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domingo, julio 31, 2011
lunes, octubre 18, 2010
PGR promete “investigar” a Patrón Laviada
Acorralado en el Congreso, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, no tuvo otra opción que referirse al caso del panista Patricio Patrón Laviada, funcionario federal acusado por Hacienda de supuestamente incurrir en lavado de dinero. Orillado por los diputados, titubeante, prometió investigar y actuar conforme a derecho. Agregó: “No hay ni debe haber distingos”. Sin embargo, tres procuradores han desfilado como “abogados de la nación” sin que iniciaran averiguación previa contra la familia del exgobernador de Yucatán y actual procurador ambiental. La primera denuncia, presentada en 2006, fue “extraviada” por las autoridades panistas. Hace más de un año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó otra. Nada parece perturbar al panista de abolengo
Hace 13 meses que la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene archivada una denuncia en contra de los hermanos Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada, este último titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la que se les acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señala también a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, así como a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech.
El pasado 6 de octubre, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, fue increpado por el diputado Gerardo Fernández Noroña por el “sesgo político” con que ha manejado este caso, ya que, hasta la fecha, la PGR no ha iniciado una investigación en contra de los familiares de un miembro del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa.
El “abogado de la nación” respondió así al señalamiento del legislador: “Respecto a la familia Patrón Laviada… si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho. No hay ni debe haber distingos”.
Sin embargo, Contralínea publicó en septiembre de 2009 (números 147 y 148) que, en esos días, Hacienda presentaba la misma acusación que ya había hecho en octubre de 2006, sin que el entonces procurador General, Daniel Cabeza de Vaca, iniciara la averiguación previa correspondiente.
La PGR había “extraviado” el expediente original en el que se denunciaban las millonarias operaciones bancarias de Ricardo José Patrón Laviada.
De acuerdo con el oficio 110/F/26/2009 –emitido por la UIF y del cual Contralínea posee copia–, desde el 7 de noviembre de 2008, la SHCP entregó a la PGR un diagrama y las cédulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patrón Laviada; las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL; Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; y de Pilar Cervera Hernández, Aída Amira Hernández Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada. La PGR devolvió el reporte.
El argumento esgrimido por la Procuraduría para devolver el expediente a la SHCP fue que no existían datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos ni del oficio por el cual fue presentada, como tampoco había averiguación previa iniciada en contra de las personas denunciadas. Hacienda manifestó que el argumento usado entonces por la PGR, de que no contaba con antecedentes de la denuncia ni de una averiguación previa iniciada, “resulta contrario a derecho”, ya que la dependencia “tenía la obligación de investigar los hechos denunciados a través del citado oficio”, conforme a las atribuciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 constitucional y el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La entidad responsable de investigar las operaciones posiblemente relacionadas con el blanqueo de capitales presentó, de nueva cuenta, una acusación el 1 de septiembre del año pasado, sin que hasta ahora se haya abierto una averiguación previa en contra de los acusados.
Se buscó al procurador Chávez Chávez para que explicara por qué la PGR no ha iniciado dicha averiguación, pero el área de Comunicación Social de la dependencia contestó que “el procurador no ofrece entrevistas a los medios de comunicación desde el inicio de su gestión”.
A través de Isaac Fragoso, el director general de Comunicación Social, Ricardo Nájera Herrera, dijo a Contralínea que no se podía dar información debido a “la secrecía de la investigación”.
Se buscó tanto a Nájera Herrera como a Octavio Campos Ortiz, director general adjunto de Información, para conocer el número del expediente de dicha investigación, así como la razón por la que el procurador Chávez Chávez no hizo alusión a ella en su comparecencia tras los señalamientos de Fernández Noroña. Al cierre de esta edición, no se tuvo respuesta de la PGR.
Procuraduría “por consigna”
En entrevista con Contralínea, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, sostiene que la PGR “actúa por consigna”, pues mientras que en el caso que involucra al diputado perredista Leonel Godoy Toscano la PGR mostró una celeridad “desproporcionada”, la denuncia en contra de los Patrón Laviada se ha mantenido archivada, aun cuando la acusación proviene de una dependencia del propio gobierno, lo que le da “mayor contundencia” al caso.
Fernández Noroña califica de “desfachatez” la respuesta dada por Chávez Chávez en San Lázaro respecto de que no hay distinciones en la aplicación de la ley, dada la inacción con que se ha mantenido la PGR en el caso que involucra a un miembro del gabinete calderonista.
