sábado, septiembre 11, 2010

Masacre de migrantes, corresponsabilidad gubernamental

El hallazgo en Tamaulipas.

Sara Lovera

Transitar debía ser un derecho,

y también acceder a la hospitalidad de los países.

MÉXICO, D.F., 9 de septiembre (apro).- El asesinato colectivo de al menos 72 migrantes de Centro y Sudamérica, hecho conocido el 24 de agosto último y resultado de una cadena de atrocidades, hace preguntarse a muchas personas: ¿desde cuándo México es el guardián de la frontera de Estados Unidos? y ¿cuántas cosas más estarán sucediendo?

La masacre nos remite indiscutiblemente al “recuerdo de los miles de migrantes muertos en los últimos años en su intento de cruzar las fronteras en todo el mundo”, reflexiona Reyna Carretero, filósofa y doctora en Ciencias Políticas, autora de un diagnóstico sobre migrantes en la ciudad de México.

Ella señala que en este horrendo hecho cabe pensar en un “cinismo inconcebible que el Estado mexicano pretenda evadir su responsabilidad culpando al crimen organizado”, cuando es posible que suceda con la anuencia visible de las autoridades migratorias del país.

Los hechos sucedieron días antes de que se realizara el Foro sobre Ciudades Interculturales y Movilidad Humana, organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del DF, que dirige la doctora María Rosa Márquez, precisamente para examinar y acordar cómo debiéramos enfrentar el fenómeno de traslado por las fronteras de miles de personas y cómo lograr que las ciudades de recepción se conviertan en ciudades hospitalarias, amables, y que reconozcan los derechos de los migrantes.

Con motivo de ese foro, la Ciudad de México fue reconocida como una ciudad hospitalaria por el Consejo de Europa, anuncio oscurecido por las noticias, siempre tremendas de la realidad que vivimos en México.

La filósofa Reyna Carretero es también promotora de una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que fundada en el Artículo cuarto de la Constitución mexicana podrá establecer algunos mecanismos para reconocer los derechos humanos de quienes migran a esta metrópoli, además de que pretende dar un marco legal a esas personas, que siempre se trasladan por razones importantes. La más evidente, en estos tiempos, es la de carácter económico, puesto que el capitalismo salvaje obliga a miles y miles de pobres a buscarse la vida en otras latitudes.

Hasta ahora la ausencia de una ley que reconozca los flujos migratorios forzados de Centroamérica y del sur del país ha generado estos desastres, elevados a grado máximo por el egoísmo humano, la incapacidad para reconocer al otro, a la otra, a quien se considera extraño.

Una ley que pudiera transparentar el significado del desarraigo, la soledad en que se convierte la vida de miles y miles de seres humanos obligados a salir de su espacio, buscándose la vida o simplemente el trabajo que sostendrá esa vida.

En el foro, la doctora Márquez dijo que se trata de algo que no pensamos, ya que la Ciudad de México es una ciudad de inmigrantes y emigrados, esos que pretendemos defender desde aquí y sufren las desgracias más terribles en su afán por cruzar hacia Estados Unidos.

Sin embargo, y aun cuando el foro no logró concitar el interés que debiera, por las muchas ausencias inexplicables y la noticia que llegó cargada de dolor humano y un tufo de corrupción desde Tamaulipas, quedó claro que el signo que espera a quienes cruzan las fronteras es exclusión y marginación, grandes problemas a resolver, ya que impacta en los indicadores de bienestar y desarrollo, y es un obstáculo para la coexistencia pacífica.

Encima, la Ley Federal de Población --como dice la experta-- está atrapada en su anacronismo desde 1974, con algunas enmiendas de corte antiinmigrante, y también sirve a la instrumentación de un estado de excepción para la población migrante, reminiscencia infame de la hostilidad como falso principio existencial. Excepción sostenida en la “teodicea del mal”, esto es, del supuesto de conciliar y justificar el sufrimiento y el dolor a partir de una autoridad omnipresente, llámese Dios, Estado o de un imperativo mayor: la “seguridad” a través de la cual se impone como único horizonte posible el estado de terror y de miedo. Tamaulipas es hoy su mejor retrato.

