El entrenamiento militar y armas de EE.UU. aumentan la violencia de la guerra de la droga

Una frontera en estado de sitio

Peter Gorman
Fort Worth Weekly/Narco News

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El sol brilla sobre las bajas colinas ondulantes cubiertas de pasto corto de Texas y salpicadas de ganado a los largo del extremo sur de I-35, la carretera que va de Duluth, Minn., a la frontera Texas-México en Laredo. Poco interrumpe la bucólica escena durante kilómetros en cualquier dirección, excepto las torres eléctricas atadas como si fueran gigantes extraterrestres en marcha forzada por los vastos llanos. Las ciudades son poco más que paradas para gasolina que aparecen y desaparecen al borde de la autopista. Al otro lado del Río Grande, el paisaje parece ser más de lo mismo.
Una manera de cruzar la frontera es por una pasarela sobre el río. En la primavera pasada, un cartel colgado al lado mexicano del puente resultó ser un letrero de reclutamiento para los Zetas, un cártel asesino de la droga que se había apoderado recientemente de gran parte de Nuevo Laredo.

Al final de la I-35, Laredo y Nuevo Laredo se enfrentan a través de ese río poco fondo. Es una frontera internacional famosa por lo porosa que, considerando la cultura compartida por la gente a los dos lados, siempre ha parecido seriamente transparente.

Y, sin embargo, pocos países podrían ser más diferentes que EE.UU. y México en estos días. La naturaleza crítica de esa diferencia se impone en cuanto un viajante hacia el sur pone un pié – y más vale que tenga cuidado – más allá de las formalidades fronterizas. En Nuevo Laredo, los muros de muchas casas y edificios del gobierno están salpicados de agujeros de balas. Frente a algunos edificios hay altos muros de hormigón, de 10 centímetros de grosor, como protección contra granadas y armas de asalto. Nuevo Laredo no ha tenido un jefe de policía en dos años. El último se fue por temor por su vida después de ocupar el puesto sólo durante tres meses. El anterior fue muerto a tiros a plena luz del día después de estar siete horas en su cargo.
Río arriba, en Juárez, al otro lado de El Paso, unas 1.200 personas han sido asesinadas en este año, y el total podría llegar a 1.500. La brutalidad de muchos de estos asesinatos es impactante. Los titulares en la prensa anuncian decapitaciones, gente quemada viva o torturada hasta la muerte, asesinatos masivos. A comienzos de noviembre, un cuerpo decapitado fue colgado de un viaducto sobre la calle principal de la ciudad.
La historia es la misma, con variantes, a todo lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, mientras diversos cárteles mexicanos de la droga se combaten entre ellos y contra el gobierno: Ya no es la guerra de la droga que ha tenido lugar con interrupciones durante décadas a lo largo de esta frontera, donde sin duda siempre hubo violencia, pero en la que era más probable que los titulares hablaran del tamaño de los embarques de droga confiscados o del último agente local de aduana o de la patrulla fronteriza sorprendido en asociación con los contrabandistas. Tampoco se limita ahora la participación estadounidense simple (y profundamente) con el suministro del mercado para drogas que posibilita todo el mundo del narcotráfico, o a la corrupción en pequeña escala del ocasional policía fronterizo.
Entrevistas con agentes en numerosas agencias de mantenimiento del orden federales y locales, residentes de la frontera, y periodistas de la guerra de la droga pintan un cuadro de una guerra que va más allá de cualquier cosa que se haya visto aquí antes: una epidemia de asesinatos y de violencia sádica que es librada con armas estadounidenses y ayudada por dólares del gobierno de EE.UU., dirigida por fuerzas entrenadas por militares estadounidenses. El nivel del poder de los cárteles mexicanos de la droga está completamente fuera de control, y nada de lo que hacen los gobiernos de EE.UU. y México parece dar resultados para disminuirlo.

En lugar de hacerlo, el dinero generado por la venta de drogas en EE.UU. es tan vasto que la corrupción en las fuerzas policiales mexicanas locales, los militares mexicanos, e incluso el gobierno ha llegado al punto de saturación – y muchas veces es más lucrativo ser corrupto, por no decir saludable, que seguir siendo honesto. Las bandas de la droga reclutan y matan ahora gente al lado estadounidense de la frontera, y los asesinatos y la corrupción aumentan en ciudades de El Paso a Brownsville. A menos que algo cambie rápidamente, parecería que las cosas van a empeorar considerablemente antes de que mejoren. El lado mexicano de la frontera ya se ha convertido en un show de horrores que a muchos estadounidenses les será difícil comprender, no importa cuántas películas sobre el tema hayan visto. La transformación de México en una narcocracia es casi total, y no hay ninguna institución que esté libre de su influencia, incluyendo la embajada de EE.UU. en Ciudad de México.

