Negativo saldo centroamericano de 2011

A la pobreza y la corrupción se sumaron la criminalidad y los desastres naturales. La región se mostró incapaz de hacer frente a las emergencias provocadas por fenómenos ligados al cambio climático y lo pagó con decenas de miles de damnificados. Al tiempo, el autoritarismo político podría regresa a la región.

Rolando de la Ribera/Prensa Latina

Los desastres naturales, el incremento de la criminalidad, los escándalos por corrupción y los efectos de la crisis económica global dejaron un saldo negativo en 2011 para la región centroamericana.

El área confirmó el riesgo que representa el cambio climático cuando temporales derivados de un sistema de bajas presiones dejaron en pocos días 130 muertos y casi 2 millones de afectados, informó la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres de la Cruz Roja Internacional.

Lluvias intensas ocasionaron una acumulación inusual de agua que causó inundaciones y deslaves, colapsó carreteras y puentes, y anegó viviendas y plantaciones, lo que obligó a declarar estados de emergencia y a pedir ayuda internacional.

El Salvador contabilizó 34 muertos, dos desaparecidos, 24 lesionados, 150 mil damnificados, más de 50 mil evacuados, 18 mil 455 casas sumergidas, 257 escuelas dañadas y más de 1 millón de personas perjudicadas.

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, consideró la lucha contra la vulnerabilidad del país un asunto de vida o muerte.

La Coordinadora para Reducción de Desastres de Guatemala confirmó 38 fallecidos; cinco desaparecidos; 18 heridos; 78 mil 20 damnificados; afectaciones para más de 524 mil 480 personas; y 4 mil 768 viviendas en riesgo (22 mil 685 dañadas, severamente 617 de éstas).

La Comisión Permanente de Contingencias de Honduras registró 18 muertos, 69 mil 119 damnificados, 11 mil 868 desplazados y casi 9 mil albergados, destrozos considerables en cultivos de maíz, ajonjolí, plátanos, yuca (tubérculo), arroz, caña de azúcar y café, y pérdidas millonarias en la producción camaronera.

Nicaragua reportó 13 fallecidos, 134 mil 500 damnificados y cuantiosas pérdidas materiales, en tanto Costa Rica informó de cinco muertos, dos desaparecidos, 12 mil afectados, casi 1 millar de albergados y daños en carreteras y los sectores ganadero, cafetalero, cañero, arrocero y tomatero.

En Panamá y Belice no hubo bajas humanas pero las autoridades atendieron a miles de desplazados por las crecidas.

Paralelamente, durante 2011 Centroamérica reflejó un alza en la criminalidad y presenta la tasa regional de homicidios más elevada del mundo, ascendente a 33.3 por cada 100 mil habitantes.

Ningún país del área escapó a este flagelo, de acuerdo con el Estudio Global de Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En Costa Rica, promovido antes como uno de los países menos violentos, se registra una tasa de homicidios de 11.9 por cada 100 mil habitantes; mientras que Panamá sobrepasa el medio millar de asesinatos en el año.

El triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) es considerado una de las regiones más peligrosas del mundo debido al tráfico de drogas destinadas al mayor consumidor mundial, Estados Unidos.

Honduras se ha convertido en el país más violento con 82.1 homicidios por cada 100 mil personas, de acuerdo con el informe citado.

El gubernamental comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, precisa que la tasa de asesinatos en el territorio supera casi 10 veces la registrada en el mundo, equivalente a 8.8 por cada 100 mil habitantes.

La cifra prevista para finales de 2011 (8 mil) casi triplica la registrada en 2006, cuando se reconocieron 3 mil 118 homicidios, para una tasa de 46 por cada 100 mil habitantes, evocó el sitio digital www.elheraldo.hn.

En ese escenario, dos estudiantes fueron asesinados por policías; el escándalo llevó a la detención de 176 uniformados corruptos y a la remoción de jefes como parte de una depuración del cuerpo de seguridad.

El Salvador ocupa el segundo lugar de mayor violencia en el mundo, con una tasa de 66 por cada 100 mil habitantes, en tanto, Belice (41.7) y Guatemala (41.4), respectivamente, ocuparon el sexto y séptimo puesto, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A ello contribuyen el narcotráfico, la proliferación de pandillas o maras y la existencia de más de 600 mil armas sin control dispersas en una región donde regímenes militares libraron guerras genocidas en la década de 1980.

Dichos episodios bélicos deterioraron progresivamente las condiciones de vida de la población y los gobiernos, aferrados a recetas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional, dejaron de atender a los sectores más vulnerables, lo que incrementó progresivamente el nivel de pobreza.

En esa coyuntura incidió sobre Centroamérica la actual crisis económica global y disminuyó el comercio con Estados Unidos, que es su principal mercado, deprimiéndose más los recursos del área.

Hoy la región vive una situación límite en cuanto a violencia y ello espanta las inversiones e impacta en la economía y la débil institucionalidad estatal, indica el medio digital costarricense www.informa-tico.com.

Pese a ese complejo marco, Centroamérica vivió dos procesos electorales en el año que finaliza.

En Nicaragua fue reelecto para un nuevo mandato el sandinista Daniel Ortega, quien por el éxito de sus políticas sociales mereció un 24 por ciento más de aceptación y ganó la mayoría parlamentaria, con 56 diputados.

Ante la imposibilidad de deslegitimar el proceso, los opositores provocaron disturbios, lo que ocasionó cuatro muertos y 46 policías heridos, de acuerdo con cifras oficiales.

Paralelamente, en Guatemala hubo que celebrar segunda vuelta y retornó al poder el exmilitar Otto Pérez Molina, del conservador Partido Patriota.

De acuerdo con el Diario de Centro América, esa elección reflejó el anhelo de muchos de combatir la criminalidad, aunque recelen de su pasado castrense.

En materia de integración, la región obtuvo un gran avance al celebrar en El Salvador la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe (Caricom).

El encuentro definió la relación entre ambas regiones como de carácter estratégico, asentó más los nexos económicos y estableció las bases políticas para un acuerdo comercial entre ambos esquemas integracionistas.

Ambas partes manifestaron su solidaridad con Haití, devastado por un terremoto en enero de 2010, donde aún viven en tiendas de lona 580 mil personas y 6 mil murieron en 2011 por una epidemia de cólera.

Los dos bloques exigieron a la comunidad internacional cumplir sus promesas de financiar la reconstrucción de ese país y elaboraron un plan de acción conjunto para la gestión responsable de los recursos pesqueros del Caribe.

También apoyaron la idea del presidente dominicano, Leonel Fernández, de llevar ante la ONU una propuesta para frenar la especulación en los precios del petróleo y los alimentos en los mercados financieros internacionales.

Además, acordaron promover el intercambio de experiencias y la cooperación técnica entre fuerzas policiales para avanzar en el combate a la violencia, la inseguridad y el narcotráfico.

Asimismo, decidieron colocar las iniciativas ambientales como puntos fundamentales para las dos áreas, pues el cambio climático genera peligros comunes.

Caricom lo componen Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago; mientras el Sistema de la Integración Centroamericana está integrado por Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Belice, Guatemala y Costa Rica.

Fuente: Revista Contralínea 264 / 18 diciembre de 2011

Escalada de horror: La narcotortura

Salvajismo primitivo

Llevada al paroxismo, la narcoviolencia desbordada por todo el país tiene un sello aterrador, el de la tortura como sistema, cuyas altísimas dosis de perversión dificultan los mejores intentos por hallarle una explicación a este fenómeno, por comprenderlo de una manera que pudiera llamarse racional… Especialistas consultados por Proceso acometen este esfuerzo y de entrada coinciden en que los desollamientos, los desmembramientos, las decapitaciones, buscan sobre todo sembrar el terror entre la población, enviar mensajes a los enemigos y eventualmente pulverizarlos en sus estructuras físicas, morales y de poder.

Fotograma de la película "El Infierno", de Luis Estrada.

Rodrigo Vera

Los variados métodos de tortura aplicados por los cárteles mexicanos de la droga –que generalmente terminan en la ejecución de las víctimas– se realizan con instrumentos rudimentarios, lo que, según los especialistas, habla de un retorno al “salvajismo más primitivo y sanguinario”, extendido ya a todo el país.

La mutilación, el desollamiento, la lapidación o la decapitación son sólo algunos de estos procedimientos que se realizaban en distintas épocas y lugares. Hoy son retomados por el crimen organizado, y se han vuelto tan comunes que ya conforman una expresión más de la llamada cultura del narcotráfico.

La “innovación” de los cárteles mexicanos en ese terreno consiste en la mutilación de personas con vida que después son ejecutadas y cuyos miembros son dispersados en distintos lugares para evitar su identificación.

La historiadora Evelyn Valle Contreras, especialista en métodos e instrumentos de tortura, comenta a Proceso:

“Actualmente, México atraviesa por una etapa de salvajismo muy primitivo y sanguinario que se suponía superado. Y la prueba es la alarmante escalada de torturas que realizan los cárteles de la droga.”

–¿Éstos utilizan algún tipo específico de tortura que los caracterice?

–No, más bien recogen métodos que ya se han aplicado en otras épocas, pero son de los más rudimentarios y sangrientos. A los especialistas nos llama la atención que, con las ganancias multimillonarias que deja la droga, los cárteles utilicen instrumentos tan arcaicos como el mazo, el palo, el hacha o el cuchillo.

“En ocasiones incorporan la electricidad o los ácidos, que vinieron a suplir al aceite y al agua hirviendo. Pero, por lo general, sus métodos e instrumentos son muy arcaicos. Ahí está el ejemplo de los cadáveres encontrados en Tamaulipas, que fueron torturados y masacrados a mazazos.”

Coordinadora histórica de las exposiciones Instrumentos de tortura y pena capital –que lleva 15 años exhibiéndose en el Palacio de Minería– y Cárceles de la Inquisición, procesos y tormentos –montada en el antiguo Palacio de la Inquisición–, Valle agrega:

“La gran innovación que han hecho los cárteles mexicanos es aplicar la mutilación a una o varias personas, para luego matarlas y dispersar sus partes desmembradas en distintos sitios. Ya nos acostumbramos a escuchar que aparecieron cabezas en bolsas de plástico, brazos en un baldío o piernas desmembradas en alguna calle.

“Las llamadas ‘narcofosas’ también son un fenómeno novedoso. Antes, a los torturados y asesinados no se les solía enterrar en grupo de manera clandestina. Sí hubo casos, por supuesto, pero no eran generalizados ni los cadáveres quedaban desmembrados en esa forma tan burda. De ahí que los deudos no puedan juntar el cadáver íntegro de su familiar.”

–¿Y cuál es la intención de estos macabros rompecabezas?

–Sembrar el terror entre la población. La clave consiste en que ya ni siquiera se respeta al cadáver. En épocas pasadas los cuerpos de los torturados y asesinados eran entregados a sus familiares, incluso en tiempos de la Inquisición, cuando se respetaba al cadáver y se le daba importancia a la salvación del alma. Ahora no; el cadáver es anónimo, ni siquiera vale la pena identificarlo. Esa es la variante.

