MÉXICO, D.F., 27 de mayo (apro).- El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) capítulo México, Alberto Herrera, calificó de deficiente el sistema de justicia que impera en el país al punto de señalar que ese tema es de “máxima preocupación” para el organismo.
Al presentar el Informe Mundial Anual 2010, Herrera recriminó de nueva cuenta que los elementos de las fuerzas armadas que cometen abusos sean juzgados por tribunales militares, sobre todo en un contexto en el que han aumentado este tipo de vejaciones, y acusó a las procuradurías estatales de procesar de manera injusta a las personas más vulnerables.
Sobre ese punto, Herrera se refirió al caso de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes fueron acusadas injustificadamente de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro.
Y aunque celebró la liberación de las tres mujeres, advirtió que hay otros cuatro presos encarcelados por situaciones similares, luego de lo cual añadió: “No queremos ver más Jacintas, Teresas y Albertas en prisión, queremos ver libres, de manera inmediata y sin condiciones, a los presos de conciencia Raúl Hernández, Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, porque su detención es también una distorsión del sistema de justicia”.
El defensor indígena de derechos humanos, Raúl Hernández, está encarcelado en Guerrero, acusado falsamente de asesinato, en tanto que Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas permanecen en prisión en Campeche por protestar contra las altas tarifas a la energía eléctrica.
De acuerdo con AI, durante este año documentó un incremento “sustantivo y preocupante” de informes sobre abusos cometidos por militares, algunos de los cuales representan las violaciones más graves reconocidas por el marco internacional de derecho, consistentes en actos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Muestra clara de ello, dijo, son las 30 recomendaciones emitidas por Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional y el incremento de cerca de 1000% en las quejas recibidas por este órgano protector de los derechos humanos en contra del Ejército mexicano entre el año 2006 y el año 2009.
Según Herrera, resulta especialmente preocupante la práctica sistemática de investigar y juzgar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el sistema de justicia militar que incumple con estándares internacionales de derechos humanos y del debido proceso, y que ha demostrado ser un espacio de impunidad.
Por otro lado, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México significó una preocupación especial para Amnistía Internacional durante el año 2009.
Aun con medidas provisionales y casos abiertos bajo discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de hostigamiento en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá no cesaron, precisó.
Decenas de casos, sumados a la reciente emboscada que sufrió la caravana que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, agregó, son sólo una muestra de la incapacidad que el Estado mexicano ha mostrado para garantizar protección y seguridad a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Sobre el tema migratorio, resaltó que la falta de consistencia de los esfuerzos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades federales ha sido evidente en lo relativo a ese punto.
Herrera añadió que mientras distintas autoridades han reprobado adecuadamente la llamada “Ley Arizona”, que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pocos pronunciamientos se han escuchado con la misma contundencia, reconociendo la existencia de abusos graves y generalizados contra migrantes centroamericanos en México.
Y remató: “La justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra los migrantes irregulares en nuestro país, a quienes hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos, a quienes en ocasiones agreden hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados de la República”.
Informe de Amnistía Internacional, 2010
Al presentar el Informe Mundial Anual 2010, Herrera recriminó de nueva cuenta que los elementos de las fuerzas armadas que cometen abusos sean juzgados por tribunales militares, sobre todo en un contexto en el que han aumentado este tipo de vejaciones, y acusó a las procuradurías estatales de procesar de manera injusta a las personas más vulnerables.
Sobre ese punto, Herrera se refirió al caso de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes fueron acusadas injustificadamente de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaro.
Y aunque celebró la liberación de las tres mujeres, advirtió que hay otros cuatro presos encarcelados por situaciones similares, luego de lo cual añadió: “No queremos ver más Jacintas, Teresas y Albertas en prisión, queremos ver libres, de manera inmediata y sin condiciones, a los presos de conciencia Raúl Hernández, Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, porque su detención es también una distorsión del sistema de justicia”.
El defensor indígena de derechos humanos, Raúl Hernández, está encarcelado en Guerrero, acusado falsamente de asesinato, en tanto que Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas permanecen en prisión en Campeche por protestar contra las altas tarifas a la energía eléctrica.
De acuerdo con AI, durante este año documentó un incremento “sustantivo y preocupante” de informes sobre abusos cometidos por militares, algunos de los cuales representan las violaciones más graves reconocidas por el marco internacional de derecho, consistentes en actos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Muestra clara de ello, dijo, son las 30 recomendaciones emitidas por Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional y el incremento de cerca de 1000% en las quejas recibidas por este órgano protector de los derechos humanos en contra del Ejército mexicano entre el año 2006 y el año 2009.
Según Herrera, resulta especialmente preocupante la práctica sistemática de investigar y juzgar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el sistema de justicia militar que incumple con estándares internacionales de derechos humanos y del debido proceso, y que ha demostrado ser un espacio de impunidad.
Por otro lado, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México significó una preocupación especial para Amnistía Internacional durante el año 2009.
Aun con medidas provisionales y casos abiertos bajo discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de hostigamiento en contra de integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá no cesaron, precisó.
Decenas de casos, sumados a la reciente emboscada que sufrió la caravana que se dirigía a la comunidad de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, agregó, son sólo una muestra de la incapacidad que el Estado mexicano ha mostrado para garantizar protección y seguridad a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Sobre el tema migratorio, resaltó que la falta de consistencia de los esfuerzos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades federales ha sido evidente en lo relativo a ese punto.
Herrera añadió que mientras distintas autoridades han reprobado adecuadamente la llamada “Ley Arizona”, que implica riesgos importantes en materia de derechos humanos, pocos pronunciamientos se han escuchado con la misma contundencia, reconociendo la existencia de abusos graves y generalizados contra migrantes centroamericanos en México.
Y remató: “La justicia no será una realidad mientras el Estado mexicano no tome medidas efectivas para hacer rendir cuentas a los responsables de la comisión de crímenes del pasado, a quienes cometen abusos contra los migrantes irregulares en nuestro país, a quienes hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos, a quienes en ocasiones agreden hasta la muerte a mujeres y niñas en distintos estados de la República”.
Informe de Amnistía Internacional, 2010
Informe 2010
p1000410.Esp (AIR10 Fact and Figures V2 21May2010 ESP)
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