Leer articulo completo AQUI.
lunes, agosto 30, 2010
Calderón: Para los amigos... impunidad
El titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada. Su clan, bajo investigación. Mientras el presidente Felipe Calderón anuncia que impulsará medidas para combatir el lavado de dinero, documentos con los que cuenta Proceso muestran que algunas investigaciones que se han iniciado para luchar contra este delito quedaron en el archivo. Así ocurrió con una querella que la Secretaría de Hacienda presentó contra Ricardo José Patrón Laviada por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La indagatoria alcanza incluso a su hermano, el exgobernador de Yucatán Patricio José, actual titular de la Profepa.
El 25 de octubre de 2006, en la recta final del sexenio de Vicente Fox, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, recibió un oficio “reservado y confidencial” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –folio 110/H/245/2006–, con una petición puntual: investigar posibles hechos delictivos cometidos por Ricardo José Patrón Laviada, hermano de Patricio José, entonces gobernador de Yucatán y actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A pesar del silencio cómplice de dicho procurador, quien ahora es consejero de la Judicatura Federal, la instancia encargada de detectar posibles delitos financieros en personas físicas y morales dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes no sólo mantuvo activa la indagatoria, sino que la extendió a otros miembros de la familia Patrón Laviada, incluyendo nada menos que al propio Patricio José, según se desprende del oficio 110/F/332/2008 fechado el 7 de noviembre de 2008.
Sin embargo, la PGR no actuó en ninguno de los dos casos.
Cuando Hacienda turnó el primer expediente a la procuraduría, Ricardo José era uno de los pocos integrantes del clan Patrón Laviada que había logrado mantenerse alejado de los escándalos públicos que desde hacía casi una década perseguían a su familia dentro y fuera de México. A sus hermanos Alejandro José y Antonio José se les ha vinculado más de una vez con la delincuencia organizada.
Firmado por el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, José Luis Martínez Colina, el documento –del cual Proceso tiene copia– dice:
“Con fundamento en los artículos 400-Bis párrafo IV del Código Penal Federal, 113, 117 y 118 del Código de Procedimientos Penales y 15-H fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vengo a denunciar hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) presuntamente cometidos por Ricardo José Patrón Laviada y sus socios Johnny Alberto Benítez Cetina, Cecilia Margarita Laviada y Arrigunaga o Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, José Baltasar Cetina Pech y quien o quienes resulten responsables.”
En la relatoría de hechos se indicó que Ricardo José es hermano de Patricio José Patrón Laviada, a la sazón gobernador de Yucatán, y que de 1998 a 2005 efectuó movimientos financieros “que no guardan relación con las actividades económicas declaradas, y mucho menos con sus manifestaciones de pago de impuestos”.
Enumeró algunos:
El 5 de septiembre de 2005, depositó 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital; de 2000 a 2005, realizó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos con 40 centavos y retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos en las siguientes cuentas también de Bital: 4014055156, 4014055206, 4014055214, 4014083042; en 2008, retiró 100 mil pesos de la cuenta 95050003488 abierta en banca Confía, y de 1998 a 2005 hizo dos depósitos en la cuenta 1626862 de Banamex, uno por 131 mil dólares y el segundo por 884 mil 72 pesos. También retiró 1 millón 45 mil 50 pesos.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP encontró operaciones sospechosas realizadas en distintas casas de bolsa por el hermano de Patricio José Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Sin precisar fechas, el documento consigna que en Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V., Ricardo José hizo dos transacciones: en la primera compró divisas y cheques de viajero por 4 mil dólares y en la segunda adquirió 10 mil dólares. En 2003, compró 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.
Oídos sordos
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investigó en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes y confirmó que el hermano del entonces gobernador de Yucatán declaró como actividad preponderante el “servicio de reparación de artículos y aparatos”; que se dio de alta el 16 de octubre de 1984 y que su número de cuenta fue reactivado el 30 de agosto de 2001.
Además, averiguó que fungía como representante legal de la agencia Yucateca de Vehículos, S.A. de C.V., y que era cotitular en cuatro cuentas bancarias adicionales registradas a nombre de Johnny Alberto Benítez Cetina, Margarita Laviada Arrigunaga, Francisco Rodríguez de la Gala Faller y José Baltasar Cetina Pech, con quienes compartía el mismo domicilio fiscal, así como el de la agencia automotriz.
