La Suprema Corte de México emite el fallo sobre el "Caso Atenco"

Alejandro Montaño
Púlsar

Con ocho votos a favor y tres en contra la Suprema Corte de Justicia de México determinó que sí existieron violaciones graves a los Derechos Humanos, durante la insurrección popular en San Salvador Atenco, México, el 3 y 4 de Mayo del 2006.
Sin embargo esta sentencia exculpa al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como al actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y a los altos mandos policíacos federales y estatales de responsabilidad alguna por las violaciones a las garantías individuales de los afectados.

Idéntico al fallo del fraude electoral, sí hubo intervención del presidente, sí hubo irregularidades en la elección pero les vale madre, la SCJN falla según las carretadas de dinero que les ofrecen.

Toda vez que el Alto Tribunal de México dictaminó que "no puede atribuirse participación a las autoridades y funcionarios que se reunieron el 3 de mayo de 2006 y que autorizaron el uso de la fuerza pública, así como aquéllos que participaron en la reunión en la que diseñaron la estrategia para implementar el operativo policial".

Es decir, el que autoriza los asesinatos o el asesino intelectual, como se le llama, no tiene responsabilidad. Quiénsabe de dónde se sacaron esas leyes pero es una aberración.

El presidente de la Suprema Corte de México, Guillermo Ortiz Mayagoitia, estableció que "todo el trabajo institucional sobre las investigaciones en San Salvador Atenco(...) no tiene por objeto desalentar el uso de la fuerza pública, so pretexto de temores de quienes deban tomar esas decisiones".

Ah, entonces su objeto es que la fuerza pública siga reprimiendo sin temor y sea impune no importa cuántos crímenes cometa.

Agregó además que la resolución sobre estos hechos: "debe llevar a mejorar las condiciones de seguridad y de convivencia, como corresponde en un Estado de derecho".

La resolución sobre estos hechos a lo que lleva es la inseguridad de los ciudadanos frente a el Estado lo cual no corresponde a un Estado de derecho sino por el contrario a un Estado salvaje que atenta contra la vida de sus ciudadanos.