Castigar los delitos con la privación de la libertad le cuesta al Estado mexicano 29 millones de pesos diarios, que representan 12 mil millones de pesos al año. Mantener en prisión a 222 mil 297 reclusos –casi el 40 por ciento de ellos, jóvenes que provienen de los sectores marginales de la sociedad– no ha contribuido a disminuir la tasa de criminalidad ni a disuadir a los delincuentes. Para Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta política abre una ventana “hacia un sistema sumamente autoritario de justicia penal, cobijado bajo una bandera benévola”.
El jurista, quien también presidió la Academia Mexicana de Ciencias Penales, manifiesta que, ante la criminalidad “desbordante y desbocada, de una antisocialidad que nos ocupa y preocupa, lo que hemos hecho ha sido multiplicar los delitos”. Explica que en la medida en que surgen los escándalos y preocupaciones sociales, los legisladores modifican y aumentan las penas.
Las hipótesis delictuosas y los tipos penales aumentaron, con punibilidades “verdaderamente exageradas” que saturan las prisiones, indica García Ramírez. Eso significa que se pretende combatir la criminalidad con penas de 50, 60 y hasta 70 años que, por supuesto, no se aplican a nadie porque “lo que prevalece es una rampante impunidad”, agrega el abogado.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México estima que esa política se inserta en un esquema donde, “para disgusto y horror de las autoridades locales”, no se dispone de los recursos necesarios para la manutención de los reclusos federales. A esta problemática se suma el hecho de que, en las prisiones, se aloja cerca del 40 por ciento de presos sin condena y que serían presuntos inocentes.
El también exprocurador General de la República describe que, en México, se generaron dobles sistemas penales y de cárceles. Existe “un sistema penal y prisiones asignadas para la delincuencia ordinaria, y otro sistema penal y prisiones para lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos designa como medidas especiales de control”. Ése sería el caso de los reclusos de la llamada delincuencia organizada.
El otro sistema penal atiende los “otros delitos” –homicidios, lesiones dolosas, delitos sexuales, secuestros, robos con armas–. Para el doctor en derecho, ante el panorama de criminalidad ya se debería haber adoptado una serie de medidas más racionales que, aparentemente, no se han emprendido.
En su análisis sobre la situación en las prisiones mexicanas, el expresidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito Federal sentencia: “Las prisiones son una manifestación sombría y cruel de un sistema penal”. Ese problema acarrea también el hacinamiento en prisiones.
El sistema de cárceles del Distrito Federal, concebido en 1975, preveía una población de 1 mil 500 o 1 mil 800 reclusos. Treinta y cinco años después, y a pesar de sus incrementos físicos, las prisiones resultan insuficientes para albergar a 13 mil o 14 mil reclusos.
Prisión para jóvenes excluidos
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, difundidas en julio pasado, el 33 por ciento de su presupuesto se destina para mantener a los presos en 429 reclusorios. Parte importante del universo de presos está constituido por jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de los sectores más marginales de la sociedad. La antropóloga social Elena Azaola Garrido estima que ese sector de procesados recibe penas de prisión tan altas que marginan más a los ya de por sí excluidos.
Los números muestran que la gente de escasos recursos es la que colma mayoritariamente las prisiones mexicanas. En México, el 70 por ciento de la población carcelaria recurrió a las defensorías de oficio; prácticamente no tuvieron defensa y por eso fueron a prisión, explica la especialista en criminalidad y violencia contra jóvenes.
Ante tal situación, Azaola cuestiona “severa y profundamente este sistema de justicia que mantiene en prisión a este grupo de personas en esas circunstancias”. Asimismo, describe que la sobrepoblación carcelaria es de 130 por ciento, con un incremento de la cuarta parte en los últimos años.
Este escenario, dice, es preocupante porque el de las prisiones es un mundo degradado, deshumanizado y en el que se invierten pocos o ningún esfuerzo; es la última de las prioridades en las agendas políticas. La especialista manifiesta que “es una ceguera política no atender lo que ahí ocurre. Nuestras cárceles están llenas de gente pobre que ha cometido delitos muy menores”.
Hasta ahora, no hay evidencia de que las prisiones cumplan con sus fines, sino que representan un daño en sí mismas para la población interna, que se distribuye a sus familias; también daña a las comunidades. Esto ocurre cuando se cometen delitos muy graves que quedan impunes y que generan en la sociedad la sensación de que no hay un juego limpio, de que no hay un juego justo, apunta la autora del estudio Crimen, castigo y violencias en México (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008).
La situación de México no es muy distinta a las políticas criminalísticas que aplican otros países de América Latina, por lo general todas privilegian el enfoque punitivo al tiempo que permanecen impermeables a otras evidencias de la experiencia internacional y los estudios científicos.
Por ello, considera que el abandono de programas de rescate social, particularmente los dirigidos a los sectores en riesgo, evidencia lo equívoca de la política criminológica actual; por ello, propone elaborar políticas criminales vinculadas con las políticas sociales y con más énfasis en la prevención.
Criminalidad impune
Los datos sobre la tasa de homicidios en el país muestran que, “para nuestra tragedia, estamos frente a un incremento de la criminalidad”, señala el jurista Sergio García Ramírez. Se refiere a la cifra de casi 30 mil “asesinatos” en lo que va de la supuesta guerra contra el narcotráfico.
Es apremiante transformar el sistema penitenciario y revisar de qué forma afectan las penas de libertad la conducta de las personas, coinciden analistas, legisladores y juristas.Mano dura… contra los pobres....y los pillos de los narcopoliticos corruptos?
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