Calderón, con 8 recomendaciones incumplidas ante la ONU

GLORIA LETICIA DíAZ

MÉXICO, D.F., 9 de junio (apro).- En vísperas de la comparecencia del Estado mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, varias organizaciones civiles exhortaron este martes al gobierno de Felipe Calderón a acatar las recomendaciones que le hicieron en el Examen Periódico Universal (EPU).
Edgar Cortez Morales, director ejecutivo de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, señaló que la sesión del próximo jueves 11, en la que el gobierno de Calderón deberá dar respuesta a las ocho recomendaciones pendientes de aplicar, "es una oportunidad de dejar atrás el doble discurso en el que se han sumido los gobiernos anteriores y de presentar a México en el ámbito internacional como el gran defensor de los derechos humanos".
En conferencia de prensa, Cortez Morales recordó que desde 1996 "México ha sido sujeto del escrutinio de organismos internacionales de derechos humanos, y en 1998 recibió su primera recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); desde esa fecha hasta ahora, México ha recibido 800 recomendaciones, de las cuales sólo ha cumplido el 10%".
Y añadió: "Este es un momento crucial, se trata de pasar del discurso de la aceptación a la instrumentación efectiva de medidas que lleven al Estado mexicano a garantizar un respeto pleno de los derechos humanos".
Durante el Examen Periódico Universal (EPU), en febrero pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo a México 91 recomendaciones, de las cuales aceptó 83, por lo que dejó pendientes ocho, mismas que tienen que ver precisamente con los mecanismos que utiliza el gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico, cuyo eje principal es el Ejército Mexicano.
En cinco de las ocho recomendaciones pendientes, representantes de varios países hicieron énfasis en temas relacionados con la actuación del Ejército, sobre todo en lo que tiene que ver con el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, y pidieron que sean los tribunales civiles los que juzguen a los infractores.El resto de las observaciones tiene que ver con la abolición del arraigo, adecuar la definición de delincuencia organizada a los estándares internacionales y restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) o un equivalente, para combatir la impunidad.
De acuerdo con Cortez Morales, el 27 de mayo pasado varias organizaciones de derechos humanos solicitaron públicamente una reunión con el gobierno de Felipe Calderón para analizar la resolución que se daría a esas ocho recomendaciones. "Nunca hubo respuesta a la convocatoria", aseguró.
Y destacó que el pasado lunes 8, una comisión de delegados de 24 organizaciones civiles se reunió con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, a quien le manifestaron sus principales inquietudes, en vísperas de la sesión en la que el gobierno de Calderón dará a conocer su dictamen.
En la reunión estuvieron presentes miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, así como de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
En un comunicado distribuido este martes durante la conferencia de prensa, las organizaciones de derechos humanos resaltan como los temas de preocupación "la problemática de la justicia militar y la impunidad en la que se ven envueltas las violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares; la militarización de la seguridad pública y en general del país; la amenaza del trabajo de las y los defensores de derechos humanos, y la falta de justicia en el tema de los delitos del pasado y la deuda pendiente del gobierno mexicano en este tema".También, la falta de acceso a la justicia de las mujeres, la falta de armonización legislativa en este aspecto y la legislación regresiva que se ha aprobado en lo que respecta a la interrupción legal del embarazo. Pero además expusieron la problemática que vive el país en cuanto a los feminicidios.Según Edgar Cortez, Navi Pillay, quien estuvo acompañada del director de la división de oficinas del Alto Comisionado de la ONU, Anders Kompass, "se sorprendió de la negativa del gobierno mexicano a aceptar las recomendaciones sobre la justicia militar y la militarización, sobre todo porque organismos internacionales han sido recurrentes en hacer esa observación".