Álvaro Uribe: Los hijos, su debilidad

EDGAR TéLLEZ

Tomás y Jerónimo Uribe son acusados de escudarse en la figura de su padre, el presidente Álvaro Uribe, para influir en decisiones gubernamentales y hacer negocios personales. El escándalo enturbia las aspiraciones del mandatario de Colombia para reelegirse por segunda ocasión y atiza el conflicto que sostiene con el sistema judicial, con partidos de oposición y con medios de comunicación.

BOGOTÁ.- En 2002, cuando Álvaro Uribe asumió su primer mandato como presidente de Colombia, sus hijos Tomás y Jerónimo, entonces de 21 y 19 años, eran considerados por la opinión pública como dos jóvenes emprendedores que sacrificaron la vida tranquila del campo, las aulas universitarias y la rumba por la austera y agitada cohabitación con sus padres en la forzada etiqueta de la Casa de Nariño, sede del gobierno del país. Casi siete años después, partidos de oposición y medios de comunicación acusan a Tomás y a Jerónimo de aprovechar su privilegiada condición de hijos del presidente para intervenir en asuntos de Estado y obtener beneficios económicos. Ello ocurre en un contexto político complicado para el presidente, justo cuando Colombia vive una aguda contienda política y jurídica debido a que el Congreso estudia una nueva enmienda constitucional que permitiría a Uribe gobernar hasta 2014.En la primera semana de septiembre de 2008, el Congreso inició el trámite de esta reforma constitucional propuesta por la asociación Colombia Primero, una entidad de carácter privado que recolectó más de 3 millones de firmas con el fin de promover un referendo para que Uribe gobierne un tercer período consecutivo. Después de examinar los documentos que sustentaron la recolección de firmas, los opositores de Uribe y de su reelección señalaron presuntas irregularidades en el proceso realizado en todo el país durante el primer semestre del año pasado.Así, denunciaron que el transporte de las bolsas que contenían los formularios firmados por los ciudadanos fue realizado por la empresa Transval, dueña de 51% de las acciones de la empresa de vigilancia y seguridad privada Provitec, propiedad de William Suárez, socio principal de David Murcia Guzmán, el cerebro de la captadora ilegal de dinero DMG, quien está en la cárcel por defraudar a más de 4 millones de personas. Aun cuando uno de los socios de Transval, Jorge Berrío Villarreal, aseguró públicamente que realizó gratis el transporte de los formularios con las firmas del referendo, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Procuraduría iniciaron investigaciones –que todavía están en trámite– para establecer si la participación directa de una empresa cuestionada legalmente invalida el trámite del referendo en el Congreso.Amistad y negociosMientras avanzaba el debate por las firmas y la empresa que las transportó, a finales de octubre de 2008 quedó al descubierto que los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe habían sostenido relaciones de amistad y de negocios con Daniel Ángel Rueda, otro de los socios de DMG, actualmente detenido por un fraude millonario contra los inversionistas de esta compañía. Tomás estudió inglés en Australia con Rueda antes de que su padre llegara a la Presidencia y desde entonces entablaron una buena amistad, que posteriormente incluyó a Jerónimo.Y de ahí pasaron a los negocios. Tomás y Jerónimo son dueños de la empresa Salvarte, dedicada a la promoción y venta de artesanías en Colombia y en el exterior. A finales de 2006, Jerónimo prestó a Rueda varias modelos y prendas de vestir de Salvarte para la inauguración del Body Channel, un canal de televisión del grupo DMG, hoy intervenido por las autoridades judiciales del país. El escándalo forzó a Jerónimo a dar explicaciones públicas sobre ese episodio. En una entrevista el 19 de noviembre del año pasado con la revista Cambio, reconoció que “a Daniel Ángel yo le entregué una ropa de Salvarte para que la mostrara en el evento”, pero aclaró que no recibió pago alguno por ese favor.Por si fuera poco, afloraron otras relaciones de DMG con funcionarios de la Casa de Nariño: Rueda es hijo de un primo hermano de Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia. Ese parentesco generó suspicacias cuando David Murcia, el cerebro de DMG, visitó en octubre de 2007 al jefe de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, para ofrecerle el Body Channel para la divulgación de los programas institucionales del gobierno. Velásquez explicó que Murcia se presentó como vocero del canal de televisión, pero no pudo explicar por qué aceptó entrevistarse con él cuando desde septiembre de ese año la Superintendencia Financiera había ordenado a Murcia Guzmán devolver más de 18 mil millones de pesos (más de 7.5 millones de dólares) que captó de inversionistas en DMG. Para ese momento, además, Murcia, sus socios y su conglomerado DMG ya eran investigados por lavado de dinero.Con este cúmulo de temas sobre el tapete –en los que se mezclaban el referendo, los hijos del presidente y DMG–, el opositor Partido Liberal convocó el pasado 25 de noviembre a un debate en el Senado de la República. Allí, la congresista Cecilia López pidió a Uribe y a sus hijos presentar sus declaraciones de renta de 2002 a 2007 y hacer públicos sus ingresos, “para que le devuelvan la confianza al país en sus autoridades”.Uribe salió al día siguiente a defender a sus hijos y a anunciar que informaría de sus ingresos a las autoridades tributarias del país. “Entregaré al procurador mis declaraciones de renta. Todas, desde la primera hasta la última. Lo hago por respeto al pueblo colombiano y por transparencia”, dijo. Respecto de sus hijos Tomás y Jerónimo, afirmó con vehemencia