- Con el pretexto de combatir la piratería, potencias buscan controlar la red a escala mundial
El martes pasado se realizó la última sesión del grupo plural de trabajo creado por el Senado para dar seguimiento al Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta, siglas en inglés de Anti-Counterfeiting Trade Agreement), que el gobierno de Felipe Calderón empezó a negociar con las principales potencias económicas del mundo y que se hizo público gracias a filtraciones de Wikileaks. Conforme a sus atribuciones legales y con base en el análisis realizado, el grupo de legisladores consensuó rechazar el acuerdo, instar al Ejecutivo a que no lo firme y dirigirle un extrañamiento por haber negociado sin informar al Congreso. Las conclusiones se publicarán en la Gaceta del Senado en los próximos días y serán comunicadas al pleno de esa cámara y a la mesa directiva, para que a su vez informe al Ejecutivo federal. Se notificará a las bancadas para que el acuerdo no sea ratificado en caso de que el Ejecutivo lo firme. El Acta no podrá entrar en vigor sin la ratificación del Senado.
Así, en medio de una creciente oposición, entra a una nueva etapa el polémico documento, al que sus críticos ven como un proyecto de las grandes potencias –principalmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea– para controlar Internet a escala mundial, criminalizar a los usuarios
y afectar los derechos humanos a la privacidad, a la libertad de expresión, a la información y a la certidumbre jurídica.
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