MÉXICO, D.F., 18 de enero (apro).- Como si se tratara de un concurso por desmentir cifras que pudieran despeinar su cuidada figura mediática, Enrique Peña Nieto respondió el 13 de enero ante la solicitud de emitir una alerta de género para investigar los feminicidios en su entidad, que “resulta sospechoso” que se hagan este tipo de señalamientos contra el Estado de México en vísperas del proceso de elección de julio de 2011.
Como si se tratara de una acusación en su contra y no de un llamado para que tome medidas efectivas como gobernador y no como precandidato, Peña Nieto citó las cifras que su procurador Alfredo del Castillo proporcionó un día antes para minimizar los crímenes de odio contra mujeres. Según este reporte, en su administración se redujeron de 944 a 468 los asesinatos de género, y no son 922 los crímenes cometidos en estos cinco años.
Peña Nieto y sus replicantes, entre ellos los diputados Enrique Jacob y Héctor Guevara, insistieron en la misma línea argumental: el Estado de México no es el de mayor registro de crímenes contra mujeres; “apenas” ocupa el sitio 14 y todo se trata de una estrategia electoral.
La presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, Rocío Gaytán, recordó el mismo miércoles 12 de enero que, según las cifras aportadas por el Ministerio Público estatal, “hay 922 homicidios y 4 mil 773 denuncias por violaciones sexuales, y eso no se puede esconder”.
Afirmó que la alerta discutida la semana pasada era una oportunidad para impulsar medidas de prevención y evitar la impunidad prevaleciente.
Peña Nieto, como los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León, Morelos, entre otras entidades señaladas por el incremento de los crímenes de género, han hecho de la misoginia institucionalizada un patrón de gobierno. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, así como la comisión especial creada en la Cámara de Diputados desde la Legislatura pasada, han advertido una y otra vez que el fenómeno se ha incrementado en el Estado de México y que más del 50% de los casos no se resuelven o son mal manejados en los ministerios públicos.
En marzo de 2009, María Juárez Toledo, directora del Consejo Estatal de la Mujer, denunció que 55% de las mujeres en el Estado de México sufren violencia por maltrato de su esposo, concubino, novio o la persona que vive con ella. La forma más común de agresión es la ejercida en los centros laborales y en las escuelas. ¿Acaso no es responsabilidad de las autoridades estatales y municipales emprender campañas para combatir estos delitos? ¿Realmente creen que sólo con disminuir las cifras de homicidios contra mujeres se acaba el problema?
Juárez, el doble crimen
De las estrategias más perversas para institucionalizar la misoginia, el gobierno de Chihuahua y las autoridades de Ciudad Juárez han dado una muestra más que perversa en las últimas semanas. No les ha bastado con la mala fama de Ciudad Juárez como epicentro de los crímenes seriales y de género más impugnados a nivel internacional.
Ignoran sistemáticamente las protestas y los llamados de organizaciones internacionales, incluida la reciente carta firmada por seis mujeres galardonadas por el Premio Nóbel, quienes demandaron justicia y castigo contra los asesinos de las activistas Marisela Escobedo y de Susana Chávez.
A un mes de cumplirse el crimen de Marisela Escobedo –quien, a su vez, investigó y se enfrentó al muro de las autoridades ministeriales de Chihuahua y Zacatecas, y a la corrupción de jueces que liberaron al asesino de su hija--, el fiscal general de Justicia de Chihuahua declaró a los medios que Susana Chávez prácticamente merecía su destino por haberse ido de parranda con tres menores.
Según Manuel Salas, Chávez “se encontró con tres muchachos, se fue a divertir con ellos a casa de uno y lamentablemente estas personas estaban tomadas, estaban drogadas y después de estar compartiendo, decidieron matarla”.
Horas después de estas declaraciones cargadas de prejuicio moral --¿acaso es menos grave el asesinato por el hecho de que presuntamente la víctima se divirtió antes con sus homicidas?-- la propia Fiscalía General de Justicia de Chihuhaua emitió un boletín en el que afirmó que los homicidas formaban parte de la banda de Los Aztecas.
Ahora, andan filtrando la versión de que Chávez era “sexoservidora” y que su crimen constituye una venganza pasional.
Es la misma línea de argumentación que desde 1993, cuando gobernaba el PAN en Chihuahua y cuando iniciaron los crímenes contra jóvenes en Juárez, han mantenido los ministerios públicos, los policías y las autoridades: las víctimas son corresponsables de su propio destino por salir de noche, por usar minifalda, por irse con desconocidos, por tener una vida “disipada”.
Ese es el problema del feminicidio: constituye un doble crimen porque de antemano se responsabiliza a la mujer víctima de ser la provocadora; y las autoridades responsables de investigar siempre encuentran la manera de filtrar su misoginia.
Nuevo León, Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas…
En una jornada de protestas que se han desatado desde el asesinato de Marisela Escobedo, organizaciones ciudadanas encabezaron el lunes 17 de enero otra serie de manifestaciones contra los gobiernos de Nuevo León, Chiapas y Sinaloa exigiendo que se frene la violencia de género.
En Sinaloa, las organizaciones denunciaron que durante el recién concluido sexenio de Jesús Aguilar Padilla se cometieron 351 feminicidios. Tan sólo en 2010 fueron 116. En Nuevo León, las organizaciones denunciaron que el año pasado se cometieron 70 homicidios contra mujeres, 40 de ellos relacionados con el crimen organizado. Y en Chiapas, las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer como el Movimiento Independiente de Mujeres y la Brigada Feminista por la Autonomía, así como colectivos vinculados a “la Otra Campaña” del EZLN, insistieron que todos los crímenes cometidos contra mujeres constituyen “un asunto de interés mundial, una cuestión de lesa humanidad, sobre todo, cuando es producto del crimen organizado”.
Para cerrar con broche de oro, el nuevo gobierno de Tamaulipas, más preocupado por vigilar la moral pública que por frenar el desastre de una entidad atenazada por el crimen organizada, acaba de prohibir a sus empleadas usar escotes, minifaldas y pantalones entallados.
“Ellas deben entender que vienen a trabajar, no a una fiesta, no a una pasarela de modas”, declaró Jorge Abrego Adame, secretario de Administración del nuevo gobierno de Egidio Torre Cantú (La Jornada, 18 enero 2011).
¿Y cuándo entenderán los gobiernos que su función es frenar esta doble ola de crimen organizado más crimen de género cuyo pegamento fundamental es uno: la rampante impunidad?
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