponti.

Pero todos los gobiernos europeos insistieron en señalar que era la última división en Europa, temerosos de que los vascos en España y Francia, los corsos de la isla ocupada por Francia, entre otros, reclamaran el mismo tratamiento.

Pero este celo en establecer que el reconocimiento de Kosovo era único, desaparecía a la hora de definirse sobre procesos separatistas en regiones más alejadas, en naciones donde las empresas europeas o norteamericanas han tenido dificultades para imponerse y controlar sus recursos naturales.

Así podemos repasar el mapa del mundo y comprobar como se incentivan procesos separatistas, que parecen volver a diseñar el mapa de la Edad Media, donde más que países o naciones existían feudos sin más identidad que el control económico de una zona.

Las últimas estrellas mediáticas de esta desglobalización en la globalización, son Tibet en China y Santa Cruz en Bolivia, aunque se anotan muchas más sin tanta cobertura mediática como la recién renovada campaña de autonomía de Zulia en Venezuela.

Las reivindicaciones de autonomías han sido muy escasas a lo largo de la historia latinoamericana. Desde que las potencias coloniales, España y Portugal fundamentalmente, impusieron a sangre y fuego su poderío en el continente, la lucha de los pueblos ha sido siempre por la independencia y la unidad. El ideario de los libertadores, a punto de cumplirse 200 años de aquella gesta, era construir una "patria grande" en un sistema federal.

Las oligarquías locales, con respaldo del imperio británico -que buscaban conquistar mercado para sus mercancías en la región- lograron fragmentar el continente, donde se habla prácticamente el mismo idioma desde el sur de los Estados Unidos a Tierra del Fuego.

La historia latinoamericana es quizás el mejor ejemplo de que las oligarquías no tienen patria y sólo responden al capital. Cualquier proceso autonómico o independentista que han emprendido o pretenden impulsar, tiene un sólo objetivo, concentrar poder en una minoría, apoderarse de los recursos naturales y las riquezas de la región.

La independencia latinoamericana del imperio español se logró en una lucha común de todo el continente. Las fuerzas de Simón Bolívar llegaron hasta Chile y Bolivia, las de San Martín llegaron también hasta Chile. Sólo después se impuso la división impulsada por las oligarquías locales.

La codicia de las oligarquías y la influencia de las potencias extranjeras fueron consolidando la división del continente, y en muchos casos provocaron guerras para acceder a mercados y/o obtener recursos naturales. La última partición de un país la impuso Estados Unidos para separar lo que hoy es Panamá de Colombia y construir el canal interoceánico.

Ahora, a dos siglos casi del inicio de la primera independencia, y cuando para muchos se comienzan a dar los primeros pasos para la segunda y definitiva independencia, las oligarquías aliadas al imperialismo norteamericano inician procesos divisionistas e incentivan la posibilidad de guerra entre países para frenar ese proceso de unidad e independencia.

Los procesos autonomistas en Bolivia de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando sólo están basados en el rechazo de las oligarquías locales a una mejor distribución de la riqueza. Mientras la oligarquía cruceña controlaba el gobierno nacional no realizó ningún planteo autonomista.

Desde que el gobierno de Evo Morales decretó el pago a la pensión a la vejez, financiada con impuestos al gas y petróleo de Santa Cruz, surgió no sólo el rechazo a la medida, sino el planteo de dividir al país. El estatuto autonómico propuesto, reserva al prefecto (gobernador) potestades que en todos los países son potestad del gobierno nacional, como la distribución de tierras, el control de ríos, espacio aéreo, tránsito terrestre, entre otros. Ahora también surge el divisionismo en la patria de Simón Bolívar, el mayor precursor de la unidad latinoamericana.

Sectores del Estado de Zulia, rico en petróleo y en la frontera con Colombia, empiezan a impulsar con renovada energía un proceso autonómico que tuvo al ex embajador norteamericano en Caracas, William Brownfield, como su mentor y promotor.

