En regímenes presidencialistas las elecciones terminan casi siempre siendo una evaluación del Ejecutivo en turno. En cambio, en un sistema parlamentario, las elecciones terminan siendo una evaluación de la legislatura en funciones.
Nuestro sistema es formalmente presidencialista, pero desde hace tiempo ha ido evolucionando materialmente hacia formas semiparlamentarias de gobierno. No sólo el Congreso comparte con el Ejecutivo el poder de nombramiento en áreas crecientes de la administración pública o de los llamados organismos autónomos, sino que cada vez es más frecuente que la oposición gobierne desde el Congreso sobre el Ejecutivo. Esto último es lo que ha venido realizando sistemáticamente el PRI desde el año 2000, cuando perdió la Presidencia pero conservó la preeminencia en el Congreso federal y la mayoría de los congresos locales.
En este sentido, dado el creciente peso del Poder Legislativo en la vida del país, una elección intermedia como la del próximo 5 de julio debe someter al juicio de las urnas no sólo al gobierno de Felipe Calderón, sino también a la LX Legislatura que está por concluir. ¿Se aprobaron las leyes que el país necesita? ¿Se promovieron cambios de fondo o superficiales? ¿Se generó un nuevo consenso social o se confrontó más al país? ¿Lo que se aprobó está dando los resultados esperados? ¿Se atendió el interés de la mayoría de los ciudadanos o sólo el de un grupo económico o político? ¿Es suficiente destacar que es una de las legislaturas con mayores reformas constitucionales aprobadas, sin cuestionarse el alcance y el resultado de las mismas? ¿Se vale aprobar lo que sea, como sea, al costo que sea y por encima de lo que sea?
Una forma de evaluar el trabajo legislativo es analizar el curso que han tenido las leyes más importantes aprobadas en los últimos tres años. Destacan de manera especial dos que fueron votadas con el mayor consenso de las bancadas: la reforma electoral constitucional y la reforma energética. A pesar de haber sido aprobadas por el órgano reformador permanente, ambas están impugnadas y se revisa su constitucionalidad. La primera por el tema de la libertad de expresión y la segunda por los alcances de la propiedad inalienable de los hidrocarburos.
Sin embargo, el peor balance se lo llevan las iniciativas presentadas como “estructurales” y que tienen como marca indeleble haber sido impulsadas por la alianza parlamentaria PRI-PAN, mejor conocida como PRIAN. Hablamos de la reforma del régimen de pensiones del ISSSTE, de la implantación del IETU y de la reforma penal y de procuración de justicia.
La reforma de pensiones aún no se aplica en sus preceptos centrales y ya se habla de una revisión de la misma. Cada vez es más claro que el paradigma bajo el cual se realizó esta reforma, está siendo cuestionado en los mismos países que sirvieron de referencia al nuestro. En ninguna parte del mundo el sistema de las afore está garantizando un retiro digno y seguro a los trabajadores. Mucho menos en un país con salarios tan deprimidos como el nuestro. Salarios de hambre dan como resultado pensiones famélicas.
Diseñado para una economía en crecimiento, el IETU se convirtió en una rueda de molino para un país en crisis severa. No le redituó al gobierno los ingresos esperados y llevó a la bancarrota a miles de pequeñas y medianas empresas. Hoy se habla de reformarlo, de crear un solo impuesto en torno al ISR y hasta de promover el IVA a alimentos y medicinas.
Por último, las reformas de seguridad y justicia han tenido un “estreno” poco afortunado, aunque claramente advertido desde la oposición parlamentaria. Esas reformas resultaron ser una tentación para la criminalización de la pobreza, de la protesta y de la oposición política, más que un instrumento eficaz en el combate al narcotráfico. Con esta legislación se tiene bajo arraigo a alcaldes y funcionarios del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el narcotráfico, en lugar de tener a criminales realmente procesados y sentenciados. La guillotina amenaza incluso a los aliados del PRIAN, tal como aconteció en la época del terror de la Revolución Francesa. Es una reforma que ha sido más eficaz en dar “golpes mediáticos electorales” que golpes certeros a los cárteles de las drogas.
A ello hay que agregar las maneras antiparlamentarias de aprobar este gran número de reformas. Hay un récord legislativo mundial: en una sola sesión de siete horas, la Cámara de Senadores aprobó 24 iniciativas de reforma y 28 puntos de acuerdo.
Muchas reformas, pocos avances y graves retrocesos. Este estilo de legislar del PRIAN, que avasalló a la LX Legislatura, también debe ser enjuiciado en las urnas el próximo 5 de julio.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario