Para funcionarios y contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), defraudar a la paraestatal sigue siendo un negocio redituable, aun cuando el ilícito sea investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ésta sancione o inhabilite a los involucrados. Tal es el caso de las siete compañías y los siete funcionarios inhabilitados por el fraude en la remediación del Río Coatzacoalcos, calificado por el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casilla, como otro Pemexgate, aunque en monto superado: 1 mil 623 millones de pesos, de los cuales 1 mil 64 se pagaron ilegalmente, bajo la dirección general de Luis Ramírez Corzo, y Juan Bueno Torio en Pemex Refinación (PR).
La indagación de la SFP confirmó las investigaciones de Contralínea sobre el fraude maquinado por las compañías Saint Martín Construcciones (SMC), Garner Servicios Ambientales, Aquapress, Construcciones y Reparaciones del Sur, ADT Petroservicios, Grupo Preservare y Lico Ambiental, en el proceso para biorremediar el desastre ecológico provocado por la industria petrolera al verter más de 5 mil barriles de crudo en el Río Coatzacoalcos tras la ruptura de oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica, en el municipio de Nanchital, Veracruz, en diciembre de 2004.
La SFP comprobó que el fraude no es un hecho aislado, sino que fue ejecutado por una red de funcionarios de alto nivel de Pemex (jefes de departamento, superintendentes y subgerentes, varios de ellos inhabilitados), cuyos salarios van de los 44 mil a los 99 mil pesos.
La SFP comprobó que Pemex contrató a empresas de portafolio; otras, que usan prestanombres; también, que la petrolera dio por buenas pruebas y dictámenes de remediación falsas; que el área contable validó pagos cobrados con facturas apócrifas, y que los funcionarios acreditaron y validaron los costos de los precios unitarios inflados estratosféricamente.
De 558 millones 755 mil 469 pesos, que según la SFP debió pagar Pemex, se infló a 1 mil 623 millones 725 mil 81 pesos, es decir, un sobreprecio de 1 mil 64 millones 969 mil 629 pesos, cantidad de la que difiere la aseguradora de la paraestatal, GNP Charles Taylor Energy. Ésta sostiene que el costo real de los trabajos es de 293 millones 275 mil pesos, por lo que el quebranto asciende a 1 mil 330 millones de pesos, y le notificó a la petrolera que sólo cubrirá el costo real del accidente.
En consecuencia, la SFP ordenó a la paraestatal iniciar los juicios civil y mercantil para recuperar el pago en demasía, lo cual no se ha hecho. A través de su área de prensa, Pemex se negó a explicar a Contralínea la inmovilidad en el caso, que involucra por lo menos a un exfuncionario de su área jurídica, Jorge Humberto Castañeda Solís, representante legal de una de las compañías implicadas.
En las investigaciones realizadas por este semanario, diversas fuentes detallaron la supuesta implicación del exdirector de PR, Juan Bueno Torio, y su vinculación directa por lo menos con dos de las siete firmas: SMC y Aquapress. Algunos documentos prueban la reticencia de los supervisores a dar visto bueno a los trabajos de SMC y las peticiones de los directivos de dicha compañía para que destrabara los pagos. La firma obtuvo 450 millones de pesos, casi el 30 por ciento del monto defraudado.
Hasta ahora, la SFP ha fincado responsabilidades a los subalternos de Bueno Torio: José Fernando Algarra Muñoz, subgerente de Transporte por Ducto en la región Sureste; Jorge Manuel Fragoso Sarabia, superintendente general de Mantenimiento; Arturo Díaz Arzola, superintendente del Sector Minatitlán; Celedonio Hernández García, jefe del Departamento de Seguridad Industrial del Sector Minatitlán; Pedro Calzada Juárez, tecnólogo de Contratos, Obras y Servicios; Octavio Rodolfo Soto Castillo, de la Superintendencia de Transporte por Ducto Sureste; Jorge Federico Reyes Guerrero, superintendente del Sector Minatitlán. Y dos más, aún bajo investigación por su posible implicación: Luis Roberto García Blas y Enrique Colorado Acosta, ambos residentes de obra.
El pasado 9 de marzo, la SFP presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) denuncias penales contra las siete empresas y los funcionarios señalados, por delitos que según el Código Penal alcanzan de dos a 12 años de prisión. Corresponde a Pemex presentar también las denuncias penales, además requerir por la vía civil y mercantil la recuperación del monto quebrantado, lo que tampoco se ha hecho.
Contra la disposición de la SFP, Pemex permitió a algunas de las firmas inhabilitadas seguir concursando en licitaciones y se les incluyó en el padrón oficial de proveedores vigentes elaborado en mayo. Hasta hoy, cuatro empresas obtuvieron un amparo que les permite seguir recibiendo contratos del gobierno federal, lo que echa por tierra dos años de trabajo de la SFP, comprendidos en 20 tomos.
Los funcionarios que para la SFP están inhabilitados, en Pemex están en calidad de “comisionados”, conservan sus oficinas y las secretarias a su mando. A través de su área de prensa, la dirección de la paraestatal se negó a explicar a Contralínea el estatus de dichos funcionarios.
El caso Nanchital generó no sólo el millonario quebranto a Pemex, sino afectaciones ambientales y sociales irreparables, pues las compañías no biorremediaron la zona, sólo aplicaron “maquillaje verde”, según la organización ambientalista Greenpeace. Degradaron el hábitat de numerosas especies animales y vegetales, y afectaron a cientos de comuneros, campesinos y pescadores. El caso se denunció incluso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, espejo de lo que hoy ocurre en el Golfo de México del lado texano, que tiene a la British Petroleum de rodillas, y aquí, a las compañías enriquecidas con el oro negro.
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