Traición al país

Lilia Arellano

“Si las leyes fueran constituidas por los hombres, o por las sentencias
de los jueces, serían derechos matar, robar, adulterar, etcétera”. Marco Tulio Cicerón

A casi 19 años de haberse implementado el rescate bancario más oneroso de la historia del país, no queda ya ninguna duda de que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en 1990 y sustituido por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en 1998, se trata del mayor atraco al pueblo mexicano, toda vez que sus extraordinarios daños se han materializado en el traslado a una pandilla de pillos, empresarios y banqueros, del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual, es decir de una décima parte del valor monetario de toda la producción corriente de bienes y servicios, por lo que su costo supera ya los 1.5 billones de pesos.
Mientras la economía nacional resiente su peor contracción en el último cuarto de siglo, con los niveles más altos de desempleo registrados y con una peligrosa producción de pobres que puede estallar en un conflicto social de pronóstico reservado, los mexicanos seguimos sin entender ¿por qué todos los ciudadanos del país debemos pagar capital e intereses de una deuda que no adquirimos y que no nos gastamos? ¿Por qué el rescate de un puñado de banqueros y empresarios coludidos con funcionarios públicos federales ha aumentado a esa estratosférica cantidad cuando al inicio de la crisis la cartera vencida era de 43 mil millones de pesos? ¿Por qué todos los mexicanos debemos de seguir pagando muchos años más, con el presupuesto público, una deuda que no ha contribuido al bienestar de la Nación, que ahora sólo beneficia a los banqueros extranjeros, y que es responsabilidad de la banca privada del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Economistas e investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM) han advertido insistentemente que a medida que más se prolonga la deuda, más crece el monto de los intereses y, por ende, crece más la deuda.
Para cubrir la deuda privada convertida en pública en los últimos diez años el gobierno federal le debió haber asignado un presupuesto promedio de 700 mil millones de pesos para cubrir sus pasivos.
Con todo, al primer trimestre de 2009, la deuda neta del IPAB ascendió a 751 mil 405 millones de pesos y se espera que debido a la contracción económica que resiente el país el porcentaje de la deuda como porcentaje del PIB va a aumentar al 13 por ciento.
Es totalmente reprobable que el gobierno federal, con la complicidad del poder legislativo -hay que resaltarlo- haya traspasado los costos del rescate de los bancos a las finanzas públicas y su saneamiento para la venta y control por bancos extranjeros.
Nefasto ha sido para todos los mexicanos que se transfiera a los contribuyentes las pérdidas generadas por políticas públicas equivocadas, prácticas privadas fraudulentas e ilegales, y en particular por la preeminencia de las políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), del cual el actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, es un aventajado alumno, quien sustenta la ideología del fundamentalismo del mercado, sin dar cabida ni por equivocación a nuevos planteamientos económicos para hacer frente a este complejo problema de las finanzas públicas que afecta el bienestar del pueblo de México, y que empuja cada vez más a la administración federal a perder el control nacional sobre el sistema de pagos, la moneda y el crédito.

Antecedentes
El origen de este problema nacional se remonta a la reforma financiera emprendidas por Carlos Salinas de Gortari en 1989, cuando se procedió a quitar las regulaciones existentes sobre las tasas de interés y colocación del crédito; a la privatización acelerada de los bancos y a la apertura del mercado financiero a los flujos de capital externo.
En el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-1992), entre 1989 y 1994 la enorme entrada de capitales extranjeros, las elevadas tasas de interés reales, que fueron acompañadas de elevados márgenes, empujaron el endeudamiento de bancos y empresas mexicanas, que se encontraron con altos pasivos cuando se da la devaluación de 1994, lo que generó un desbalance bancario y crediticio, que tan sólo en el caso de las instituciones bancarias superó los 25 mil millones de dólares. Los bancos que ya arrastraban una quiebra técnica, pues su cartera vencida superaba su capital contable, entraron a una quiebra plena y su operación fue haciéndose cada vez más costosa.
En 1995 se presentó el peligro de caer en una moratoria en cuanto a la deuda externa, lo que permitió al gobierno de Estados Unidos abrir una línea de crédito desde la Reserva Federal, garantizada por supuesto con las ventas futuras del petróleo, a fin de rescatar los bancos y a los deudores morosos, particularmente sectores empresariales de gran tamaño que tenían el mayor volumen del crédito, mientras que un pequeño monto correspondían a un gran número de pequeños deudores.
El gobierno federal permitió la funesta intervención del FMI en este proceso, por lo que se descartó definitivamente la opción de instrumentar el rescate de la banca por la vía de la nacionalización y se decidió garantizar los depósitos por igual, incluso los depósitos interbancarios; no se procedió hacia un control de cambios; se elevaron las tasas de interés “para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros” y “evitar la salida de capitales”; no se intervino a los bancos –sólo unos cuantos y parcialmente-; no se procedió al congelamiento parcial de los mayores depósitos, medicinas todas que a la postre resultaron peor que la enfermedad, porque en unos meses duplicó los pasivos bancarios, condujo a la capitalización de intereses y contrajo la economía.
Remover del balance de los bancos los activos improductivos, limpiar sus balances y trasladar las pérdidas por descuentos o insolvencia, no resolver el problema de los pequeños y medianos deudores resultó ser el fin del FMI. Para consolidar ese proceso sirvió el Fobaproa -capitalizado a través de deuda contingente del Gobierno Federal y esa deuda fue convertida en deuda pública por los legisladores del Congreso en 1998- que cumplió la función de sanear los bancos y garantizar los depósitos que no tenían como contrapartida activos productivos.
Los bancos recibieron bonos con garantía gubernamental con rendimientos ajustables que se han mantenido en promedio en 10 puntos porcentuales por arriba de la inflación.
Los activos del Fobaproa se estimaron en 552 mil millones de pesos en febrero de 1998 y al finalizar el año ya sumaban 750 mil millones de pesos, sin nuevas compras de cartera de los bancos.