Miles de mexicanos han pagado caro para que les coloquen chips bajo la piel, a fin de ser ubicados si los secuestran. Más mexicanos que nunca llegan a hospitales del lado estadounidense para ser tratados por heridas a bala – porque existen menos probabilidades en EE.UU. de que sus atacantes los sigan a una sala de hospital para terminar su tarea. Y cantidades récord de mexicanos huyen a Canadá para pedir asilo político.
El poder de fuego de los cárteles es tan amedrentador como su inclemencia. ¿De dónde sacan sus armas? De Texas y otros Estados fronterizos, donde los lobbies de las armas han asegurado que las leyes sean laxas. Texas es considerado el proveedor número uno de armas para los cárteles.

Pero su artillería va más allá de cualquier cosa que se encuentre en una armería local. Los cárteles tienen M16, granadas de mano, lanzadores de granadas – es decir, armas militares de EE.UU., camiones llenos.
Muchas de las unidades más asesinas de los ejércitos de la droga saben perfectamente cómo utilizar esas armas porque lo aprendieron de militares de EE.UU. – en la suposición de que iban a luchar contra los cárteles. Ahora combaten para los cárteles – o los controlan. Lo que es más, corporaciones estadounidenses se están metiendo en el asunto, trabajando bajo contrato para los gobiernos de México y EE.UU. con el fin de entrenar a soldados especializados, incluyendo técnicas de tortura, y para actuar como agentes privados de seguridad a ambos lados de la frontera, una perspectiva que es tan escalofriante como los propios señores de la droga.
Un reciente informe del gobierno dijo que un cártel mexicano ha amenazado con represalias, enfurecido por incursiones en EE.UU. orientadas contra su gente. El cártel llama a las pandillas estadounidenses, asociadas con él en negocios comunes, a que “enfrenten a las agencias de mantenimiento del orden de EE.UU.” Un jefe de cártel ha supuestamente ordenado refuerzos a Reynosa, dijo el informe, “armados con rifles de asalto, chalecos a prueba de balas, y granadas y… que ocupen pisos francos en el área de McAllen.”
Lo que es más, el letrero en el puente era sólo un ejemplo de la nueva práctica del cártel de buscar descaradamente soldados de a pie mediante publicidad. En Reynosa y Nuevo Laredo, sus volantes fueron recientemente pegados por todas partes.

La pancarta sobre el puente remedaba las palabras del antiguo afiche de reclutamiento militar de EE.UU., y se dirigía específicamente a miembros de las fuerzas armadas: “El grupo de operaciones Zetas te quiere a ti, soldado o ex-soldado,” decía. “Te ofrecemos un buen salario, comida, y atención para tu familia. No sufras más hambre y abuso.” Mencionaba un número de teléfono celular que llamar para alistarse.

En Nuevo Laredo, las cosas están mucho más tranquilas que hace dos años, cuando estallaban tiroteos casi a diario. Pero incluso ahora, el ingreso a México por Laredo es intimidante porque la ciudad sigue tensa por el recuerdo de esas batallas. Los negocios están protegidos con tablas, las clínicas médicas y dentales internacionales que solían atender a texanos tienen letreros de arriendo en sus puertas, y no es un sitio seguro para ir paseando. La relativa paz no es el resultado de alguna victoria del mantenimiento del orden sobre los narcotraficantes, lejos de ahí. Los cárteles en guerra simplemente han llegado a una distensión.
El presidente mexicano Felipe Calderón llegó al poder en 2006 prometiendo que eliminaría la plaga de la droga y la violencia resultante. El gobierno de George W. Bush entregó cientos de millones de dólares para ayudar en esa cruzada. Pero todo lo que ha pasado desde la toma de posesión del cargo por Calderón, a pesar de sus esfuerzos, es que la violencia y la corrupción han aumentado. No es sólo que el número de víctimas mortales ha aumentado; robos, extorsiones, y secuestros también se multiplican.
El penúltimo jefe de policía de Nuevo Laredo fue asesinado porque prometió tomar medidas enérgicas contra la violencia de la droga, que costó 170 vidas sólo en 2005 en esa ciudad, para no mencionar docenas de secuestros o los asesinatos realizados al lado estadounidense.

“Es una zona de guerra, dijo en aquel entonces a ABC News el Alguacil de Web County, Rick Flores. “Tenemos blindaje corporal de nivel tres, ellos tienen nivel cuatro. Tenemos teléfonos celulares, ellos tienen teléfonos satelitales que no podemos pinchar… Nos sobrepasan en potencia de fuego.”
En la lucha contra la corrupción basada en la droga, no ha habido distensión. En los últimos cinco meses, fueron arrestados por corrupción 35 agentes de la oficina del procurador general de la República Mexicana. Según el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, los cárteles pagaban a cada uno entre 150.000 y 450.000 dólares por mes. A fines de octubre, dos altos funcionarios fueron arrestados por suministrar información sobre posibles decomisos de droga a un cártel basado en Sinaloa. A cada uno le pagaban 400.000 dólares por mes. Se considera que un agente de Interpol que trabajaba para la DEA en la embajada de EE.UU. en Ciudad de México, atrapado el pasado mes suministrando al mismo cártel información confidencial, cobraba 30.000 dólares al mes.

