Desfalco en combate a la pobreza

Érika Ramírez

Responsable de abatir la pobreza en México, la Sedesol incurre presumiblemente en un daño al erario por casi 200 millones de pesos en la contratación de personal, indica la ASF. La suma significa más de 1 mil 500 becas para niños de tercer grado de primaria que habitan en las comunidades más marginadas del país.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) maneja casi 200 millones de pesos sin justificar. La dependencia deberá comprobar documentalmente cómo fueron ejecutados los recursos que habrían beneficiado a unos 1 mil 500 niños, con las becas de educación básica que otorga el programa Oportunidades. Las observaciones también representan 57 veces más el “apoyo” al municipio más pobre del país, Metlatónoc, en La Montaña de Guerrero.
Y es que de acuerdo con el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la secretaría que encabeza Ernesto Cordero Arroyo tuvo observaciones por 199 millones 53 mil 500 de pesos, tan sólo en el pago de honorarios a profesionales encargados de ejecutar los programas gubernamentales.
De la partida 1201 “Honorarios”, relativa a la contratación de personal en áreas estratégicas para paliar la miseria de casi 50 millones de mexicanos, se observaron pagos por arriba de los presupuestados. Éstas son: la Unidad de Microrregiones y la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, atendidas por los funcionarios Germán Palafox Palafox y Ramiro Ornelas Hall, respectivamente.
La ASF constató que en ambas áreas prestan sus servicios 17 personas con contratos vinculados a programas que cumplen funciones administrativas, por 4 millones 42 mil 400 pesos. Los cargos son cubiertos con recursos del presupuesto asignado a la Oficialía Mayor, con niveles de subdirector, director y director general adjunto.
Según el tabulador de percepciones de los funcionarios públicos, un subdirector de área, con clave NB1, obtiene 41 mil 509 pesos mensuales; un director, clave MB2, 48 mil 149 pesos, y un director general adjunto gana 61 mil 725 pesos, en el mismo lapso de tiempo.
El documento de la ASF indica que lo estipulado para los 17 funcionarios contratados por honorarios va en contra del artículo 131 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que “para la supervisión y operación de los programas sujetos a reglas de operación, el pago mensual bruto de honorarios no podrá rebasar el máximo correspondiente al grupo jerárquico de jefe de departamento”.
Es decir, en relación con los montos asignados por la Presidencia de la República, cada uno de los operadores administrativos debió cobrar 13 mil 603 pesos por mes, según la clave OA1 que indica el documento oficial. Sin embargo, las cifras proporcionadas por la ASF indican que el promedio de lo percibido por los 17 empleados de la Sedesol es de 237 mil 788 pesos para cada persona.
Los mismos 4 millones 42 mil 400 pesos destinados a sus salarios pudieron significar el beneficio de 31 mil 95 becas para niños en situación de pobreza extrema, en el tercer grado de educación primaria, durante un mes.
Mientras, en el municipio con mayor miseria del país, Metlatónoc, Guerrero, la Sedesol reporta que se entregaron apoyos por un total de 3 millones 448 mil 720 pesos, asignados a 3 mil 498 familias, 3 mil 185 becarios y 53 adultos mayores, durante el bimestre noviembre-diciembre del mismo año en que se aplicó la auditoría. Lo anterior significa que las observaciones en la partida de “Honorarios” rebasan por 593 mil 680 pesos a los apoyos otorgados a los más pobres del país.
Contratos desaparecidos
El máximo órgano de fiscalización también hizo observaciones por 972 mil 600 pesos; de ellos 452 mil 900 pesos no fueron comprobados con siete contratos que cubrían el monto. Otros 519 mil 700 pesos corresponden a la firma de contratos con cuatro personas, en el mismo periodo, sin que exista evidencia de la cancelación de los primeros contratos.
Esta acción contraviene el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica que los pagos devengados a cargo de sus presupuestos deberán estar “debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos…”, dice la ASF.