La entidad fiscalizadora de Hacienda también detectó que para realizar sus operaciones bancarias Ricardo José dio tres domicilios distintos: Calle 15, número 113, por 20 y 22, Código Postal 97050, colonia Yucatán; calle Bugambilias, número M, por Cereza y Algarrobo, colonia La Ceiba, y Calle 22, número 449, Residencial Sol Campestre, Código Postal 97200.
En las declaraciones fiscales que presentó entre 2003 y 2005 los investigadores encontraron inconsistencias; la más grave fue la omisión del pago anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2003, declaró ingresos por 346 mil 583 pesos; en 2004, por 455 mil 233, y en 2005, por 462 mil pesos.
En el expediente que la SHCP envió al procurador Cabeza de Vaca también se incluían notas periodísticas relativas a presuntas actividades ilícitas –narcotráfico, venta de autos robados y negocios inmobiliarios fraudulentos– cometidas por al menos dos hermanos del actual titular de la Profepa: Alejandro José y Antonio José.
Otro hecho que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera fueron los inusuales movimientos bancarios realizados por Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga –prima de los Patrón Laviada– del 2 de mayo al 3 de octubre de 2005. De acuerdo con las pesquisas de Hacienda, en esos meses efectuó depósitos y retiros por 20 millones de pesos, de los cuales 14 millones fueron ingresados en efectivo.
La cuenta personal que Laviada Arrigunaga manejaba en Bital –número 4029764750– tuvo 69 movimientos en el lapso mencionado. En varias ocasiones, detalla el informe, efectuó el mismo día depósitos y retiros por más de 100 mil pesos.
Además, la investigación fiscal arrojó otro dato: que al momento de efectuar esas operaciones su cédula del Registro Federal de Causantes no estaba vigente y que en una declaración previa había manifestado que su actividad principal eran las tareas del hogar.
Concluye la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP:
“El millonario manejo en efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas, son elementos que permiten establecer indicios fundados respecto de la probable procedencia ilícita de los recursos operados dentro del sistema financiero mexicano por todos y cada uno de los ahora denunciados, con la probable finalidad de dar apariencia de legalidad a los mismos y con ello tratar de impedir conocer el origen del numerario. Por ese motivo, se hace del conocimiento de esa representación Social de la Federación para los fines legales a que haya lugar.”
Solapamientos
A pesar de la abundancia de elementos incriminatorios, el procurador Cabeza de Vaca, así como los dos funcionarios que lo sucedieron en el cargo durante el gobierno calderonista, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, no le dieron trámite a la denuncia.
Al contrario, la hicieron perdediza. Ello se desprende del oficio número 110/F/26/2009 que el entonces director general adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías Beltrán, dirigió el 1 de septiembre de 2009 a Irving Barrios Mojica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR.
En dicho documento, “reservado” y “confidencial”, se incluye parte de un oficio enviado por la PGR para justificar su omisión:
“Se realizó una minuciosa búsqueda en el Libro de Gobierno de esta Unidad Especializada, en bases de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos, obteniéndose como resultado que, al día de la fecha, no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas…”
Sin embargo, Elías Beltrán le recordó a Barrios Mojica que, de acuerdo con el acuse de recibo que obra en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el oficio fue recibido en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.
También le hizo saber que el 7 de noviembre de 2008 envió a la PGR el oficio número 110/F/332/2008, con el resultado de la investigación fiscal que realizó a otros integrantes del clan Patrón Laviada, entre quienes figuraban Alejandro José y Patricio José, quien en ese momento ya era titular de la Profepa.
En ese mismo reporte fiscal de Hacienda aparecen los nombres de otras personas físicas y morales: Pilar Cervera Hernández, hija del exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, y esposa de Alejandro José Patrón Laviada; Aída Amira Hernández Guerra, viuda de Cervera y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Alfonso Humberto Zabaleta Laviada, y las empresas Industrial Empacadora y Propesca.
El documento incluye diagramas, cédulas de operaciones relevantes y constancia de la consulta al Registro Federal de Contribuyentes, así como al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía (Siger). Todo ello en relación con las personas sometidas a la pesquisa.
En el oficio de septiembre de 2009 Elías Beltrán manifestó su inconformidad por la desidia mostrada por la PGR para iniciar una investigación formal contra Ricardo José Patrón Laviada y sus hermanos.