Paroxismo criminal

El criminólogo y sociólogo Daniel Cunjama, profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y especialista en el tema, señala por su parte:

“Las llamadas narcotorturas –que incluyen la ejecución, pues es muy raro que un torturado salga vivo– se dan en un escenario desbocado, donde todos los límites han desaparecido. Estamos ante el derrumbe del edificio que nos configuraba como humanos y que tiene que ver con el altruismo, la piedad o la dignidad que inculcan las legislaciones humanistas o los preceptos religiosos.

“Basta citar la pena de muerte, prohibida por nuestra legislación y rechazada por la Iglesia con el ‘no matarás’. Sin embargo, la pena de muerte diariamente la aplica el crimen organizado. Las ejecuciones y los ajustes de cuentas se están convirtiendo en lo más común y normal en México. Es un fenómeno cotidiano que se ha incrementado muchísimo.”

En el estudio Decapitados y narcomensajes: el lenguaje del crimen, incluido en el libro Criminología reflexiva, coordinado por Cunjama, se dan cifras sobre este acelerado incremento de la tortura y de las ejecuciones, con base en estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De 2001 a 2005 había entre mil y mil 700 ejecutados al año. En 2006, la cifra llegó a 2 mil 221. En 2007 alcanzó 2 mil 712. Y en 2008 esta cifra casi se duplicó, alcanzando 5 mil 585 ejecuciones. La tendencia sigue en aumento.

Cunjama explica la razón:

“Vivimos un crecimiento del tormento-muerte que incluso supera la Ley del Talión del ojo por ojo, que es hacer padecer al otro un daño igual al que nos infligió. En la lucha entre los cárteles no funciona así. Es más bien: ‘Si tú le sacas un ojo a mi compañero, yo a ti te saco los dos y aparte te corto un brazo’. La respuesta es una tortura cada vez más atroz, una escalada de tormentos, decapitaciones y mutilaciones que no tiene fin.”

–¿Cuál es el objetivo de la tortura?

–Es un acto de venganza, o bien, un instrumento para sacar información al enemigo, en el contexto de la lucha por los mercados de la droga. Tiene también un objetivo secundario, lo que nosotros llamamos de “prevención general”, que es exhibir los cuerpos torturados para que sirvan de lección a los enemigos o atemoricen a la gente. Es como decir: “Vean, a mí no me tiembla la mano”.

“Toda tortura es cruel, provoca sufrimiento, resquebraja la autoestima, la dignidad y las resistencias axiológicas del torturado. Imagínese a cualquier narcotraficante con mucho dinero y un arma que le hace ejercer el poder, un poder que mata. Pero de pronto llega un grupo rival y lo desarma, lo desnuda y lo tortura de la manera más brutal, hasta matarlo. ¡Qué cambio tan radical! Entre ellos, la violencia es el camino para ganar poder… o para morir.”

–¿Cuál tortura es la más común entre el narco mexicano?

–La decapitación. Todos los cárteles la incorporaron a sus métodos de tortura y muerte; se ha generalizado muchísimo en México. No podemos decir que determinado cártel aplica tal o cual tortura que lo distinga. No, todos ejercitan tan variados tipos como su imaginación se los dicta, pues finalmente cualquier instrumento puede servir para torturar. Hay algunos grupos muy violentos, como Los Zetas o La Línea. Pero la decapitación es la práctica más común en todos ellos, es su sello característico.

Agrega el criminólogo que, de pronto, los cárteles mexicanos adoptan métodos de alguna organización criminal del extranjero.

“Esto sucedió con ‘la corbata colombiana’, que le copiaron a los narcotraficantes de Colombia. Esta tortura se aplica sobre todo a los soplones. Consiste en abrir verticalmente el cuello con un cuchillo, y por ahí sacarle la lengua a la víctima, de tal manera que le cuelgue como si fuera corbata”, explica Cunjama.

Este procedimiento fue muy utilizado por los sicarios de Amado Carrillo Fuentes. También se aplicó en el multihomicidio de la familia Narezo Loyola y sus dos empleadas domésticas, en la zona de Tlalpan de la Ciudad de México, un crimen causado por la supuesta disputa de un cargamento de 150 kilos de cocaína y 7 millones de pesos.

Además, dice Cunjama, la tortura es un código cifrado mediante el cual los narcotraficantes se envían mensajes entre sí:

“A los soplones se les corta o se les saca la lengua. A quien roba le cortan los dedos. A los testigos incómodos les sacan los ojos o les cortan las orejas. Detrás de cada tortura hay un mensaje. Todos son actos atroces que configuran una estética de lo grotesco, dentro de la cultura del narcotráfico”, apunta.

Torturar, una especialidad

En sus decomisos al narcotráfico, el Ejército Mexicano suele encontrar instrumentos de tortura –como garlopas para desollar, sopletes para quemar, torniquetes, cuchillos para mutilar, etcétera–, que ya está separando de los otros objetos decomisados a fin de analizarlos, revelaron fuentes castrenses al portal de noticias Terra, en una nota publicada el 9 de mayo de 2010.

Según esta información, en 2009 se decomisaron más de 300 instrumentos de tortura: navajas, astillas, engrapadoras, sierras, embudos, martillos, mazos, pinzas, ácidos, bates, picahielos y hasta sal en grano para las heridas.

Y se detalla que, en un operativo militar realizado en el municipio de Camargo, Tamaulipas, el 13 de abril de 2010, se localizó una bodega de Los Zetas con “seis tablas de tortura”, en las que se colocaba a las víctimas para azotarlas o desgarrarles la piel.

Las fuentes castrenses señalaron que Los Zetas y los Beltrán Leyva son las organizaciones delictivas que más recurren a la tortura. Lo mismo que La Familia michoacana y La Línea, sólo que éstas añaden el tiro de gracia.

Y agrega Cunjama:

“Los instrumentos de tortura hallados en los decomisos son evidencias de que, en lo interno, las organizaciones criminales tienen una división del trabajo muy marcada, como cualquier empresa. Tienen personal dedicado exclusivamente a torturar y, digamos, un departamento o área de tortura.

“Así trabajen en un cártel, no todas las personas son capaces de dedicarse a esta actividad tan cruel. El torturador necesita tener un perfil muy especial. Un requisito indispensable es que debe carecer de todo sentimiento de culpa, para que así pueda sacarle los ojos a una persona o descuartizar a un niño. Esta característica es importantísima.”

El criminólogo menciona a Teodoro García, El Teo, y a Santiago Meza, El Pozolero, como algunos narcos capturados que confiesan haberse dedicado a estas actividades específicas.

“Desde el punto de vista académico, la figura de El Pozolero es muy controversial, pues su actividad era desaparecer cadáveres, lo mismo que hace un cremador en cualquier agencia funeraria. Es la misma función. Sólo que este hombre era un eslabón de una cadena criminal que opera fuera de la ley; por eso nos resulta tan monstruoso”, comenta Cunjama.

Capturado en 2009, El Pozolero trabajaba para el cártel de Tijuana. Su función era “cocinar” los cadáveres de los adversarios, metiéndolos en recipientes con ácido y sosa cáustica.

Mientras que a El Teo –detenido el año pasado y quien servía al mismo cártel– se le atribuyen más de 300 ejecuciones, precedidas por largas sesiones de tortura.

Un caso muy sonado es el de El Ponchis, un niño de 14 años del Cártel del Pacífico Sur que se dedicaba a torturar y asesinar. Por internet llegaron a circular fotografías suyas en las que aparecía degollando a sus víctimas o portando rifles de alto poder.

La historiadora Evelyn Valle insiste en que las prácticas sanguinarias de estos torturadores –los degüellos de El Ponchis y la desintegración con líquido que llevaba a cabo El Pozolero– son muy viejas.

“El narcotráfico está incorporando métodos ya utilizados anteriormente. Está repitiendo las mismas actividades para dar tormento y muerte. Sólo que ahora, por ejemplo, practica el degüello con instrumentos más simples”, dice.

La especialista deambula por los oscuros recintos de lo que fue el Palacio de la Inquisición. Eran las mazmorras donde se confinaba a los herejes en la época colonial. Hoy, ahí se exhibe Cárceles de la Inquisición; procesos y tormentos, una amplia muestra de los instrumentos de tortura utilizados por la Iglesia novohispana en ese mismo sitio: el cepo, el potro, el garrote, el péndulo, tenazas para quitar la piel, látigos, horquillas…

Valle se detiene ante una tosca silla de madera, cuyo respaldo es un asta con un collarín de acero, el cual se abre o se cierra al mover un torniquete. Explica al reportero:

“Este es el famoso ‘garrote’. El cuello de la víctima se metía al collarín que, al irse cerrando, ocasionaba la muerte. Una variante era ‘La catalana’, en la que del collarín salía poco a poco una punta metálica que provocaba el degüello.

“Se censura mucho a las sociedades de entonces por recurrir a estas crueldades. Pero en la actualidad estamos repitiendo sus mismos métodos e incorporando otros nuevos. El narcotráfico volvió a sacar nuestro lado salvaje.”

Indica que la vieja práctica de la lapidación se manifiesta hoy con los llamados “entambados en cemento”; consiste en meter a la víctima –colocada de pie– en un tambo, para luego rellenarlo con cemento fresco que, al petrificarse, inmoviliza totalmente al torturado hasta provocarle la muerte por sed o inanición.

Prácticas inefables

En noviembre de 2007, en una playa cercana a Acapulco, Playa Olvidada, la policía guerrerense y la Armada de México encontraron los cadáveres de dos entambados en cemento, una práctica que se ha extendido a otros puntos del país.

A los tambos también se acostumbra llenarlos de agua y meter en ellos a las víctimas, provocándoles la muerte por ahogo. “Son las muertes con agua, que han sido muy comunes y variadas, ya que pueden practicarse con muchos instrumentos, como embudos puestos en la boca de los torturados”, indica Valle.

Y precisa que el desollamiento de personas vivas es otra vieja tortura que, en México, resurge con toda su crueldad. En enero de 2010, por ejemplo, ocurrió un caso macabro; con el rostro desollado de una víctima se cubrió un balón de fútbol: era una esférica y siniestra máscara de piel humana que podía rodar.

Uno de los desollamientos más recientes se perpetró en abril pasado, en Tepic, Nayarit; recargado en los barrotes de un puente se encontró el cadáver de un despellejado al que le cortaron las manos.

Valle y Cunjama coinciden en que hasta el momento no se han detectado prácticas de canibalismo entre los cárteles, que representarían un retorno más radical al México bárbaro.

“El caso más reciente que se acerca al canibalismo es el de El Caníbal de la Guerrero. Pero fue un caso aislado y muy al margen del narcotráfico. Por su parte, El Pozolero provocó que nuestro humor negro jugueteara con la antropofagia. Pero él realmente no hacía pozole para comer. ¡Vaya! ni siquiera era pozole”, comenta Cunjama.