que “ellos no están en la corrupción, no son corruptos, no son traficantes de influencias ante el Estado, no son atenidos, no son hijos de papis, no son holgazanes, no son vagos con sueldo; han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios”. Ante los periodistas que habitualmente cubren las actividades de la sede presidencial, Uribe lucía desencajado. Los ataques a su familia lo sacan de quicio. El reportero habló con una fuente muy cercana al entorno familiar de Uribe y quien conoció de cerca la manera como lo golpeó el escándalo de DMG y las acusaciones de la senadora Cecilia López. “Su único lado vulnerable es su familia y por eso le dan por donde más le duele. Él es un guerrero y disfruta chocar con sus opositores. Pero que ataquen a Tomás o a Jerónimo lo afecta mucho emocionalmente”, dijo la fuente.Tráfico de influenciasLa presión para Uribe no terminó ahí. El pasado 19 de abril, Daniel Coronel, director del noticiario de televisión Noticias Uno y columnista de la revista Semana, publicó una investigación en la que aseguró que Tomás y Jerónimo Uribe eran propietarios de unos terrenos localizados en el municipio de Mosquera, al occidente de Bogotá, que multiplicaron su valor al ser habilitados como Zona Franca.El visto bueno para esos trámites, según la indagación periodística, fue firmado por cinco altos funcionarios del gobierno, entre ellos los ministros de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, y de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata, que dependen del presidente Uribe.De acuerdo con el informe de Coronel en Noticias Uno, el 18 de diciembre de 2008, Óscar Franco, titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), declaró como Zona Franca Permanente los 32 mil metros cuadrados de las fincas El Paraíso y San Laureano, propiedad desde 2006 de la sociedad Residuos Ecoeficiencia, controlada mayoritariamente por los hermanos Uribe. A partir de esa decisión de la DIAN, los dos predios, que originalmente fueron comprados en 34 millones de pesos (cerca de 15 mil dólares), se cotizaron en 3 mil 100 millones de pesos (poco más de 1 millón 300 mil dólares). Así, de un día para otro, incrementaron más de 90 veces su valor.La noche de ese mismo 19 de abril, el presidente ordenó a sus hijos que al día siguiente explicaran en los medios de comunicación cómo había sido el negocio. Así lo hicieron. Muy temprano el lunes 20 de abril, Tomás y Jerónimo llegaron a los estudios de la W Radio, de la cadena Caracol. El primero en hablar fue Tomás, quien negó el supuesto tráfico de influencias para convertir sus predios en Zona Franca y luego la emprendió contra el director de Noticias Uno: “Este señor Coronel ha sido contradictor político de mi papá durante 10 años, que ha tildado a mi familia de narcotraficante, paramilitar y corrupta (…) Esto no es para causarle daño a Tomás y a Jerónimo Uribe, sino para causarle daño al presidente de la República”, dijo. Por su parte, Jerónimo defendió su derecho a crear una empresa y reveló que, aunque el presidente se opuso a que intervinieran en ese negocio, ellos decidieron seguir adelante.En junio, cuando aún no terminaban los efectos de esa tormenta política, los hermanos Uribe se vieron envueltos en otro escándalo que involucra al proceso en el que su padre fue reelegido en noviembre de 2006 y enturbia aún más la posibilidad de su segunda reelección, la cual, por cierto, se encuentra al borde del hundimiento en el Congreso de la República. Manuel Cuello Baute denunció ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que el exsenador Mauricio Pimiento y la exdiputada Yidis Medina habrían recibido notarías a cambio de su apoyo al proyecto de reelección que fue aprobado por el Congreso en 2004. Cuello Baute fue superintendente de Notariado y Registro entre mayo de 2005 y septiembre de 2006, pero fue retirado por recibir dinero a cambio de archivar investigaciones de notarios en diferentes lugares del país. Tras su declaración ante los magistrados de la Corte, Cuello Baute aportó un listado de dos páginas que relaciona la supuesta entrega de 70 notarías a políticos que votaron en favor de la reelección de Uribe. El listado incluyó dos notarías al parecer asignadas a Milton Contreras, un exfuncionario de la Superintendencia, que las habría recibido por instrucciones de “los hijos del presidente”. De nuevo, los hermanos Uribe tuvieron que defenderse públicamente, ahora mediante un escueto y redundante comunicado en el que señalaron que “no tramitamos puestos, prebendas o notarías ante el Estado; jamás hemos llamado a funcionario público alguno a intrigar puestos, prebendas o notarías”.Pero en esta ocasión el escándalo provocado por Cuello Baute coincide con el trámite de la reelección en el Congreso y por ello es previsible que los hermanos Uribe tengan que dar explicaciones más amplias que las que ya ofrecieron. Por lo pronto, el jueves 27 Tomás se presentó ante la Corte Suprema para declarar lo que sabe respecto de la supuesta entrega de una notaría a una persona recomendada por él en la ciudad de Tunja, al norte de Bogotá.Y es que el señalamiento de Cuello Baute fue directo. Dijo: “Tal como se lo expresé a la Corte Suprema de Justicia, la hoja de vida de la señora Luz Marina Campo (beneficiaria de una de las notarías) fue remitida al suscrito por el viceministro del Interior, Hernando Angarita, y reiterada la solicitud de designación por Bernardo Moreno (secretario general de la Presidencia) y Juan David Ortega (asesor de la Casa de Nariño). Apremiado como lo fui y expliqué, aduciendo ellos que había premura por cuanto los hijos del presidente, en concreto Tomás Uribe, según el dicho de ellos, tenían interés en el tema”.