¿El siguiente capítulo en las estancias changarro de Calderón?

Gustavo Leal F.*

En el sur de Hermosillo, Sonora, 38 bebés muertos, y 40 infantes y seis adultos hospitalizados. La guardería ABC –subrogada por el IMSS– operaba habilitada en una antigua nave industrial, al lado de una bodega, en un espacio de 50 por 30 metros que apenas hace tres años era una maquiladora de ropa. No tenía salidas de emergencia. No contaba con extintores. Su personal eran empleadas o maestras. Atendía a más de 200 menores de entre seis meses y cinco años; 142 estaban dentro a las 15 horas de ese 5 de junio. La peor tragedia de que se tenga registro.

Es la calidad del esquema de guarderías subrogadas por Genaro Borrego, Santiago Levy, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam en el IMSS de los panistas; sistemáticamente denunciado de un peligro para los infantes y, con Felipe Calderón, extendido electoralmente desde Los Pinos, el DIF de Margarita Zavala y la Sedeso de Lía Limón, hoy candidata del PAN a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (y ayer esposa de Luis Carlos Ugalde, el del IFE que cometió el fraude).

Este esquema del IMSS panista arrancó en 2003, urgiendo incrementar el cupo en 22 mil lugares y apoyado desde el Senado, que inmediatamente aprobó un proyecto de decreto –presentado por Borrego– que permite que sean operadas con subrogación y reversión.

El seguro de guarderías nació en 1973. Diez años después se estableció el esquema participativo, donde el IMSS capacita y las asociaciones civiles edifican y administran. En 1995, gracias al Diagnóstico –que también elaboró Borrego–, surgió el modelo vecinal-comunitario. Una ruta de abierto retiro del instituto en la prestación directa.

El esquema vecinal-comunitario fue objeto de un intenso debate público en 2003, cuando Levy se ensañó con los prestadores del servicio, obligándolos a firmar nuevos convenios de subrogación que, con menor costo, comprometen la calidad de la atención a los infantes.

El foxismo sostenía en 2002 que el Sistema Nacional de Guarderías favorece la condición laboral de las madres trabajadoras, por lo que se ampliaría el número de lugares, conviniendo con otros sectores su participación. Ese año, el sistema contaba con mil 163 guarderías y 140 mil lugares.

El proyecto foxista estancó la oferta pública, legalizó el retiro operador del IMSS, castigó a los prestadores, imponiéndoles diferentes opciones para los pagos mínimos y nunca garantizó una pauta promedio de calidad.

En 2006, aunque la tasa de participación económica femenina creció, la proporción de mujeres en el total de asegurados permanecía estancada. En 2005, para más de 4 millones de mujeres aseguradas y los padres viudos o divorciados, el Sistema de Guarderías IMSS beneficiaba apenas a 174 mil madres y 190 mil infantes, en mil 514 unidades.

Las guarderías subrogadas pasaron de 757 a mil 374, mientras las directas eran las mismas 142 que ya existían en 2000. Pero el IMSS presumía un incremento en el número de unidades de ¡68 por ciento!

Y, ¿cómo lo lograron? Sencillo: acanallando la calidad del servicio y exponiendo a los infantes. ¡Como en Hermosillo!

Las quejas por la calidad se volvieron una norma: sospechas de maltrato infantil; desigual calificación y frecuente rotación del personal (enfermeras, maestras), ausencia de médicos, mala alimentación y difusa responsabilidad de los titulares de las guarderías o sus representantes.

Después de que el IMSS modificara unilateralmente (2003) el contrato que regula su operación (disminuyendo la cuota que pagaba por niño, lo que impactó directamente sobre la reducción de trabajadores, tipo de alimentación y horario de servicio), la Asociación Nacional de Guarderías denunció las consecuencias sobre los infantes, las cuales robusteció la nueva normatividad de 2005.

A partir de ese momento se les impusieron más cargas administrativas, elaboración del historial médico, realización del examen óptico, así como la adquisición de equipo de cómputo para que el IMSS lleve el control electrónico de las asistencias junto con la incorporación de tareas emergentes que facilitan al instituto cumplir con los requisitos que establece la Secretaría de Educación Pública para el nivel prescolar.

Entonces, las subrogadas entraron de lleno en la ruta de la changarrización: mientras el costo por niño en el esquema directo alcanzaba 4 mil pesos promedio, en el subrogado descendía hasta 2 mil 458 pesos. Con ellos se deben cubrir todos los costos: nómina y prestaciones sociales, impuestos, cuotas obrero-patronales, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, renta, teléfono, luz, agua, gas, artículos de limpieza, gastos de oficina y capacitación. Bajo estas condiciones, la calidad de las subrogadas resulta una auténtica quimera.

El desajuste financiero de los prestadores se agudiza, también, porque el pago de la cuota por niño se realiza vía un anticipo de garantía de 65 por ciento; es decir, sólo mil 656 pesos; el restante 35 por ciento depende de que cada niño asista todos los días hábiles del mes, lo cual casi no ocurre.

Además, al flexibilizar los requisitos del servicio se creó un ambiente propicio a las irregularidades y hasta a los fraudes.

Pero para Javier Moreno Padilla, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Coparmex, las restricciones en el costo niño-servicios se dan por los problemas financieros que enfrenta el IMSS.

Mientras, Karam comunica desde Sonora que ya contactó con cuatro funerarias locales para que reciban a los pequeños sin costo para los padres. ¿Sin costo?

Hermosillo, la peor tragedia de que se tenga registro. ¿Quién sigue? ¿Las estancias electorales changarro de Calderón y Lía Limón?

* Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco