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lunes, marzo 19, 2012

La deuda pública interna supera ya 4 billones de pesos


Rayuela
¡Fantástico!: El Papa hablará de proteger a la niñez, pero se hará el occiso con el tema de la pederastia. ¡Qué bárbaro!

Duro, duro, duro-Fisgón
*En manos de inversionistas extranjeros, casi un tercio de esos recursos
*El débito equivale a 27% del PIB en un año, revelan datos oficialesd
*Los nuevos créditos contratados se emplearon para pago de intereses

Los nuevos créditos se emplean para pagar intereses y no para reducir el capital: ASF

La deuda pública interna superó $4 billones, o 27% del PIB

Es el mayor pasivo del gobierno central y paraestatales; multiplica por 2.27 el monto que había al comenzar el actual sexenio

En poder de extranjeros, 23%; entre nacionales, 72%

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La deuda contratada por el sector público en el mercado financiero mexicano rompió por primera vez la barrera de los 4 billones de pesos, para alcanzar una nueva marca y consolidarse como el principal pasivo de todos los que enfrentan el gobierno central y las entidades paraestatales, reveló información del Banco de México (BdeM).

El endeudamiento interno del sector público alcanzó 4 billones 24 mil 72.9 millones de pesos, cantidad que equivale a 27 por ciento del valor de los bienes y servicios producidos por la economía mexicana en un año, según los datos oficiales.

La deuda interna del sector público multiplica por 2.27 el monto que existía al inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2006.

Una de las razones del sostenido incremento de la deuda pública interna es que los nuevos créditos se emplean básicamente para el pago de intereses y no para reducir el capital, lo que provoca que el monto de los pasivos siga en aumento, como documentó una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados.

El conjunto de la deuda interna del sector público –que incluye los pasivos del gobierno federal y las entidades paraestatales– ha crecido de manera sostenida, especialmente a partir de la segunda mitad del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando el gobierno federal adoptó la política de sustituir endeudamiento externo por interno. La tendencia se ha mantenido en las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional, a partir de 2000 y a la fecha. Sin embargo, las mayores tasas de crecimiento han ocurrido en la parte de la deuda que está colocada entre inversionistas extranjeros, muestran los datos del Banco de México.

En enero de este año la deuda interna del sector público se situó en 4 billones 24 mil 72 millones de pesos. De esa cantidad, 28 por ciento, esto es, un billón 135 mil 700 millones de pesos, estaba en poder de inversionistas extranjeros. El resto, 2 billones 888 mil 372 millones de pesos, 72 por ciento del total, fue colocado entre inversionistas nacionales: empresas privadas y particulares, la banca comercial y de desarrollo, los fondos de pensión y el Banco de México.

Al comienzo del actual gobierno la relación era completamente diferente. En diciembre de 2006 la deuda interna del sector público sumaba un billón 767 mil 910 millones de pesos, de acuerdo con las cifras del banco central. De esa cantidad, 137 mil 905.8 millones de pesos, 7.8 por ciento del total, estaba en poder de inversionistas extranjeros. El resto, un billón 630 mil cuatro millones de pesos, 92.2 por ciento, permanecía colocada entre inversionistas nacionales.

En diciembre de 2011 el saldo de la deuda interna tuvo un crecimiento anual de 22 por ciento. En particular, la que estaba colocada entre inversionistas residentes en México creció a un ritmo anual de 12.7 por ciento; pero la adquirida por inversionistas extranjeros repuntó a una tasa anual de 63.6 por ciento, mencionan los datos oficiales. Esta dinámica se explica por el rendimiento que pagan los bonos emitidos por el gobierno, de entre 4.2 y 4.8 por ciento para los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ofrecen un rendimiento de 0.15 por ciento, para los que tienen vencimiento a seis meses y de 2.3 por ciento a 10 años de plazo. Desde el inicio de la actual administración, la deuda interna ha crecido no sólo en monto, sino también respecto del tamaño de la economía. Al cierre de 2006 el endeudamiento interno era equivalente a 18 por ciento del producto interno bruto de ese año. El saldo actual, de 4 billones 24 mil 72 millones de pesos, representa 27 por ciento del PIB calculado para 2012, que según la Secretaría de Hacienda será de 15.1 billones (millones de millones) de pesos.

¿Dónde están?

Poco más de dos de cada tres pesos de nuevo endeudamiento son empleados por el gobierno para pagar intereses de viejas deudas, de acuerdo con un informe de la ASF sobre la revisión de la cuenta pública de 2010. Esta información incluye las deudas externa e interna.

En el periodo de 2006 a 2010, el gobierno federal obtuvo un endeudamiento neto en el periodo por un billón 513 mil 80.6 millones de pesos, dice la ASF. De esa cantidad, 68 por ciento se utilizó para pagar el servicio (comisiones e intereses) de la deuda, en un monto equivalente a un billón 28 mil 764.4 millones de pesos.

