Sectur y la SRA en el limbo

PATRICIA DáVILA

Casi un mes y medio después de que el presidente Felipe Calderón anunció en Los Pinos la desaparición de las secretarías de la Reforma Agraria (SRA), de Turismo (Sectur) y de la Función Pública (SFP), los empleados de esas dependencias aún ignoran su destino laboral.
Y mientras algunos tramitan su jubilación o su retiro voluntario, los dirigentes sindicales de la SRA y Sectur, Marcos Marín Chacón y José Carlos Navarro Valencia, respectivamente, advierten que esta “incertidumbre laboral” puede derivar en un problema social para la administración calderonista.
Marín Chacón esboza la situación: además de que perderán su empleo 6 mil 200 trabajadores de base y de confianza, con el desmantelamiento de la SRA no habrá quién se encargue de sofocar los más de 600 conflictos que hay en el país. Y si no se atienden con diligencia, advierte, “pueden convertirse en focos rojos”.
Y Navarro Valencia sostiene que resulta incongruente desaparecer Sectur, la dependencia que genera la mayor cantidad de divisas que entran al país: 14 mil millones de pesos.
Los entrevistados consideran que cuando anunció la desaparición de las tres secretarías, el 8 de septiembre, Calderón dijo que la medida tenía como propósito “fortalecer las finanzas públicas”, pero omitió hablar sobre el futuro de los trabajadores.
En el caso de la SRA las cosas son críticas. Aun con los rezagos en la dependencia que encabeza Abelardo Escobar Prieto, el funcionario no ha mostrado sensibilidad para atender las contingencias durante su gestión; tampoco se sorprendió con el anuncio del Ejecutivo federal.
Días antes del anuncio, 24 de agosto, durante la inauguración del Consejo y del Congreso del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SRA, realizado en el auditorio de la FSTSE, Escobar Prieto afirmó: “Hay gentes que no conocen lo que hace la Secretaría de la Reforma Agraria, pero sus funciones son vitales”.
En ese acto se encontraban Marín Chacón y otros representantes del sindicato de la SRA, como Gerardo Rodríguez Benítez, secretario de Trabajo y Conflictos; Martín Badillo Rojo, segundo secretario de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, así como los delegados en los estados.
Ante ellos, el funcionario declaró: “Hemos encontrado más de 480 trámites que me están exigiendo que titule y me he negado a hacerlo, porque, señores, detectamos títulos de expedientes de La Paz, de un terreno de 80 hectáreas por el que pagaron 5 mil 180 pesos… ¡Yo no voy a firmar eso! ¡Jamás!”
Pese al asombro de sus interlocutores, Escobar Prieto continuó, retador: “Dijeron que iba a desaparecer la institución que atiende los conflictos agrarios. ¿Ahora quién los va a atender? Tenemos que atenderlos…”.
También habló de los cientos de demandas jurídicas que enfrenta la secretaría, incluso se jactó de que en los tres años de su gestión, la SRA ahorró alrededor de 8 mil millones de pesos al erario federal.
Interrogado sobre este aspecto, Marín Chacón sostiene que el panorama es crítico, pues al desaparecer la dependencia los problemas de regularización de los pueblos indígenas se agudizarán. Dice que esas comunidades se negaron a entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), por desconfianza.
“La contrarreforma agraria se inició en 1992, con la modificación al artículo 27 constitucional. Desde entonces se ha ido desmantelando la propiedad social y la derogación del derecho agrario”, expone el dirigente sindical.
–Aparte de las comunidades indígenas, ¿que más hay en juego?
–La soberanía del país.
Sueldos de burla
Martín Badillo Rojo, de la Comisión de Honor y Justicia del sindicato de trabajadores de la SRA, sostiene que el gran botín son los terrenos nacionales y baldíos aún incuantificables.
“De eso se quieren apoderar de la manera fácil, a través de un decreto expropiatorio que firma el presidente. Los bosques, playas, selvas, los yacimientos minerales… ¡Todo quedará menguado!, sostiene.
