Epidemia y costo social

Julio Pimentel Ramírez

Los mexicanos que desde hace años padecemos la epidemia neoliberal -verdadera pandemia que tiene al mundo postrado en una profunda crisis con alto costo humano- tenemos que sumar al síndrome traumático social que nos afecta, caracterizado entre otras cosas por la inseguridad y violencia cotidiana, el crimen organizado, desempleo, empobrecimiento, la amenaza de la influenza cuyo virus es la nueva cepa denominada ahora como H1N1.
Tras el “acuartelamiento”, cuarentena, aislamiento social, o como usted interprete las medidas dictadas burocráticamente por la ineficaz administración calderonista, a que es sometida una sociedad bombardeada por un exceso informativo (la oficial, la que surge de las oficinas gubernamentales es con frecuencia inexacta, enredada, desorientadora) que oscurece la comprensión de lo que realmente está sucediendo, vemos que como siempre el mayor costo de estos sucesos recae sobre los trabajadores.
De manera inmediata las actividades más afectadas son la turística, hotelera y porcícola. Ya veremos, como es costumbre en la actual administración, que los programas de apoyo que se diseñen respaldarán a los empresarios y relegarán a los trabajadores. En el actual “paro” de labores ordenado por Calderón, que aprovechó el puente del 1 al 5 de mayo, los patrones cargarán los costos a cuenta de vacaciones de sus trabajadores y, en su momento, a los créditos fiscales que les otorgue la Secretaría de Hacienda.
Es más, tras la cortina informativa de esta epidemia con potencial pandémico, se dieron a conocer datos oficiales -por regla manipulados a favor de los intereses gubernamentales- que nos hablan del “éxito” del presidente del empleo: en el primer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una caída del 7 por ciento a tasa anual, lo que significa la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Al 31 de marzo de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 millones 880 mil 877 personas, nivel que implicó una disminución anual de 372 mil 289 plazas (2.6 por ciento) y de 181 mil 675 trabajadores con respecto al cierre de 2008. La afiliación permanente observó una reducción anual de 379 mil 633 trabajadores (3 por ciento), mientras que la eventual creció en 7 mil 344 personas (0.5 por ciento).
Incluso el Banco de México ya habla de que para este 2009 la caída de la economía será de cerca de 5 puntos porcentuales, sin contar las afectaciones derivadas de la actual emergencia epidémica, lo que significa que en los hechos tendremos un desplome similar al de la crisis de 1995.
El titular de Hacienda Agustín Carstens, que dio muestra de su capacidad al diagnosticar un “catarrito” contagiada por la pulmonía del vecino del Norte, acepta que la economía se contraerá alrededor de 4 por ciento y que el costo de la emergencia sanitaria por el brote de influenza humana, que pondrá a cientos o aún miles de pequeñas y medianas empresas en riesgo de desaparecer, será de entre 0.3 y 0.5 por ciento, que traducida a dólares se ubica en alrededor de cuatro mil quinientos millones del billete verde.
En medio de esta situación, no olvidamos hechos de importancia en otros ámbitos de la realidad que ahí están y emergerán cuando la vida cotidiana adquiera cierta normalidad. Entre ellos, además del proceso de precarización del trabajo asalariado que no es noticia por ser producto de una “epidemia” que se padece desde hace muchos años y de las inminentes campañas electorales que desnudan la vaciedad de la clase política mexicana, los que tienen que ver con la corrupción, el narcotráfico, la impunidad y la violación a los derechos humanos.
Recordemos que estamos por cumplir tres años de injusticia e impunidad en el caso de Atenco. Durante los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, la incursión de policías federales, estatales y municipales dejó un saldo alto de violaciones a derechos humanos. Al menos veintiséis de cuarenta y siete mujeres detenidas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física y verbal por parte de los policías que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas al penal de Santiaguito.
Así vemos que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual, subrayen que es preocupante que, a tres años de haber sucedido los hechos, no existan resultados y las víctimas continúen en espera de la atención y el apoyo garantizados por la Constitución Mexicana, lo cual evidencia una vez más las deficiencias del sistema de procuración de justicia mexicano; las instancias nacionales continúan siendo ineficientes en lo que respecta al procesamiento de las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas en Atenco. La impunidad ha prevalecido.
En la otra cara de la injusticia y la impunidad, permanecen en la prisión varios de los dirigentes de los comuneros de Atenco, sometidos a procesos aberrantes y sentenciados a largas condenas punitivas. Se trata de inmovilizar la protesta social, que los ciudadanos se queden, como ahora con el virus de influenza humana, confinados en su casa y dejen todo en manos de quienes usufructúan ilegítimamente el poder.