“El argumento –alega Elías Beltrán– esgrimido por esa Representación Social de la Federación, para la devolución del reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/144/08 a esta Dirección General Adjunta de Procesos Legales, resulta contrario a derecho, en virtud de que no basta que indique que ‘no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentado la misma ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas’.
“Ello en virtud de que tal y como esa Representación Social de la Federación podrá observar en la copia certificada del acuse de recibo del oficio 110/H/245/2006 de 25 de octubre de 2006, mismo que se remite como anexo 1, fue recibido por esa Unidad Especializada el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.”
Con base en ese documento, el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sostuvo que la PGR “tenía obligación de investigar los hechos denunciados, llevando a cabo una averiguación previa, practicando y ordenando la realización de todos los actos conducentes para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados y, en su caso, determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal”.
Además, destacó que el reporte adicional enviado a la PGR acerca de las operaciones realizadas por Patricio José y Alejandro José Patrón Laviada, entre otras personas físicas y morales, “robustece aún más la necesidad” de que esa dependencia proceda a ejercer las atribuciones que le han sido conferidas.
A casi un año de distancia de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP refrendó su petición para que se investigue a Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada y socios, ni Medina Mora ni Chávez Chávez cumplieron con su deber de investigar los presuntos delitos.
martes, agosto 10, 2010
MILES DE EXPEDIENTES DE “PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS”
El gobierno de Calderón integra miles de expedientes financieros confidenciales en contra de “personas políticamente expuestas”, para acreditarles supuestos vínculos con el crimen organizado y su responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Mientras las pesquisas contra los políticos de oposición son usadas con fines electorales, las de funcionarios panistas son congeladas. A los priistas les documentan cuentas financieras con depósitos bancarios millonarios “injustificables”, clasificados como “inusuales” y “relevantes”El gobierno federal dispone del trabajo de diversas áreas de inteligencia para ejercer presión sobre políticos, empresarios y luchadores sociales que le son incómodos y los obliga a someterse para dejar de criticar sus políticas públicas.
Se trata de miles de expedientes, que integran la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de quienes califica como “personas políticamente expuestas”, principalmente en periodos electorales como el que acaba de llevarse a cabo y el que viene para 2012.
Experta en investigar los delitos llamados de “cuello blanco”, esa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abiertas miles de investigaciones por presuntos delitos de lavado de dinero. Contralínea ha dado cuenta de algunos de esos expedientes “confidenciales”: Patricio Patrón Laviada, Emilio Chuayffet, Gregorio Sánchez Martínez y ahora Manlio Fabio Beltrones.
Investigados por el área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, tan sólo estos cuatro políticos han corrido suertes distintas: El excandidato a la gubernatura de Quintana Roo, el perredista Greg Sánchez Martínez, está preso en el penal de máxima seguridad de Nayarit bajo acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que su esposa, Silvia Benítez Niurka Alba, es también investigada por el delito de tráfico de indocumentados procedentes de Cuba y Rusia.
El priista Emilio Chuayffet, coordinador de la bancada mexiquense en la Cámara de Diputados, también tiene un amplio expediente abierto en la UIF, la cual reporta que el político del Estado de México nunca justificó el origen de varios millones de pesos que le fueron depositados en efectivo en diversas instituciones bancarias; sin embargo, la investigación se mantiene bajo reserva.
Manlio Fabio Beltrones
Próximo presidente del Senado de la República, cargo que ocupará a partir del 1 de septiembre, Manlio Fabio Beltrones y su hermano Roberto Alcides también son sujetos a investigaciones de la UIF y la CNBV, las cuales solicitaron información confidencial de las cuentas bancarias y movimientos financieros que han hecho los dos en los últimos cinco años.
El expediente del senador Beltrones, cuya copia posee Contralínea, da cuenta de que este político sonorense con aspiraciones presidenciales ha realizado operaciones financieras y bancarias “inusuales” y “relevantes”, lo que motivó a los investigadores de Hacienda a prender los focos rojos y abrir una amplia investigación en su contra.
La información de carácter financiero sobre el senador Manlio Fabio señala: “De la consulta realizada a la base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera se conoció la siguiente información sobre ciertas operaciones que las instituciones de crédito señaladas a continuación –en su carácter de sujeto obligado bajo el artículo 115, fracción II, inciso a, de la Ley de Instituciones de Crédito– reportaron a la propia Unidad”.