La actual racha de violencia en México, así como la violencia que estalló en Nuevo Laredo hace un par de años, pueden ser rastreadas a la política de Calderón de andar tras los dirigentes de los cárteles. Creía que los cárteles serían destruidos una vez desaparecidos sus jefes. De modo que envió a 32.000 soldados federales a todo el país con orden de imponer la paz eliminando a los mandamases de los cárteles. Docenas fueron capturados o muertos, incluyendo muchos que desde entonces han sido extraditados a EE.UU. para ser procesados. Pero la ofensiva también tuvo dos efectos colaterales negativos. Primero: los cárteles pudieron corromper a grandes segmentos de esas fuerzas militares enviados en su contra, y segundo: la remoción de los jefes creó un vacío del poder que condujo a la actual violencia entre los que tratan de llegar a ser los nuevos jefes de los cárteles.

De muchas maneras, es una repetición de lo que pasó en Colombia a fines de los años ochenta y comienzos de los noventa, cuando fueron eliminados los jefes de los cárteles de Medellín y Cali. La violencia en ese país escaló a niveles brutales. Pero es interesante que el vencedor en esas guerras intestinas no haya sido ninguno de los lugartenientes de los cárteles colombianos, sino los jefes de la droga en México, que pasaron de ser intermediarios a dirigir ellos mismos los cárteles.

Las campañas no detuvieron entonces la corrupción, ni siquiera la desaceleraron, y lo mismo vale para los esfuerzos de Calderón hasta ahora. Gran parte de la violencia en Nuevo Laredo fue realizada por policías municipales, incluyendo tiroteos entre ellos y agentes federales. Eventualmente, más de la mitad de los 700 hombres de la fuerza policial de Nuevo Laredo fueron despedidos por corrupción. En junio de 2007, Calderón expurgó a 284 comandantes de la policía federal de los 31 Estados mexicanos y del Distrito Federal de Ciudad de México. Y todo lo que logró, dijo una fuente de la DEA, fue aumentar el coste de los pagos mensuales para corromper a agentes y procuradores federales.

Agentes de la droga de EE.UU. estiman que, cada día, pasan drogas por 10 millones de dólares por los puentes de Laredo – para no mencionar el resto de de los 3.200 kilómetros de frontera entre EE.UU. y México – y remontan la I-35. Basta para pagar por mucha corrupción y muchas armas. Por desgracia para las víctimas, los señores de la droga no tienen que ir lejos a comprarlas.

La frontera entre Texas y México ha sido siempre un paraíso de contrabandistas, y con el pasar de las décadas, el comercio – en cualesquiera bienes para los que haya demanda en el momento – ha sido en ambas direcciones. En la actualidad, aunque las drogas que viajan hacia el norte ocupan la mayor parte de los titulares, existe un tráfico igualmente letal, en armas, que va hacia México, ya que ese país no tiene una industria de producción de armas. Según funcionarios de EE.UU., casi toda la violencia de la guerra de la droga en México es realizada con armas fabricadas en EE.UU. Los principales Estados causantes de la ofensa son Texas, Arizona, y Nuevo México, todos los cuales permiten que casi cualquiera pueda comprar y poseer tantas pistolas, pistolas automáticas, rifles y rifles de asalto como quiera, sin tiempo de espera y sin que un registro de la venta vaya más allá de los archivos del comerciante en armas.
En esos Estados, se hace sólo un control instantáneo de los antecedentes. Según Stephen Fischer, portavoz del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales [NICS] del FBI, cualquiera que vende un arma en este país – con una excepción importante y molesta – debe notificar al NICS. “Se requiere que el comprador llene un formulario, y el comerciante entonces llama a un número 800, registra la información del comprador, y obtiene un OK o una ‘luz roja.’” Si es esta última dijo Fischer, “la información será transferida al FBI, y tomaremos una decisión de si la transacción puede tener lugar o no.”

Un comprador potencial puede ser rechazado por cosas tan simples como no haber obtenido una licencia para conducir nueva después de una mudanza, o tan seria como estar ilegalmente en este país o tener antecedentes criminales por una fechoría. Pero Fischer señaló que el formulario no incluye la cantidad de armas que se está comprando, “de modo que teóricamente una persona puede comprar 100 o más de una vez si así lo desea.”
También dijo que la información sobre compradores que recibieron luz verde es eliminada dentro de 24 horas. Los formularios con luz roja son mantenidos hasta que el FBI determina la causa de la alerta.

