Además de una pensión vitalicia, seguro de vida y de gastos médicos mayores, los cinco expresidentes mexicanos tienen a su servicio a 154 empleados militares y civiles, desde choferes hasta directores generales. En la nómina, que cuesta al erario más de 32 millones de pesos anuales, hay 13 empleados en puestos de mando a pesar de que no cuentan con la preparación académica necesaria, de acuerdo con la ASF.
Desde choferes hasta directores generales, así como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los cinco expresidentes de México tienen a su servicio a 154 empleados, que cuestan al Estado más de 32 millones de pesos sólo por honorarios, cada año.
La nómina del personal civil y militar a disposición de Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada se suma a las prebendas de las que gozan los exmandatarios: una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida. Todas, a costa del erario.
A pesar de ello, la Presidencia de la República no cuenta con los perfiles de los puestos del personal civil. En consecuencia, actualmente hay 13 empleados en plazas de mando que carecen de la formación académica correspondiente a esos cargos.
Se trata de dos jefes de departamento del expresidente de la Madrid Hurtado, Zeferino Ramírez y Alfredo Islas, quienes cuentan con estudios de primaria y secundaria, respectivamente; así como Efrén Trejo, subdirector de área al servicio de Zedillo, con estudios de bachillerato, y Juan Antonio Serna, jefe de departamento de Fox y que sólo concluyó la secundaria. En la oficina del panista también despacha como subdirector Alejandro Olalde, pasante de la licenciatura en trabajo social.
De los seis subdirectores de área adscritos al equipo de Salinas de Gortari, únicamente cinco cursaron el bachillerato o una carrera técnica: Armando Rojas Yáñez y Gustavo Gutiérrez Sánchez son contadores privados y María Guadalupe Gutiérrez Sánchez es secretaria ejecutiva bilingüe. Los primeros dos cobran 25 mil pesos y ella recibe cada mes casi 40 mil pesos por su trabajo.
Juan Flores Neria y Lorenzo Mejía también ocupan una plaza de subdirectores aunque sólo concluyeron el bachillerato. Uno de los jefes de departamento del exmandatario, Alejandro Aurelio López, también tiene ese grado de estudios, mientras que José Pascual Ramírez Pomposo y Julián Ramírez Rodríguez cursaron únicamente la educación básica pero despachan como jefes de departamento.
A pesar de que su formación académica no corresponde con el nivel requerido en los cargos que ocupan, estos empleados reciben mensualmente sueldos de entre 10 mil 200 y 31 mil 700 pesos. A esos montos se le suma una remuneración complementaria que oscila entre los 6 mil y los 8 mil pesos, además de un apoyo para despensa de 77 pesos.
En su revisión a la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó esta situación y recomendó a la Presidencia de la República que incluyera como requisito de dicho personal el cumplimiento de un perfil de puesto.
Para saber si la Presidencia de la República había atendido esta encomienda, así como para conocer en qué consiste el trabajo de los empleados civiles al servicio de los expresidentes, Contralínea solicitó una entrevista a través del área de comunicación social de la dependencia. Al cierre de edición, la oficina del director general en medios nacionales, Alejandro Caso Niebla, no había dado respuesta a dicha petición.
Mientras tanto, los empleados señalados por la Auditoría continúan en sus cargos, como constata el listado del personal civil al servicio de los expresidentes, entregado a este semanario a través de la solicitud de información folio 0210000037311.
Entre esos empleados se encuentra Zeferino Ramírez García, quien figura como jefe de departamento adscrito a la oficina del expresidente de la Madrid Hurtado. Por el nivel de su cargo, Ramírez García cobra cada mes 17 mil 46 pesos.
De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos, las funciones de Ramírez García son de chofer y cuerpo de seguridad del exmandatario.
Su ficha curricular consigna que sólo estudió la primaria y que entre 1974 y 1996 fungió como chofer en el Primer Batallón de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde el 1 de julio de 1996 ingresó a la nómina de la Presidencia de la República con el mismo encargo, pero con el puesto de jefe de departamento.
Un caso similar es el de Efrén Trejo Hernández, quien aparece como subdirector de área en la oficina de Ernesto Zedillo.
Con estudios de bachillerato, Trejo Hernández fue chofer de Zedillo desde 1992, cuando éste ocupaba el cargo de secretario de Educación Pública. También lo acompañó durante la campaña presidencial de 1994 y mantuvo su puesto de conductor a lo largo de su sexenio.
El Registro de Servidores Públicos refiere que ahora forma parte del cuerpo de seguridad del exmandatario. Por su trabajo, el chofer de Zedillo recibe un sueldo de 17 mil 588 pesos al mes, además de una compensación por 7 mil 666 pesos y un apoyo para despensa de 77 pesos.
Contralínea buscó vía telefónica a Trejo Hernández en la oficina del expresidente Zedillo. Un vigilante, de nombre Miguel Sánchez, refirió que desde hace aproximadamente un año dicha persona no trabaja en ese lugar.