El panista Patricio Patrón Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y amigo de Felipe Calderón, tiene abierto un expediente financiero que involucra a miembros de su familia con cárteles de la droga y elblanqueo de capitales; pero al contar con la protección de Los Pinos, la denuncia presentada por la UIF en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República (PGR), fue “extraviada”, lo que motivó duras quejas de la Secretaría de Hacienda en oficios turnados a la PGR, y a pesar de lo cual no se ha procedido por tratarse de un destacado miembro del gabinete federal.Leer articulo completo AQUI.
sábado, septiembre 19, 2009
PGR “pierde” expediente de lavado de dinero contra los Patrón Laviada
De aprobar el Senado de la República la propuesta del presidente Felipe Calderón para que Arturo Chávez Chávez se convierta en el abogado de la nación, el litigante y exprocurador de Chihuahua deberá –en medio de la crisis que enfrenta la PGR– resolver el “extravío” de un espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra a familiares y amigos del exgobernador Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Profepa, en el delito de lavado de dinero.
A finales del sexenio de Vicente Fox, cuando en la Procuraduría General de la República (PGR) despachaba Daniel Cabeza de Vaca –actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación–, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, comúnmente conocido como lavado de dinero, en contra del hermano del exgobernador de Yucatán y actual procurador federal del Medio Ambiente, Patricio Patrón Laviada.
Para sorpresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entidad responsable de investigar los delitos de cuello blanco y responsable de la acusación por blanqueo de capitales en contra de parientes y amigos de Patrón Laviada, la PGR no encuentra dicho expediente penal que involucraría a un distinguido panista y prominente miembro del gabinete de Felipe Calderón.
El 26 de octubre de 2006, a poco más de un mes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda denunció ante la PGR por lavado de dinero a Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech (Contralínea 147).
Durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón, el ahora exprocurador Eduardo Medina Mora no sólo no integró la averiguación previa correspondiente de la denuncia que le heredó su antecesor Cabeza de Vaca, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero se “extravió” la acusación presentada por la SHCP y hasta la fecha, dicen fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace creer que se trata de una maniobra para proteger a la familia del procurador del Medio Ambiente.
Con la renuncia de Medina Mora a la PGR, el menudo problema de la pérdida de expedientes penales lo heredará Arturo Chávez Chávez, siempre y cuando el Senado de la República acepte la propuesta presidencial para que este chihuahuense ocupe el cargo de procurador general de la república.
Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR, por la pérdida de dicho expediente en contra de la familia Patrón Laviada, se acrecentaron a principios de este año, cuando mediante oficio la procuraduría fue determinante para negar cualquier investigación abierta en contra de los Patrón Laviada y sus amigos:
“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”.
Las operaciones financieras sospechosas
En el número anterior de Contralínea (147) se describieron las operaciones financieras que para las autoridades resultan por lo menos “sospechosas” del delito de blanqueo de capitales, por lo que esperan que el nuevo titular de la PGR rectifique la “actitud” del Ministerio Público Federal y proceda contra quienes resulten responsables.
Ésta es una breve síntesis de las operaciones financieras que integran el expediente “perdido” en la PGR:
De acuerdo con la acusación penal, el hermano de Patricio Patrón Laviada realizó movimientos financieros por varias decenas de millones de pesos en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes.
En la investigación federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en la cuenta bancaria número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), por 100 mil pesos.
La acusación incluye datos de informaciones periodísticas en donde se señala al entonces gobernador Patrón Laviada como benefactor de sus familiares, mediante recursos desviados de programas sociales, además de ser supuestamente permisivo para que sus parientes pudieran especular con bienes raíces, gestionar la venta de vehículos para algunos ayuntamientos de Yucatán y mantener el control sobre permisos de taxis y mercados.
Entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.
En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005 por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.
En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.
En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el Impuesto Sobre la Renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.
En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida.
Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas: 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina; 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular); 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech; 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos.
Otros acusados
La denuncia penal incluye a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, quien de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Hacienda realizó movimientos financieros entre el 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, en la cuenta 4014055248 de Bital, por 20 millones 283 mil 23 pesos, de los cuales 14 millones 352 mil 855 pesos se depositaron en efectivo. Esa misma cuenta presenta retiros y cargos por 20 millones 401 mil 196 pesos.
