Exigen justicia deudos de estudiantes asesinados por militares colombianos

No cejaremos hasta que sea castigado Álvaro Uribe, expresan

Emir Olivares Alonso

Familiares de los cuatro universitarios que perdieron la vida durante el ataque del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se manifestaron afuera de la embajada de ese país en México, para exigir justicia y castigo a los responsables, incluido el presidente Álvaro Uribe, a nueve meses “de ese asesinato” perpetrado en territorio de Ecuador.

Ante la inminente llegada de Lucía Morett Álvarez, única mexicana sobreviviente del bombardeo del primero de marzo pasado, exigieron al gobierno federal garantizar su libre tránsito y que no se ejerza acción penal en su contra.

El temor se funda en que Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, encabezada por Guillermo Velasco Arzac y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presidido por José Antonio Ortega Sánchez, organizaciones ligadas a grupos de ultraderecha, presentaron una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Morett y otros estudiantes, por varios delitos, entre ellos el de terrorismo internacional.

“Lucía no sería citada en calidad de testigo de la masacre, sino como indiciada por un delito que no se le ha demostrado; por ello reiteramos nuestra exigencia a las autoridades para que se desistan de la acción penal en su contra.”

Familiares, activistas y estudiantes universitarios se manifestaron por tercer mes consecutivo en la sede diplomática del gobierno colombiano en México. Durante el mitin se informó que en breve se presentará una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a que la canciller mexicana, Patricia Espinosa, ha sido “omisa para darnos toda la información sobre el caso”.

Álvaro González, padre de Juan González del Castillo, uno de los jóvenes que perdieron la vida durante el ataque, aseguró que los deudos “no vamos a dejar esta lucha; continuaremos mes a mes, día a día, hasta que los asesinos de nuestros hijos, en especial Uribe Vélez, caigan y sean sometidos a la justicia”.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, recordó que desde hace meses se ha solicitado a la embajada colombiana en México la información referente al caso con la que el gobierno de ese país cuenta, sin que hasta la fecha haya sido atendida la petición.

Por ello indicó que en breve se acudirá a instancias internacional “porque Colombia no ha podido demostrar, con pruebas contundentes que inculpen a los muchachos, los delitos de los que fueron acusados, incluso, por el propio Uribe”.

Explicó que, con apego a la jurisdicción internacional de los derechos humanos –normativa que el Estado mexicano está obligado a cumplir–, se presentará una denuncia ante la PGR contra el presidente colombiano, a fin de que se le pueda sancionar por “este delito de lesa humanidad”.

Señaló que existen bases para que la dependencia nacional dé trámite a esa querella, y sustentó su petición en casos como el de la Audiencia Nacional de España para juzgar Augusto Pinochet Ugarte, ex dictador chileno.

Advirtió que en caso de que la PGR no responda de manera afirmativa a esa denuncia, “nos darían el paso libre para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que al interior del país estaríamos desprotegidos”.