Exhorta ONU a México a suprimir la tortura y los abusos de militares

Señala el gobierno que aceptó 83 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos

Georgina Saldierna, Emir Olivares y Fabiola Martínez

El gobierno de México aceptó 83 recomendaciones que le formuló el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) para mejorar el respeto a los derechos humanos, y se reservó ocho, a las que responderá en junio próximo, pues requieren un “análisis intersecretarial más detallado”.

Al dar a conocer lo anterior, el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, informó que entre las sugerencias reservadas se encuentra el restablecimiento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y otras relativas a la figura del arraigo en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, la justicia militar y la definición de delincuencia organizada.

Las recomendaciones fueron formuladas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la situación de los derechos humanos al que son sometidos todos los miembros de la ONU cada cuatro años.

Luego de que el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos encargado de la evaluación aprobó su informe sobre el caso, el funcionario se mostró satisfecho de los resultados que obtuvo México, ya que las recomendaciones planteadas tienen una relación muy grande con lo que ya contiene el correspondiente programa nacional.

Gómez Robledo agregó que no hay una sugerencia que sea totalmente ajena a las grandes líneas del citado plan. Desde luego pueden variar en su redacción pero hay una enorme coincidencia con lo que ya viene en el Programa Nacional de Derechos Humanos, insistió.

El grupo de trabajo responsable del EPU evaluó el martes pasado, la situación de las garantías individuales en México, durante una reunión de más de tres horas en Ginebra. Allí, representantes de 59 países dialogaron con la delegación mexicana encabezada por Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación.

Combate a la impunidad

Como parte de los exhortos destacan: erradicar las prácticas de tortura e investigar los casos perpetrados por elementos del Ejército y de corporaciones policiacas; adoptar medidas para combatir la impunidad, en particular en crímenes contra mujeres, indígenas, menores de edad y periodistas, e implementar medidas para erradicar de manera efectiva la pobreza.

Otro señalamiento es que las autoridades mexicanas expliquen cómo esperan garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país sean atendidas por tribunales civiles, incluidos los abusos de militares, salvo en “situaciones específicas” reservadas a la jurisdicción castrense, como insubordinación, deserción y traición.

El grupo también recomendó armonizar la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; revisar y reformar el código militar para ajustarlo a las obligaciones internacionales del país; reformar el sistema de justicia y seguridad pública, y poner fin al sistema de arraigo, mediante el cual un presunto delincuente puede estar detenido hasta por tres meses sin que se presenten cargos en su contra.

Por lo que hace a las recomendaciones reservadas, Gómez Robledo explicó que México las responderá en junio próximo, cuando el informe del grupo de trabajo sea finalmente aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo compuesto por 47 estados elegidos por voto secreto en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sobre la sugerencia de restablecer la fiscalía especializada para movimientos sociales del pasado, el subsecretario explicó que si bien el organismo fue cerrado, las investigaciones no se han dado por concluidas. Todo lo que hacía dicha instancia fue entregado a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, abundó. No obstante, tocará a las dependencias federales competentes analizar el exhorto y pronunciarse en su momento.

Acerca de la figura del arraigo, explicó que tres o cuatro países cuestionaron si la detención de un presunto delincuente por 40 días, con una renovación eventual por otro tanto, se apega a los estándares internacionales.

Consideramos que sí y que esto además está limitado a las situaciones que tienen que ver con el crimen organizado, añadió. De cualquier manera, expuso que se evaluará el contexto en que se formuló la sugerencia, puntualizó. Añadió que un número importante de países desarrollados tienen figuras de detención muy semejantes a la del arraigo.