Reyna Carretero le llama “el mal radical”, del que hablaban Immanuel Kant y Hanna Arendt, que demanda esfuerzos y recursos extraordinarios para operar en el mundo. Dice más: El mal y la violencia que nos confrontan hoy, a pesar de todos los discursos para constituirlos como destino inevitable, se revelan sólo como elección inmoral; más aún, el mal no tiene lugar como principio de vida y existencia; es así un excedente, un hybris, que ha devenido en “lugar común” a partir de su repetición, de su representación escenográfica que siempre nos horroriza, a pesar de la cual su situación siempre es temporal, derivada de su característica de no-lugar u-tópica, que impide su integración plena, puesto que hay que repetirlo junto con Emmanuel Lévinas, tantas veces sea necesario: “el mal no es sólo integrable, sino que además es la integrabilidad de lo inintegrable”.

Ahora, desde la capital de México, se trata de enfrentar al mal que disminuye la condición humana de una migración forzada, de los más pobres de Latinoamérica que transitan por México sin garantía alguna.

En el foro, una periodista relató lo que hemos visto sin inmutarnos en las noticias. A las mujeres se las humilla y viola, no importa su condición. Empiezan a sufrir en Tapachula y acaban muchas veces devastadas en la estación migratoria de Iztapalapa en la Ciudad de México, y recorren un largo andar hasta Estados Unidos, cuando pueden llegar.

Hemos visto los trenes donde se suben hombres y mujeres. Sabemos que son amenazados, robados y extorsionados, delitos inaceptables y tremendos. Es como si se negara su existencia humana, el ser completo de la población que emigra desde sus países de origen y pasan por México.

La nueva iniciativa que está en la ALDF, cuya promesa es dictaminarla y promulgarla, podría ser como un remanso en esta cadena del horror. Garantizaría la movilidad humana, enfrentando esa contradicción absurda del libre flujo de mercancías, pero también todos los impedimentos para el libre flujo de personas o un flujo, como sabemos, miserable, sostenido por las mafias de todo tipo, la que captura cuerpos femeninos para la esclavitud sexual, cuerpos infantes para lo mismo, para el comercio ilegal de órganos y para la explotación del trabajo.

Ir más allá, concebir todo el significado de lo que debiera ser normal, el tránsito humano por las razones que sean, sin vivir la exclusión, es algo que debiera estar en la agenda del Estado, generalmente sostenido por una sociedad complaciente.

Sería dar un paso, lo digo con Reyna Carretero, contrario al teatro del horror del Estado mexicano, la perspectiva ética de la hospitalidad, interculturalidad y la movilidad humana como matriz de sentido compartido. Algo posible, cristalizado en la propuesta de legalidad: la iniciativa de ley de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana de la Ciudad de México, ciudad de tránsito para migrantes que provienen de las regiones más empobrecidas de América Central y del sur de México y de los que residen de manera irregular sin poder integrarse de forma plena.

Esta iniciativa de ley de hospitalidad se creó pensando en ellos y ellas, rostro de los 72 migrantes asesinados y que hoy lamentamos. En esa iniciativa, ojalá ley muy pronto, se establece el reconocimiento del enriquecimiento cultural que aporta la presencia de las otras y los otros, integrar su presencia en el tejido social, no como él o la extraña, sino otorgando la calidad de huésped a todo migrante que llegue a la Ciudad de México, sin requerimiento o petición alguna de identificación o documentos migratorios, lo que les permitirá permanecer de manera legal en este territorio, así como el acceso a los servicios básicos de asistencia social que otorga el Gobierno del Distrito Federal.

Algo que es necesario apoyar y promover, sin duda.

saralovera@yahoo.com.mx

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