Para las autoridades fiscales es “muy sospechoso” que Cecilia Margarita haya declarado como su actividad el hogar y en sus cuentas realice operaciones financieras superiores a los 9 millones de pesos en el lapso de sólo tres meses. Lo que más hace dudar a las autoridades financieras sobre el origen del dinero, es que Cecilia Margarita no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
Al seguir la ruta del dinero, los investigadores fiscales encontraron que en dicha cuenta bancaria, entre el 1 de junio de 2002 y el 17 de agosto de 2005, se realizaron depósitos y retiros en 69 ocasiones por montos similares que van de los 100 mil a los 313 mil pesos.
Aunque en esa cuenta se operaban cantidades cuantiosas, se mantenían saldos comparativamente inferiores, es decir, no había permanencia de los recursos operados en la cuenta, como si se tratara sólo de utilizar la cuenta bancaria para triangular recursos y que la autoridad los perdiera de vista.
Entre los movimientos financieros triangulados entre personas y cuentas relacionadas en banco Bital, están Ricardo José Patrón Laviada, cuenta 4014055248; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, cuenta 4006606453, y Francisco Rodríguez de la Gala Faller, cuenta 40140552248.
Cecilia Margarita está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave LAAC280521QD1, con fecha de inicio de operaciones el 1 de marzo de 1986, pero Hacienda no localizó declaraciones fiscales anuales presentadas, de ahí se desprende que podría, por lo menos, haber evasión fiscal.
Otro de los acusados, Jhonny Alberto Benítez Cetina, quien durante el periodo del 1 de julio de 2005 al 18 de octubre del mismo año, en su cuenta 4029764750 abierta en Bital, realizó depósitos y abonos por 5 millones 437 mil 276 pesos, de los cuales 3 millones 102 mil 552 fueron en efectivo. Hizo otros retiros y cargos por 5 millones 554 mil 613 pesos.
Esta operación es “inusual”, de acuerdo con las autoridades financieras, primero porque dicha persona está relacionada con Ricardo Patrón Laviada, hermano de quien fuera gobernador de Yucatán y quien también ha sido mencionado, según la denuncia penal, de mantener relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de operar con vehículos robados, facturas falsas y de tener supuestamente vínculos con doña Leydi (Acevedo Ortegón, alias La Teacher o La Leydi), quien ha controlado el narcotráfico en la Península de Yucatán.
La acusación en poder de la PGR destaca que Ricardo José Patrón Laviada y Jhonny Alberto Benítez Cetina son cotitulares en la cuenta bancaria de Bital número 4029764750. El domicilio proporcionado por Benítez Cetina es Calle 15, número 107, colonia Yucatán, en Mérida.
En otra información reportada por Banco Internacional a la Secretaría de Hacienda, se conoció que en 2005, en la cuenta 4029764750, se realizaron seis “operaciones relevantes” de retiro, por un total de 1 millón 353 mil pesos.
En información de carácter fiscal, Benítez Cetina ha declarado dedicarse a la actividad de la ganadería, y su situación con el fisco es activa desde el 6 de diciembre de 2002, sin embargo no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
La cuarta persona acusada por el delito de lavado de dinero es José Baltasar Cetina Pech, quien tiene su domicilio en Calle 24, número 177, colonia García Gineres, en Mérida. De acuerdo con los reportes bancarios, tiene una cuenta en Bital, número 4014057574, en donde entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre del mismo, realizó depósitos y abonos por 5 millones 369 mil 897 pesos, y retiros y cargos por 5 millones 443 mil 367 pesos.
La acusación en su contra indica que el cliente se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos y seminuevos, y que las instituciones financieras conocen al cliente porque es accionista de Grupo Yucateco de Vehículos y, según denuncias periodísticas, estaría vinculado con el narcotráfico y crimen organizado.
Cetina aparece en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CEPB740208-9W5, con inicio de operaciones el 4 de septiembre de 2002 y su actividad es la “fabricación de otras partes y accesorios de autos y camiones”.
Conclusiones de Hacienda
De acuerdo con el análisis que hace la Secretaría de Hacienda sobre los cómplices y parientes del actual titular de la Profepa, Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio.
Con excepción de Cecilia Margarita Laviada, los tres denunciados comparten el mismo domicilio fiscal de Ricardo José Patrón Laviada, ubicado en Calle 15, número 113, colonia Yucatán, en Mérida.
