El gobierno federal penaliza la información

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA

MONTERREY, NL.- De por sí objeto de persecución, de secuestros, torturas y asesinatos, desde el año pasado los responsables y colaboradores de estaciones de radio comunitaria enfrentan pesquisas judiciales resultantes de las demandas penales impulsadas por el gobierno federal.Para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), capítulo México, las agresiones provienen de cacicazgos y grupos de poder que se sienten afectados porque las radiodifusoras orientan a la población sobre sus derechos y denuncian las injusticias.

El 7 de abril pasado se cumplió un año del asesinato de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, indígenas triquis conductoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio. Fueron emboscadas y acribilladas en el trayecto de Putla de Guerrero a Copala, en Oaxaca.Carlos Aparicio Gómez, presidente del capítulo México de la Amarc, sostiene que “la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADCP, de la PGR) se estaba negando en reconocerlas (a las conductoras triquis) como asesinadas por motivo de su trabajo, hasta que fue presionada cuando se les otorgó el Premio Nacional de Periodismo, post mortem, en su categoría de orientación a la comunidad. “Lo (mismo) hemos visto en Radio Zaa-chila, Radio Nandía y Radio Calenda, todas en Oaxaca, con disparos, amenazas y torturas (contra colaboradores y conductores) por atreverse a transmitir una realidad que los medios convencionales no se atreven”.En cuanto a las pesquisas judiciales del gobierno federal, dice que son consecuencia de presiones de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), mediante la cual los grandes corporativos chantajean política y electoralmente al gobierno de Felipe Calderón para obligarlo a ceder en todo.“Es una escalada represiva. Hemos retrocedido seis años de lo que pudimos lograr cuando las autoridades tenían voluntad para conciliar y reconocer derechos, al inicio de la administración foxista”, lamenta.En México existen más de 200 estaciones de radio comunitaria, de las cuales sólo 17 cuentan con permisos otorgados durante la primera parte de la administración de Vicente Fox; 11 de esas radiodifusoras forman parte de la Amarc. La mayoría son indígenas y se concentran principalmente en Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Puebla.“Están usando un soporte técnico para ejercer un derecho... garantizan el derecho de información donde no existen por lo general otros medios. En algunos casos desesperados, y en otros plenamente conscientes, están realizando un servicio público. Y como no tenemos un reconocimiento de las leyes mexicanas a las radios comunitarias o a los medios operados desde la sociedad civil, iniciaron operaciones sin permiso”, explica Aparicio Gómez.Aparte de invocar en su favor los artículos Sexto y Séptimo constitucionales, así como diversos convenios internacionales en materia de libertad de expresión, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente de la Amarc capítulo México agrega que el pleno de la Suprema Corte de Justicia ha señalado en jurisprudencia que un permiso de radiodifusión reconoce un derecho preexistente.Todo ello independientemente de que la fracción sexta del artículo 15 del Código Penal Federal establece que una de las causas de exclusión del delito es ejercer un derecho. “Por lo tanto –enfatiza el entrevistado–, una radiodifusora comunitaria que inicie transmisiones sin permiso está en el ejercicio de un derecho y no puede ser perseguida penalmente, pero aun así lo están haciendo”.Por otro lado, Aparicio argumenta que las radios comunitarias operan sin permiso porque el Estado no cuenta con leyes adecuadas a su funcionamiento, y en todo caso debería aplicarles las sanciones administrativas establecidas en la ley correspondiente. Pero no es así, recalca, pues las autoridades están optando por la vía penal al aplicar la Ley General de Bienes Nacionales, y por eso les pueden dictar a los responsables de las radiodifusoras comunitarias penas de cárcel por 12 años y multa de 15 millones de pesos.De hecho, varias estaciones enfrentan procesos penales y han suspendido sus transmisiones a causa de operativos policiacos e intimidaciones.El 10 de julio de 2008, cerca de 40 efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la policía ministerial llegaron a clausurar las instalaciones de la estación Ñomndaa (La Palabra del Agua), ubicada en la comunidad guerrerense de Suljaa’, en Xochistlahuaca. Se llevaron el equipo de transmisión.De igual manera, el pasado 24 de enero un grupo de la AFI y la SCT realizó un operativo en el ayuntamiento de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, donde están las instalaciones de la radiodifusora Eiámpiti. A dicha estación no la salvó siquiera el oficio firmado por el presidente Vicente Fox en 2000, que la entonces Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, les entregó a fin de facilitarles la obtención del permiso. Además tienen solicitudes emitidas por diferentes presidentes municipales con el mismo objeto.
“Quieren todo”
Con todo, ninguno de estos procesos penales ha llegado tan lejos como el de la estación Radio Tierra y Libertad (RTYL), en el 90.9 de FM, que hace un año fue tomada por asalto y cuyo responsable, Camero Haro, en cualquier momento puede ser víctima de una orden de aprehensión, pese a que obtuvo una suspensión provisional argumentando que no sacó provecho económico de la transmisión y por lo tanto el reclamo de Gobernación es improcedente.Camero asegura que la CIRT está presionando al gobierno federal para que cancele los permisos ya otorgados a radios comunitarias y para que las cierre todas: “Ellos quieren todo. El 85% de la radio pertenece a 13% de los grupos radiofónicos en el país, y el duopolio Televisa-Azteca tiene la televisión, mientras que en México no hay permisos para radio comunitaria y mucho menos para televisión comunitaria, que en otros países ya se está implementando”, dice en alusión a Venezuela y Bolivia.Técnicamente, las radios comunitarias pueden regularizarse sin problemas a partir del decreto mediante el cual el gobierno de Felipe Calderón facilitó la migración de las estaciones de AM a FM, sostiene el presidente de la Amarc México, Carlos Aparicio.Expone que “las autoridades no han respondido al llamado para regularizar las radios. No es voluntad de quien opera, estar sin permiso; es el Estado el que limita el derecho al no hacer lo posible por regularizarlas. Por eso pedimos una tregua ante los cierres, en lugar de desplegar toda la fuerza del Estado a partir de una laguna jurídica”. Con todo, puede anticipar que a sus argumentos, el gobierno federal responderá con el pretexto de que el espectro radiofónico está saturado. “Las presiones de los concesionarios afiliados a la CIRT son el origen (de este bloqueo), pero ellos llegarán hasta donde el gobierno quiera. A lo que voy es que (los concesionarios) no son los responsables de esta desatención, es el gobierno, al ceder por interés puramente electoral”. l