Detecta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el registro de inmuebles del gobierno fecalista, en las pensiones y en Enciclomedia
MEXICO, D.F., 15 de marzo (LA JORNADA/UNIVERSAL).- De los 11 mil 507 inmuebles que posee el gobierno espurio, sólo 39.2 por ciento (4 mil 507 inmuebles) está inscrito en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y cuenta con el número de folio real; del resto (60.8), se carece de número de folio que acredite su inscripción en el RPP y no existe la certeza de su situación jurídica, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el reciente informe de revisión de la Cuenta Pública 2007. La ASF encontró incluso que no se encontraron en el “tablero de control estratégico de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indicadores para medir el cumplimiento” sobre la determinación de los alcances e impacto que representa el pago de rentas en el gasto público federal, las cuales en 2007 ascendieron a mil 335 millones 425 mil 400 pesos, ejercidos por 21 dependencias del gobierno espurio. En ese rubro encontró que la PGR erogó 120.4 por ciento más del presupuesto original para cubrir el pago de arrendamiento de edificios y locales, lo cual representó 23 millones 429 mil pesos que se asignaron a las delegaciones generales de la PGR, sin que ésta cuente con la “información y documentación de su aplicación”. En la auditoría que practicó la ASF al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), organismo dependiente de la SFP responsable de registrar, administrar y proteger el patrimonio inmobiliario de la administración pública federal centralizada (APF), se constató además que la APF “carece del registro sobre el valor histórico o comercial de cada uno de los inmuebles” de su propiedad. Esto, no obstante que la SFP es la responsable de vigilar que las dependencias de la APF cumplan con la normatividad que obliga a registrar, administrar y proteger los bienes inmuebles que tienen bajo su responsabilidad. Asimismo, la ASF detectó un impacto negativo en el patrimonio del Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones (FARP) estimado en 13 millones 104 mil pesos.Por tal motivo, solicitó a la Secretaría de Hacienda hacer la aclaración correspondiente porque de lo contrario, si “no logra su justificación o respaldo departamental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”.Y la ASF detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2007, por un monto de 5 mil 254 millones de pesos, en particular referentes al sector educación pública, según detalla un informe de la dependencia entregado a la Cámara de Diputados.La mayor anomalía se registró en el Programa Enciclomedia donde, de acuerdo con la información recibida, en el gasto público se reportaron como ejercidos 2 mil 324 millones 544 mil 500 pesos, los cuales no fueron devengados.
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