Sobre Benítez Cetina, la denuncia penal indica que en la cuenta bancaria a su nombre se realizaron depósitos y retiros por más de 10 millones de pesos, lo cual contrasta con el hecho de que Hacienda no encontró sus declaraciones para efectos fiscales. Además de haber sospechas de supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En la cuenta abierta a nombre de Cecilia Margarita, entre del 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, se operaron depósitos y abonos por más de 20 millones de pesos y retiros y recargos por una cantidad similar. De ese monto, 14 millones fueron movimientos financieros en efectivo. Además, en 68 ocasiones los recursos operados en dicha cuenta fueron superiores a los 100 mil pesos.
Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.
Para sorpresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entidad responsable de investigar los delitos de cuello blanco y responsable de la acusación por blanqueo de capitales en contra de parientes y amigos de Patrón Laviada, la PGR no encuentra dicho expediente penal que involucraría a un distinguido panista y prominente miembro del gabinete de Felipe Calderón.
El 26 de octubre de 2006, a poco más de un mes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda denunció ante la PGR por lavado de dinero a Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech (Contralínea 147).
Durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón, el ahora exprocurador Eduardo Medina Mora no sólo no integró la averiguación previa correspondiente de la denuncia que le heredó su antecesor Cabeza de Vaca, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero se “extravió” la acusación presentada por la SHCP y hasta la fecha, dicen fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace creer que se trata de una maniobra para proteger a la familia del procurador del Medio Ambiente.
Con la renuncia de Medina Mora a la PGR, el menudo problema de la pérdida de expedientes penales lo heredará Arturo Chávez Chávez, siempre y cuando el Senado de la República acepte la propuesta presidencial para que este chihuahuense ocupe el cargo de procurador general de la república.
Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR, por la pérdida de dicho expediente en contra de la familia Patrón Laviada, se acrecentaron a principios de este año, cuando mediante oficio la procuraduría fue determinante para negar cualquier investigación abierta en contra de los Patrón Laviada y sus amigos:
“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”.
Las operaciones financieras sospechosas
En el número anterior de Contralínea (147) se describieron las operaciones financieras que para las autoridades resultan por lo menos “sospechosas” del delito de blanqueo de capitales, por lo que esperan que el nuevo titular de la PGR rectifique la “actitud” del Ministerio Público Federal y proceda contra quienes resulten responsables.
Ésta es una breve síntesis de las operaciones financieras que integran el expediente “perdido” en la PGR:
De acuerdo con la acusación penal, el hermano de Patricio Patrón Laviada realizó movimientos financieros por varias decenas de millones de pesos en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes.
En la investigación federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en la cuenta bancaria número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), por 100 mil pesos.
La acusación incluye datos de informaciones periodísticas en donde se señala al entonces gobernador Patrón Laviada como benefactor de sus familiares, mediante recursos desviados de programas sociales, además de ser supuestamente permisivo para que sus parientes pudieran especular con bienes raíces, gestionar la venta de vehículos para algunos ayuntamientos de Yucatán y mantener el control sobre permisos de taxis y mercados.
Entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.
En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005 por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.
En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.
En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el Impuesto Sobre la Renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.
En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida.
Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas: 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina; 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular); 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech; 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos.
Otros acusados
La denuncia penal incluye a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, quien de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Hacienda realizó movimientos financieros entre el 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, en la cuenta 4014055248 de Bital, por 20 millones 283 mil 23 pesos, de los cuales 14 millones 352 mil 855 pesos se depositaron en efectivo. Esa misma cuenta presenta retiros y cargos por 20 millones 401 mil 196 pesos.
Para las autoridades fiscales es “muy sospechoso” que Cecilia Margarita haya declarado como su actividad el hogar y en sus cuentas realice operaciones financieras superiores a los 9 millones de pesos en el lapso de sólo tres meses. Lo que más hace dudar a las autoridades financieras sobre el origen del dinero, es que Cecilia Margarita no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
Al seguir la ruta del dinero, los investigadores fiscales encontraron que en dicha cuenta bancaria, entre el 1 de junio de 2002 y el 17 de agosto de 2005, se realizaron depósitos y retiros en 69 ocasiones por montos similares que van de los 100 mil a los 313 mil pesos.