Evo se afirma en su tercer año de mandato

El presidente boliviano Evo Morales, consolidado en un referendo revocatorio en el mes de agosto, debió enfrentar este año una de las pruebas más difíciles de su mandato: la violencia de los grupos derechistas que buscaron separar los departamentos de Santa Cruz y Pando, y posponer hasta enero el plebiscito para sancionar la reforma constitucional aprobada en la Constituyente de diciembre pasado y con algunas reformas introducidas en el Congreso en una negociación con la oposición.

Este tercer año de mandato se inició con la oposición derechista exacerbada y dispuesta a utilizar todos los métodos para derrocar a Evo Morales. La violencia y la posibilidad de un sangriento golpe de Estado estuvo presente casi todo el año.

La decisión del gobierno de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos en mayo de 2006, dio inicio a una fuerte campaña opositora desde el exterior e interna. La posterior decisión del gobierno de volcar parte de los recursos obtenidos del gas y petróleo en pagar una pensión a la vejez, desató la ira de los prefectos de los departamentos opositores, especialmente de Santa Cruz, donde están las mayores reservas de gas y petróleo.

Casualmente Estados Unidos envía un nuevo embajador a La Paz, Philip Goldberg, con antecedentes de promover la separación e independencia de Kosovo de la ex Yugoslavia.

Ya en febrero, el gobierno boliviano denuncia la injerencia norteamericana en los asuntos internos del país, a través de la financiación a la oposición separatista y con el contrabando al país de municiones y armas.

El entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) “ofrece plata a las ONG, con la condición de que éstas hagan una oposición al gobierno; a los dirigentes o ex dirigentes en algunos casos".

Asimismo, el canciller David Choquehuanca reiteró las acusaciones contra el embajador Philip Goldberg, de inmiscuirse en temas internos y complotar contra la administración del presidente Evo Morales. El gobierno presentó además una lista de acciones conspirativas realizadas por ciudadanos norteamericanos o por la propia Embajada. Entre ellas figura el atentado dinamitero a dos hoteles en la ciudad de La Paz, hecho protagonizado en marzo de 2006 por el ciudadano estadounidense Lestat Claudius de Orleans.

El 26 de mayo de 2007, Evo Morales acusó al embajador Goldberg por entrometerse en asuntos internos porque el diplomático se había pronunciado sobre las acusaciones de presunta corrupción que enfrentaban cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Otro de los desencuentros entre el gobierno boliviano y la Embajada de Estados Unidos ocurrió cuando el 28 de junio de 2007 una ciudadana de ese país, Donna Thin, proveniente de Miami, fue detenida cuando intentaba ingresar por el aeropuerto de El Alto portando cinco cajas de municiones de calibre 45. Cada caja contenía, según la entonces directora ejecutiva del Servicio Nacional de Migración, Magaly Zegarra, 100 unidades de ese calibre. Sin embargo, la joven estadounidense, luego de su detención, fue dejada en libertad por el juez 6to. de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, bajo el argumento de no existir imputación alguna en su contra.

Asimismo está la fotografía que difundió el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en la que el embajador Goldberg aparecía junto al colombiano John Jairo Banegas, relacionado a una banda de asaltantes.

A esto se suma la denuncia del becario estadounidense y estudiante de Fulbright, John Alexander Van Schaick, quien acusó al asistente de seguridad de la Embajada de EE.UU. en Bolivia, Vincent Cooper, de haberle pedido que espiara a ciudadanos venezolanos y cubanos. Por este hecho, el embajador Goldberg compareció ante la Cancillería y ante el Ministerio de Gobierno. En el encuentro se resolvió que Cooper, quien además fue declarado por el Jefe de Estado boliviano como "persona no deseable", no retornará al país.

Más adelante, en mayo, tres individuos fueron capturados por los servicios de seguridad cuando se apostaban en un hotel frente al aeropuerto donde se esperaba la visita del presidente Morales, con un arma con mira telescópica en Santa Cruz. La débil justicia boliviana dejó a los sospechosos en libertad a menos de 24 horas de ser detenidos.

