BBC/Rebelión
La protesta que actualmente tiene a los indígenas como protagonistas se inició el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos dictados por el presidente peruano Alan García.
Entre las normas cuestionadas figura una que regula el manejo de los recursos hídricos y otra que establece los parámetros de gestión del patrimonio forestal.
Esos decretos fueron dictados en 2008 por el presidente, en uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
Las comunidades indígenas sostienen que esas normas son "lesivas" a sus intereses y permiten la "privatización" de los bosques y los recursos hídricos. Bajo esos argumentos iniciaron la protesta que incluye cortes de carreteras, cierre de válvulas de gasoductos y bloqueo a la navegación en los ríos.
Desde el Gobierno, en cambio, explican que esa legislación "ordena" el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas. También aclaran que la inversión privada es necesaria para el Perú, siempre que se respete lo establecido en las leyes.
En medio de la protesta se abrió una mesa de diálogo entre representantes del gobierno y de las comunidades originarias que hasta el momento no arrojó resultados concretos.
Los ánimos de los manifestantes comenzaron a caldearse el pasado jueves después de que el Congreso -por iniciativa del oficialismo- decidiera posponer el debate sobre la derogación del decreto forestal.
Esa decisión fue considerada como "una burla" por los indígenas quienes decidieron radicalizar las protestas.
La protesta de indígenas peruanos derivó este viernes en graves incidentes en los que murieron al menos 33 personas.
En los hechos violentos que tuvieron lugar en la provincia amazónica de Bagua perdieron la vida 11 policías y tres indígenas según informó el primer ministro, Yehude Simon. Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en tanto, denunciaron la muerte de 22 indígenas de la etnia awajún.
Esas manifestaciones forman parte de una protesta que se desarrolla en diversos departamentos del país y que se inició hace dos meses.
Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando la policía intentó despejar una carretera bloqueada por miembros de las comunidades originarias de la amazonia.
Desde la organización que representa a un sector de los nativos culparon al gobierno de haber ordenado la represión.
El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, encabezó una conferencia de prensa en la que llamó "hacer una marcha por la paz, dignidad y la soberanía nacional".
Pizango refutó la versión dada por el gobierno y denunció que "a nuestros hermanos los han matado, los han fusilado solamente por defender el derecho de todos los peruanos a vivir dignamente en el territorio".
El dirigente solicitó "una veeduría internacional" y también pidió a la Defensoría del Pueblo del Perú que ayude "a solucionar estos grandes problemas que el gobierno ha agravado".
Tras anunciar que tiene un pedido de captura, Pizango insistió: "La tranquilidad de la protesta se ha roto cuando la policía y los militares entraron a meter bala".
El dirigente indígena reiteró sus críticas a los decretos legislativos que fueron dictados en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
"El agua y los territorios son de la nación y hoy en día quieren privatizarlos", afirmó Pizango.
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