MÉXICO, D.F., 27 de mayo (Proceso).- El jueves 13 de mayo, afuera del Palacio Nacional, se volvió a escuchar el grito desesperado: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta vez no fue lanzado por Las Doñas del Comité Eureka de desaparecidos políticos, que desde los años setenta buscan a sus hijos; esta exigencia la hicieron familias de 35 varones desaparecidos a partir de 2008 en el estado de Coahuila, para exigir al presidente Felipe Calderón que investigue su paradero.
El desaparecido más joven tiene nueve años: Brandon Esteban Acosta Herrera, quien acompañaba a su papá a dejar a sus dos tíos en el aeropuerto, porque ellos viven en Los Ángeles, y un comando armado les cerró el paso y se los llevó. Desde el 29 de agosto del año pasado se desconoce su paradero.
“Hace ocho meses no sabemos nada, no han aparecido, no han mandado un recado ni una nota, y por eso queremos que por piedad, si alguien sabe algo, que nos diga. En ninguno de los casos hay avances, siempre nos piden que nosotros investiguemos”, dijo Lourdes Herrera, la mamá de Brandon Esteban, quien cargaba una manta que mostraba la foto de los cuatro. A un lado iban sus cuñadas llegadas de la ciudad de Los Ángeles. “Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”, se leía en sus mantas.
Las familias que marcharon a Palacio Nacional llegaron de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas; de Los Ángeles, California, y de los municipios coahuilenses de Parras de la Fuente, Saltillo, Torreón y Matamoros.
En la mayoría de los casos no se tienen pistas de quién los desapareció y, al menos en dos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.
“Únete pueblo a mi dolor, hoy por mí mañana por ti. Calderón ya basta con el caso Cabañas o Paulette, ponte a trabajar con la gente que desapareció en Coahuila”, se leía en una manta fosforescente que llevaba un chofer de Ecatepec, cuyo hijo, Víctor Abraham Nava Calzonzin, desapareció en Piedras Negras el 21 de marzo, con otros 11 compañeros.
“Todos tenemos el mismo dolor. Hemos pedido apoyo a la PGR, a la SIEDO, a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, a TV Azteca y a Televisa, y nos traen a puras vueltas. No fuera alguien importante porque ya estuvieran buscándolo”, se quejó el hombre.
En la lista de desaparecidos mexiquenses están, además de Víctor Abraham, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortés Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, quienes trabajaban en la empresa Atlanta Duramex. Salieron de Sabinas hacia Piedras Negras a bordo de dos camionetas y nunca se encontró rastro de ellos ni de los vehículos.
En otra cartulina se leía: “Soy Brayan tengo 12 años, Eric tengo 10 años, Joseph de 8 años, y estamos sufriendo por mi papá. Debuélvanoslo por lo que más quiera. Gracias Calderón”. La porta Nancy Lorena Morales Rojas, esposa de Vicente Rojo, quien dice que tras la desaparición de su esposo tiene que dejar a sus hijos solos cada vez que consigue trabajos temporales o cuando sale a buscar empleo. Sus hijos también han resentido la ausencia de su papá, están deprimidos, bajaron de calificaciones, se volvieron agresivos.
“Él era nuestro sustento, no tenemos quién nos apoye”, dijo la joven, que consiguió un trabajo temporal en una gasolinera.
Responsabilidad del Estado
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, señaló que la desaparición es una práctica “sistemática, recurrente, y que la cantidad de casos, el patrón de violencia, el modo de cómo operan, sí habla de una seria limitación de gobierno que por acción y omisión lo permite y, en el caso de que las autoridades de Coahuila sigan permitiendo las desapariciones, se convierten en violadores de derechos humanos”.
Explicó que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal, se solicitó la intervención de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, pero en todos lados les dicen lo mismo: “no es nuestra competencia”, “vuelvan a darnos toda la información”, “vuelvan a presentar sus declaraciones”, “busquen más información”.
“Dada la cantidad de desaparecidos y el poco tiempo en que se incrementó este delito, nosotros fincamos responsabilidades al Estado, porque es su responsabilidad hacer la procuración de justicia, la investigación, y no lo hace. Hay una clara responsabilidad por no garantizar la seguridad ni tomar en cuenta a las familias”, dijo en la plancha del Zócalo.
Otros desaparecidos son los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, en Torreón, que el 5 de junio de 2009 por la noche salieron a un Oxxo del fraccionamiento Ciudad Nazas y se toparon con un operativo militar. Sólo fue hallada su camioneta con orificios de bala y sangre (Proceso 1699).