Y explica que la SRA se convirtió en un “botín” para los panistas. En julio del año pasado, recuerda, fueron cesados Wilfrido Du Solier Espinoza, responsable de la operación de los programas Joven Emprendedor Rural-Fondo de Tierras y de Fomento al Desarrollo Agrario (Formar), y Luis González, por desviar recursos de la dependencia a las empresas Agropraxis y Agroneros, en las que participaban las esposas de ambos.
Según Badillo Rojo, Du Solier Espinoza fue recomendado a la SRA por Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal y sobrina de Margarita Zavala. El 1 de agosto de 2008, El Universal publicó una nota en la que informaba que Mariana recibía dinero de este funcionario para su partido.
Su compañero Gerardo Rodríguez Benítez, quien ocupa la cartera de Trabajo y Conflictos, recuerda que en el sexenio de Carlos Salinas el trabajador de base recibió un golpe brutal, cuando las autoridades amenazaron con reasignarlos a otros estados, 7 mil trabajadores prefirieron renunciar. Con Vicente Fox el hostigamiento continuó, hasta que la plantilla se redujo a 5 mil: 2 mil de base y 3 mil de confianza.
De acuerdo con el tabulador oficial, el titular de una secretaría gana 2 millones 461 mil 464 pesos al año, además de 791 mil 969 pesos en prestaciones económicas. Y en el caso de la SRA, los subsecretarios, el oficial mayor y los delegados estatales perciben 2 millones 279 mil 331 pesos, y 732 mil 782 pesos en prestaciones.
Estos sueldos son una burla si se comparan con los 5 mil 200 pesos que recibe en promedio un trabajador de nivel cinco cada mes. Al año, esas percepciones suman 79 mil pesos, más 58 mil pesos en prestaciones.
En Sectur la situación es similar. Navarro Valencia asegura que las tres subsecretarías creadas el sexenio anterior “se llevan la mayor parte de la nómina”, por lo que, dice, “si las desaparecen no pasa nada”.
Con el desmantelamiento de Turismo, el gobierno se ahorrará 4 mil millones de pesos al año, de los cuales alrededor de 25% se destina a los sueldos de los empleados de base, expone el dirigente. E insiste en que es una incongruencia del Ejecutivo federal suprimir la secretaría.
“La única forma de entender esta decisión es el interés que un selecto grupo de empresarios puede tener sobre los terrenos que maneja Fonatur. Este es un lado oscuro, sostiene Navarro Valencia.
Y se pregunta: ¿es que acaso el gobierno quiere seguir vendiendo tierras a los extranjeros? ¿Quién los va a investigar, si la Secretaría de la Función Pública también va a desaparecer?”
Navarro Valencia critica a Calderón porque, dice, “está persiguiendo a los más débiles, no a los poderosos; y aun cuando afirma que debemos hacer más con menos, yo le digo que en la Secretaría de Turismo lo estamos haciendo, cada vez somos menos trabajadores de base (la plantilla la conforman mil 216 empleados de base), contra 390 funcionarios, entre directores, subdirectores, quienes ganan hasta 20 veces más que un trabajador de base”.
A lo anterior, dice, hay que agregar el hostigamiento de personal de Gobernación en algunos estados como Coahuila y Nuevo León. En Monterrey, por ejemplo, afirma, trabajadores de Los Ángeles Verdes detectaron a Carolina Mireles, quien se identificó como funcionaria de esa secretaría y les comentó que estaba haciendo un “recorrido de observación”. ¿Acaso el gobierno está trabajando con secrecía?, cuestiona Navarro Valencia.
Y relata que en marzo de 2008 el director general adjunto de Asistencia y Auxilio al Turista, Israel Aguirre Cortés, respondió a los empleados de Chihuahua que le pedían aumento de sueldo que él no tenía la culpa de ganar 80 mil pesos al mes.
Consultados por la reportera, trabajadores de Sectur y la SRA admiten que viven en la incertidumbre, incluso han desplegado mantas en sus dependencias donde manifiestan su inconformidad por el intento del gobierno de desaparecer su fuente de empleo, incluso los de Turismo distribuyen volantes en los que increpan al mandatario: “¿Crees que desapareciendo la tercer fuente de divisas vamos a salir de la crisis?”