Violencia separatista

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, convocó para el 4 de mayo un referendo local para sancionar un estatuto autonómico que de hecho sancionaba la casi separación de ese departamento de Bolivia. La convocatoria desafiaba la resolución del Tribunal Constitucional de desconocer la validez de la consulta, y abría el camino a la realización de otros referendos autonomistas en los departamentos de Beni, Pando y Tarija.

La iniciativa autonomista fue elaborada por un grupo de empresarios y latifundistas nucleados en el llamado Comité Cívico Pro Santa Cruz que preside el empresario aceitero y terrateniente, Branko Marinkovic y buscaba dar respuesta a la reforma constitucional impulsada por la Asamblea Constituyente que promovía una mayor distribución de la riqueza, y de paso rechazar la pensión a la vejez decretada por el gobierno y financiada por la producción de gas de esa región.

Según explica el periodista Alex Contreras Baspineiro -ex vocero del presidente Evo Morales y ahora crítico al proceso- "el estatuto autonómico cruceño -a título de competencias departamentales para la Prefectura o Gobernación de Santa Cruz- pretende imponer una "ciudadanía" cruceña, una educación sólo para quienes viven en ese departamento, la retención de impuestos nacionales a favor de esa región del país, un régimen electoral propio, la formación de una policía departamental paralela, la administración de los recursos naturales sólo para ellos, el otorgar títulos sobre tierras quitando esa potestad al Presidente de la República y otros atentados a la unidad nacional".

Para Alex Contreras, la propuesta autonómica fue impulsada inicialmente por "un centenar de poderosos clanes familiares que en Bolivia poseen aproximadamente 25 millones de hectáreas de tierra y controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación. Estos grupos, junto a políticos que fueron socios de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga o Jaime Paz Zamora se convirtieron en los principales opositores del gobierno de Evo Morales Ayma".

Rubén Costas, anunció entonces que el referendo daría nacimiento a una "segunda república", y preparándose para eso promovió a la fascista Unión Juvenil Cruceñista a patrullar las calles presionando a favor del Si a la autonomía.

La Unión Juvenil Cruceñista se dedicó a atacar a los indígenas, y a todo simpatizante del gobierno en verdaderos progrom racistas por la ciudad. Finalmente, en un clima de mucha tensión, el estatuto autonómico fue aprobado, aunque lo predominante fue la alta abstención. Según datos oficiales, la abstención y el "No" sumaron el 48.3%. Cabe destacar que la abstención fue promovida por los partidarios del gobierno central.

Estos datos son considerados por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, como una muestra de rechazo al estatuto.

La abstención en Santa Cruz en la consulta del 4 de mayo fue histórica, pues nunca se vio una cifra tan alta desde que la Corte Nacional Electoral (CNE) introdujo el sistema Sirena de control del Padrón Electoral que automáticamente depura a la gente que no participó en una anterior elección, ya sea por muerte u otra causa.

En la elección del 18 de diciembre del 2005, cuando Morales fue electo como Jefe de Estado con el 53.7 por ciento de votos, el grado de abstención fue de 15.49 por ciento a nivel nacional. En ese mismo proceso electoral, la abstención en Santa Cruz fue del 18.43 por ciento.

Evo ratificado por más del 67%

En una apuesta a la voluntad popular, el presidente Evo Morales decidió impulsar el referendos revocatorios de su mandato y de los prefectos de todos los departamentos. Morales convocó la consulta después de un período de permanente rebelión de los prefectos opositores y de inmensas presiones del exterior cuestionando su gobierno.

La convocatoria al preferendo revocatorio había estado frenando en el Senado durante varios meses por la oposición. Envalentonados con los resultados de los referendos autonómicos ilegales en los 4 departamentos separatistas, finalmente la oposición decidió aceptar el desafío presidencial y habilitar la consulta revocatoria. Al principio quería limitar la consulta sólo a la presidencia, pero después resolvió aceptar la consulta sobre los gobiernos departamentales.

