Millonario desvío panista

Indebidamente, el gobierno panista de Baja California destinó 91.5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige Elba Esther / NO los canalizó a actividades en beneficio de escuelas y maestros
MEXICALI, Baja California, 14 de marzo (LA JORNADA).- De manera indebida, el gobierno panista de Baja California destinó 91.5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros frente a grupo, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.Así lo reveló el Informe de Cuenta Pública 2007 de la Auditoria Superior de la Federación, que señala que 232 trabajadores de la educación pertenecientes al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) “estuvieron comisionados con goce de sueldo” al SNTE y recibieron 39 mil 514 pagos que representaron 91 millones 508 mil 200 pesos durante las 24 quincenas de ese año.Es el segundo año consecutivo que un informe de la ASF refiere este tipo de erogaciones irregulares que en favor de integrantes del sindicato magisterial realiza el ISEP, organismo creado a partir del programa de descentralización educativa. Este ejercicio presupuestal correspondió al último año de gobierno del panista Eugenio Elorduy Walther (2001-2007). Al frente del Sistema Educativo Estatal se encontraba Óscar Ortega Vélez.El máximo órgano de fiscalización de México consideró que dichas comisiones sindicales debieron ser otorgadas sin goce de sueldo, toda vez que de acuerdo a la normatividad se trata de recursos federales destinados directamente a maestros frente a grupo o que realicen actividades dentro de centros escolares de educación básica y de formación de docentes.El documento oficial refiere que el argumento del gobierno estatal para autorizar las licencias sindicales con goce de sueldo se encuentra en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, la cual prevé comisiones a profesores y personal de apoyo a la educación para desempeñar cargos directivos dentro del comité ejecutivo del sindicato de carácter estatal y seccional.A ello, la Auditoría señala que el SNTE es un organismo nacional y, por ende, no está regido por dicha ley estatal, por lo que dichas aportaciones contravinieron la propia Ley de creación de ISEP, la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, entre otros.Otro asunto observado por los auditores es la entrega de 26 millones 145 mil 202 pesos a organismos que, por su naturaleza, no son susceptibles de financiarse con recursos de este fondo federal, entre ellos una aportación de un millón 750 mil 900 pesos al SNTE por transferencias indebidas al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Universidad Autónoma de Baja California, ICBC, DIF y Sistema de Transporte Estatal por 19 millones de pesos.Además se entregaron apoyos a organismos sociales por 1.1 millones de pesos, a organismos gubernamentales por 665 mil pesos, a programas federales por 600 mil pesos y material didáctico por 3 millones de pesos.Al tratar de desvirtuar las observaciones producto de la auditoría, autoridades del Sistema Educativo Estatal, al que pertenece ISEP, pretextaron ambigüedad o vacíos en la normativa sobre los “aspectos o rubros específicos en los que se deben ejercer los recursos de FAEB, además que las leyes de Coordinación Fiscal y General de Educación “establecen que es facultad exclusiva de los Gobiernos de los Estados de operar los servicios educativos” por lo que consideraron no haber cometido violación alguna.Sin embargo, la ASF reiteró que existen irregularidades administrativos al tratarse de apoyos no susceptibles para ser financiados con recursos del FAEB, como es el caso también del pago de 160.2 millones de pesos a personal jubilado que carece de relación laboral con ISEP; 29.1 millones de pesos pagados a empleados administrativos que ocuparon plazas de docente; 19.3 millones de pesos por incorporación en las nóminas de centros de trabajo clausurados o dados de baja en el catálogo general; 14.2 millones por pago a trabajadores dados de baja; 2.9 millones al pago de honorarios de trabajadores que además cuentan con plaza presupuestal; y 1.1 millones de pesos por el pago de personal comisionado a otras dependencias estatales.El órgano de fiscalizacón federal solicitó a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental de Baja California -a cargo del perredista Edgardo Contreras- la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en una decena de casos, entre los que se encuentra la dilación de entrega de 13 ministraciones de recursos federales por 980 mil pesos cada una de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal hacia ISEP lo que generó productos financieros por 1.6 millones de pesos, los cuales no se entregaron a la dependencia educativa.