Nancy Flores / Tercera parte
Más de 2 billones de pesos habrían sido lavados en el sistema financiero y el sector empresarial de México en el periodo de enero de 2007 a junio de 2011, descubren los cálculos vigentes del Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Dicho Centro estima que las ganancias anuales de los cárteles mexicanos oscilan entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares sólo por ventas de narcóticos ilegales, refieren los departamentos de Justicia, Tesoro y Seguridad Nacional en su solicitud de presupuesto 2011 para la lucha interinstitucional contra la delincuencia y las drogas (FY 2011. Interagency crime and drug enforcement).
La primera cifra implicaría el blanqueo de 81 mil millones de dólares durante los cuatro años y seis meses que lleva la “guerra” contra el narcotráfico, encabezada por el panista Felipe Calderón Hinojosa. Esto es 939 mil 600 millones de pesos, a un tipo de cambio de 11.6 pesos por 1 dólar. En el segundo caso, el monto lavado ascendería a 175 mil 500 millones de dólares o 2 billones 35 mil 800 millones de pesos.
Esa última cantidad representa el 59.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (de 3 billones 438 mil 895 millones de pesos) que la Cámara de Diputados aprobó el 15 de noviembre de 2010.
Las estimaciones podrían ser menores de lo que en realidad ganan los criminales mexicanos, puesto que sólo se refieren a los ingresos obtenidos en el mercado de drogas ilegales estadunidense. Sin embargo, los tentáculos de los cárteles no se limitan a ese país: llegan hasta los mercados de Europa y Asia.
Las drogas ilegales son un negocio para muchos grupos importantes no sólo en México, sino en el mundo, dice Ignacio López Pérez, doctor en sociología y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Agrega que “hay mucha hipocresía” y doble moral en la “guerra” contra el narcotráfico, pues en Estados Unidos ya hay estados donde se están legalizando las drogas. En total, son 14 entidades de ese país que permiten el “uso terapéutico” de la mariguana.
La mayor parte de los multimillonarios fondos que lavan los traficantes mexicanos proviene de la venta de drogas en las grandes áreas metropolitanas estadunidenses, sobre todo de Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, dijo la senadora demócrata Dianne Feinstein, el 9 de marzo pasado, durante la Audiencia sobre Lavado y Contrabando de Dinero al Otro Lado de la Frontera Suroeste.
Sistema financiero, cómplice
Los miles de millones de pesos producto de los estupefacientes habrían penetrado las instituciones financieras del país y, con ello, la economía nacional formal. “Las ganancias que los criminales obtienen del comercio de drogas ilícitas en Estados Unidos son la principal fuente de los fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”, señala el International narcotics control strategy report 2011, del Departamento de Estado.
El informe indica que la corrupción, el secuestro, el tráfico de armas y personas son otras fuentes importantes de ingresos ilegales que se blanquean en las instituciones financieras (bancos, casas de cambio, casas de bolsa).
La combinación de un sofisticado sector financiero, un gran sector informal de cajas de ahorro y la insuficiente aplicación de los controles reglamentarios complica aún más el problema del lavado de dinero en México, refiere el Departamento de Estado en su reporte más reciente.
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita no sólo involucran la economía mexicana, también la de Estados Unidos, explica David Ordaz. El maestro en sistemas penales comparados, problemas sociales y prevención del delito por la Universidad de Barcelona e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales detalla que el crimen organizado implica un esquema mundial que inyecta mucho dinero a las economías nacionales.
El blanqueo de capitales, dice, se hace desde los grandes consorcios empresariales por medio de transferencias y triangulaciones financieras sofisticadas en las bolsas de valores, “no en las tienditas de abarrotes”.
Las autoridades estadunidenses, sin embargo, aún sostienen que el trasiego de dinero en efectivo es uno de los métodos más usados por los criminales mexicanos. Con ello, pretenden que se crea que el crimen organizado vulnera permanentemente la frontera más vigilada del mundo.
“El contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”, señala el International narcotics control strategy report 2011 en su “Volume II: Money laundering and financial crimes”.
El doctor en derecho Daniel Márquez señala que la estrategia antinarcóticos debería atender con seriedad el problema del lavado de dinero. Para el investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es necesario que se transparente el patrimonio de todos los políticos y se fiscalicen sus fortunas y sus relaciones.
También, que se revisen los contratos y todas las actividades de las empresas formales y, ante todo, se auditen los negocios de los bancos y las instituciones financieras. “Vamos a abrir todo esto, vamos a ver qué hay detrás, quién ha estado mandando dinero a Suiza, a las Islas Caimán, a todo este tipo de lugares (paraísos fiscales). Hagamos algo inteligente”.
Incautaciones, signo de impunidad
En México, la economía de las drogas es de tal magnitud que las ganancias estimadas equivalen a 35.5 veces el presupuesto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011, que asciende a 57 mil 567 millones de pesos.
Si a ese programa social le destinaran 2 billones de pesos –cifra similar al dinero blanqueado por los cárteles en lo que va de la “guerra”–, 205 millones 900 mil familias (cifra que supera la población mexicana total) obtendrían subsidios: el Oportunidades 2011 beneficiará a 5 millones 800 mil familias que viven en condiciones de pobreza, indica la Secretaría de Desarrollo Social.
