En lo que va del gobierno de Calderón, 61 defensores y luchadores sociales han sido asesinados y al menos cuatro, desaparecidos. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad. Ante la violencia, el sistema interamericano ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200 defensores, 107 de ellos radicados en Guerrero. El asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua, se suma al lúgubre registro en el número 62.
Blanca recuerda el día que la fría boca de una pistola tocó su sien. Era el 18 de mayo de 2010, pasadas las seis de la tarde. “Me apuntaron con un arma en la cabeza. Si no me mataron en ese momento fue por el proceso electoral y porque nuestro caso estaba en el ámbito internacional”.
Esa intimidación en contra de la defensora de los derechos humanos en Tijuana, Baja California, había comenzado minutos antes. Blanca Mesina Nevarez circulaba en su automóvil en aquella ciudad fronteriza, cuando una camioneta pick up color negro, con vidrios polarizados y sin placas, comenzó a golpear por la parte de atrás su auto.
Ella intentó esquivar la agresión. Entró en el estacionamiento de un centro comercial. La pick up hizo lo mismo. Luego, acorraló el automóvil. Un hombre –“alto, moreno, de complexión robusta, encapuchado, vestido de negro”– descendió de la camioneta, se acercó a Blanca y le dijo: “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar. Aquí hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar”.
El hombre retiró la pistola de la sien de Blanca, se inclinó hacia ella y le dio un beso en la mejilla. Se fue. Ese hecho, dice la joven, “nos obligó a salir”.
Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho, también defensora de los derechos humanos en Tijuana, cuentan seis meses de exilio y más de un año de repetidos acosos. La labor que ellas realizan en la frontera Norte del país consiste, entre otras cosas, en denunciar los abusos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas involucrados en la “guerra” contra el narcotráfico.
Defensores asesinados Ni el compromiso de Blake Mora ni las medidas cautelares dictadas por el sistema interamericano evitaron que Silvia y Blanca tuvieran que exiliarse para proteger sus vidas y las de sus parientes. Además de estas dos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado otras 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y noviembre de 2010.
El 67.7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número de defensores de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en Ayutla de los Libres (Guerrero). Ahí, precisamente, están las organizaciones que tenemos medidas provisionales, es decir, ya no solamente son las cautelares que otorga la Comisión Interamericana, son las de la Corte para situaciones de alto riesgo, de riesgos graves e inminentes, pues se teme por nuestras vidas”, explica Abel Barrera, director de Tlachinollan.
Condenar al Estado mexicano En su Informe anual 2010, el Observatorio descubre que, en México, los defensores de los derechos indígenas, comunitarios y medioambientales están en riesgo inminente.
El 24 de noviembre pasado, dos sujetos interceptaron a Margarita Martínez Martínez, defensora de los derechos humanos en Chiapas. La amenazaron de muerte y le exigieron “transmitir” el mismo “mensaje” al equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). También le entregaron una nota hecha con recortes de periódico dirigida a “Diego” (Diego Cadenas, director del Centro): “…en tus manos está la vida de esta familia; enfrentarás cargos; defensores de la verga”.
Jorge Luis Hernández Castro, quien está al frente del Área de Incidencias de ese Centro, explica que, “días antes de la agresión, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas ejerció la acción penal en contra de funcionarios que habían participado en el allanamiento de la casa de Margarita”.
En ese proceso, detalla, están involucrados policías estatales y municipales, y el Frayba lleva la parte jurídica. “Una de las posibles causas de este ataque a Margarita y el mensaje que envían al Frayba puede ser atribuido desde ahí, donde los involucrados son servidores públicos”.
Pero, agrega, “no descartamos que sea por el trabajo que tenemos con varias comunidades: uno de estos perpetradores le dice claramente a Margarita que sabe que el Frayba está acompañando a Mitzitón, una comunidad que defiende su derecho al territorio para que una autopista no pase por sus tierras ejidales y comunitarias. O por casos como el que tenemos en la zona de Agua Azul, que también son por la defensa al territorio”.
“La única manera para que la ONU condene al Estado mexicano por la situación que viven sus defensores de derechos humanos y sus periodistas sería que alguno de los miembros lo acuse por su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.”
Defensores, activistas, luchadores y líderes sociales asesinados de 2007 a 2010 AQUI.
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