La militarización

Luis Javier Garrido / La Jornada / 22-12-2006

El proceso de militarización de la vida nacional, que está anunciando como una de sus primeras decisiones el gobierno ilegítimo de Calderón, está condenado al fracaso porque va en contra de los derechos fundamentales de los mexicanos, pero no por eso no está ahondando la crisis institucional.
1. La debilidad del gobierno de facto de Felipe Calderón se manifestó al haber tenido que asumir espuriamente su cargo el 1º de diciembre en un Palacio Legislativo tomado por las fuerzas armadas y cuando anunció ese día que el primer acto de su gobierno sería aumentar los sueldos de los miembros de las fuerzas armadas al mismo tiempo que supuestamente se reducirían los del resto del personal del gobierno, y se confirmó al empezar a utilizar al Ejército de manera anticonstitucional, lo mismo como policía preventiva y judicial que como autoridad política en un descabellado operativo "de seguridad" decretado en Michoacán, que no fue más que una operación de propaganda, pero que tiene graves consecuencias políticas.
2. Las señales ominosas que se ciernen sobre el país luego de la usurpación son múltiples, pues desde los primeros días se ha confirmado lo que ya se sabía, y es que la misión encomendada a Calderón, al contrario de lo que éste dijo una y otra vez en su campaña, es proseguir cancelando los derechos sociales históricos de los mexicanos y desmantelando a la nación entregando sus riquezas estratégicas a las trasnacionales. Y para ello pretende consolidar las bases políticas a fin de que los grupos de la derecha fascistoide, que ahora se identifican con el PAN, y a los que él sirve, se enquisten en el gobierno durante varias décadas, objetivo para el cual le resulta imprescindible, mucho más que a sus predecesores, el control ideológico a través de radio y televisión y el control material por conducto de las fuerzas armadas.
3. Un gobierno que tiene que recurrir al Ejército para que le ayude a resolver problemas que no son de su competencia ha sido siempre un gobierno débil, y el de Calderón lo es en extremo por más que la mayoría de los medios masivos de comunicación se esfuerzen en señalar lo contrario. El gobierno de facto, a pesar de sus pretensiones, carece de toda autoridad moral por su origen espurio y por estar sustentado en la corrupción institucional y el tráfico de influencias y no tiene más autoridad política que la derivada de su control del presupuesto.
4. El operativo militar de Michoacán, presentado en los medios como el inicio de una gran lucha contra el narco y la delincuencia organizada, que no fue más que un espectáculo televisivo, se saldó tras de una semana como era de suponerse por un gran fiasco, ya que la presentación de unos cuantos campesinos pobres y de dos o tres traficantes de medio pelo no pudo paliar la imagen que dio el ejército buscando someter a la inconformidad social por la vía del amedrentamiento y respaldando a un gobierno ilegítimo que, además de su origen ilegal, está sostenido por el salinismo y el narcopoder real, con el que hay evidencias de que tiene una alianza estratégica, y por las mafias de cárteles vinculados a los intereses de Washington.
5. El proyecto de los yuppies que controlan el aparato burocrático del gobierno de instaurar en México, con el pretexto de la seguridad pública, un Estado de corte cada vez más policiaco-militar no ha sorprendido, sin embargo, por reflejar una vez más el menosprecio que tienen estas gentes por los principios que sustentan el orden legal del país y por los derechos fundamentales de los mexicanos reconocidos en la carta constitucional, sino porque evidencia el nulo respaldo social que asumen tiene el gobierno de facto y el temor a lo que pueden ser las respuestas populares frente a las políticas que pretenden imponer.
6. El descabellado proyecto, abiertamente anti- constitucional, no se ha escondido, pues el gobierno de facto de Calderón, luego de haber decretado el fracasado operativo militar en Michoacán, anunció el 13 de diciembre que se habilitaría a 10 mil miembros del Ejército y de la Marina nacionales como integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP), el 15 de diciembre un boletín de prensa de la PGR hizo saber que se había decidido la unificación de la PFP y de la AFI bajo un solo mando a cargo de Ardelio Vargas, y el 20 se filtró la información de que se pretendía en pocos meses crear una nueva agrupación policiaca de corte militar, a la que se intenta llamar Cuerpo Federal de Policía, la cual estaría integrada por la PFP, la AFI, la Policía Fiscal Aduanal y agentes de migración (Reforma, 21/12/06), medidas todas ellas que contravienen los fundamentos constitucionales del país y que se suman a la información que ya se conocía desde hace semanas de que Calderón estaba auspiciando la creación de grupos paramilitares en las regiones más marginadas de México.
7. La anticonstitucionalidad del proyecto calderoniano de "mano dura" no puede llevar por consiguiente más que a ahondar la grave crisis institucional por la que atraviesa el país. La utilización de las fuerzas armadas en tareas policiales preventivas o judiciales contraviene el texto del artículo 129 que prohíbe a éstas en tiempos de paz ejercer funciones que no tengan "exacta conexión con la disciplina militar". La fusión de la PFP y la AFI (como se denomina ahora a la Policía Judicial Federal) contraviene los artículos 19, 20 y 21 constitucionales, que establecen una división entre prevención y persecución de los delitos: entre la seguridad pública y la administración de justicia. La creación de un Cuerpo Federal de Policía, como el que se pretende, vulneraría de manera flagrante el régimen federal.
8. El combate a la inseguridad ha ido de la mano en América Latina de una contradicción fundamental: los gobiernos corruptos y que hacen de la violación a las leyes una práctica constante no tienen autoridad, ni razón alguna, para combatir a la delincuencia organizada: ellos son la expresión de esa delincuencia organizada. ¿Cómo puede Calderón, que ha violentado el marco constitucional al encaramarse ilegalmente en el poder, que encabeza a un gobierno de facto sustentado en el tráfico de influencias y en el pago de favores a multinacionales y que está subordinado a Salinas y al salinismo, es decir, al narcopoder y a la corrupción institucionalizada, preconizar el respeto a la ley? ¿Con qué autoridad moral y política?
9. Disfrazar a contingentes del Ejército de paramilitares o de policías federales preventivos no implica, por otra parte, no violentar la Constitución, ni le quita tampoco a las fuerzas armadas su responsabilidad en toda esta parafernalia de incompetencia ilegal.
10. Los problemas del país no se pueden enfrentar con una visión militar y un autoritarismo primario, ése que los medios insisten en llamar "la mano dura", pues lo único que se va a lograr es ahondar la crisis nacional.