Así, el 10 de agosto se concretó la consulta popular, y el presidente Evo Morales logró más votos que los obtenidos al conquistar la presidencia en 2005. "Estamos acá para seguir avanzando en la recuperación de nuestros recursos, nacionalización de las empresas" exclamó el presidente poco después de ser ratificado en las urnas por más del 67 por ciento de los votos, al tiempo que convocó a la unidad y ratificar la nueva Constitución "con los estatutos autonómicos, respetando las normas existentes".

Antes del referendo, ya Morales lo había anunciado: "Si me ratifican con más de un 54%, voy a convocar a todas las autoridades para buscar consensos y que el pueblo pueda aprobar una Constitución política del Estado boliviano, que es un tema pendiente", subrayó. El revocatorio, según sentenció Morales, tiene como fin "consolidar este proceso de cambios".

Ignorando los llamados al diálogo, los prefectos opositores, encabezados por el santruceño Rubén Costas mantuvieron el desafío al gobierno asegurnado que al haber sido ellos ratificados, continuarán con los procesos autonómicos.

Rubén Costas minimizó el histórico apoyo popular al presidente Evo Morales y anunció la implementación de leyes regionales. "Este Gobierno insensible, totalitario, masista, incapaz, le niega el desarrollo al pueblo y sólo busca concentrar el poder y convertirnos en mendigo de él. Sigue siendo un pretexto de la dictadura masista el atender a los ancianos con el IDH, la verdadera intención es destruir la autonomía departamental", expresó Costas.

Dividir y provocar la intervención del ejército

Un mes después del mayoritario apoyo al presidente Evo Morales en el referendo revocatorio de su mandato las acciones de los separatistas aumentaron en violencia, pasando a la acción armada directa y la sustitución del aparato nacional del Estado por instituciones designadas por los prefectos, autodesignados en gobernadores.

El 8 de septiembre, las bandas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), y estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, se lanzaron al asalto de las oficinas públicas, al saqueo y destrucción de material, atentados contra los grupos que apoyan al gobierno nacional, con el apoyo y respaldo directo del prefecto de Santa Cruz, Ruben Costas, y del empresario y terrateniente Branko Marinkovic, que preside al Comité Cívico Pro Santa Cruz. Marinkovic, estuvo de visita en Estados Unidos y a su regreso se desataron las acciones más violentas de los separatistas y es prácticamente el gobernador en las sombras de Santa Cruz.

Marinkovic, que ocupa más espacio de prensa que Costas, acusa descaradamente al gobierno nacional de los saqueos realizados por los jovenes cruceñistas, y los atribuye a infiltrados, aunque después elogia el valor de los jóvenes y acepta la entrega de los edificios ocupados. Llega al descaro de anunciar que se instalarán policías locales -el prefecto está creado su propia policía y bandas armadas- para evitar nuevos saqueos.

Al mismo tiempo, y en sintonía que la prédica más radical de los separatistas, la designada Asamblea Legislativa de Santa Cruz, decidió aprobar nuevas leyes que refrendan la autonomía y en los hechos separación del departamento de Bolivia. El prefecto de Santa Cruz, Ramón Costas, fue claro al sostener que "la dirigencia cruceña no abandonará la lucha por sus rentas petroleras, su autonomía departamental y por el respeto a su cultura, forma de ser, fe y valores".

El ganadero, terrateniente y jefe de bancada de los diputados de Podemos, Antonio Franco, "aplaudió" las tomas en Santa Cruz. Mientras el diputado Pablo Klinsky también del opositor Podemos, y hombre de confianza de Marinkovic alentó continuar con la toma de edificios públicos. Otro diputado del sector, por el departamento de Santa Cruz, Oscar Urenda, fue más explícito: "No nos van atropellar, si vamos hablar de enfrentarnos hablemos de enfrentarnos, si vamos a hablar de guerra habrá guerra, pero no nos van imponer las cosas. Somos lo suficientemente fuertes como para partir al país y si tengo que agarrar un palo, una onda, un arma, lo voy hacer, pero voy a defender mi territorio y nadie va a pasar por encima".

