23 abril 2010
“Nadie se salva del juicio de la historia cuando hace mucho daño”.
Raúl Vera.
I
La historia, por sapuesto, es la madre de todas las ciencias, lo cual explica que para la mayoría de los gobernantes del pasado y el presente en todo el mundo consideren peligrosa su inclusión como materia en la educación publica.
En México, la historia es, como ciencia, particularmente peligrosa a la existencia misma del poder político del Estado, por lo que su difusión pedagógica –es decir, metódica y sistémica— es relegada e incluso excluida curricularmente.
Más si su exclusión curricular es ominosamente grave, su manipulación –distorsión aviesa— es aun de mayor ominosidad, pues conlleva falsearla y reescribirla bajo premisas de conveniencia en pos de un silogismo interesado.
Inventar sucedidos y arribar, a partir de éstos, a conclusiones a modo en aras de un objetivo estratégico dado --por lo general de control político de la sociedad y/o preservación y consolidación de un statu quo determinado-- es práctica común.
Así, la historia verdadera es polisémica. Su atributo de “verdadero” es dudoso. Los historiadores –como éste escribidor— sabemos vivencialmente que los significados de un sucedido suelen ser discernidos con arreglo a imperativos de la subjetividad.
O, en el peor de los casos, esos discernimientos historicistas son influidos y orientados intencionadamente hacia conclusiones interesadas, preestablecidas, de hacer y rehacer la historia con fines de laya facciosa. Caso en punto: la narcoguerra.
II
Éste tema es atañedero a las ocurrencias cotidianas en el contexto de la llamada guerra contra los cárteles del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos –el narcotráfico— que el gobierno libra con equívocos sólo en un frentes militar.
En ese frente, las Fuerzas Armadas –el Ejército Mexicano y la Armada de México y, en ostensiblemente menor grado, la Fuerza Aérea Mexicana--- han perdido la iniciativa tanto estratégica como táctica y, por ello, la guerra misma. Ese no es el frente real.
Cierto. Son los cárteles los que han estado ganando, desde cualesquier puntos de vista, esa guerra, no obstante que –como afirma el gobierno— sus sicarios se matan entre sí por el control de parcelas demográfico-territoriales de mercados de consumidores.
Ese mercado mexicano de estupefacientes y psicotrópicos es creciente y aunque no ha adquirido la importancia que tiene el estadunidense, que es el mayor y, por ello, el más lucrativo del mundo, ofrece un atractivo enorme.
Tal realidad misma exhibe, desde cualesquier perspectivas dialécticas, su propia vulnerabilidad. Dicho de otrro jaez, el problema mismo que representa el narcotráfico ofrece sus soluciones. Las condiciones determinan las tácticas.
Y en vez de lanzar a las calles a las Fuerzas Armadas para vencer militarmente a los cárteles, sugiéresele al gobierno revisar el diseño e instrumentación militar de sus políticas al respecto y replantear nuevas estrategias y tácticas para lograr resultados.
Esos resultados serían no una victoria militar, sino incorporar a un régimen de control jurídico el tráfico y el trasiego de estupefacientes y psicotrópicos, pues su erradicación ha sido descrita como imposible por el propio Felipe Calderón.
III
Es obvio que la victoria militar es imposible de lograr, aun en las condiciones que los generales demandan de la vertiente legislativa del poder político –dominado por otra facción distinta a la ejecutiva--, pues el enemigo no es una fuerza armada convencional.
Los generales, como sabido es, demandan “protección jurídica” para hacerle la guerra a los cárteles, pero esa exigencia es una guisa sofistera –una socaliña-- para neutralizar los magros logros constitucionales para la defensa de los derechos humanos.
Neutralizar esos logros sería la consecuencia de una legislación que exonere a priori a los generales de responsabilidad penal de los “daños colaterales” (Guillermo Galván dixit) que se representan en el asesinato de civiles inermes e inocentes.
La facción que encabeza el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de Facto Felipe Calderón, pretende legalizar matanzas de civiles indefensos. Ello induce a suspicacias: el objetivo no es abatir los cárteles, sino la disidencia política.
Y, por tanto, lograr el control político-militar del país en función del llamado proyecto 20-30 (consolidación del antipueblo modelo neoliberal hasta 2030), suspicacia que se traduce en un escenario prospectivo que transitaría de lo posible a lo probable.
Dada la naturaleza de los componentes del contexto, antójase obvio que una victoria militar sobre los cárteles es inasible. El verdadero frente no es militar, sino político: bajar el consumo, reglamentar la producción y fiscalizar las finanzas.
De otro modo, a los 23 mil muertos en tres años se sumarán otros tantos más de aquí a 2012 y crecerá el de por sí enorme, ya, desprestigio de las Fuerzas Armadas por dejarse usar con fines político-facciosos por su comandante supremo.
ffponte@gmail.com
Raúl Vera.