Beneficiados
En el proceso de rescate bancario que benefició a 400 grupos empresariales ocurrió todo tipo prácticas ilegales y fraudulentas que han quedado en la total impunidad. Grandes empresas deudoras y los mismos bancos cometieron fraude, ya que declararon no tener capacidad de pago a fin de acceder a los recursos del rescate. Algunos bancos incluso tomaron recursos del Fobaproa por deudas de empresas propiedad del mismo banco, lo que fue una abierta estafa al sistema, tal y como lo hicieron, entre otros muchos, el propio Vicente Fox y Carlos Cabal Peniche de Banpaís.
Un caso destacado es el préstamo de 50 mil millones de pesos al Grupo Financiero Banamex, que no requería el apoyo del Fobaproa, y su posterior venta a Citigroup incluyendo en su activo fijo los pagarés del gobierno federal, con lo que los accionistas de Banamex se beneficiaron increíblemente a costa del erario.
Pero la lista es muy larga y hay que recordar que entre los más destacados se encuentra: Sidek y Synkro, de Jorge Martínez Guitrón, socio de Eduardo Legorreta, que recibieron 3,144 millones de pesos s y 671 millones, respectivamente; Salinas y Rocha de Eugenio Ortiz Salinas, 2,814 millones; Gutsa de Juan Diego Gutiérrez Cortina del WTC, 1,045 millones; Estrella Blanca de Raymundo Gómez Flores, 1,489 millones; Angel Isidoro Rodríguez “el divino”: 146.4 millones 146.4 millones de la empresa Holding Fiasa; 529 millones por el rescate de una parte del Grupo Financiero Banpaís-Asemex; los tres grandes consorcios beneficiarios de las concesiones carreteras que otorgó Salinas de Gortari: ICA, con 9,300 millones; Tribasa, de David Peñalosa y Carlos Hank Rhon, 6,000 millones, y Grupo Mexicano de Desarrollo, de la familia Ballesteros Franco, con 6,500 millones; José Gustavo y Enrique Masón López, del Grupo Empresarial de Sonora, 1,188 millones; Arturo Lomelí Villalobos, socio de Carlos Cabal Peniche, Raymundo Gómez Flores y Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, 1,170 millones; Anuar Name Yapur, ex integrante de la comisión de financiamiento del PRI en la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, 239 millones; el ex presidente del Grupo Financiero Abaco-Confía, Jorge Lankenau Rocha, aparece relacionado en varios créditos que suman, al menos, 231 millones. Hasta aquí van nada menos que más de 20,000 millones de pesos.
La suma de intereses que ha generado el Fobarpoa consume los ingresos tributarios, lo que obliga a la administración federal a imponer cada año reformas fiscales con fuertes restricciones al gasto público, sobre todo el social. Lo peor de todo es que la gran mayoría de los deudores bancarios, pequeños y medianos empresarios del país, cuyos pasivos con los bancos representan una pequeña parte de su balance no recibieron, ni reciben, los beneficios del rescate, de ahí el surgimiento de movimientos sociales organizados como el Barzón y la Asamblea Nacional de Deudores.
Lo que sí ha logrado es transferir los costos de la quiebra bancaria al erario público y la propiedad de la banca ya saneada pasó a manos de los capitales extranjeros.
Los bancos intervenidos y saneados pasaron a ser propiedad de bancos extranjeros con pagarés que garantizan durante muchos años ingresos a sus nuevos dueños. Esto es un subsidio a ultranza que pagan todos los contribuyentes y ha hecho que la nueva banca extranjera se dedique principalmente al cobro de intereses y pagarés del Fobaproa, en lugar de financiar el desarrollo.
La economista e investigadora Eugenia Correa advierte que el predominio de la banca extranjera en el mercado nacional, sin ningún acuerdo monetario y político (a la manera de la Unión Europea), conduce a una creciente del excedente y de la propiedad de los activos y a la desarticulación de las fuerzas económicas y políticas locales capaces de impulsar una estrategia de desarrollo. Así, la privatización y el rescate bancario fueron, para decirlo claramente y con todas sus letras, una abierta traición al país.