“Ya pasó un año y todo está igual. El Ejército atrajo la investigación pero no han avanzado, me mandó citar el Ministerio Público Militar a Durango, a mí y a mi suegro. No han mandado llamar a ninguno de los testigos. La investigación también se lleva en la Dirección Estatal del Crimen y el Secuestro, pero ni siquiera me han llamado ni a comparecer y me dijeron lo mismo de siempre, que no hay nada. Y en la CNDH me dijeron que no ha habido nada”, dijo Claudia Soto, la esposa de Isaías, quien quedó como jefa de familia y a cargo de dos niños.
Desde 2009 la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, comenzó a recibir reportes de desapariciones y en diciembre convocó a las familias de víctimas. Desde entonces brinda apoyo al grupo que ya se organizó para exigir que se abran investigaciones a fin de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos.
Este grupo es el primero que llega al Distrito Federal a denunciar el problema nacional de las desapariciones. En ciudades como Tijuana, las familias de los desaparecidos recientes marchan cada viernes exigiendo justicia.
Entre los desaparecidos en Coahuila el año pasado se encuentran los parientes Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron vistos por última vez el 24 de enero en Parras de la Fuente.
El 22 de abril, en Nava, fueron Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, quienes son originarios de La Barca, Jalisco, y trabajaban vendiendo joyas en la región Monclova-Piedras Negras. Sólo se sabe que salieron del hotel Don Alberto, donde durmieron el día anterior, y que en el camino se toparon con un retén militar donde dieron cuenta de la valiosa mercancía que llevaban.
El campesino Joel Cárdenas Bracamontes, papá de Sergio, cargaba una manta con la foto de su hijo. Explicó: “Los muchachos fueron a trabajar y desaparecieron. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Su ruta era de Saltillo a Piedras Negras y yo pienso que los tiene la policía o un cliente, porque llevaban todavía tres kilos de oro y como 1 millón de pesos de lo que ya habían vendido. El Ejército los revisó al pasar de Nava y los dejó libres porque traían documentos que respaldaban la mercancía. Ya después no supimos”.
El 4 de julio tocó el turno al comerciante Daniel Durán Espinoza, quien esa mañana se dirigía al mercado La Pulga de San Joaquín, en Piedras Negras, con dos cajas de 20 kilos de ropa que su papá le había enviado de Reynosa, quien desapareció con todo y su Neón rojo 2004.
El 29 de agosto fue el pequeño Brandon Esteban Acosta Herrera, su papá y sus tíos.
De 2008, la diócesis tiene registrado a Javier Burciaga Vázquez y José Francisco Juárez Adriano, en Matamoros, y en la ciudad de Torreón a Armando Salas Ramírez, Pedro Ramírez Ortiz, Gerardo Villasana Hernández, Luis Burciaga Ramos y Dan Jeremeel Fernández Morán. Este último, ejecutivo de una afore y desaparecido por militares.
La mamá de Dan Jeremeel, la contadora Yolanda Morán Isais, explicó en el Zócalo que su hijo fue secuestrado hace casi año y medio por un militar del área de inteligencia adscrito a la XI Zona Militar de Coahuila, quien confesó su delito y dio los nombres de sus cómplices –dos militares y un desertor del Ejército–, pero ni así pudo recuperar a su hijo.
“Cuando lo pasaron a él y a otros tres detenidos del arraigo al Cereso de Torreón, en ese momento entró un comando de encapuchados que los mataron y liberaron a nueve narcos. Incluso vine a hablar con el general José Luis Chávez García, el procurador de Justicia Militar, y me dijo que estaba enterado y me prometió que lo iban a encontrar, porque si alguien puede encontrar a un militar son los militares, pero cuando lo volví a llamar no contestó nunca mis llamadas”, dijo.
La contadora llevaba unas mantas largas con la foto de Dan Jereemel, seguida de la frase: “¿Dónde está mi hijo? Por favor, ayúdenme a encontrarlo, se lo suplico”, dijo que sabe que 100 personas han desaparecido en la Comarca Lagunera porque seguido recibe llamadas de familiares desesperados que le preguntan dónde pueden poner su denuncia.
“Allá son muchísimos desaparecidos, son muchos, pero la gente tiene miedo de denunciar porque están amenazados por los mismos narcos. De La Laguna nadie dice nada, nadie publica nada, sabemos que la Policía Municipal está coludida con los mafiosos y que renunciaron a cerca de 400 policías. Pero allá no hay un solo policía federal porque a todos los traen en Juárez y a nosotros nos dejaron solos”, lamentó.
En Palacio Nacional, al grupo lo recibió un funcionario que les tomó su recado y los envió a la Secretaría de Gobernación. Al día siguiente los recibió Alberto Brunori, el representante en México de las Oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y emprendieron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que aparezcan los suyos.
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