La familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al PAN en 2005 –la cuarta parte del total de aportaciones de particulares al partido en ese año–, se ven beneficiadas con un contrato de financiamiento multianual superior a los 4 mil millones de pesos. Son los primeros favorecidos del nuevo esquema de privatización del sistema de salud pública conocido como Proyectos de Prestación de Servicios. El otro grupo empresarial privilegiado es Acciona, trasnacional española vinculada al Partido Popular .
Integrantes de la familia Mariscal Servitje obtienen del gobierno federal un contrato de financiamiento multianual por más de 4 mil millones de pesos. El compromiso se llevó a cabo a través de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), instrumentados por la Secretaría de Salud para la construcción e instalación de uno de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ésta es la segunda unidad hospitalaria de un esquema que privatizará los servicios sanitarios en el país, dice Asa Cristina Laurell, titular de la “Secretaría de Salud” del llamado “gobierno legítimo de México”. El “financiamiento” de dos HRAE compromete más de 7 mil millones de pesos en contratos multianuales.
El objetivo de las autoridades es edificar 10 unidades médicas más antes de que concluya el actual sexenio. Se estima que entonces el monto total de los contratos superará los 40 mil millones de pesos. Además, existe una diferencia entre los montos destinados a los HRAE del Bajío (León, Guanajuato) y de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por 977 millones 748 mil 104 pesos. El que se lleva la partida más grande tendrá una capacidad de atención menor, indica una investigación que se lleva a cabo en el “gobierno legítimo de México”, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los contratos –de los cuales Contralínea posee copia–, el HRAE Bajío significará un gasto de 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con un espacio para 184 camas y el servicio médico de 27 especialidades. En tanto, el HRAE de Ciudad Victoria implicará un desembolso de 4 mil 108 millones 622 mil 504 pesos, con 100 camas y 14 especialidades. Los documentos también indican que la infraestructura no es propiedad del Estado mientras no se concluyan los pagos programados a 25 años. Asa Cristina Laurell y Joel Herrera Ronquillo, titular y asesor del área de salud, también documentan que los proyectos han sido entregados a “dos compañías relacionadas con los partidos políticos de derecha en México y España”, Infraestructura Hospitalaria del Noreste y Acciona, respectivamente. Asimismo, que estos modelos de negocios han fracasado económica, social y laboralmente en el sistema sanitario de España e Inglaterra. La exsecretaria de Salud del gobierno del Distrito Federal, durante la administración de López Obrador, asegura en entrevista que la entrega de los proyectos a la iniciativa privada representa un gasto “excesivo”, pues un hospital del mismo tipo en realidad significaría el pago de 500 millones de pesos y quedaría bajo el control total de la administración pública.Los contratos
Resultado de la licitación pública internacional 0001200-001-05, el primer esquema PPS en el sector se firmó justo un año antes de que concluyera el mandato de Vicente Fox. La trasnacional española Acciona –denunciada en aquel país, por organizaciones sociales, por “contribuir al desmantelamiento del sistema sanitario”– fue la ganadora de un contrato por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, vigente hasta el 24 de noviembre de 2030. Los directores generales de Desarrollo de la Infraestructura Física, Arturo Pérez Estrada; de Planeación y Desarrollo en Salud, Eduardo Pesqueira Villegas; de Coordinación de los Hospitales Federales y de Referencia, Bernardo Bodart Ramos; de Programación y Organización Presupuestal, Fernando Chacón Sosa; y el director general adjunto de Evaluación de Proyectos, Carlos Eduardo Mar Pérez, por parte de la Secretaría de Salud (Ssa), y del representante en México de Acciona, José Mariano Cano Capdevila, asentaron sus firmas en el contrato 00012004- 005 el 7 de noviembre de 2005.
