MÉXICO, D.F., 7 de mayo (apro).- Si resulta cierto el dicho de los senadores Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Gustavo Madero, del PAN, de que no habrá marcha atrás en lo que ellos aprobaron como Ley de Seguridad Nacional, e incluso que el tema se negoció con el gobierno federal, entonces sólo se pueden concluir dos cosas:
La primera, no habrá nueva Ley de Seguridad Nacional y, segundo --aunque con más de una implicación--, que el gobierno federal, las fuerzas castrenses, PRI y PAN están divididos; aparte de que Beltrones sigue apostándole al apoyo a Felipe Calderón para ciertos temas, y con ello reposicionarse en su lucha por la candidatura presidencial de su partido, mientras que el gobernador mexiquense, el también priista Enrique Peña Nieto, tratará de sacar ventaja de ello ante los legisladores y otra parte del sector castrense.
Cómo podrá darse una nueva ley si los senadores hicieron exactamente lo contrario de lo que les pedían los militares.
Así, mientras los senadores modificaron en los puntos cruciales la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal y acordada con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, los diputados decidieron detenerla, ya que no fue del agrado de “todas” las fuerzas castrenses.
Apenas el pasado jueves, tanto Beltrones como Madero dijeron que no darán marcha atrás a lo modificado por ellos como lo relativo al fuero castrense; es decir, que la participación de un militar en “errores de operativo” en la lucha contra el crimen organizado sea juzgada por “los tribunales constituidos”, esto es, por juzgados civiles, y no sólo los militares.
Tampoco darán marcha atrás a su negativa para que el Ejército tenga facultades de investigación para realizar cateos y allanamientos.
Del otro lado, el de los diputados, sostienen que no aceptarán la minuta tal cual, debido a que contraviene las propias leyes orgánicas, tanto de la Armada (Marina), como del Ejército, que resulta “inconstitucional” y que pretende subordinar a los militares a las policías locales.
Si las diferencias entre senadores y diputados son tan grandes, difícilmente saldrá una nueva ley.
Y segundo, ambas posiciones --la de los senadores y la de los diputados, así como la aseveración de que fue el propio general Galván Galván quien estuvo al tanto en todo momento de los cambios que se le hacían a la propuesta inicial en la casona de Xicotencatl, mientras que otro sector hacía lo propio, pero en San Lázaro para manifestar su descontento-- sólo implican que la división, en todos los frentes, existe.
Y es que mientras el senador panista Gustavo Madero dice que no habrá marcha atrás, su homóloga en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, insiste en que antes de avalar lo hecho por los senadores hablarán con los militares.
Además, si Beltrones, quien encabeza la fracción del PRI en el Senado, defiende contra todo su minuta, entre los diputados de su partido, gente tan decisiva como el exdirector del Cisen y exencargado de la entonces Policía Federal Preventiva, además de presidente de la Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro, Ardelio Vargas, sostiene públicamente que la ley aprobada bloquea el trabajo de los militares en la lucha contra el crimen organizado.
En cuanto al efecto político que estas acciones tendrán, aún no está claro, pues Beltrones, quien operó para que Felipe Calderón pudiera ingresar al recinto legislativo de San Lázaro y rendir protesta el 1 de diciembre de 2006, nuevamente parece respaldarlo negociando la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal y discutida, en sus cambios, con el propio Galván Galván.
Uno podría creer que Beltrones, cabeza y operador de los senadores priistas, contaba con el respaldo de las fuerzas castrenses, pues supuestamente Galván habría estado en todo el proceso de discusión, pero también con el apoyo del propio Calderón, pues aceptó discutir y aprobar la iniciativa.
Todo estaría claro si dentro de los propios mandos castrenses no hubiera también división.
Si realmente existiera un solo pensamiento y con capacidad suficiente para imponerse ante el resto, entonces se podría decir que Beltrones tiene el apoyo castrense, pero el malestar dado a conocer a través de distintos medios de una parte de los militares hace percibir otra realidad.
Si no, ¿por qué entonces en la Cámara de Diputados --donde uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, Enrique Peña Nieto, tiene gran ascendencia-- un grupo de militares presionó y logró frenar la aprobación de lo operado por el propio Beltrones?
Esto, lo único que demuestra, es que en la desgracia de la violencia y enfrentamientos que se viven en el país, a los políticos lo único que les sigue importante es cómo sacar beneficio de todo, cómo lograr posicionarse políticamente rumbo al 2012.
El tema de si la ley aprobada por el Senado brinda realmente o no, a las Fuerzas Armadas, las herramientas para frenar al crimen organizado, o si respeta o vulnera los derechos humanos de los civiles, es otra discusión.
Aquí simplemente lo que se vislumbra es una lucha de poder al interior de cada uno de los sectores involucrados.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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