Los 972 mil 600 pesos reportados en contratos con inconsistencias también pudieron significar el ejercicio de 6 mil 484 becas para niños que cursan el cuarto grado de primaria en zonas con los menores índices de desarrollo humano; por ejemplo, Coicoyán de las Flores, Oaxaca, el segundo municipio más pobre del país, según la Lista de los 125 municipios con menos índice de desarrollo humano, que reporta la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Unidad de Microrregiones.
En esta región, la Sedesol entregó apoyos apenas por 1 millón 252 mil 690 pesos, de los que no se asignó ningún monto a los adultos mayores de 70 años y sólo se beneficiaron a 1 mil 467 familias y 1 mil 119 becarios del lugar.
La ASF también revisó 335 contratos de servicios profesionales de los que detectó pagos por 32 mil 400 pesos, del 1 de enero al 30 de junio de 2007, que contravienen el artículo 58 del Manual de normas presupuestarias para la administración pública federal, que establece que “en ningún caso el monto mensual bruto que se pacte en los contratos por concepto de honorarios podrá rebasar los límites autorizados conforme a los tabuladores establecidos en las disposiciones aplicables”.
Datos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades muestran que, con 32 mil 400 pesos, la dependencia pudo haber atendido a 166 niños en el quinto año de primaria.
En otros dos casos, dice el documento de fiscalización, se firmaron los contratos correspondientes para un periodo determinado; mismos que volvieron a firmarse al término, ahora con percepciones por 22 mil 700 pesos.
La ASF enfatiza que la Sedesol no proporcionó evidencia del registro de los contratos de tipo A y B ante la Función Pública, dentro de los 30 días naturales siguientes a su celebración. Además de que no se tiene acceso al registro de los contratos de servicios profesionales por honorarios celebrados y publicados en la página electrónica de la dependencia.
Documentación inconsistente
La ASF también objetó los resultados del rubro “Cuentas por liquidar certificadas”, de las que hizo observaciones por 132 millones 234 mil 600 pesos en trámites administrativos, que si no son solventados tendrán que ser devueltos a la hacienda pública.
El desglose de cifras corresponde a siete pólizas de cheque originales por un monto de 5 millones 79 mil 400 pesos que no se proporcionaron a los auditores de la ASF; tres por un monto de 2 millones 344 mil 600 pesos que se encontraron en fotocopia; 18 nóminas originales por 31 millones 280 mil 300 pesos que no se encuentran firmadas por el personal contratado.
Otros 11 casos que significaron una erogación de 40 millones 317 mil 500 pesos son fotocopias de las nóminas firmadas por los contratistas de la Sedesol, mismas que no sirven a la ASF para comprobar su fiscalización. Además de 3 millones 109 mil 100 pesos de los que “no se encontró evidencia del reintegro ante la Tesorería de la Federación”.
El monto observado por la ASF representa 10 veces más la asignación de recursos al tercer municipio más pobre del país, Tehuipango, Veracruz. Ubicada en la Sierra de Zongolica, esta región obtuvo 3 millones 960 mil 570 pesos durante el último semestre de 2007. La cifra corresponde a los “apoyos” entregados a 3 mil 484 familias y 3 mil 490 becas.
Además, los más de 132 millones de pesos representan el apoyo de 508 mil 594 becas para estudiantes en el último año de primaria. Según la Sedesol, cada alumno en sexto grado de primaria percibe 260 pesos cada mes para continuar con sus estudios.
Cuentas pendientes
Resultado de la revisión de la cuenta bancaria 221 4165301 de Banamex, abierta para el manejo de pago de remuneraciones, la ASF comprobó que al 1 de enero de 2007 esta cuenta tenía un saldo inicial de 36 millones 191 mil de pesos.
De esta cuenta se descontaron 1 millón 551 mil 900, correspondientes a cheques en tránsito y comisiones. El resto, 34 millones 639 mil 100 pesos, debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. No obstante, la ASF no encontró ninguna evidencia de que los recursos hubieran regresado a las arcas de la nación.

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