De machitos y machetes

Jorge Lara Rivera

Liberados ayer con gran prisa, tras el pago de fianzas, los treinta y cinco campesinos veracruzanos detenidos durante la represión federal del martes se sumaron a los demás manifestantes que participaban en el bloqueo de la autopista, ahora equipados con sus machetes de labor –previendo otra agresión violenta por parte de cobardes policías federales y estatales– y vieron empezar, como por arte de magia, las reparaciones que demandaban hicieran las autoridades de vías que comunican sus parcelas de cultivo, obstruidas como efecto del mal tiempo en la zona, y ante cuyo reclamo aquéllas permanecían sordas.
Sin embargo, el mal sabor de boca que este episodio execrable deja en la opinión ciudadana permanece sin satisfacción. Primero porque sobre los liberados pende como una espada de Damocles el expediente judicial por una delictiva detención, con posibilidad de emplearse a futuro para amedrentarles o ejercer presión contra ellos y, desde luego, por el intento de dar carpetazo al despreciable y cobarde abuso policial de la fuerza contra esos trabajadores del campo, a quienes los uniformados federales y la propia policía estatal injustificadamente atacaron a patadas, garrotazos, trompadas, empellones y otros tratos denigrantes.
Este atentado contra ciudadanos inermes, desesperados por la indiferencia de malos servidores públicos, no ha de quedar así, como así. A menos que se quiera reeditar otro capítulo de prepotencia e impunidad públicas.
Ahí hay materia más que de sobra para hacer pertinente y obligado un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al deplorable comportamiento de los cuerpos policiales; y para exigir una intervención de los órganos de control interno de esa misma policía federal que, bajo el comando de Eduardo García Luna y el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, ha sido incapaz de cumplir con los compromisos adquiridos hace meses, vía el llamado Acuerdo Nacional para la Legalidad y la Seguridad, según declarara anteayer a medios informativos Ana Laura Herrejón, dirigente visible de “Iluminemos México” y organizadora de la albeante y nutrida, pero hasta hoy inútil marcha “México Unido contra la Violencia”.
Y es que no puede obviarse de modo tan superficial la indignación producida por la conducta de esos 400 policías federales y sus homólogos estatales. Muy machitos, luciéndose, prepotentemente, con sus equipos de tecnología letal de punta contra gente inerme, pero incapaces, ineptos, incompetentes y corruptibles ante la delincuencia rampante.
De precisarlo el caso de represión en Veracruz, la PGR no debe dudar en ejercer la facultad atractiva para deslindar responsabilidades entre su gente.
En lo que salen a relucir machetes, la situación parece volver a la calma. Tal como ocurre en nuestra Sotuta, a despecho de lo que el panismo yucateco y el vocero impreso de la oligarquía local quisieran (equiparando con ligereza la situación allí con el distinto caso de Peto) en su busca de socavar la estabilidad y el orden sociales. Hasta el dirigente de la Canacintra lo admite.
Mientras, las inconformidades ciudadanas contra el desempeño del munícipe sotuteño e intromisiones de su hija parecen abrir paso a un juicio político, aunque es precipitado hablar de ello aún. De ocurrir esa posibilidad, el concejal quedará peor que los cien funcionarios del nuevo régimen en Estados Unidos, pues ni siquiera obtendrá congelados sus emolumentos.
A propósito, si el deshielo de virus y bacterias infecciosas entraña peligros graves al género humano, también hay riesgo equivalente en la acometida ultraconservadora de ideologías fanáticas, como esas pretensiones confesionales reveladas por el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano contra el laicismo, el cual opone civilizado valladar de tolerancia y convivencia pacífica al pensamiento retardatario, autoritarista y excluyente de quienes, tras una máscara pretendidamente moralista, integran esa agrupación.