Un propietario texano de un arma, ex ingeniero de la NASA que no quiso ser identificado, dijo que ve el problema en un sistema que no marca las compras de múltiples armas. “Tal vez debiera haber algún sistema incluso en Texas que pueda cuestionar esa venta,” dijo. “Quiero decir. ¿cuántos AK-47 necesita una persona para divertirse tirando al blanco?”
Él mismo tiene una Uzi semiautomática comprada legalmente en una armería. “Pero vas a cualquier feria de armas y no te cuesta mucho encontrar a alguien que te ofrece que tomará tu semiautomática, y la convertirá en un arma perfectamente automática,” dijo.
Las autoridades mexicanas han apelado repetidamente a EE.UU. para que promulgue leyes que detengan o desaceleren el ritmo de las ventas de armas a México, calculadas en 2.000 armas al día. Pero las restricciones de armas son extremadamente impopulares en Texas y otros Estados fronterizos, un camino fácil para que cualquier político no sea elegido.

“Texas es probablemente el mayor proveedor de armas que llegan a México,” dijo Tom Crowley, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EE.UU. [BATF] “Es tanto por esa larga frontera que comparten como por la cantidad de comerciantes de armas en ese Estado.” La tarea de la BATF es gestionar la investigación de ventas ilegales de rifles y armas, así como rastrear armas que han sido utilizadas en actividades criminales.

“Ahora bien, supongamos que soy miembro de un cártel mexicano o traficante ilegal de armas, y que quiero conseguir algunas armas,” dijo Crowley. “Consigo un amigo que compre las armas que quiero y que me las entregue en México. Eso se llama una compra con un hombre de paja, y es ilegal, pero se hace. Y hasta que una de esas armas sea recuperada en la escena de un crimen, nadie va a saberlo. Por cierto, ahí es cuando entra en juego la BATF: Si el gobierno mexicano nos entrega esa arma – y han sido cada vez más cooperadores – podemos rastrearla hasta el fabricante. Nos dirá a qué comerciante en armas fue enviada, y más vale que ese comerciante haya conservado los papeles… Y con eso, iremos a buscarte, para preguntar qué diablos hace el arma que compraste en México en manos de alguien en la batalla a tiros de los cárteles.”

El sistema es defectuoso, admite Crowley, tanto porque la gente borra los números de serie como por la “laguna de la feria de armas.” La excepción permite que individuos vendan sus propias armas en una feria de armas, como ser los eventos regulares realizados en grandes coliseos en el área de Dallas-Fort Worth. No se hace ningún control del NICS, y a menudo no se intercambian nombres. Si posteriormente resulta que el arma ha sido utilizada en un asesinato múltiple en Juárez y puede ser rastreada a su dueño legítimo, puede decir simplemente que la vendió a un extraño en una feria de armas. Y ahí termina el caso.

Pero Celerino Castillo, el ex agente de la DEA que denunció los secretos de los negocios de armas por drogas de los Contras respaldados por EE.UU. durante la guerra civil nicaragüense a mediados de los años ochenta, dijo que el problema no se limita a armas vendidas legalmente por individuos y revendidas posteriormente a los cárteles. El autor de “Powderburns,” un informe sobre el escándalo de cocaína por armas, Castillo trabajó encubierto para la DEA durante 12 años, sobre todo en Centro y Sudamérica, incluyendo México.
“La mayoría de las armas utilizadas por los cárteles actualmente son armas militares y explosivos de EE.UU.,” dijo. “Tienen M-16, granadas de mano, lanzagranadas. Incluso en Texas no se pueden comprar. Son armas militares de EE.UU. El año pasado un camión dieciocho ruedas lleno de M-16 fue detenido cuando iba a Matamoros, una ciudad fronteriza controlada por el Cártel del Golfo. Nuestros militares de EE.UU. o suministran ese armamento a los de México, y elementos corruptos en las fuerzas armadas mexicanas lo venden a los cárteles, o alguien en las fuerzas armadas de EE.UU. se lo vende directamente. De una u otra manera, son armas militares de EE.UU. utilizadas en rivalidades muy violentas entre cárteles.
“Por lo tanto la responsabilidad sigue siendo de EE.UU., sean los militares o los dueños de armerías,” dijo Castillo. “Sin las armas, habría menos violencia.”
No importa si es una versión de corrupción o la mala política la que es responsable de que cantidades masivas de armas militares estadounidenses terminen en manos del cártel, existe poco misterio sobre las formas más rutinarias de práctica de corrupción por el dinero de la droga, otra antigua tradición de la frontera. En octubre, agentes del FBI detuvieron a un alguacil de Texas del Sur y lo acusaron de “conspiración para poseer, con la intención de distribuir, cocaína y marihuana” entre varias otras ofensas. El alguacil de Starr County, Reymundo Guerra, se enfrenta a cadena perpetua, sigue los pasos de su predecesor, el alguacil Eugenio Falcón, quien se declaró culpable de acusaciones de conspiración no relacionada con la droga en 1998. Entre muchos otros agentes de mantenimiento del orden que trataban con los cárteles, en 2005, el ex alguacil de Cameron County, Conrado Cantu, fue sentenciado a 24 años de prisión por dirigir una empresa criminal desde su oficina.