Oscar Frías, quien se identificó como asistente del exmandatario (aunque no figura en el listado entregado por la Presidencia), dijo que no tenía conocimiento de la situación de Trejo Hernández, por lo que no podía corroborar ni negar esa información.
Asimismo, expuso que la oficina del expresidente no se hacía cargo de las contrataciones de personal, por lo que tampoco podía hablar sobre la observación de la ASF.
En la oficina de Miguel de la Madrid, la encargada de comunicación social, Delia Amparo González, eludió hacer algún comentario sobre los señalamientos de la Auditoría ni con respecto del trabajo que desempeñan los empleados del exmandatario. Su argumento fue que no estaban autorizados para dar entrevistas.
Contralínea también buscó a Jorge Humberto Loyola Abogado, quien figura como director general del equipo de Fox en la información entregada por la Presidencia de la República, pero que despacha en el área de investigación del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, AC.
Loyola Abogado junto con otros ocho empleados de mando, pagados por el Estado para atender al expresidente, forman parte del personal del llamado Centro Fox, de acuerdo con la información consignada en el Registro de Servidores Públicos.
Actualmente, la asociación civil dedicada a “la formación de líderes”, es dirigida por la esposa del exmandatario, Marta Sahagún, y tiene la misma dirección que la oficina de “ayudantía” de Fox Quesada.
Al cierre de edición no se tuvo respuesta ni de Loyola Abogado ni de la oficina de comunicación social del Centro Fox, a cargo de Cristina Gómez Peralta, quien también forma parte del equipo del exgobernante.
A sus órdenes, señor expresidente
De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de la República mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, actualmente hay 79 empleados civiles al servicio de los cinco exmandatarios vivos.
Con salarios que van de los 7 mil a los 120 mil pesos, el personal “de apoyo” de los exgobernantes cuesta al erario 1 millón 436 mil pesos mensuales, que se suman a las pensiones de 205 mil 122 pesos que se pagan a Echeverría, de la Madrid y Fox.
Salinas de Gortari y Zedillo son los únicos expresidentes que han renunciado a sus pensiones; sin embargo, mes tras mes se les entregan 6 mil 890 y 12 mil 320 pesos, respectivamente, como pago de la potenciación de sus seguros de vida y de gastos médicos mayores. Y ninguno de ellos declinó del privilegio de contar con personal pagado por el Estado.
La entrega de tales canonjías tiene como único sustento el acuerdo presidencial 2763-Bis, expedido el 31 de marzo de 1987, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
Previamente, el 25 de noviembre de 1976, Luis Echeverría Álvarez había emitido el acuerdo 7637, en el que se ponía a disposición de cada exgobernante a 78 miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Con el acuerdo 2763-Bis, las concesiones para quienes ocupasen el cargo de Presidente de la República aumentaron: desde entonces también disponen de una pensión vitalicia pagada por el Estado, así como un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida.
Asimismo, cada expresidente tiene a sus órdenes directas y de por vida a 25 empleados, para desempeñar “servicios generales”. Éstos se encuentran adscritos al personal de la Presidencia de la República.
El acuerdo 2763-Bis estipula que los empleados sean un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, cuatro secretarias, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos.
Actualmente, ninguno de los cinco exmandatarios dispone del total de empleados que el acuerdo respalda. Echeverría Álvarez es quien tiene a su servicio al mayor número de trabajadores (21), todos ellos considerados personal operativo y cuyos sueldos oscilan entre los 290 y los 1 mil 805 pesos,
aunque las percepciones totales de esos empleados alcanzan, en algunos casos, los 7 mil 255 pesos, y en otros llegan hasta los 9 mil 195 pesos. Ello se debe a que la mayor parte de su salario se les entrega como “compensación garantizada”.
Además, reciben 800 pesos como “compensación por desarrollo y capacitación”, 195 pesos por “ayuda de servicios”, 150 pesos como “previsión social múltiple” y 150 pesos más como despensa.
En la misma situación se encuentran los 11 trabajadores operativos del expresidente de la Madrid, uno de Salinas de Gortari y uno de Fox Quesada.
El guanajuatense también cuenta con nueve empleados en puestos de enlace, cuyos salarios provienen en gran medida de la “compensación garantizada”. Cuatro servidores públicos a disposición de Zedillo ocupan el mismo nivel.
De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las compensaciones son remuneraciones complementarias al sueldo, por lo que no se consideran en la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, ni las cuotas y aportaciones de seguridad social.
De la Madrid también tiene a su servicio a un director general adjunto, cinco subdirectores de área y dos jefes de departamento; en total, su equipo cuesta al erario 4 millones 623 mil pesos al año.
La mitad de los empleados de Fox Quesada ocupa puestos de mando y él es el único de los expresidentes que tiene en su nómina a un director general, cuyo salario mensual alcanza los 119 mil 747 pesos.
Salinas de Gortari cuenta con una docena de empleados, de los cuales sólo uno ocupa un puesto operativo.