–¿Esta violencia es un resabio proveniente de los sacrificios humanos del pasado prehispánico?

–¡No! Aquellas torturas y sacrificios tenían una finalidad muy distinta; se ofrecían a los dioses. De entonces a la fecha se interpone un periodo de cinco siglos de civilización occidental y católica. ¡Nada qué ver!

Cunjama indica que, a través de las narcomantas y el internet, el crimen organizado está difundiendo sus métodos de tortura:

“Es una violencia muy visible y novedosa, que además están reproduciendo y explotando los medios de comunicación, porque se dieron cuenta del atractivo morboso que despiertan los cuerpos destazados y mutilados… La tortura se convirtió en un redituable bien de consumo.”

–¿Qué utilidad tiene investigar los métodos de tortura del narcotráfico?

–Saber frente a qué estamos, conocer cómo se está dando este extendido fenómeno criminal. Después le damos una explicación. Con base en nuestras investigaciones, a la parte política le tocará frenar esta imparable ola de violencia que está sacudiendo a nuestro sistema moral, social y psicológico. Todos nuestros valores se están viniendo abajo, ¡todos!

[México] El gobierno fallido

El de Felipe Calderón es un gobierno fallido que estando próximo a cumplir cuatro años de usurpar el poder, ha fracasado estruendozamente en su narcoguerra y está llevando a México a la desesperación.

Tomás Oropeza

México, 11.XI. 2010.- A pesar de las declaraciones triunfalistas del gobierno de derechas encabezado por Felipe Calderón, el país sigue inmerso en una espiral de violencia provocada por la estrategia militarista para combatir a la llamada delincuencia organizada, sin tocar sus finanzas y sin una política social que erradique la pobreza de millones de mexicanos que viven una interminable crisis económica y social.

A casi cuatro años de iniciada la guerra del gobierno de facto panista contra algunos carteles del narcotráfico que ha costado más de 39 mil muertes, el gobierno reconoce que no tiene control cuando menos en 400 municipios de los 2438 que tiene el país y los ataques de las narcobandas contra las fuerzas castrenses y policíacas no cesan y han escalado en violencia y uso de armamento sofisticado.
No es exagerado por ello decir que el gobierno calderonista no tiene capacidad para garantizar la seguridad de los mexicanos ni tampoco su progreso y bienestar.

El de Calderón es un gobierno fallido y lejos de resolver los graves problemas nacionales los está aumentando conforme a un plan que busca desestabilizar y generar condiciones para el establecimiento de un Estado de excepción a nivel nacional.
En estos días aciagos México vive una situación absurda donde el ejército ayuda a que habitantes de pueblos amenazados por uno de los cárteles de la droga huyan hacia otras ciudades, en lugar de protegerlos. O que una banda ofrezca su auto disolución y retiro a cambio de que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes del estado de Michoacán. Del que es originario el presidente de facto Felipe Calderón y donde pretende imponer a su hermana, Luisa Maria, como gobernadora el próximo año.

La primer situación del mundo al revés que se vive en México se presenta en Mier y Camargo, dos municipios de Tamaulipas entidad que desde la muerte del jefe del cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen alias Tony Tormenta, a manos de la Marina Armada de México, se ha convertido en una plaza ambicionada por varias bandas, entre ellas Los Zetas, integrada por ex militares de tropas entrenadas en la Escuela de las Américas para combatir el levantamiento zapatista de 1994.

Horas después de la caída del hermano del fundador del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillen, preso desde 2007 en Estados Unidos, la violencia que se vivió en Matamoros el pasado viernes se extendió a más de diez municipios tamaulipecos y aparecieran narcomantas en todos los estados del Golfo de México con mensajes de Los Zetas, burlándose de sus rivales y amenazándolos con apropiarse de sus mercados y rutas de la droga rumbo a Estados Unidos, consumidor insaciable de todo tipo de basura enervante.

El segundo caso para Ripley es el que se presenta en el estado de Michoacán, donde mediante mantas y volantes una banda de delincuentes llamada La Familia, una de las agrupaciones más perseguidas por Calderón, le ofrece autodisolverse siempre y cuando su gobierno se comprometa a garantizar la seguridad de los michoacanos e impedir que se asienten en esa entidad grupos delictivos de otras entidades. Como Los Zetas o el Cártel del Pacífico, del Chapo Guzmán, hoy por hoy uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, según la revista Forbes.

No es nuevo el intento por negociar de La Familia Michoacana. En julio del año pasado le envió un mensaje a Felipe Calderón a través de un noticiero de la televisión local dirigido por el periodista Marcos Knapp. Servando Gómez, alias La Tuta, habló al aire con el comentarista y acusó a la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal) y a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de apoyar a Los Zetas en su proyecto de apropiarse de la plaza michoacana. Señalando como responsable de esa alianza al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En aquella ocasión, como ahora, su oferta fue rechazada públicamente. Pero ahí queda el intento de esa banda que al parecer cuenta con una amplia base social tanto en Michoacán como en varios estados del país donde opera no solo en el trasiego de narcóticos, sino en varios rubros delictivos.

En el aspecto económico la situación esta tan mal que hasta personajes como el ex secretario de Hacienda del gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo reconoce que no se registrará una recuperación en el corto plazo y que la violencia es un obstáculo para el crecimiento económico.