La corrupción llega a las propias líneas de suministro de la droga. En septiembre, 175 personas fueron arrestadas en varios Estados de EE.UU., incluyendo a 22 en el norte de Texas, de las que se pensaba que tenían vínculos con el Cártel del Golfo. Las redadas produjeron 1 millón de dólares en efectivo, 180 kilos de metanfetamina, y 300 kilos de cocaína – y provocaron la furia de los jefes de la droga.

El Cártel del Golfo no es exactamente sutil en su reclutamiento de militares y otros para sus filas. El Cártel del Golfo ha estado pegando letreros por todo Reynosa y a veces en Nuevo Laredo y otros sitios, pidiendo a soldados y agentes policiales que deserten sus puestos y se sumen a los Zetas. Un letrero colocado recientemente en Tampico llamaba a soldados y ex soldados a que “Súmense a las filas del Cártel del Golfo. Ofrecemos prestaciones, seguro de vida, una casa para tu familia y niños. Deja de vivir en chabolas y de viajar en autobús. Un nuevo coche o camioneta, tú eliges.”
En Juárez, la guerra entre cárteles continúa con toda su fuerza.

“Lo que tenemos son facciones del antiguo Cártel Juárez que eran seguidores de Amado Carrillo Fuentes que se disputan con seguidores de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, jefe del Cártel Sinaloa. Y es un infierno,” dijo Diana Washington Valdez, periodista de El Paso Times. En Juárez ha habido algunos de los asesinatos más horribles a lo largo de la frontera.
“Nuestro periódico ya ni siquiera nos permite que crucemos a Juárez a buscar informaciones porque no tienen modo de protegernos. El Ejército de EE.UU., aquí en Fort Bliss, ha advertido a sus soldados que se queden fuera de Juárez,” dijo Valdez. Según informaciones noticiosas, una de las cerca de 1.200 personas matadas este año en Juárez en la guerra intestina de la droga fue un estadounidense residente en Juárez, quien fue asesinado en octubre después de colocar un letrero pidiendo a los cárteles que no abandonaran cadáveres delante de su casa.

“Hay que comprender que esos sujetos están atacando clubes nocturnos, quemando clubes turísticos, secuestrando gente, apuntando a camiones blindados para el transporte de dinero,” dijo Valdez. “Gente que no tiene nada que ver con los cárteles es atrapada en el fuego cruzado. Es lo que hace que todo sea tan peligroso… Si estás en un club que van a quemar, ahí quedaste.”
El que puede huir lo hace, dijo. “Aquí en El Paso tenemos a mucha gente que viene para quedarse con parientes, pero también tenemos mucha gente que simplemente merodea alrededor de la estación de autobuses sin tener adonde ir, sólo para evitar estar en Juárez.”

A lo largo del trecho de frontera entre California y México, cantidades similares de víctimas mortales ocurren en Tijuana, donde el Cártel Arellano Félix – dirigido por Fernando Sánchez Arellano, conocido como “El Ingeniero” – es desafiado por varios otros cárteles. En total, más de 3.500 personas han muerto en violencia relacionada con la droga en México en 2008. Incluidos en esa cifra hay varios periodistas mexicanos que fueron asesinados en represalias por haber escrito sobre las guerras de la droga o actividades de los cárteles. El más reciente fue Armando Rodríguez, reportero policial de El Diario de Juárez, quien recibió numerosos disparos mientras estaba sentado en su coche frente a su casa hace tres semanas. En la actualidad, muchos periódicos, programas de radio, y estaciones de televisión en México no cubren temas relacionados con la droga, por temor a represalias mortales.

La violencia asociada con las guerras de cárteles se extiende hacia el norte del Río Grande de maneras diferentes que en el pasado. En abril de 2007, Gabriel Cardona, de 18 años, se declaró culpable de cinco asesinatos cometidos dentro o cerca de Laredo por orden del entonces líder del Cártel del Golfo, Miguel Treviño Morales. Cardona formaba parte de un grupo de adolescentes que actuaban como asesinos a sueldo del cártel al lado estadounidense de la frontera. Entre los ‘trabajos’ de Cardona estuvo el secuestro y asesinato de un ex agente de policía de Laredo. Rosario Reta, un asociado de Cardona, fue recientemente condenado por un asesinato separado cometido en Laredo en 2006.

