MÉXICO, D.F., 15 de diciembre.- “Apenas saben leer diputados federales” (Reforma, 29 de noviembre). Sonia del Valle cronometró a los 20 diputados que subieron a tribuna a leer durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y comentó que leyeron en promedio 128 palabras por minuto. Según los Estándares Nacionales de Habilidad Lectora que fijó la SEP, esos legisladores alcanzaron apenas el nivel de sexto de primaria. ¿De qué sirve exhibir a quienes leen lento? Habría primero que cuestionar si ese ejercicio de velocidad es útil o razonable.
En agosto de este año, después de que en la evaluación de la OCDE México sacara el último lugar en lectura, Alonso Lujambio presentó los Estándares Nacionales de Habilidad Lectora. Éstos consisten en el número de palabras por minuto que debe leer en voz alta el estudiante de educación básica: desde el 1º de primaria (35 a 59 palabras) hasta el 3º de secundaria (155 a 160). Marta Acevedo, editora de libros para los que no leen e incansable promotora de la lectura, publicó días después en El Universal (5 de septiembre) un artículo criticando lo preocupante de tal medida: “la propuesta ignora que no por estar en el mismo grado todos los niños son iguales y que los puntos de partida de la población son muy desiguales. Tampoco toma en cuenta que la lectura no es una actividad mecánica, sino que involucra la inteligencia y la afectividad, por decir lo menos. Leer, lo que se dice leer, no consiste en emitir sonidos sino en asignar significado al texto”. El examen que sí hubiera valido la pena hacer es: ¿qué significado otorgaron los diputados a lo que leyeron, qué comprendieron, qué retuvieron?
La capacidad para leer no se mide por la rapidez con que enunciamos las palabras, sino que se adquiere a medida que se ejercitan las habilidades de percepción y cognición. Como la lectura es una actividad de producción de sentido, y no un concurso de carreras, lo importante no es la velocidad, sino usar la cabeza. Se puede leer despacio y reflexionar al parejo, y leer rápido y olvidar lo leído o no entenderlo. Por eso estos estándares de habilidad lectora son un grave error pedagógico, y muy probablemente se convertirán en una tortura para los niños y sus familias, pues además la SEP ha convocado a los padres y madres de los millones de estudiantes de educación básica a compartir 20 minutos diarios de lectura. ¿Qué efecto tendrá, dentro de las diversas familias mexicanas, volver a padres y madres los controladores de la velocidad con la que leen sus hijos? ¿Acaso piensa la SEP revertir así los malos resultados de las evaluaciones de la OCDE? Si bien los padres y madres deben comprometerse con la educación de sus hijos, ¿no producirá rechazo a la lectura por parte de niños y adultos esta absurda exigencia?
En su artículo, Acevedo decía que “buena parte de la población en México está escasamente relacionada con los libros, y aquellos para quienes la lectura fue un mero trámite para pasar de año ahora se enfrentan con un problema que no ha podido resolver el sistema educativo en décadas de reformas y revoluciones educativas. Al tratar a la lectura como una responsabilidad sometida a vigilancia, cumplimiento, calificación, y no como un instrumento para pensar, autoafirmarse o disfrutar, la SEP manifiesta no sólo una grave falta de información sobre el acto de leer, sino que parece ignorar las condiciones de las familias mexicanas que envían a sus hijos a las escuelas públicas. El problema de la formación de personas que lean y escriban es complejo y se relaciona con la historia de un país en el que la educación no ha considerado las características de la población. Hace cien años un buen porcentaje de mexicanos no hablaba el español, sino más de 65 lenguas originarias”.
El patético desempeño educativo de millones de estudiantes es un claro indicador de que las autoridades educativas están incumpliendo con el derecho a una educación pública de calidad. Más que burlarse de la lenta lectura de nuestros diputados, habría que sumarse a la gran movilización nacional, plural y apartidista a que un grupo de ciudadanos, intelectuales y maestros han convocado. El objetivo central de la Coalición Ciudadana por la Educación es enfrentar el arreglo político corporativo que está afectando de raíz al sistema educativo. Se busca el cambio de las reglas escritas y no escritas que crean una “simbiosis atípica” entre el SNTE y la SEP, misma que provoca: 1) la intromisión de la dirigencia sindical en la política educativa, 2) la omisión de las autoridades en su función como garantes del derecho a la educación, y 3) la exclusión de la ciudadanía de la gestión y la rendición de cuentas sobre la educación.
La propuesta de la SEP elude un hecho obvio: El sistema escolar está funcionando para servir a la dirección del sindicato y no a la sociedad. Pasan los sexenios y la estructura de privilegio del SNTE –una rareza si se la compara con sindicatos de trabajadores de la educación de otros países– permanece incólume. ¿Por qué es intocable este horror? La SEP guarda silencio acerca de eso, y también acerca de cómo piensa mejorar la educación pública. Y mientras tanto, continúan apareciendo en la prensa nacional los anuncios sobre los inútiles y contraproducentes estándares de lectura.
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