Aunque en esa cuenta se operaban cantidades cuantiosas, se mantenían saldos comparativamente inferiores, es decir, no había permanencia de los recursos operados en la cuenta, como si se tratara sólo de utilizar la cuenta bancaria para triangular recursos y que la autoridad los perdiera de vista.
Entre los movimientos financieros triangulados entre personas y cuentas relacionadas en banco Bital, están Ricardo José Patrón Laviada, cuenta 4014055248; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, cuenta 4006606453, y Francisco Rodríguez de la Gala Faller, cuenta 40140552248.
Cecilia Margarita está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave LAAC280521QD1, con fecha de inicio de operaciones el 1 de marzo de 1986, pero Hacienda no localizó declaraciones fiscales anuales presentadas, de ahí se desprende que podría, por lo menos, haber evasión fiscal.
Otro de los acusados, Jhonny Alberto Benítez Cetina, quien durante el periodo del 1 de julio de 2005 al 18 de octubre del mismo año, en su cuenta 4029764750 abierta en Bital, realizó depósitos y abonos por 5 millones 437 mil 276 pesos, de los cuales 3 millones 102 mil 552 fueron en efectivo. Hizo otros retiros y cargos por 5 millones 554 mil 613 pesos.
Esta operación es “inusual”, de acuerdo con las autoridades financieras, primero porque dicha persona está relacionada con Ricardo Patrón Laviada, hermano de quien fuera gobernador de Yucatán y quien también ha sido mencionado, según la denuncia penal, de mantener relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de operar con vehículos robados, facturas falsas y de tener supuestamente vínculos con doña Leydi (Acevedo Ortegón, alias La Teacher o La Leydi), quien ha controlado el narcotráfico en la Península de Yucatán.
La acusación en poder de la PGR destaca que Ricardo José Patrón Laviada y Jhonny Alberto Benítez Cetina son cotitulares en la cuenta bancaria de Bital número 4029764750. El domicilio proporcionado por Benítez Cetina es Calle 15, número 107, colonia Yucatán, en Mérida.
En otra información reportada por Banco Internacional a la Secretaría de Hacienda, se conoció que en 2005, en la cuenta 4029764750, se realizaron seis “operaciones relevantes” de retiro, por un total de 1 millón 353 mil pesos.
En información de carácter fiscal, Benítez Cetina ha declarado dedicarse a la actividad de la ganadería, y su situación con el fisco es activa desde el 6 de diciembre de 2002, sin embargo no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
La cuarta persona acusada por el delito de lavado de dinero es José Baltasar Cetina Pech, quien tiene su domicilio en Calle 24, número 177, colonia García Gineres, en Mérida. De acuerdo con los reportes bancarios, tiene una cuenta en Bital, número 4014057574, en donde entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre del mismo, realizó depósitos y abonos por 5 millones 369 mil 897 pesos, y retiros y cargos por 5 millones 443 mil 367 pesos.
La acusación en su contra indica que el cliente se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos y seminuevos, y que las instituciones financieras conocen al cliente porque es accionista de Grupo Yucateco de Vehículos y, según denuncias periodísticas, estaría vinculado con el narcotráfico y crimen organizado.
Cetina aparece en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CEPB740208-9W5, con inicio de operaciones el 4 de septiembre de 2002 y su actividad es la “fabricación de otras partes y accesorios de autos y camiones”.
Conclusiones de Hacienda
De acuerdo con el análisis que hace la Secretaría de Hacienda sobre los cómplices y parientes del actual titular de la Profepa, Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio.
Con excepción de Cecilia Margarita Laviada, los tres denunciados comparten el mismo domicilio fiscal de Ricardo José Patrón Laviada, ubicado en Calle 15, número 113, colonia Yucatán, en Mérida.
Sobre Benítez Cetina, la denuncia penal indica que en la cuenta bancaria a su nombre se realizaron depósitos y retiros por más de 10 millones de pesos, lo cual contrasta con el hecho de que Hacienda no encontró sus declaraciones para efectos fiscales. Además de haber sospechas de supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En la cuenta abierta a nombre de Cecilia Margarita, entre del 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, se operaron depósitos y abonos por más de 20 millones de pesos y retiros y recargos por una cantidad similar. De ese monto, 14 millones fueron movimientos financieros en efectivo. Además, en 68 ocasiones los recursos operados en dicha cuenta fueron superiores a los 100 mil pesos.
Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.
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