MÉXICO, D.F., 17 de junio (apro).- Inconformes con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, recurrirán a organismos de la ONU en un intento más por castigar a los responsables de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.
Lorenzo Félix Ramos, abogado de los padres afectados, comentó en conferencia de prensa que por lo pronto ya enviaron una serie de documentos, incluida la resolución de la SCJN, al Alto Comisionado del Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité de Derechos del Niño, con sede en Ginebra, Suiza.
Además, dijo que están “recopilando el material probatorio” para pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
La intención es, dijo, que de los organismos de la ONU surjan recomendaciones para el Estado mexicano.
El abogado calificó como “deleznable” la resolución de la Corte por “la contradicción en que cayeron los ministros: por una amplia mayoría admitieron que hubo violaciones graves a las garantías individuales, pero que los únicos responsables son funcionarios de menor nivel que no tienen capacidad de gestión”.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), padres integrantes de la asociación civil Movimiento 5 de Junio lamentaron el papel de la mayoría de los magistrados al dejar fuera de los responsables al director y exdirector del IMSS, Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente, y al exgobernador Eduardo Bours. Además, anunciaron que en agosto próximo convocarán a movilizaciones en todo el país “para mantener viva la indignación nacional”.
La señora Patricia Duarte Franco señaló que desde que los padres del Movimiento 5 de Junio acudieron a la SCJN, estaban concientes de que el resultado sería el que emitieron la mayoría de los ministros, pero “era necesario agotar las instancias nacionales para seguir buscando justicia a nivel internacional”.
Sin embargo, aclaró que quisieron “dar un voto de confianza a los magistrados, pensando en que no se iban a dejar presionar por Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont”.
Por si fuera poco, Duarte Franco denunció que el gobierno de Felipe Calderón quiere “pagarles” a sus hijos en mensualidades. “Quiere pensionar de manera vitalicia a las mamás que perdimos hijos”.
Explicó que la noche del miércoles, después de la última sesión en la Corte, el coordinador de Atención a Quejas y Orientación de Derechohabientes del IMSS, Luis Fiol, se comunicó con ella para manifestarle la “urgencia” de reunirse para “cumplir con la promesa que hizo Felipe Calderón en una reunión en Los Pinos”.
Prosiguió Duarte: “Yo le dije que no sabía de qué me estaba hablando, que yo sólo me reuniría con Calderón en Hermosillo; me explicó que era urgente que nos reuniéramos y que le llevara el último comprobante de pago de los servicios de guardería del IMSS, para iniciar los trámites de pensión.”
Por su parte, Leopoldo Maldonado, del Centro Prodh, señaló que a la decisión de la Corte “coloca en estado de indefensión a mies de niños y niñas que cotidianamente recurren a los servicios de estancia infantil a cargo del IMSS”.
Recordó que la misma investigación del ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “confirmó anomalías en materia de protección civil, fiscalización pública, rendición de cuentas, entre otros”, en varias de las mil 480 guarderías subrogadas.
A nombre del Cetro Prodh, Maldonado puntualizó que “la actuación del tribunal constitucional no garantiza las condiciones mínimas de acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos evidenciadas en la tragedia de la guardería ABC”.
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