Lo útil, lo bueno y lo prudente

Mario Di Costanzo Armenta

Estoy completamente seguro de que para muchos mexicanos el recuerdo del FOBAPROA aún se encuentra intacto en su memoria. De hecho, es uno de los temas de los que más se ha escrito durante los últimos diez años.
Independientemente de que existan defensores y detractores de este negro capítulo en la historia económica del país, para todos es una realidad que la discrecionalidad, la falta de transparencia, la corrupción y el tráfico de influencias son calificativos que aun ahora no pueden ser descontados al hablar de este tema.
Y es que resulta imposible negar que en la “panza” del FOBAPROA se encuentran los créditos que no pagaron importantes personajes de la política, así como prominentes industriales con enorme capacidad económica que en algún momento decidieron transferir sus deudas a los contribuyentes, al ser rescatados por el Estado, bajo el lema de “proteger los ahorros de la gente común y corriente”.
Parte de lo anterior lo resume el propio Michael W. Mackey, auditor del FOBAPROA, quien concluye textualmente lo siguiente: “Entendemos que en México, un número relativamente pequeño de grupos económicos (aproximadamente 10 ó 12) son responsables de una parte muy importante de la actividad económica. Estos grupos operan típicamente a través de varias compañías en diversos sectores, incluyendo el financiero. Estos grupos adeudan cantidades importantes a los bancos que participaron en los programas del FOBAPROA. Muchos de ellos tienen o tuvieron participación accionaria en ciertos bancos revisados.
Más aún: el 21 de abril del 2003, el ahora ex vocal de la Junta de Gobierno del IPAB, Bernardo González Aréchiga, entregó al entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación sus Memorias de Labores. Y en la página 13 del citado Informe refiere el siguiente párrafo:
“El terrible dilema que confrontó el FOBAPROA, según uno de los responsables más importantes del rescate, se resume en la siguiente frase: ‘A raíz de la crisis bancaria de 1995, nosotros tuvimos que escoger entre cumplir la ley o reducir el costo fiscal. Optamos por reducir el costo fiscal. Espero que ustedes también tengan la capacidad de hacer lo propio cuando llegue el momento’”.
Esta abierta confesión de la violación a la ley durante el rescate bancario muestra que mientras que a estos grupos conformados por banqueros, prominentes industriales y políticos se les otorgó un trato preferencial, para millones de pequeños y medianos deudores la situación fue diferente, ya que las autoridades determinaron “aplicar la ley” y estas personas, “los nadies”, terminaron perdiendo sus bienes y propiedades.
Señalo lo anterior porque desde hace algunas semanas el gobierno ha venido instrumentando de manera velada una especie de FOBAPROA II, dirigido a grandes empresas, pero ahora bajo el lema de “proteger al empleo y a la planta productiva nacional”.
Este rescate consiste en que a través de Nacional Financiera (Nafin) el gobierno, con recursos públicos, garantiza, es decir, “avala”, la deuda de las empresas que se hacen acreedoras de estos apoyos. De esta manera, y en pocas palabras, el gobierno “compra la deuda de estas empresas”.
Desafortunadamente, Nacional Financiera no ha informado de manera clara y transparente de las operaciones llevadas a cabo hasta el momento.
Lo que sí se sabe es que a partir del 1 de enero del próximo año el ex presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y también ex presidente del Consejo de Administración de BBVA-Bancomer, será el nuevo director general de Nafin.
Todo esto contrasta dramáticamente con la actitud de “no me importa” que el gobierno ha manifestado con respecto del problema de la cartera vencida en créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, y que se estima que afecta ya a más de un millón 446 mil personas, para las cuales no se han diseñado mecanismos de rescate.
Y es que al mes de septiembre del presente año la cartera vencida en tarjetas de crédito ascendió a 24 mil 584 millones de pesos, cifra superior en 206% a la registrada en las épocas del rescate bancario (diciembre de 1997) y 57% superior a la registrada en diciembre de 2006.
Si bien es cierto, que lo anterior se explica en buena medida, por el deterioro del ambiente económico, también lo es, que el alto costo de las comisiones y la tasa de interes que cobran las instituciones bancarias, han tenido mucho que ver en esta situación, a manera de ejemplo mientras que BBVA la tasa de interés total de una tarjeta de crédito emitida en México es del 80%, en España es de sólo 25%.
Esto se debe a la concentración de las actividades bancarias que ha permitido que la banca opere como un gran oligopolio.
Adicional a lo anterior, los bancos deben reconocer, que el problema se ha potenciado por la falta de una adecuada cultura financiera, por su estrategia de utilizar el llamado “crédito al consumo” como una herramienta de penetración de mercado, por las agresivas campañas que implementaron para la colocación de plásticos, y por la ampliación de líneas de crédito sin previa opinión del cliente, y careciendo de los análisis de su capacidad crediticia.
En pocas palabras, deben admitir su irresponsabilidad y corresponsabilidad en la gestación de este problema.
Por ello digo, que lo útil, lo bueno y lo prudente es que se disminuyan y pongan topes, a las comisiones y tasas de interes de estos plasticos, y que tanto el gobierno como los bancos, implementen programas de reestructuras a tasas “blandas” y condonación de adeudos, que impidan que este problema económico, se convierta un un asunto social de gran envergadura y que en este momento a nadie le conviene.
Al respecto, vale recordar que existe en la Cámara de Diputados un dictamen, aprobado ya por el Senado, que detalla un programa de apoyo a deudores de la banca y se conoce como “el artículo 62 bis” y sólo es cuestión de que exista la voluntad y sensibilidad política para resolver un problema que todavía es de dimensiones manejables.