Durante 2010, año de la última revisión de cuenta pública, el gobierno federal tuvo un endeudamiento neto de 253 mil 965 millones de pesos, de los cuales 85.1 por ciento se utilizó para pagar el servicio de la deuda equivalente a 216 mil 270.7 millones, lo que significa que los recursos que se obtienen de la deuda se aplican para el pago de los intereses y no para el pago de capital, lo que conlleva a que la deuda continúe aumentando, concluye la ASF.

Nuncio: no habrá reunión privada del Papa con presidenciables
"Abordará el tema de la protección a la niñez, pero no el de la pederastia"

Excarcelar a Florence Cassez "es un acto de valentía", sostiene Ackerman
  • García Luna, promotor de la impunidad y la simulación, considera
El proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, sobre el asunto Florence Cassez, es un acto de valentía en defensa del debido proceso, consideró John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autómnoma de México (UNAM).

Dijo que no parece haber presiones del gobierno francés, pero sí las hay, afirmó, del presidente Felipe Calderón y del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por lo que pidió no caer en la trampa del patrioterismo barato de Calderón, porque si bien en esta ocasión se trata del caso de una ciudadana francesa, también hay antecedentes similares con indígenas mexicanas.

Si ni siquiera una francesa, con el apoyo de su presidente, puede librarse de una circunstancia de esa naturaleza, estamos (con su encarcelamiento) autorizando la política de impunidad y de simulación que ha generado García Luna en todo el sexenio, expresó.

Durante la segunda de 11 semanas temáticas dentro de los diálogos Los grandes problemas nacionales, participaron reconocidos juristas, como el ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, Ackerman y Jorge Fernández Souza, como moderador.

Desde diversos ángulos abordaron algunos de los principales problemas de la procuración de justicia en México.
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Fin a la versión impresa de la Encyclopaedia Britannica
Fue vencida por la era digital, que hizo costoso mantener ese formato: NYT

La tv comercial, detonante de la decadencia social: peritos
  • Exigen democratizar los medios de comunicación y las telecomunicaciones
Democratizar los medios de comunicación se convirtió en una de las grandes batallas a librar en este país. Desde la perspectiva de diversos especialistas en la materia, la televisión comercial es una de las causas que abonan a la decadencia social, la mediocridad y la violencia.

Convocados a participar en Los grandes problemas nacionales, diálogos por la regeneración de México, organizado por el Movimiento Regeneración Nacional y Fundación Equidad y Progreso, Florence Toussaint, Virgilio Caballero, Fernando Escalante, Sócrates Vázquez y Alberto Montoya criticaron el protagonismo, inclusive en la política, de los monopolios televisivos y de las telecomunicaciones en la actualidad, mientras el Estado apenas si reserva pequeños espacios para lo educativo y lo cultural.

Advirtieron que a diferencia de las grandes utilidades que obtienen las dos grandes televisoras en este país, la mayoría de las medios comunitarios, educativos y culturales están bajo la figura del permiso, lo cual impide que comercialicen su tiempo, y no tienen recursos para transitar a la digitalización. Se requieren por lo menos 80 mil millones de pesos para los 54 sistemas de radio y televisión en esas condiciones.

En el Club de Periodistas, la investigadora Toussaint resaltó que México necesita una ley para reordenar el espectro en materia audiovisual, de radiodifusión y de telecomunicaciones, además de tomar en cuenta la convergencia tecnológica. Particularmente, habló de regular los servicios de triple play (televisión, telefonía e Internet). Y con ello, Televisa (actualmente) con 70 por ciento de la audiencia en este país y 75 por ciento de los ingresos por publicidad, no podría ofrecer otro tipo de servicios, a menos que disminuya su cuota de mercado en televisión a 25 por ciento
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Aunque Zedillo sea juzgado en EU por Acteal, no habrá justicia plena
  • Dudas de asistentes a un foro ante la demanda contra el ex mandatario
El ex presidente Ernesto Zedillo sí es culpable de la matanza de indígenas en Acteal, pero juzgarlo en Estados Unidos no significa que para nosotros se acaba con la injusticia e impunidad, dijo José, integrante de la organización Las Abejas.

Responsabilizó al ex mandatario de organizar a los grupos de paramilitares, quienes siguen actuando en contra de Las Abejas. Nos quieren matar a todos. Sólo pedimos a Dios que haya justicia en Chiapas y no mueran más personas, expresó ante los asistentes al foro Demanda civil contra el ex presidente Zedillo en Estados Unidos por la masacre de Acteal, que organizaron Casa Lamm y La Jornada.

Magdalena Gómez, integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), consideró que no se ejercerá una justicia plena como la demandan los indígenas. En este caso hay muchas cuestiones involucradas. Tengo dudas de quiénes interpusieron la demanda y de los abogados que acuden a la corte estadunidense. No tengo una gran expectativa en torno a los resultados.