Funcionarios antinarcóticos de EE.UU. han sugerido que Cardona y Reta formaban parte de un grupo conocido como los Zetitas, reclutados de pandillas callejeras en Laredo y entrenados por un grupo paramilitar que se llama los Zetas. Tanto Cardona como Reta comenzaron supuestamente a trabajar para el Cártel del Golfo entregando armas de Laredo a Nuevo Laredo, y fueron escogidos subsiguientemente para ser entrenados como asesinos profesionales.
Javier Zambrano, funcionario de información pública del departamento de policía de El Paso, dijo que nada semejante se ha extendido a su ciudad. “No ha habido una extensión [de la violencia de Juárez] en absoluto,” dijo. “Esos individuos en el lado mexicano de la frontera, que cometen esas atrocidades, no tienen incentivos para venir acá y cometer ese tipo de crímenes.” Es verdad que algunos asesinatos en El Paso son asociados con la droga, dijo, “pero los hemos resuelto, lo que es más disuasión para gente que se imagina que puede venir aquí y cometerlos” sin ser capturados.
Podrá ser buenas relaciones públicas para El Paso, pero también es un disparate, dijo un periodista del área fronteriza quien pidió mantener el anonimato – y quien señaló que miembros de una banda de El Paso llamada los Aztecas han sido recientemente vistos operando en Juárez como asesinos a sueldo del cártel Juárez. La banda comenzó en una prisión de El Paso, con la idea de proteger prisioneros de ascendencia mexicana, pero ha sido sospechada de vínculos con el cártel durante años, particularmente en conexión con la distribución de drogas y contrabando de armas. “Hace tiempo sospechamos el vínculo entre el cártel y los Aztecas de El Paso,” dijo el periodista, “pero ahora algunos de ellos son enjuiciados, está en testimonio que es presentado en una corte federal.”
En noviembre, niños de El Paso en camino a la escuela encontraron el cuerpo de un hombre atado a las rejas de una ventana, con los pies colgados por sobre el suelo. Llevaba la máscara de un cerdo. Un letrero sobre su cabeza decía: “Esto les pasará a todos los Aztecas.”

Otra señal de la propagación dijo el periodista, es la cantidad de gente que ha sido herida a bala en México, pero llevada a EE.UU. para ser tratada: “El Hospital Thomason aquí en El Paso ha recibido más de 30 personas este año que fueron heridas en Juárez. Les disparan allá y son traídos aquí, porque si esas personas eran objetivos, las bandas irían a los hospitales [en México] y se asegurarían de que estuvieran muertas.”
El rumor es que agentes federales de EE.UU. permiten que mexicanos del cártel sean llevadas a El Paso para ser atendidos “porque quieren una posibilidad de entrevistarlos,” dijo el periodista. “Por otra parte, una serie de personas aquí en El Paso están preocupadas de que puedan ser seguidas al Hospital Thomason y ser asesinadas.”

Dos días después de que el periodista hablara con Fort Worth Weekly, El Paso Times publicó un artículo sobre un hombre herido que fue seguido por sus atacantes a un hospital de Juárez, donde terminaron su tarea.
Si los paramilitares en el narcotráfico mexicano reclutan asesinos en las calles estadounidenses, se podría decir que sólo están devolviendo un favor.
Durante los años ochenta y a comienzos de los noventa, EE.UU. comenzó a entrenar Fuerzas Especiales para el gobierno mexicano, llamados los Zetas, para capacitarlos para enfrentar mejor a los emergentes cárteles de la droga mexicanos. Antes, a mediados de los setenta, EE.UU. también se encargó a entrenar a otro grupo de Fuerzas Especiales, en Guatemala, que entonces estaba en medio de una guerra civil. El grupo se especializó en la guerra de guerrillas y en tácticas de contrainsurgencia.
En ambos casos, el entrenamiento militar estadounidense tuvo efecto contraproducente. Muchas de las unidades especialmente entrenadas desertaron de los ejércitos mexicano y guatemalteco y fueron a trabajar para los cárteles. Luego se convirtieron en ellos.
“Muchos Zetas se separaron de los militares mexicanos en los años noventa,” dijo Castillo, el ex agente de la DEA. Los Zetas, dijo, “comenzaron a trabajar como agentes del Cártel del Golfo, que controlaba la costa caribeña de México y varias ciudades fronterizas en el interior.” Los Zetas eran implacables e intrépidos. “Eran de las Fuerzas Especiales mejor entrenadas de cualquier parte,” dijo Castillo. “Bueno, ahora ha

llegado al punto en que controlan bastante a los cárteles.”

Cuando aparecieron por primera vez historias sobre el trabajo de los Zetas para los cárteles, el gobierno mexicano las desmintió. Pero en informes recientes, dijo Castillo, funcionarios mexicanos han terminado por admitir que existe un “brazo paramilitar en las fuerzas armadas mexicanas,” queriendo decir que algunos miembros de las fuerzas armadas son también paramilitares activos con los cárteles.