I
La historia, por sapuesto, es la madre de todas las ciencias, lo cual explica que para la mayoría de los gobernantes del pasado y el presente en todo el mundo consideren peligrosa su inclusión como materia en la educación publica.
En México, la historia es, como ciencia, particularmente peligrosa a la existencia misma del poder político del Estado, por lo que su difusión pedagógica –es decir, metódica y sistémica— es relegada e incluso excluida curricularmente.
Más si su exclusión curricular es ominosamente grave, su manipulación –distorsión aviesa— es aun de mayor ominosidad, pues conlleva falsearla y reescribirla bajo premisas de conveniencia en pos de un silogismo interesado.
Inventar sucedidos y arribar, a partir de éstos, a conclusiones a modo en aras de un objetivo estratégico dado --por lo general de control político de la sociedad y/o preservación y consolidación de un statu quo determinado-- es práctica común.
Así, la historia verdadera es polisémica. Su atributo de “verdadero” es dudoso. Los historiadores –como éste escribidor— sabemos vivencialmente que los significados de un sucedido suelen ser discernidos con arreglo a imperativos de la subjetividad.
O, en el peor de los casos, esos discernimientos historicistas son influidos y orientados intencionadamente hacia conclusiones interesadas, preestablecidas, de hacer y rehacer la historia con fines de laya facciosa. Caso en punto: la narcoguerra.
II
Éste tema es atañedero a las ocurrencias cotidianas en el contexto de la llamada guerra contra los cárteles del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos –el narcotráfico— que el gobierno libra con equívocos sólo en un frentes militar.
En ese frente, las Fuerzas Armadas –el Ejército Mexicano y la Armada de México y, en ostensiblemente menor grado, la Fuerza Aérea Mexicana--- han perdido la iniciativa tanto estratégica como táctica y, por ello, la guerra misma. Ese no es el frente real.
Cierto. Son los cárteles los que han estado ganando, desde cualesquier puntos de vista, esa guerra, no obstante que –como afirma el gobierno— sus sicarios se matan entre sí por el control de parcelas demográfico-territoriales de mercados de consumidores.
Ese mercado mexicano de estupefacientes y psicotrópicos es creciente y aunque no ha adquirido la importancia que tiene el estadunidense, que es el mayor y, por ello, el más lucrativo del mundo, ofrece un atractivo enorme.
Tal realidad misma exhibe, desde cualesquier perspectivas dialécticas, su propia vulnerabilidad. Dicho de otrro jaez, el problema mismo que representa el narcotráfico ofrece sus soluciones. Las condiciones determinan las tácticas.
Y en vez de lanzar a las calles a las Fuerzas Armadas para vencer militarmente a los cárteles, sugiéresele al gobierno revisar el diseño e instrumentación militar de sus políticas al respecto y replantear nuevas estrategias y tácticas para lograr resultados.
Esos resultados serían no una victoria militar, sino incorporar a un régimen de control jurídico el tráfico y el trasiego de estupefacientes y psicotrópicos, pues su erradicación ha sido descrita como imposible por el propio Felipe Calderón.
III
Es obvio que la victoria militar es imposible de lograr, aun en las condiciones que los generales demandan de la vertiente legislativa del poder político –dominado por otra facción distinta a la ejecutiva--, pues el enemigo no es una fuerza armada convencional.
Los generales, como sabido es, demandan “protección jurídica” para hacerle la guerra a los cárteles, pero esa exigencia es una guisa sofistera –una socaliña-- para neutralizar los magros logros constitucionales para la defensa de los derechos humanos.
Neutralizar esos logros sería la consecuencia de una legislación que exonere a priori a los generales de responsabilidad penal de los “daños colaterales” (Guillermo Galván dixit) que se representan en el asesinato de civiles inermes e inocentes.
La facción que encabeza el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de Facto Felipe Calderón, pretende legalizar matanzas de civiles indefensos. Ello induce a suspicacias: el objetivo no es abatir los cárteles, sino la disidencia política.
Y, por tanto, lograr el control político-militar del país en función del llamado proyecto 20-30 (consolidación del antipueblo modelo neoliberal hasta 2030), suspicacia que se traduce en un escenario prospectivo que transitaría de lo posible a lo probable.
Dada la naturaleza de los componentes del contexto, antójase obvio que una victoria militar sobre los cárteles es inasible. El verdadero frente no es militar, sino político: bajar el consumo, reglamentar la producción y fiscalizar las finanzas.
De otro modo, a los 23 mil muertos en tres años se sumarán otros tantos más de aquí a 2012 y crecerá el de por sí enorme, ya, desprestigio de las Fuerzas Armadas por dejarse usar con fines político-facciosos por su comandante supremo.
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