Para el también ex gobernador del Banco de México y ex representante de México en el Fondo Monetario Internacional que será el próximo presidente del consejo de administración de Banorte, uno de los poquísimos bancos en manos de capitalistas mexicanos, la violencia imperante en el país está impidiendo la recuperación.

Opinión contraria a la que sostiene el actual secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien asegura que la narcoguerra no obstruye el buen despeño de los negocios aunque las cifras digan que el turismo se ha desplomado, el desempleo sigue creciendo y el año próximo el Producto Interno Bruto descenderá más aún.

Otros absurdo aparente, detrás de los cuales se oculta la lógica represiva del gobierno, es el ataque contra la oficinas del diario El Sur, en el puerto turístico de Acapulco, Guerrero, por un grupo de pistoleros que disparó contra redactores y reporteros sin lesionar de gravedad a ninguno. Esto a unos días de que Felipe Calderón se comprometió a respetar la libertad de expresión en México.

El director de El Sur, Juan Angulo, señaló que el ataque pudo ser originado por la hostilidad que el gobernador Zeferino Torreblanca mantiene con el rotativo que desde su fundación hace 12 años ha sido voz de las luchas sociales y defensor de los derechos humanos en Guerrero. Amén de sostener una actitud crítica e independiente frente al mandatario que llegó al ejecutivo estatal como candidato del Partido de la Revolución Democrática. Hace unos días El Sur hizo públicos varios videos donde se muestran a varios jefes de la policía de Acapulco en tratos con delincuentes.

Pero el desconcierto y el miedo comienzan a ser superados poco a poco por los jóvenes y académicos. El domingo pasado con una manifestación en CD. Juárez, a una semana de la agresión policíaca contra el estudiantado de la Universidad y en la capital del país con dos pequeñas manifestaciones de estudiantes de la UNAM y otras instituciones educativas bajo el los lemas Si le pegan a uno, nos pegan a todos y Ni uno más, ni una más.

http://hormigarebelde.blogspot.com

El fracaso de las prisiones

Recluir en cárceles a los infractores no contribuye a su rehabilitación ni a reducir la criminalidad, por el contrario: favorece el hacinamiento. Hasta ahora, la posibilidad de aplicar penas sustitutivas ha sido tímida en México y no se puede evaluar su resultado, estiman juristas y legisladores mexicanos. Adicionalmente, en el actual sistema penal persiste la falta de transparencia, como se demuestra en el excesivo tiempo de reserva que se aplica a las averiguaciones previas concluidas.

Nydia Egremy

Castigar los delitos con la privación de la libertad le cuesta al Estado mexicano 29 millones de pesos diarios, que representan 12 mil millones de pesos al año. Mantener en prisión a 222 mil 297 reclusos –casi el 40 por ciento de ellos, jóvenes que provienen de los sectores marginales de la sociedad– no ha contribuido a disminuir la tasa de criminalidad ni a disuadir a los delincuentes. Para Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta política abre una ventana “hacia un sistema sumamente autoritario de justicia penal, cobijado bajo una bandera benévola”.

El jurista, quien también presidió la Academia Mexicana de Ciencias Penales, manifiesta que, ante la criminalidad “desbordante y desbocada, de una antisocialidad que nos ocupa y preocupa, lo que hemos hecho ha sido multiplicar los delitos”. Explica que en la medida en que surgen los escándalos y preocupaciones sociales, los legisladores modifican y aumentan las penas.

Las hipótesis delictuosas y los tipos penales aumentaron, con punibilidades “verdaderamente exageradas” que saturan las prisiones, indica García Ramírez. Eso significa que se pretende combatir la criminalidad con penas de 50, 60 y hasta 70 años que, por supuesto, no se aplican a nadie porque “lo que prevalece es una rampante impunidad”, agrega el abogado.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México estima que esa política se inserta en un esquema donde, “para disgusto y horror de las autoridades locales”, no se dispone de los recursos necesarios para la manutención de los reclusos federales. A esta problemática se suma el hecho de que, en las prisiones, se aloja cerca del 40 por ciento de presos sin condena y que serían presuntos inocentes.

El también exprocurador General de la República describe que, en México, se generaron dobles sistemas penales y de cárceles. Existe “un sistema penal y prisiones asignadas para la delincuencia ordinaria, y otro sistema penal y prisiones para lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos designa como medidas especiales de control”. Ése sería el caso de los reclusos de la llamada delincuencia organizada.

El otro sistema penal atiende los “otros delitos” –homicidios, lesiones dolosas, delitos sexuales, secuestros, robos con armas–. Para el doctor en derecho, ante el panorama de criminalidad ya se debería haber adoptado una serie de medidas más racionales que, aparentemente, no se han emprendido.

En su análisis sobre la situación en las prisiones mexicanas, el expresidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito Federal sentencia: “Las prisiones son una manifestación sombría y cruel de un sistema penal”. Ese problema acarrea también el hacinamiento en prisiones.

El sistema de cárceles del Distrito Federal, concebido en 1975, preveía una población de 1 mil 500 o 1 mil 800 reclusos. Treinta y cinco años después, y a pesar de sus incrementos físicos, las prisiones resultan insuficientes para albergar a 13 mil o 14 mil reclusos.

Prisión para jóvenes excluidos

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, difundidas en julio pasado, el 33 por ciento de su presupuesto se destina para mantener a los presos en 429 reclusorios. Parte importante del universo de presos está constituido por jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de los sectores más marginales de la sociedad. La antropóloga social Elena Azaola Garrido estima que ese sector de procesados recibe penas de prisión tan altas que marginan más a los ya de por sí excluidos.