A pesar de la dimensión del problema, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se mantiene impune. De acuerdo con datos de la embajada de Estados Unidos –país que financia la “guerra” antinarcóticos en México a través de la Iniciativa Mérida–, de 2007 a 2010 sólo se incautaron 5 mil 274 millones 500 mil pesos: 386 millones 300 mil pesos y 421 millones 400 mil dólares, que equivalen a 4 mil 888 millones 240 mil pesos.
El monto representa apenas el 0.25 por ciento de los más de 2 billones de pesos que se habrían lavado en ese mismo periodo. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, los recursos incautados a las mafias mexicanas implican 10 tipos de monedas: pesos mexicanos, dólares estadunidenses, euros, quetzales, dólares canadienses, pesos colombianos, lempiras, pesos argentinos, yenes, dólares de Hong Kong.
A pesar de que las autoridades estadunidenses alertan que el lavado de dinero se realiza con mayor frecuencia en el circuito financiero, todos los operativos han sido contra el trasiego a granel. El caso más relevante sigue siendo el de Zhenli Ye Gon, a quien se le incautaron 205 millones de dólares el 15 de marzo de 2007.
De enero de ese año a marzo de 2011, la Procuraduría General sólo detuvo y consignó a 179 personas por ese ilícito, indica la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0001700039411. Agrega que en total se consignaron 361 averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, como lo informó Contralínea (edición 188, 27 de junio de 2010), el Consejo de la Judicatura sólo ha dictado 53 sentencias de última instancia por lavado de dinero entre diciembre de 2006 y febrero de 2010. Esta tendencia de impunidad no parece cambiar. El International narcotics control strategy report 2011 refiere que el sistema de justicia mexicano dictó 17 condenas de primera instancia contra 37 individuos entre septiembre 2009 y julio 2010.
Con la guerra, los únicos resultados son las 40 mil vidas perdidas, 40 mil familias destrozadas, porque los delitos del crimen organizado, secuestro, lavado de dinero “para el gobierno parecen no existir”, critica el maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano.
El académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, dice que, ante esa impunidad, “hoy podemos, incluso, aventurar un balance final de este sexenio: la guerra contra la delincuencia organizada en México, durante el gobierno calderonista, nunca existió”.
“Cuando el Ejército o la policía detienen, normalmente se trata de burreros, pequeños traficantes, pero no dañan las estructuras [de los cárteles]; éstas siguen intactas igual que sus finanzas”, acusa López Medrano.
Juegos y sorteos, la mina del lavado
Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consultadas por Contralínea revelan que los juegos y sorteos son el sector donde más dinero se lava en México, porque ni siquiera las casas de apuestas establecidas están obligadas a conocer a su cliente.
Del 1 de octubre de 2005 al 30 de noviembre de 2010, la Procuraduría General de la República inició 770 averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en ese sector, refiere la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0001700162310.
“Los casinos son sensibles a este problema porque los permisos de la Secretaría de Gobernación no los obligan a identificar a sus clientes ni les indican qué hacer en caso de que se sospeche que lavan dinero”, indican las fuentes de Hacienda.
Agregan que además de utilizar los sorteos, juegos de azar y casinos para instrumentar esquemas de blanqueo de capitales, los criminales mexicanos también recurren a los cheques de viajero, las tarjetas de crédito y de prepago, las compras de grandes lotes de joyas.
La misma preocupación de las autoridades hacendarias mexicanas la comparte el Departamento de Estado estadunidense. En su International narcotics control strategy report 2011 observa que “la Secretaría de Gobernación emite licencias temporales para las loterías nacionales, casinos, carreras de caballos y apuestas en deportes, pero las operaciones de éstos, así como de abogados, contadores, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y piedras y los mensajeros, no están sujetas a requisitos de información antilavado”.
Respecto de la vulnerabilidad del sector financiero, las fuentes de la Secretaría de Hacienda dicen que sólo se limitan a los centros cambiarios, pero que ya se está proponiendo sacarlos de la supervisión del Servicio de Administración Tributaria y que sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que los regule y fiscalice.
Pugna por la Unidad de Inteligencia Financiera
El supuesto uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –que habría investigado a varios políticos mexicanos con fines electorales y no de combate a la criminalidad– habría llevado a una negociación de alto nivel en diciembre de 2010 entre panistas y priistas.
Entonces, el presidente Felipe Calderón y un grupo de senadores encabezado por Manlio Fabio Beltrones habrían acordado desaparecer la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según trascendió a la prensa nacional.
Para ello, el 30 de marzo de 2011, el Senado de la República presentó un proyecto de reforma contra el lavado de dinero que facultará a la Procuraduría General de la República para investigar y perseguir este delito, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo federal, que mantenía la responsabilidad central en la SHCP.
Sin embargo, fuentes de primer nivel de la Secretaría de Hacienda afirman que la UIF no puede desaparecer ni cambiar sus atribuciones porque México se enfrentaría a graves problemas ante la comunidad internacional.
Y es que, aseguran, los estándares internacionales exigen a los países contar con una unidad nacional central para recibir los reportes de las operaciones preocupantes, relevantes e inusuales que registra el sistema financiero.
Las relaciones internacionales de México podrían verse mermadas si la UIF desaparece, porque es ésta justamente la unidad central, refieren. Los informantes agregan que el Grupo de Acción Financiera podría descalificar al país si se diera ese cambio.
Fuente: Contralínea 237 / 12 de junio de 2011
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