A la cabeza de su equipo se encuentra Adán David Ruiz Gutiérrez, quien fue secretario particular del expresidente desde el término de su mandato y hasta 1999; actualmente, es director general adjunto de la oficina de Salinas de Gortari, encargo por el que recibe 85 mil 965 pesos cada mes.
Zedillo tiene a su servicio a sólo seis personas, pero por ellas el Estado paga cerca de 1 millón de pesos anualmente.
Oficinas fantasma
Aunque los empleados al servicio de los exmandatarios están adscritos al personal de la Presidencia de la República, actualmente no figuran en el directorio de la dependencia.
Sin embargo, sí se encuentran inscritos en el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública, donde también se asientan las direcciones de las oficinas de los expresidentes.
En el caso de Salinas de Gortari aparecen tres direcciones, todas en la Ciudad de México.
Pero el número 1001 de avenida Constituyentes, en la delegación Álvaro Obregón, es un edificio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque en dicha sede existe una oficina de la Presidencia, ninguna de sus áreas se encarga de atender los asuntos del expresidente.
Otra de las direcciones corresponde a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia en Palacio Nacional, donde uno de los vigilantes informó que tampoco existe un área al servicio de Salinas de Gortari.
La tercera sede, ubicada en la calle Dulce Olivia 157, en la delegación Coyoacán, dejó de fungir como oficina del exmandatario alrededor de hace seis años, de acuerdo con el conserje del edificio.
El encargado dijo también que la propiedad, que alberga departamentos y no oficinas, pertenece a los hermanos Salinas de Gortari.
Millonario gasto en militares
Respecto del número de empleados militares al servicio de los exmandatarios, la Presidencia de la República manifiesta en su respuesta a la solicitud de información 02100000373 que se trata de datos reservados, pues su difusión podría menoscabar la capacidad de respuesta de tales equipos de seguridad.
La dependencia únicamente refiere que los rangos del personal asignado a su seguridad van del de cabo al de teniente coronel en el Ejército y sus equivalentes en la Armada de México, y que “en su totalidad ejercen funciones operativas”.
Sin embargo, acota que “la cantidad de elementos es variable de acuerdo a la evaluación y riesgo de las circunstancias durante las diferentes actividades que llevan a cabo los expresidentes y las comisiones propias del servicio que desempeñan” (sic).
Pero conforme al acuerdo presidencial 7637, cada exgobernante puede disponer de hasta 78 elementos militares: un general, cuatro jefes, ocho oficiales y 32 miembros de tropa del Ejército; un jefe, dos oficiales y ocho miembros de tropa de la Fuerza Aérea; y de la Armada, dos jefes, cuatro oficiales y 16 miembros de tropa.
De acuerdo con información de la Auditoría, para 2009 los cinco expresidentes contaban con 75 elementos militares a su servicio: Salinas de Gortari, 19; de la Madrid, 18; Zedillo y Fox, 17 cada uno; y Echeverría, cuatro.
Aunque no detalla el rango de cada militar, la ASF anota que ese año se gastaron 32 millones 660 mil pesos en personal de apoyo, tanto civil como militar.
Es decir, que se estarían pagando alrededor de 15 millones y medio de pesos en personal militar, si se considera que en los salarios de los empleados civiles se gastan 17 millones 236 mil pesos anuales.
Privilegios ilegales
De acuerdo con el Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a expresidentes de México, los acuerdos 7637 y 2763-Bis son inconstitucionales, ya que las leyes en las que supuestamente se fundamentan no contemplan que los expresidentes gocen de beneficios económicos, sociales o de apoyo administrativo, ni que puedan disponer de personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Asimismo, el documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados señala que no hay ninguna ley que faculte al presidente de la República para conferir tales prerrogativas a los exmandatarios.
Cecilia Licona Vite, autora del estudio, refiere además que las leyes en las que supuestamente se cimentaron esos acuerdos ya fueron abrogadas.
En el caso del acuerdo 7637, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971, fue sustituida por la de 1986, y la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972, fue abrogada en 2002.
Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria remplazó a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público Federal, sustento del acuerdo 2763-Bis.
Dado que los nuevos ordenamientos no contienen ningún precepto que disponga de ayudas a los expresidentes con cargo al erario, la investigadora sostiene que aun cuando los acuerdos hubieran tenido soporte en las anteriores leyes, éstos han quedado sin sostén al abrogarse tales ordenamientos.
Licona Vite agrega a su argumentación que los acuerdos ni siquiera fueron firmados por los presidentes en turno, a pesar de que era su facultad hacerlo.
Conforme con el estudio de Licona Vite, el acuerdo 7637 no fue signado por Echeverría Álvarez, sino únicamente por Hermenegildo Cuenca Díaz y Luis Bravo Carrera, entonces secretarios de Defensa Nacional y de Marina, respectivamente.
Tampoco de la Madrid firmó el documento que emitió para privilegiar a los exmandatarios, por lo que el acuerdo 2763-Bis cuenta únicamente con la rúbrica del entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.
La investigadora considera esto una “anomalía” que conduce a cuestionar la “constitucionalidad y validez” de tales acuerdos.
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