“El caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno”, pronosticó el Desfiladero del 21 de mayo pasado. Ese desenlace no se ha producido todavía, pero lo que podría estar a punto de ponerse en marcha cuando el poderoso miembro de la mafia salinista reaparezca –si en efecto reaparece– es una oleada represiva contra los movimientos populares que luchan por el cambio de régimen, en el contexto de la total destrucción del estado de derecho que el gobierno espurio ha impuesto a sangre y fuego para perpetuarse en el poder.
Mientras el jueves en la capital de Chihuahua era asesinada de un tiro en la cabeza una mujer que delante del palacio de gobierno exigía desde hace dos años cárcel para el asesino de su hija, en Monterrey caían tres civiles más durante el enésimo tiroteo de 2010 en la vía pública. Ayer, mientras 140 reos se fugaban de una cárcel de Nuevo Laredo, un coche bomba estalló frente a una oficina policiaca en Nuevo León.
En forma simultánea, la Policía Federal (PF), la Marina y el Ejército mantienen un clima de terror en Michoacán, en la personalísima guerra de Felipe Calderón contra el cártel de La Familia; una extraña combinación de prepotencia e impotencia, que no persigue sino derrocar al gobierno de Leonel Godoy para entronizar a la hermana del hombrecito de Los Pinos.
Testigos relataron a esta columna que el viernes de la semana pasada, en las calles de Apatzingán, agentes de la Policía Federal disparaban contra blancos móviles, mientras padres y madres de familia sacaban a sus niños de las escuelas sin que nadie los protegiera. Por fortuna, el “gobierno” federal (o lo que sea) tuvo la elegancia de decir que se trató de una “operación quirúrgica”.
La verdad es otra. El asalto a Apatzingán fue pésimamente planeado y peor ejecutado por Genaro García Luna, quien mandó a sus tropas al matadero. Estas rodearon a uno de los capos de La Familia y cuando empezaron a atacarlo descubrieron que, detrás del débil cerco trazado por el secretario de Seguridad Pública federal, había una fuerza muy superior en número de hombres y poder de fuego, por lo que la PF debió pedir auxilio a la Marina y al Ejército.
Durante la refriega murieron un bebé de ocho meses, una jovencita de 17 años y decenas –o probablemente hasta un centenar– de personas más. Como ocurre a diario en todas las ciudades de Tamaulipas, en Michoacán por primera vez fue imposible contar el número exacto de víctimas. De allí que muevan a risa los “30 mil 196 decesos” –me encanta ese “196”, diría Robert Fisk– declarados el jueves por la PGR como saldo de la guerra de Felipe Calderón contra el pueblo, so pretexto del narcotráfico.
Si consideramos que García Luna es ingeniero mecánico de profesión, no estratega militar ni mucho menos, podremos garantizar que desastres como el de Apatzingán, que afectó también a Morelia y a una docena de municipios colindantes, irán en aumento y cobrarán cada vez más vidas. En un gobierno con un mínimo de profesionalismo y seriedad, todos los miembros civiles del llamado “gabinete de seguridad”, en particular el secretario de Gobernación, José Francisco Blake; el procurador, Arturo Chávez Chávez, y, por supuesto, García Luna, jamás habrían ocupado esos delicados cargos públicos.
Pero el de Calderón no es profesional y dista mucho de ser un gobierno: es un instrumento al servicio de los intereses más perversos y persigue un objetivo supremo: llevar el caos al límite, sacarle todo el provecho que pueda y justificar, incluso solicitando una intervención militar extranjera.
Saldos del 2010
Termina el año con la Suprema Corte de Justicia de la Nación incompleta (le falta un ministro), con el Instituto del Fraude Electoral cercenado (el Congreso no logró nombrar a tres de sus nueve consejeros), con el Modelo Hidalgo de Salud Mental –que creó Virgina González Torres para impulsar la reforma siquiátrica en todos los manicomios del país– condenado a extinguirse por falta de presupuesto (en 2011 ejercerá la mitad del que tuvo en 2010), pero también con el escenario del Palacio de Bellas Artes en peligro de hundirse debido al sobrepeso de la concha acústica, con el techo del Museo Nacional de Arte perforado de goteras que filtran la lluvia a las piezas del acervo y con una intervención militar estadunidense en puerta.
El pasado lunes, las autoridades del condado Imperial, en California, aplazaron una vez más la votación para decidir si autorizan o rechazan la construcción de una base de adiestramiento de paramilitares a 120 kilómetros de las ciudades de San Diego y Tijuana. A las protestas de los vecinos de la comunidad de Ocotillo –donde un mercenario y ex agente de la CIA pretende instalar su universidad para asesinos– se han sumado las de los quechan, oriundos de esa región semidesértica.
Encabezados por Preston J. Arrow-Weed, aseguran que en caso de aprobar la base de Ocotillo, las autoridades violarían la ley porque en el sitio donde pretenden erigirla hay numerosas tumbas y rocas sagradas que “no pueden ser destruidas por desarrolladores que no conocen la historia de este país y no les importa”. Pese al rechazo creciente y a los artículos publicados por Los Angeles Times y otros diarios contra el proyecto, los vecinos sospechan que pasado mañana éste obtendrá el visto bueno.
Desafío a Ebrard
Pero la desaparición del estado de derecho no se limita a las entidades del norte, del centro y del sur donde la gobernabilidad ya no existe. En el Distrito Federal la corrupción de algunas jefaturas delegacionales auspicia igualmente el caos. En Tlalpan, como los lectores asiduos de esta columna ya saben, los vecinos se organizaron para detener la construcción de una gasolinera incrustada en un conjunto habitacional. Demandaron al propietario del negocio, el magnate Jorge Talavera, y lograron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ordenara la demolición de la obra.
Ésta se habría llevado a cabo 30 días después si nadie hubiera presentado una apelación. Para asombro de tirios y troyanos, quien la interpuso fue el delegado perredista Higinio Chávez, cuyo antecesor otorgó ilegalmente los permisos de construcción, no me atrevo a imaginar por qué. Pues bien, pese a la maniobra de Chávez, el TCA ratificó su sentencia. Y entonces, pasándosela por el arco del triufo, Talavera reanudó el equipamiento de su negocio. He aquí un claro desafío a Ebrard. Si no procede contra el empresario y el delegado, a pesar del cambio climático, Tlalpan vivirá una Navidad caliente.
En las próximas horas, o en los próximos días, veremos tal vez el desenlace del caso Fernández de Cevallos. Si los ahora “ex misteriosos desaparecedores” son consecuentes con sus palabras, la crisis que vivimos hace más de 30 años, una vez más, entrará en crisis. Por lo pronto, feliz realidad y próximo Año Nuevo.
jamastu@gmail.com
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