Hace 13 meses que la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene archivada una denuncia en contra de los hermanos Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada, este último titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la que se les acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señala también a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, así como a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech.
El pasado 6 de octubre, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, fue increpado por el diputado Gerardo Fernández Noroña por el “sesgo político” con que ha manejado este caso, ya que, hasta la fecha, la PGR no ha iniciado una investigación en contra de los familiares de un miembro del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa.
El “abogado de la nación” respondió así al señalamiento del legislador: “Respecto a la familia Patrón Laviada… si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho. No hay ni debe haber distingos”.
Sin embargo, Contralínea publicó en septiembre de 2009 (números 147 y 148) que, en esos días, Hacienda presentaba la misma acusación que ya había hecho en octubre de 2006, sin que el entonces procurador General, Daniel Cabeza de Vaca, iniciara la averiguación previa correspondiente.
La PGR había “extraviado” el expediente original en el que se denunciaban las millonarias operaciones bancarias de Ricardo José Patrón Laviada.
De acuerdo con el oficio 110/F/26/2009 –emitido por la UIF y del cual Contralínea posee copia–, desde el 7 de noviembre de 2008, la SHCP entregó a la PGR un diagrama y las cédulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patrón Laviada; las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL; Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; y de Pilar Cervera Hernández, Aída Amira Hernández Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada. La PGR devolvió el reporte.
El argumento esgrimido por la Procuraduría para devolver el expediente a la SHCP fue que no existían datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos ni del oficio por el cual fue presentada, como tampoco había averiguación previa iniciada en contra de las personas denunciadas.Hacienda manifestó que el argumento usado entonces por la PGR, de que no contaba con antecedentes de la denuncia ni de una averiguación previa iniciada, “resulta contrario a derecho”, ya que la dependencia “tenía la obligación de investigar los hechos denunciados a través del citado oficio”, conforme a las atribuciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 constitucional y el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La entidad responsable de investigar las operaciones posiblemente relacionadas con el blanqueo de capitales presentó, de nueva cuenta, una acusación el 1 de septiembre del año pasado, sin que hasta ahora se haya abierto una averiguación previa en contra de los acusados.
Se buscó al procurador Chávez Chávez para que explicara por qué la PGR no ha iniciado dicha averiguación, pero el área de Comunicación Social de la dependencia contestó que “el procurador no ofrece entrevistas a los medios de comunicación desde el inicio de su gestión”.
A través de Isaac Fragoso, el director general de Comunicación Social, Ricardo Nájera Herrera, dijo a Contralínea que no se podía dar información debido a “la secrecía de la investigación”.
Se buscó tanto a Nájera Herrera como a Octavio Campos Ortiz, director general adjunto de Información, para conocer el número del expediente de dicha investigación, así como la razón por la que el procurador Chávez Chávez no hizo alusión a ella en su comparecencia tras los señalamientos de Fernández Noroña. Al cierre de esta edición, no se tuvo respuesta de la PGR.
Procuraduría “por consigna”
En entrevista con Contralínea, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, sostiene que la PGR “actúa por consigna”, pues mientras que en el caso que involucra al diputado perredista Leonel Godoy Toscano la PGR mostró una celeridad “desproporcionada”, la denuncia en contra de los Patrón Laviada se ha mantenido archivada, aun cuando la acusación proviene de una dependencia del propio gobierno, lo que le da “mayor contundencia” al caso.
Fernández Noroña califica de “desfachatez” la respuesta dada por Chávez Chávez en San Lázaro respecto de que no hay distinciones en la aplicación de la ley, dada la inacción con que se ha mantenido la PGR en el caso que involucra a un miembro del gabinete calderonista.
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