MÉXICO, D.F., 19 de agosto.- Frente a su incapacidad para lograr transformaciones de fondo en el país, Felipe Calderón alardea con acciones menores esperanzado en que éstas distraigan a ciudadanos y críticos. En materia de combate a la corrupción, en lugar de atrapar “peces gordos” e implementar medidas estructurales de prevención e investigación, el presidente se limita a emprender una “tala regulatoria” y envía a la basura una serie de normas que de todas formas eran inservibles. Aprovecha también esta limpieza como el pretexto perfecto para “liberar” a los empresarios de la acción reguladora del Estado.
El lunes 9 de agosto, Calderón y su secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informaron sobre la eliminación de más de 12 mil disposiciones y normas. Asimismo, establecieron de plazo el 10 de septiembre próximo para que cada secretaría de Estado reduzca al mínimo las normas necesarias para funcionar, su “equipaje de mano”, de acuerdo con la desafortunada metáfora del presidente. También, con el fin de homologar los procedimientos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido una serie de “manuales” que buscan poner orden en algunos ámbitos estratégicos (adquisiciones, transparencia, auditoría gubernamental, etcétera) donde han predominado la confusión y la diversidad de procedimientos entre diferentes partes del gobierno. Finalmente, en un acuerdo publicado el 10 de agosto, Calderón declara una “veda regulatoria” que prohíbe la creación de nuevos reglamentos, normas y trámites a menos que sean estrictamente necesarios, en caso de emergencia o en cumplimiento de algún compromiso internacional.
El esfuerzo es plausible en principio, pero no implica de ninguna manera una transformación de fondo en la administración pública federal. Vega Casillas se engaña a sí mismo, o de plano miente, cuando señala que con estas acciones se busca “pasar de la lógica de los cambios graduales y posibles a los cambios de fondo que México realmente necesita”.
Una gran parte de los acuerdos y disposiciones eliminadas datan de hace muchos años, algunos incluso de décadas, y por lo tanto ya no eran aplicados dado que referían a oficinas, cargos, leyes y procesos hoy inexistentes. Además, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional son los principales culpables del actual laberinto regulatorio en el interior del gobierno. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en numerosas ocasiones cómo el número de trámites se ha multiplicado exponencialmente bajo las gestiones de Vicente Fox y Calderón. La presente iniciativa, entonces, llega tarde y después de 10 años de total descuido en la materia.
Esta lógica de “tala regulatoria” también cae en una serie de confusiones y contradicciones sumamente peligrosas. Por ejemplo, mete en un solo costal las normas internas de la administración pública, los trámites que tienen que realizar los ciudadanos ante el gobierno, y los esfuerzos de regulación estatal de la economía. Todo mundo sabe que estos tres son ámbitos radicalmente distintos. Una cosa es hacer más sencillo que el ciudadano tramite un pasaporte, y otra cosa completamente diferente es eliminar importantes reglas para las compras y adquisiciones gubernamentales o, en su caso, para “flexibilizar” la supervisión del cumplimiento de las empresas con normas ambientales o de salud pública, por ejemplo.
En su discurso, Vega Casillas citó un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por el antiguo secretario de Hacienda José Ángel Gurría. De acuerdo con Vega Casillas, este informe señala que México es víctima de una “profunda tradición legalista que subraya la adhesión a las leyes y disposiciones y castiga a las personas que no lo hacen”. La respuesta del gobierno de Calderón es, entonces, la “desregulación” y el achicamiento del Estado en todos los ámbitos. “Estamos, en pocas palabras, construyendo un gobierno más moderno, más ágil, más eficaz... Un gobierno que cueste menos, un gobierno que haga más, un gobierno que con menos reglas tenga mejores resultados”, pronunció Calderón el lunes 9 de agosto.
No es gratuito por ello que la iniciativa privada haya sido la primera en felicitar al presidente. “Es parte de lo que nosotros solicitábamos, que se abrieran las paraestatales, sobre todo Pemex, que está casi 100% cerrada, no sólo a las Pymes, sino a las empresas nacionales”, afirmó Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llama la atención, por ejemplo, que la instancia gubernamental que ha eliminado más normas supuestamente innecesarias sea precisamente Pemex, con una cuarta parte de los trámites eliminados: 2 mil 962 de 12 mil, una cifra dos veces más grande que el segundo lugar, el SAT, y 15 veces mayor que la de los otros organismos gubernamentales.
Sin embrago, tanto el diagnóstico como la medicina están equivocados. De ninguna manera podemos hablar de una “tradición” de “castigar” a las personas que no cumplen con la ley en México. Todo lo contrario. La historia nos habla de una clara impunidad que ha generado ciclos viciosos de corrupción e ilegalidad. En consecuencia, en lugar de “liberarnos” de la “profunda tradición legalista”, habría que fortalecer la regulación y hacerla más eficaz y contundente.
El lunes 9, el mismo Vega Casillas confesó que la existencia de mucha chatarra normativa no es el único problema que aqueja al gobierno: “Gran parte de los casos de corrupción que ha detectado la SFP se originaron por deficiencias normativas, por la discrecionalidad en la aplicación de la norma, pero sobre todo por la complejidad de la regulación”. Es evidente que reglas más claras y sencillas beneficiarían a todos, pero una simple “tala”, combinada con una “veda”, de ninguna manera resolverá los otros problemas más profundos de “deficiencia normativa” y exceso de “discrecionalidad”. Hace falta, por ejemplo, tomar medidas contundentes para dotar de mayor credibilidad, independencia y fuerza a las instituciones de fiscalización y control en todo el país, así como para facilit0ar la denuncia, tanto ciudadana como interna, entre otras reformas.
Tal y como hemos visto con las recientes acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en la Policía Federal, y en general en las tareas de seguridad pública, el cáncer de la corrupción no se resolverá simplemente con buenos deseos y “limpias” superficiales. La poda de algunas ramas muertas es una acción rescatable, pero no afecta en absoluto la raíz torcida del árbol de la corrupción que cada día rinde más frutos podridos.
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