De los pasillos
En las espurias manos de Jesús Ortega el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encamina a su pulverización. El agudo enfrentamiento entre “los chuchos” contra los lopezobradoristas hará que el Sol Azteca se parta definitivamente después de las elecciones federales del próximo 5 de julio. La actual dirigencia nacional perredista ya amenazó que tras los comicios la Comisión Nacional de Garantías analizarán la expulsión del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez ya había advertido que sólo está esperando la decisión de su expulsión “para mandarlos al carajo”, con lo que los principales activos de izquierda de ese instituto político se trasladarán al Partido del Trabajo y Convergencia.
Mucha razón tiene doña Rosario Ibarra de Piedra al señalar que los verdaderos traidores al PRD son los que andan “haciendo bronca” y quienes curiosamente no son de izquierda.
La luchadora social defendió a López Obrador y sostuvo que “no se puede llamar traición” al hecho de que el tabasqueño llame a votar por otros partidos como el PT y Convergencia, y no por el Sol Azteca, pues esos institutos políticos sí representan al pueblo pobre, lo que quiere decir que el actual PRD de “los chuchos” no, pues sólo se representan a ellos mismos.
La prostitución de la justicia a una causa partidista es cada vez más una realidad en el país. Este jueves, los 27 servidores públicos de Michoacán, entre los que se encuentran los presidentes municipales de Apatzingán, Genaro Güizar Valencia; de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez; de Arteaga, Jairo Germán Rivas Páramo; de Uruapan, Antonio González Rodríguez; de Ciudad Hidalgo, José Luis Ávila Franco; de Tumbiscatío, Adán Tafolla; de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; y el coordinador de asesores del procurador del Estado, Ramón Ponce Ponce, así como la asesora del gobernador, Citlali Fernández; el director del Instituto Estatal de Formación Policial, Mario Bautista Ramírez; el procurador general de Justicia estatal, Miguel García Hurtado, y el subprocurador de Justicia de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez, entre otros, que estaban arraigados por tener presuntamente nexos con los cárteles del narcotráfico, fueron trasladados al Centro de Readaptación Social número cuatro “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, y quedaron a disposición del juzgado de distrito en Procesos Penales de Nayarit, quien habrá de determinar su situación jurídica en las próximas horas, o días o semanas, o después de las elecciones.
Sobre ese caso, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano consideró que la detención de dichos funcionarios tiene tintes electorales y sostuvo que esta acción del gobierno federal no vulnera el gobierno de Leonel Godoy Rangel.
También destacó que los efectos electorales en contra de la actual administración federal no se podrán apreciar hasta el próximo 5 de julio, cuando la ciudadanía salga a emitir su voto.
Este viernes entraron en vigor las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que restringen al Instituto Federal Electoral (IFE) a únicamente dar aviso a la autoridad responsable sobre irregularidades o infracciones graves que cometan concesionarios y permisionarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Las poderosas televisoras ven así concretarse otra victoria de la telecracia frente a las autoridades electorales.
Al comer con integrantes de la comunidad judía, Felipe Calderón criticó a sus antecesores por su manifiesta indiferencia ante el crimen organizado, “que creció durante décadas al amparo de la impunidad y de la corrupción en todos los niveles”. El inquilino de Los Pinos sacó así otra vez la carta que recomienda echarle la culpa a su antecesor de los problemas nacionales que es incapaz de resolver, por lo que nos preguntamos hasta cuándo seguirá haciendo uso de ese recurso fallido para justificar sus fracasos.
En Hermosillo, Sonora, los ciudadanos saldrán a las calles, por tercera ocasión, este sábado para demandar justicia en el caso de la Guardería ABC que se incendió el pasado 5 de junio y que ha dejado 46 muertos, toda vez que hasta el momento no hay resultados de las investigaciones de las autoridades, y que no han sido castigados los actos de corrupción y negligencia porque los responsables están ligados a los círculos del poder estatal y nacional.
Sobre este caso, cabe destacar que los padres de familia que perdieron a sus pequeños en el siniestro están en proceso de preparación de una demanda contra quien o quienes resulten responsables. Por lo pronto, el titular de Protección Civil, Roberto Copado Gutiérrez, solicitó su separación temporal al cargo, a fin de ayudar a esclarecer y determinar el deslinde de responsabilidades.