Cómplices

Galván, Saynez y Calderón. Complicidad.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF, 6 de febrero (apro).- En un día sin definir y en secreto, el gabinete de seguridad “comparecerá” esta semana ante el Senado de la República.
El acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para esa supuesta rendición de cuentas, más que un indicativo de la gravedad de la crisis de seguridad que padecemos, reafirma la protección que se guardan quienes son responsables directos de la vergüenza mundial que ahora representa México como un territorio de muerte.
Los capos, lugartenientes, sicarios, halcones y demás categorías con las que el narcotráfico ha etiquetado a cientos de miles mexicanos a su servicio, no llegaron solos, en un mero concierto de voluntades para ensangrentar al país por el control del mercado de las drogas.
Son producto de una clase política degrada que se ha acostumbrado a convivir con la delincuencia. El narcotráfico prospera donde las instituciones están corroídas.
Por definición, el narcotráfico o cualquier actividad de delincuencia organizada requieren de la protección oficial para surgir y mantenerse.
Los narcotraficantes tampoco son sólo resultado de “los malos policías o militares” que traicionan a sus corporaciones. Se valen de ellos, los utilizan para protegerse y obtener información. Para eso les pagan.
Soldados, marinos, policías y cualquier uniformado desde el nivel más bajo hasta el de un general encumbrado, son la más clara expresión de lo que significa tener un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad.
Lo mismo se puede decir de “honorables” empresarios, autoridades y “representantes populares” de los distintos órdenes de gobierno.
Quienes abrieron las puertas al narcotráfico y lo siguen haciendo han sido y son miembros de la clase política y sus aparatos de seguridad y de “procuración de justicia”.
No es nueva ni exclusiva de México, pero la infiltración de las instituciones en el país ha alcanzado tales niveles que hoy por hoy no existe ni una sola corporación uniformada digna de confianza entre la población, por más que el discurso oficial glorifique a las Fuerzas Armadas.
No hay institución del gabinete de seguridad a salvo. Las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina-Armada de México, de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR) tienen muchas historias que contar sobre el doble servicio que prestan y han prestado muchos de sus integrantes.
La Secretaría de Gobernación, que también forma parte del gabinete de seguridad, lo sabe y su titular, Fernando Gómez Mont, está empeñado en una cruzada nacional e internacional para negar lo innegable.
Lo titulares de esas dependencias les dirán a los senadores sólo lo que quieran escuchar. Los interlocutores, a su vez, atenderán como anfitriones y guardarán “secreto de Estado” porque, según el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, “los asuntos de seguridad nacional no son para divulgarse en conferencias de prensa”.
Cierto que esos asuntos así se tratan en las sociedades democráticas donde hay una efectiva rendición de cuentas en la que los legisladores son un contrapeso para las acciones del Ejecutivo en esa materia.
No es el caso de México, donde la clase política ni se ha preparado técnicamente en el tema ni juega el rol de contrapoder, salvo cuando tiene que velar por los intereses de sus partidos. Peor todavía, cuando políticos de todos los partidos han hecho mancuerna con el narcotráfico. Y no pocos son producto de él.
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