La demanda es por tierras donde se ubica el puerto de Altamira
TERRENOS EN DISPUTA Tierras cuyo litigio es llevado por Diego Fernández de Ceballos (Foto: Gráfico EL UNIVERSAL )Francisco Gómez
francisco.gomez@eluniversal.com.mx
El ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia obtuvieron un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Dos grupos de ejidatarios representados por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió —hace 28 años, en 1981— los terrenos donde se ubica la terminal marítima.
La protección otorgada contra la acción federal se dio porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
En entrevista, el ex senador Fernández aceptó que junto con el ex procurador llevaron la defensa de los ejidatarios y que ya ganaron el juicio. Agregó que están a la espera de la sentencia favorable a los ejidatarios, y confió en que sea en el sentido del pleno goce de los derechos sobre las tierras.
Altamira recibió en nueve años inversión por 2 mil 500 millones de dólares. La determinación del tribunal federal coloca en la incertidumbre jurídica las tierras donde se asienta.
Ahora, la resolución abre la puerta para que otros tres ejidos exijan un amparo similar, además de poner en riesgo al puerto y al gobierno federal en la antesala de pagar, en momentos de crisis, indemnizaciones millonarias.
Dos grupos de ejidatarios representados por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió —hace 28 años, en 1981— los terrenos donde se ubica la terminal marítima.
La protección otorgada contra la acción federal se dio porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
En entrevista, el ex senador Fernández aceptó que junto con el ex procurador llevaron la defensa de los ejidatarios y que ya ganaron el juicio. Agregó que están a la espera de la sentencia favorable a los ejidatarios, y confió en que sea en el sentido del pleno goce de los derechos sobre las tierras.
Altamira recibió en nueve años inversión por 2 mil 500 millones de dólares. La determinación del tribunal federal coloca en la incertidumbre jurídica las tierras donde se asienta.
Ahora, la resolución abre la puerta para que otros tres ejidos exijan un amparo similar, además de poner en riesgo al puerto y al gobierno federal en la antesala de pagar, en momentos de crisis, indemnizaciones millonarias.
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