Los números muestran que la gente de escasos recursos es la que colma mayoritariamente las prisiones mexicanas. En México, el 70 por ciento de la población carcelaria recurrió a las defensorías de oficio; prácticamente no tuvieron defensa y por eso fueron a prisión, explica la especialista en criminalidad y violencia contra jóvenes.

Ante tal situación, Azaola cuestiona “severa y profundamente este sistema de justicia que mantiene en prisión a este grupo de personas en esas circunstancias”. Asimismo, describe que la sobrepoblación carcelaria es de 130 por ciento, con un incremento de la cuarta parte en los últimos años.

Este escenario, dice, es preocupante porque el de las prisiones es un mundo degradado, deshumanizado y en el que se invierten pocos o ningún esfuerzo; es la última de las prioridades en las agendas políticas. La especialista manifiesta que “es una ceguera política no atender lo que ahí ocurre. Nuestras cárceles están llenas de gente pobre que ha cometido delitos muy menores”.

Hasta ahora, no hay evidencia de que las prisiones cumplan con sus fines, sino que representan un daño en sí mismas para la población interna, que se distribuye a sus familias; también daña a las comunidades. Esto ocurre cuando se cometen delitos muy graves que quedan impunes y que generan en la sociedad la sensación de que no hay un juego limpio, de que no hay un juego justo, apunta la autora del estudio Crimen, castigo y violencias en México (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2008).

La situación de México no es muy distinta a las políticas criminalísticas que aplican otros países de América Latina, por lo general todas privilegian el enfoque punitivo al tiempo que permanecen impermeables a otras evidencias de la experiencia internacional y los estudios científicos.

Por ello, considera que el abandono de programas de rescate social, particularmente los dirigidos a los sectores en riesgo, evidencia lo equívoca de la política criminológica actual; por ello, propone elaborar políticas criminales vinculadas con las políticas sociales y con más énfasis en la prevención.

Criminalidad impune

Los datos sobre la tasa de homicidios en el país muestran que, “para nuestra tragedia, estamos frente a un incremento de la criminalidad”, señala el jurista Sergio García Ramírez. Se refiere a la cifra de casi 30 mil “asesinatos” en lo que va de la supuesta guerra contra el narcotráfico.

Es apremiante transformar el sistema penitenciario y revisar de qué forma afectan las penas de libertad la conducta de las personas, coinciden analistas, legisladores y juristas.

Mano dura… contra los pobres....y los pillos de los narcopoliticos corruptos?

Leer articulo completo AQUI.

Carmen Aristegui entrevista a Napoleon Gomez por caso Cananea

Hoy se cumple el cuarto aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, concesionada a Germán Larrea, uno de los multimillonarios Forbes, el mismo que hoy pretende sepultar, también, a los mineros de Cananea. Cuatro largos años han transcurrido, periodo que involucra a dos catastróficos gobiernos panistas.

En este trágico panorama Carmen Aristegui entrevista a Napoleó Gómez Urrutía. El líder de los mineros responde que el secretario del trabajo parece vocero de la empresa por su gran actividad en contra de los trabajadores.


http://www.youtube.com/watch?v=CCibA6T_iT4

Segundo Video

http://www.youtube.com/watch?v=l1M765zzkuI

Existen irregularidades en el proceso de Cananea: Gómez Urrutia
El líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, manifestó su rechazo a la resolución del Tribunal que negó el amparo y con ello la conclusión de la relación obrero-patronal con Mexicana de Cananea, ya que -dijo- durante el proceso se presentaron documentos falsos y pruebas ilegales.
“Terminar de esta manera con la relación laboral en Mexicana de Cananea sería un retroceso histórico, sería una vergüenza para México y más si utilizan la vía de la violencia para derrotar, sin respetar los contratos colectivos y la vida sindical”, agregó.
Durante el Foro Problemática Minera en México Análisis y Soluciones realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Gómez Urrutia vía telefónica condenó los excesos de poder y abusos que se cometen desde el gobierno federal en contra de los trabajadores sindicalistas.
“Hacemos responsable al presidente del Grupo México y a sus accionistas, sus directivos, al gobierno de Felipe Calderón si llegan a utilizar la fuerza pública para desalojar a nuestros compañeros y sus familias por demostrar su incapacidad en lugar de obligar a la empresa a cumplir con la Ley federal del Trabajo”, indicó.
Al cumplirse el próximo 19 de febrero cuatro años de la explosión de la Mina Pasta de conchos, Napoleón Gómez Urrutia comentó que el gobierno de Felipe Calderón no ha escuchado las demandas de los mineros, “peor aún, continúan la serie de abusos en contra de trabajadores mineros”.
En su opinión, Grupo México ha desatado una campaña llena de mentiras y calumnias, por ello, hizo un llamado a los legisladores a brindar su apoyo político para que las reformas a la Ley Federal del Trabajo que propone el gobierno federal no sean avaladas, toda vez que no respeta los derechos fundamentales de los trabajadores como es el la libertad de expresión y asociación.
“No se deben de aprobar aprueben estas reformas porque sería un retroceso histórico en contra del sindicalismo y de la clase trabajadora en general, necesitamos su solidaridad, su apoyo moral y su compromiso político para terminar con esto que amenaza ser un grave retroceso histórico para México”

En México, funcionarios "Gallina"

En lo oscurito, las comparecencias en torno al narco......donde esta la supuesta "RENDICION DE CUENTAS"?

