MÉXICO, D.F., 17 de junio.- El frágil estado de derecho, la falta de contrapesos sociales, la ausencia de compromiso social de los tomadores de decisiones y el ejercicio irresponsable del principio de discrecionalidad han creado en México una combinación que atenta contra el interés público. El gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, no contribuye a resolver tal estado de cosas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituye una muestra palmaria de lo que aquí afirmo. A las pruebas me remito.
Primero. El escrutinio de las cuentas públicas es una práctica excepcional. Lo es más si se trata de fideicomisos. El fideicomiso es un contrato por medio del cual una persona física o moral (fideicomitente) transfiere parte de sus bienes a una institución fiduciaria para que las destine a un beneficiario (fideicomisario) para un fin lícito. Las características jurídicas de los fideicomisos (públicos) que abrevan del derecho administrativo y del derecho mercantil hacen que la rendición de cuentas sea más compleja. De esta suerte, el fideicomiso ha sido utilizado para un sinnúmero de propósitos, todos ellos ajenos a la transparencia y la rendición de cuentas. (Un texto clave sobre el tema es Transparencia en fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos, de Irma Eréndira Sandoval http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2724/18.pdf.) Así, por ejemplo, la SHCP ha sido especialmente generosa con el sector privado, sin que de sus argumentos esgrimidos se pueda advertir la idoneidad de sus acciones en la circunstancia del país. De acuerdo con el oficio 305-I-3710 del 28 de julio de 1986, creó un fideicomiso por 3 mil 200 millones de pesos para que a través de Banobras se otorgara un crédito a la Operadora, Constructora y Administradora (OCASA). El argumento de la SHCP fue que ese contrato tenía como finalidad brindar “apoyo a la industria de la construcción con el objeto de preservar la planta productiva”. ¿Debe la SHCP subsidiar la impericia de las empresas, en su caso, para “preservar la planta productiva”?
Segundo. Así como ayer, la SHCP del gobierno de Felipe Calderón no ha perdido su vocación para mantener la asimetría social del país. De acuerdo con el registro clave 199806HIU00582, al primer trimestre de 2010 sigue vivo el Fondo para la Participación de Riesgos, el cual tiene el propósito de “compartir con los bancos el riesgo de los créditos que otorguen a las micro y medianas empresas”, para lo cual se destinan “subsidios y apoyos” por 3 mil 902 millones de pesos para el primer trimestre de 2010. Asimismo, con la clave de registro 200306HIU01336 se ha generado un Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, el cual tiene como objeto “constituir un mecanismo de apoyo financiero en todos aquellos programas que apruebe el comité técnico, y cuya finalidad sea otorgar apoyo a las empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial en el país”. Para el primer trimestre de 2010 este fideicomiso contaba con 7 mil 413 millones de pesos. ¿Usted ha visto la convocatoria pública para presentar proyectos empresariales con cargo a sus impuestos? Y con la clave 200306G0N01324 se creó un fideicomiso, Centro Empresarial México-Unión Europea, con la finalidad de brindar facilidades a las empresas mexicanas para hacer negocios. Por la asistencia técnica y capacitación se pagaron únicamente 16 millones 245 mil pesos en honorarios.
Tercero. Una parte importante de los fideicomisos se ha destinado al pago de pensiones como prestaciones adicionales a las del ISSSTE y del IMSS. Se trata, en efecto, de contratos creados para asignar emolumentos a empleados fundamentalmente de confianza de organismos descentralizados y de bancos que gravitan en torno a la SHCP como cabeza de sector. De 16 fideicomisos, que representaban el 2.4 % del total, con fondos presupuestales por 45 mil millones 152 millones de pesos, los cuales equivalían al 25% del total de los recursos al final del gobierno de Vicente Fox en 2006, ahora –para el primer trimestre de 2010– el número de fideicomisos destinados a pensiones ha aumentado a 22 (6.2%) con disponibilidad de 121 mil 712 millones de pesos (31.8%).
Está claro que en estos fideicomisos no aparecen los deudos de los miles de muertos inocentes que ha dejado como saldo la guerra personal que día con día pierde Calderón, según encuestas y notas de prensa. Ni tampoco los afectados por el incendio de la guardería ABC que, de acuerdo con la Suprema Corte, es responsabilidad de altos funcionarios del gobierno. ¿Cómo explicar estos destinos presupuestales y sus montos en un país como México, donde, según la OCDE, uno de cada seis mexicanos vive en extrema pobreza? Es necesario hacer una revisión de la legislación que regula los fideicomisos, mandatos e instrumentos análogos, de tal suerte que se establezca una autorización informada del Congreso de la Unión para su creación. Además, deben darse facultades y autorizarse recursos a la Auditoría Superior de la Federación para que vigile el uso del presupuesto público destinado a los fideicomisos. Se debe eliminar claramente el secreto fiduciario tratándose de recursos públicos para que no sea más un obstáculo a la rendición de cuentas. De esta manera se podría acotar la privatización de los recursos públicos, así como la socialización de las pérdidas, lo que ahora no sucede con Felipe Calderón. Bien lo ha dicho Benito Juárez: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”. l
evillanueva99@yahoo.com
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