El último día en el poder, Vicente Fox Quesada inauguró las instalaciones de este HRAE y pasó la estafeta a Calderón Hinojosa para que continuara con el compromiso adquirido. En las instalaciones de la unidad médica –donde se promueven los logotipos de la Ssa y Acciona a la entrada de la construcción–, el exmandatario explicó ante sus paisanos: “No hemos tenido que hacer uso e invertir recursos fiscales, hasta este momento, en esta obra. En este majestuoso edificio, equipado con lo mejor de la tecnología, no se ha invertido un solo centavo fiscal, del que a ustedes tanto trabajo les cuesta ganar y cubrir con sus impuestos. Son fórmulas que van a llevar a nuestro país muy lejos”. Un año más tarde, Calderón Hinojosa puso en operación la obra y en su mensaje explicó que los PPS significan “celebrar un contrato con una empresa o grupo de médicos. En ese contrato, la empresa se encarga de construir el hospital, contratar a los médicos, el equipo y de prestar los servicios durante 20, 15, 30 años o lo que se estipule. Lo que hace el gobierno es pagarle a esa empresa por los servicios que presta por cada consulta, operación, parto… a través de una cuota mensual, pago por evento o una mezcla de los dos”.Subutilización
La línea de investigación sobre infraestructura en salud, de Asa Cristina Laurell y Herrera Ronquillo, revela en sus primeros apuntes que –de acuerdo con el Informe anual de actividades 2007-2008 del HRAE Bajío– la unidad “está trabajando por debajo de su capacidad (184 camas)”.
Los indicadores señalan que según las metas programadas por la Ssa, de 184 camas censables para la atención de los pacientes, a mediados de 2008 sólo se registraron 45 en uso. Los parámetros para brindar consulta externa se fijaron en 280 mil anuales, que llegaron a 14 mil 87. Los egresos hospitalarios tuvieron una meta de 11 mil 400, sin que a finales del año pasado se hayan precisado los resultados. En tanto que las metas correspondientes a los estudios de laboratorio se fijaron en 135 mil, de las cuales se atendieron 67 mil 484. “Por otra parte, sólo se cuentan con 120 médicos en contacto con el paciente y 37 cirujanos.
Estos datos son algunos ejemplos de los resultados de dos años de operación de un HRAE, el cual a pesar de contar con todo el apoyo gubernamental de los guanajuatenses Fox y Córdova Villalobos, al mes de mayo de 2008 aún registraba un total de 679 vacantes de una plantilla autorizada de 1 mil 207”, señala la investigación. Otro de los aspectos que resaltan de los contratos obtenidos es la permanencia de la empresa en las instalaciones que son pagadas mensualmente con fondos gubernamentales. La cláusula 6.5, referente al permiso de ocupación de las instalaciones, indica que el inversionista (Acciona) “otorga irrevocablemente a la secretaría el derecho de usar y ocupar las instalaciones y el terreno para la prestación de los servicios médicos y la gestión médica de las instalaciones”. El inversionista proveedor también tiene la facultad “irrevocable de permitir el uso y ocupación de las instalaciones y el terreno a ‘cualquier’ persona para cualquier actividad que no esté relacionada con los servicios médicos o la gestión médica de las instalaciones u otras actividades de la secretaría con el contrato o el proyecto”Acciona, rechazada en España
La trasnacional Acciona, contratada para edificar el primer HRAE en México, pertenece a José Manuel Entrecanales Domecq, quien llegó a la presidencia de esta compañía en 2004.
El empresario integró su equipo de trabajo con exfuncionarios emanados del Partido Popular (PP), como Carmen Becerril, exdirectora general de Política Energética y Minas, y Pío Cabanillas, exministro portavoz del gobierno del Partido Popular. Acciona fue una de las empresas que provocaron reacciones de condena de la sociedad española. De acuerdo con la página de internet de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (Casmadrid), los proyectos de Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI), o PPS, han “puesto en marcha, sin planificación alguna, un modelo de infraestructuras que, lejos de mejorar la prestación sanitaria de la población, conlleva a un grave deterioro del sistema público, lo que tendrá importantes repercusiones en la población más desfavorecida”.
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