Militares indecisos

Por otra parte, oficiales militares en retiro se han manifestado en Santa Cruz para provocar la desobediencia de las fuerzas armadas al gobierno nacional, y para que acepten los procesos separatistas.

Según una nota del diario "El Mundo" de Santa Cruz, que por supuesto apoya al prefecto, el general Ismael Morales Bustamante, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes del Servicio Pasivo, declaró que los militares "hemos jurado lealtad a la Patria, no a los gobiernos, no a los partidos políticos y no a las personas", y que para exigir respeto a la población, "primero tenemos que respetarnos nosotros no permitiendo el manoseo político, respetar a la población no disparando jamás contra ella".

El general Morales Bustamante recordó al gobierno que "deben saber que van a tener que rendir cuentas a la Patria por sus actos" y lo criticó por ordenar a las fuerzas armadas a defender instalaciones públicas, como las instalaciones petroleras y de gas.

11 de septiembre: La masacre en Pando

En la fatídica fecha para la democracia latinoamericana –el derrocamiento y asesinato del presidente chileno Salvador Allende- centenares de campesinos bolivianos que marchaban pacíficamente hacia Pando, fueron emboscados por grupos armados afines al prefecto Leopoldo Fernández. Por lo menos 20 campesinos fueron asesinados, y medio centenar resultaron heridos.

Según se comprobó, funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, empleados de la Prefectura y activistas cívicos enviados por el prefecto Leopoldo Fernández intentaron detener a la caravana campesina a unos siete kilómetros de Porvenir. Luego emboscaron a los marchistas en las inmediaciones del puente Cachuelita, donde cavaron una zanja de 10 metros de ancho para evitar el paso de camiones y gente.

Los campesinos desarmados recuerdan que francotiradores instalados en las copas de los árboles comenzaron a disparar ametralladoras automáticas. Una volqueta del Servicio de Caminos aplastó a dos campesinos. "De pronto escuchamos disparos y algunas personas cayeron heridas. Hombres, mujeres y niños corrieron a todo lado para salvar sus vidas, pero muchos fueron heridos o tomados por la fuerza para ser torturados", recuerda Roberto Tito, testigo directo de la masacre.

"Fuimos matados como chanchos, con ametralladoras, con rifles, con escopetas, con revolver. Los campesinos solo traían sus dientes, palos, ondas, no traían escopetas. Luego de los primeros disparos, algunos huyeron hacia el río Tahuamanu, pero les persiguieron y les dispararon", cuenta Shirley Segovia, dirigente de una subcentral de Porvenir.

Un informe independiente, realizado por una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), confirmó meses después que autoridades del gobierno de Pando participaron directamente en la masacre y en la organización del ataque a los campesinos. La masacre obligó al gobierno central a decretar el Estado de Sitio en Pando y después encarceló al prefecto Leopoldo Fernández, responsable directo de la ataque, quien enfrenta ahora un proceso judicial.

Lo que parecía una ofensiva a sangre y fuego de la derecha boliviana, se vio frenada por la decidida resistencia de los pobres, los campesinos y los indígenas que salieron a defender al gobierno de Evo Morales. Al no lograr sumar al ejército en la campaña de desestabilización, la oposición aceptó participar del diálogo ofrecido en reiteradas oportunidades por el presidente. Producto de estas negociaciones, se acordó finalmente someter a plebiscito la reforma constitucional sancionada por la Asamblea Constituyente hace un año, y con algunas modificaciones negociadas en el Congreso.

En compensación, el presidente Evo Morales anunció que no aspirará a la reelección, conformándose con fortalecer el proceso de cambios con la nueva constitución. Ahora se abre la expectativa sobre el comportamiento de la oposición, una vez que el pueblo apruebe la nueva Constitución el 25 de enero próximo.

ernestotamara@gmail.com