Contra la hegemonía priista

Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes. Hegemonía priista.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 3 de febrero.- En 12 de las 19 entidades gobernadas por priistas su hegemonía se ha mantenido durante más de 80 años. En siete de ellas se renovarán gobernadores el próximo 4 de julio, y sólo en cuatro de las mismas el PAN y los partidos integrantes del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) exploran la posibilidad de ir en coalición para intentar poner fin a dicho predominio.
En todas las entidades en cuestión el eje es todavía el autoritarismo-democracia que definió las elecciones presidenciales de 2000, no el eje izquierda-derecha que emergió en los comicios de 2006.
De hecho en dos de esos estados (Oaxaca y Puebla) los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos fueron documentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al margen de que únicamente en el caso de Oaxaca se alcanzó la mayoría en el Pleno de la SCJN para respaldar dicha conclusión en el dictamen correspondiente.
Acabar con la hegemonía priista ha sido la motivación de las nueve alianzas que se han celebrado hasta la fecha entre el PAN y el PRD. En tres de ellas (Nayarit, 1999; Chiapas, 2000, y Yucatán, 2001) obtuvieron la mayoría en las urnas; en una más (San Luis Potosí, 1991), el fraude fue tan evidente que finalmente el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari tuvo que remover al supuesto ganador priista, Fausto Zapata Loredo. Mientras tanto, en Oaxaca, en 2004, se quedaron a escasos 34 mil 795 votos de ganar, en buena medida debido a una ruptura perredista que logró 43 mil 972 votos.
En otras dos (Coahuila, 1999; y Chihuahua, 2004) existieron circunstancias particulares que operaron en contra de la coalición. En el primer caso, el tricolor logró instrumentar una estrategia jurídica que le permitió echarle abajo a la coalición candidaturas en municipios clave para el resultado a nivel estatal; y en el segundo, los medios de comunicación le cobraron al candidato de la coalición, Javier Corral, la factura por su activismo para reformar la normatividad de los medios, lo cual lo dejó fuera de las pantallas y el cuadrante, por lo que se trató de una contienda muy inequitativa.
Únicamente en las elecciones de Tamaulipas y Durango, ambas en 1992, el PRI pudo retener sus bastiones holgadamente.
Así, de las nueve coaliciones que han conformado PAN y PRD, en tres ocasiones han logrado el triunfo en las urnas; en una más, consiguieron cerrarle el paso al candidato oficial, y si no arribaron al gobierno fue porque el candidato Salvador Nava rechazó la concertacesión para ocupar la gubernatura por esa vía; y, en una quinta, el impacto de la alianza fue importante, aunque la división del perredismo les impidió alcanzar el resultado esperado. El hecho es que, en más de la mitad de las ocasiones, las coaliciones tuvieron un efecto positivo.
El número de votos en una coalición electoral no responde a una suma aritmética de las votaciones de las fuerzas que la componen; en ocasiones éstas ni siquiera alcanzan la cifra agregada, y en otras la superan con creces. Tales variaciones se explican sobre todo por las circunstancias y el contexto que enmarcan el proceso. Otro aspecto a considerar antes de formar una coalición es la relación entre los posibles beneficios y los posibles costos políticos para cada uno de los partidos participantes.
En el caso de Durango, ya se aprobó la coalición, y al parecer el candidato será José Rosas Aispuro, todavía hoy militante priista que, según todos los indicios, será desplazado dentro de su partido y aceptará la candidatura de oposición. Este mismo fenómeno se ha presentado en dos de las tres gubernaturas que se han ganado en coalición. Ninguno de los partidos involucrados tiene realmente fuerza por sí solo, así que al entablar este tipo de acuerdos realmente no pierden nada.
En Hidalgo se ha generado un consenso alrededor de la candidatura de Xóchitl Gálvez (a pesar de que el miércoles por la noche el CEN del PRD anunció que presentaría como precandidato a José Guadarrama, lo cual puede echarla abajo), quien no obstante haber sido parte del gabinete de Vicente Fox, no es militante de ningún partido político y parece más cercana a la izquierda por su trayectoria personal y profesional. Aquí también las fuerzas coaligadas tendrían todo que ganar y nada que perder.
En las otras dos entidades (Oaxaca y Puebla) los blanquiazules y los integrantes del Dia intercambian favores con la intención de derrotar al PRI. En Oaxaca, quien tiene al candidato es Convergencia, con Gabino Cué, y el PAN, en caso de participar de manera independiente, sólo se desplomaría a un lejano tercer lugar, pues su única eventual función sería impedir el triunfo de Cué. En Puebla, es exactamente al revés: todo indica que el candidato será el expriista Rafael Moreno Valle, actualmente militante del PAN. La lógica, en consecuencia, es que cada uno se sacrifica en un estado para impulsar el acceso del otro.
La posibilidad de echar al PRI de las gubernaturas reporta dos beneficios a las fuerzas coaligadas: atenuar los abusos, excesos y atropellos de los gobernantes, pues aunque la alternancia en el Ejecutivo no ha permitido la construcción de un régimen democrático, sí provocó una redistribución del poder y con ello disminuyó los efectos del autoritarismo (aunque ese vacío es precisamente lo que aprovechan los poderes fácticos para hacer sentir su fuerza, con impactos igualmente perversos y dañinos); y, sobre todo, evitar que utilicen dichas posiciones para apoyar al candidato presidencial tricolor en 2012.
De concretarse las coaliciones en las cuatro entidades, las distintas fuerzas políticas que las compongan se repartirían equitativamente los beneficios y no sufrirían mayores perjuicios, que eventualmente recaerían sobre el tricolor, lo que explica su virulenta reacción.