Y, dijo, “no olvidéis los Kaibiles” – aunque haya probablemente mucha gente en el gobierno de EE.UU. y sus militares que quisieran hacerlo. Los Kaibiles, nombrados por un líder indígena guatemalteco quien combatió a los conquistadores, eran la unidad de las Fuerzas Especiales que EE.UU. entrenó en Guatemala, muchos de cuyos miembros se pasaron a los barones de la droga, por salarios mucho más elevados.

“Los Kaibiles comenzaron a trabajar para los cárteles, pero ahora trabajan para los Zetas, y son los responsables por las decapitaciones,” dijo Castillo. “Es su marca.” En un caso, el año pasado, varias cabezas humanas fueron lanzadas a una pista de baile en Michoacán. En octubre de este año, cuatro cabezas en una nevera portátil fueron enviadas a la sede de la policía en Juárez.

Los Zetas, dijo Castillo, se han reorganizado ahora con elementos corruptos del ejército mexicano, un matrimonio que propaga la infección entre los militares, particularmente entre los 32.000 soldados que Calderón envió a nueve Estados mexicanos específicamente para eliminar los cárteles. “Y así los militares en cierto modo dirigen todo el asunto por allá,” dijo Castillo. “Hay miles de militares por todo el país, muchos de ellos corruptos, muchos de ellos trabajando también como paramilitares. Operan bajo el disfraz de eliminar la droga mientras en realidad están moviendo [la droga] y eliminando rivales para el narcotráfico.”

La estrategia de Calderón de desplegar el ejército para tratar de recuperar algo que parezca control de los cárteles en esos Estados ha funcionado aproximadamente tan bien como el entrenamiento de las Fuerzas Especiales de EE.UU. En lugar de restaurar el control gubernamental, en muchas áreas los militares han causado estragos en la ciudadanía, provocando llamados para que Calderón los retire.

Bill Weinberg, periodista galardonado, quien se especializa en Latinoamérica y en temas de la guerra contra la droga, dijo que la situación es incomprensible para muchos estadounidenses. “Hay que entender que los militares y los cárteles se superponen, de modo que los militares no son necesariamente peores que los cárteles; son los cárteles,” dijo. “Luego están los policías, quienes en algunos sitios, como Reynosa – al otro lado de la frontera de McAllen – han sido totalmente asimilados.”

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió un informe en julio sobre cuatro casos particularmente graves de recientes abusos militares en diferentes Estados mexicanos, dijo Weinberg. “Todos esos casos tenían que ver con torturas de civiles, algunas de ellas muy brutales, [incluyendo] choques eléctricos y violaciones… En Michoacán, soldados en un bloque de ruta ametrallaron a un coche y mataron a varios niños.”

La comisión de derechos humanos llamó al secretario de defensa mexicano a castigar a los que violan derechos humanos. “Hasta ahora, esas recomendaciones han sido ignoradas,” dijo Weinberg, “y los abusos siguen ocurriendo.”
Grupos de derechos humanos temen que otros equipos de nuevos protagonistas en la guerra contra la droga no mejorarán esa situación: compañías como Blackwater y DynCorp que tienen su propio equipaje ensangrentado.
Blackwater USA, la firma privada estadounidense de seguridad que ya es acusada por atrocidades en Iraq, negocia con el gobierno de Calderón para entrenar a soldados especializados en el ejército mexicano y también para actuar como fuerza privada de seguridad.

“Pero usted sabe que van a estar en todo por todas partes, machacando un poco a la gente, haciendo un poco trabajo sucio para algunos… Es lo que hacen,” dijo Castillo.
Compuestos primordialmente de ex miembros de las Fuerzas Especiales de EE.UU., Blackwater, como DynCorp y varias otras compañías privadas, han sido utilizadas ampliamente por el Departamento de Defensa de EE.UU. en Iraq, Afganistán, y en otros sitios, para proveer seguridad y otros servicios. Blackwater fue objeto de intenso escrutinio mediático en septiembre de 2007, cuando varios de sus contratistas abrieron fuego sobre civiles desarmados en Iraq, matando a 17 personas. A pesar de ello, con altos ex funcionarios de la CIA en sus filas, la compañía sigue obteniendo lucrativos contratos federales.