*Comparecerán ante el Senado titulares de la Defensa, Marina, SSP y de la PGR
Discutirán en secreto estrategia fallida de la lucha antinarco
*El tema “no es asunto de pláticas públicas ni materia de conferencias de prensa”: Navarrete
*Se comprometen los legisladores a no divulgar lo tratado en la reunión ni abrir el debate

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a su arribo al foro Espacios Ciudadanos sobre la Reforma Política.

Andrea Becerril

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, confirmó que los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y Gobernación, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), comparecerán ante ese órgano legislativo la próxima semana, con el compromiso de los legisladores de que lo tratado en el encuentro no se divulgará ni será motivo de debate.
La comparecencia será privada y se realizará a puerta cerrada, porque el tema de la seguridad nacional “no es asunto de pláticas públicas ni materia de conferencias de prensa”, advirtió el senador perredista.
La decisión de realizar a puerta cerrada la comparecencia de los cinco funcionarios del gabinete de seguridad nacional fue impulsada un día antes por los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente.
Ayer Navarrete Ruiz justificó el acuerdo. Sostuvo que el mejor formato es la comparecencia de los funcionarios a puerta cerrada y sólo con los miembros del órgano de gobierno del Senado –además de los tres senadores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional–, porque sólo así podrán “entrar en la materia y tener acceso a información privilegiada”.
Insistió: “la información de seguridad nacional no debe ser motivo de debate público ni legislativo, sino de conocimiento de los órganos del Senado. Habrá discreción de los grupos parlamentarios para comentar sólo lo que sea posible”.
También se acordó que el Canal del Congreso no grabe la comparecencia.
Información a detalle
El también coordinador de los senadores del PRD detalló que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado pretenden entrar a fondo sobre la situación que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua; conocer los nuevos esquemas que el gobierno pretende poner en marcha; recibir un informe detallado acerca de qué fuerzas del Ejército y de las corporaciones policiacas están desplegadas en el país, cuáles son los resultados y dónde está fracasando la estrategia.
Reveló que ayer se comunicó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con el propósito de precisar los detalles de la comparecencia, que se llevará a cabo en la casona de Xicoténcatl la próxima semana.
Explicó que será una reunión intensa, sin límite de tiempo, con la finalidad de que los senadores conozcan a detalle las acciones que el gabinete de seguridad lleva a cabo para frenar el avance de la violencia y la criminalidad.
Por separado, el senador del PRI por Chihuahua, Fernando Baeza, explicó que a su bancada le interesa que los integrantes del gabinete de seguridad nacional expliquen con claridad qué pasa con la estrategia de combate a la delincuencia, porque es realidad innegable que ha fracasado, además de qué van a hacer para enfrentar la escalada de violencia, que alcanzó su punto más dramático con la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez.
Por principio, expuso, se debe despolitizar la lucha contra el crimen organizado y acabar con “la soberbia del gobierno federal” que pretende pasar por encima de las autoridades estatales. Ya se demostró que fue un error meter al Ejército en el combate al narcotráfico.
En tanto, el senador perredista Silvano Aureoles comentó que espera que la información que proporcionen los secretarios de la Defensa, la Marina y Seguridad Pública, así como el procurador general de la República, sea precisa y veraz, porque no tendría sentido “que lleguen con discursos que no corresponden a la realidad”.
Urge más gasto en seguridad
El senador Francisco Labastida Ochoa, del PRI, señaló que se requiere un mayor gasto e inversión en materia de seguridad pública e impartición de justicia.
Planteó que se requiere ampliar los reclusorios, que tienen un déficit de 50 mil lugares; dividir a los reos de alta y baja peligrosidad, y readecuar muchos centros de readaptación.
Además debe llevarse a cabo “un gran programa de capacitación y depuración de las policías estatales”, mejorar sueldos y prestaciones de los agentes, incluyendo seguros de vida y programas de vivienda.
En materia judicial, agregó Labastida Ochoa, se requiere abatir el rezago en los juzgados y destinar recursos para poner en marcha el sistema basado en los juicios orales. Todo esto, detalló, cuesta entre 0.5 y uno por ciento del producto interno bruto.

Pablo Gómez exhibe a Arturo Chávez Chávez

Lo desnuda en su ignorancia de conceptos básicos de criminología.

Por Yuriria Rodríguez Castro y Redacción SDP/SDP

En estos momentos, comparece ante el Senado el propuesto titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez; quien fue ampliamente cuestionado por el senador perredista Pablo Gómez, quien le preguntó: ¿Que clase de ordenes aceptaría del señor presidente?, y de inmediato lo que interrumpieron legisladores panistas y priístas para distraer la respuesta que no llegó “concreta”, como lo había pedido el propio Gómez.
Pablo Gómez, dijo que si considera que la PGR forma parte de la federación, a lo que Arturo Chávez Chávez, dijo que sí.Gómez le pidió a Chávez Chávez que diera una definición de lo que es el control del delito, a lo que el propuesto Procurador respondió que el "delito no se controla, se combate". Sin embargo, Pablo Gómez le aclaró que el tema de control del delito lo sabe cualquier persona con minimos conocimientos en criminología lo conoce, y agregó: "Yo hablaba de delincuencia, no de delincuentes, veo que no conoce el concepto, entonces no le puedo hacer la siguiente pregunta..."Después de confirmar que Arturo Chávez desconocá la respuesta, le aclaró: "Yo no le puedo dar una clase"Después, Gómez pidió una efinición sociológica de "delincuente", a lo que Chávez respondió: "Es el que realiza una conducta antisocial"Pablo Gómez remató diciendo: "no la sabe".

http://www.youtube.com/watch?v=bec_-iFBeII