Blackwater tendrá pronto una importante presencia en la frontera EE.UU.-México. Un complejo de entrenamiento de 334 hectáreas en California a sólo 72 kilómetros de México. La compañía ya tiene un contrato con el gobierno de EE.UU. para entrenar a agentes de la Patrulla Fronteriza, y se especula que una vez que estén establecidos, competirán por la obtención de contratos para operar la seguridad de la frontera, junto a agentes gubernamentales de EE.UU.
El Plan México, o Iniciativa Mérida, recientemente firmado por el presidente Bush, podrá fomentar el uso de mercenarios. Promete 400 millones de dólares de ayuda inmediata a Calderón para ayudar a combatir la droga en México, junto con otros 1.100 millones de dólares en los próximos dos años.
El plan incluye una cantidad no especificada de dinero para contratos con compañías privadas de seguridad de EE.UU. Hace un año, Army Times informó que el Departamento de Defensa acababa de dar a Blackwater una considerable subvención que, con el tiempo, podría llegar a 15.000 millones de dólares, “para desplegar técnicas de vigilancia, entrenar a fuerzas de seguridad extranjeras, y proveer apoyo logístico y operativo” para iniciativas de la guerra contra la droga.

Eso podría significar que el gobierno de EE.UU. ya está financiando una fuerza mercenaria de ex soldados de las Fuerzas Especiales que operen a ambos lados de la frontera, pero que no es responsable ante nadie en México. Blackwater ya emplea a 1.200 chilenos, ex miembros del ejército del antiguo dictador Augusto Pinochet, algunos de los cuales se cree que trabajen en México.
“Hay que tener mucho cuidado con soldados mercenarios en una democracia, que es más frágil de lo que piensa la gente,” dijo el representante republicano estadounidense Bob Filner a Salon.com el año pasado. “No se puede desear que anden ejércitos por ahí que se venden al mejor postor.”
Por lo menos otra firma de seguridad basada en EE.UU. ya opera en México. En julio, el día después que Bush firmara el Plan México, dos vídeos diferentes de una sesión de entrenamiento en tortura para policías en la ciudad de León, Guanajuato, fueron publicados por el periódico local El Heraldo de León. Las cintas mostraban imágenes gráficas de técnicas de tortura (practicadas sobre voluntarios de la policía), incluyendo imágenes de un voluntario cuya cabeza era forzada dentro de un agujero de ratas y heces, y otro que era arrastrado por sus propios vómitos después de ser golpeado.
Kristin Bricker, periodista investigativa de NarcoNews.com, desveló subsiguientemente evidencia de que los entrenadores en el vídeo eran de Risks, Incorporated, una compañía privada de seguridad basada en Miami que se especializa en, entre otras cosas, la enseñanza de técnicas de tortura psicológica.
“No cabe duda de que EE.UU. está involucrado en todos los aspectos de la guerra contra la droga en México,” dijo Castillo. Y si no le cree al autor y ex agente encubierto de la DEA, ¿qué le parece el embajador saliente de EE.UU. en México? Tony Garza dice ahora que EE.UU. debe aceptar su responsabilidad por el tráfico de armas y por suministrar el mercado para drogas mexicanas. The Dallas Morning News informó la semana pasada que Garza dijo en un discurso reciente que México “no sería el centro de la actividad de cárteles o viviría este nivel de violencia, si EE.UU. no fuera el mayor consumidor de drogas ilegales y el mayor proveedor de armas a los cárteles.”

Pero Castillo tiene una visión aún más sombría de lo que sustenta la guerra de la droga. Esencialmente, dijo, la economía de México es adicta al dinero de la droga, y nadie, ni siquiera Calderón, cerraría por completo ese grifo, incluso si fuera posible. La opinión de Castillo sobre EE.UU. es similar. La guerra contra la droga es un inmenso estímulo para la economía, a través de prisiones privadas, la industria de armamentos, y las fuerzas federales desplegadas en su contra.

Calderón “no detendría absolutamente” el narcotráfico si pudiera, dijo Castillo. “La economía de México depende demasiado del dinero de la droga.
En una hermosa tarde de otoño en Nuevo Laredo, el sol destella desde muros color pastel. Las calles están tranquilas. En una taquería al aire libre, no lejos de un cruce de la frontera, el personal asa carnes y vegetales sobre parrillas, preparándose para una noche atareada.

La dueña, María (pidió que no mencionáramos su apellido), dijo que tiene suerte. Su taquería pasó indemne por la violencia de hace uno o dos años. Pero se preocupó cuando miembros de un cártel o del otro iban ocasionalmente a comer, por temor a que su personal y otros clientes fueran atrapados por el fuego cruzado.

“No era bueno. Los tiroteos. Los muertos. Madres llorando. Era como tener una guerra en tu propia casa,” dijo. “Las guerras son más limpias cuando pasan en alguna otra parte.”

Un cliente en una tienda de comestibles cercana también estaba contento de que la guerra a tiros se hubiera calmado por el momento en su trecho de frontera.
“Es mucho mejor que hayan puesto freno a las batallas a tiros,” dijo. “Ahora todos pueden volver a ganar dinero con las drogas en lugar de morir por ellas.”

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