La también colaboradora de La Jornada dijo estar preocupada por el peso que se atribuye a la citada demanda y no se considere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos tienen establecidos tiempos para atender casos como la masacre de Acteal.
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Las etnias deben dar su consentimiento en la explotación de recursos
*El actual esquema las desdeña; pone de ejemplo los proyectos mineros

México margina indígenas hasta para explotar sus tierras: ONU
  • Se debe contar con su "consentimiento libre, previo e informado", señalan expertos
  • El Comité para la Eliminación de la Discriminación, con sede en Ginebra, demanda poner especial atención en los casos de desarrollo minero
  • Hay tensión por aprovechamiento de recursos naturales
Ginebra, 13 de marzo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e integrado por 18 expertos independientes elegidos por los países que han ratificado la convención en la materia, pidió a Mexico que consulte con los pueblos indígenas la explotación de sus tierras.

En una resolución publicada este martes en Ginebra, solicita a nuestro país se asegure que se están llevando a cabo consultas en cada etapa del proceso con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales, con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado, particularmente en los casos de explotación minera.

El documento indica que el actual sistema en vigor en México no contempla la figura del consentimiento libre, previo e informado, y agrega las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales.

El dictamen manifiesta su preocupación ante informaciones de conflictos sobre tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas, y porque, en la práctica, el derecho de las comunidades a ser consultadas antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente.
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Esquilma la CFE a campesinos: dirigente
  • Mil 200 usuarios de Guanajuato le deben $1,600 millones por cobros ilegales, asegura
León, Gto., 13 de marzo. Cuatro mil 200 campesinos de Guanajuato tienen una deuda espuma de mil 600 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), resultado de cobros ilegales, aseguró el presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional Guanajuatense, Rubén Velázquez Martínez.

El dirigente, quien estuvo 65 días encerrado en el Centro de Readaptación Social de Celaya, acusado de privar de la libertad a empleados de la CFE, afirmó que la paraestatal no respeta la Ley de Energía para el Campo, porque no aplica una tarifa única preferencial para todo el sector agropecuario del país.

Las tarifas de Guanajuato son diferentes a las de Aguascalientes; no están cumpliendo la ley. Son deudas espuma, incobrables y moralmente impagables. Cuesta más la deuda que el rancho donde está el pozo, reprochó.

Detalló que los artículos 4 y 5 de la Ley de Energía para el Campo dicen que debe haber una sola tarifa preferencial de estímulo, pero la CFE aplica hasta cinco tarifas distintas, aseguró.
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viernes, febrero 17, 2012

Al rescate bancario, lo de 6 décadas de presupuesto contra la pobreza


Mira quién habla-Rocha
Ciudadanos ejemplares-Fisgón
Tal para cual-Helguera


En 2006 nos engañaron: empresarios a AMLO

En un mensaje videograbado, difundido por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, el precandidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista manifestó que en 2006, con la guerra sucia, hicieron de mí una leyenda negra, recrearon la imagen de mi persona que no corresponde con la realidad. No soy como me pintan.

La declaración proviene de una entrevista que le realizó la cineasta Diana Cardozo en octubre de 2011, en su casa, donde planteó que por esas fechas, durante una comida, empresarios de Monterrey le manifestaron su arrepentimiento, porque creyeron que era un peligro para México.

Es que no tuvo nombre lo que hicieron: engañar, manipular para imponer y para mantener un régimen de corrupción, de injusticias en beneficio de una minoría, destruyendo al país y afectando a la inmensa mayoría. El valor que tienen la paz, la seguridad, la tranquilidad; eso no tiene precio, afirmó.

“Varios empresarios me confesaron: ‘fíjese lo que son las cosas: yo hice campaña contra usted en 2006, yo les dije a mis trabajadores que usted era un peligro para México. O sea, estoy arrepentido, me engañaron’. Ésa, es una actitud nueva”, resaltó López Obrador.

El aspirante presidencial afirmó que quienes dominan el país, que son los responsables de la tragedia que lo mantiene en crisis económica, social, política y de pérdida de valores, no quieren cambiar, quieren conservar lo mismo, aunque terminen de desgraciar a todos.

Ahora están echando a andar una operación de recambio diciendo que las cosas van a mejorar si regresa el PRI a la Presidencia de la República; quieren a (Enrique) Peña Nieto, que lo han venido introduciendo al mercado, como se introduce un producto chatarra. Creen que con eso ya engañaron y la vamos a librar, pero ya no se puede sostener el mismo régimen, tiene que haber un cambio.

No basta, añadió, con echar a andar la economía, que haya crecimiento y se generen empleos, sino hace falta también crear una nueva corriente de pensamiento. Los seres humanos, creo yo, debemos tener una doctrina, un ideal, algo (...) no podemos despojarnos de eso, no sólo de pan vive el hombre. Una de dos: o hay un cambio de fondo o nos vamos a seguir degradando y se va a seguir hundiendo el país. A la gente le va tocar elegir, concluyó.
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Ordena el TEPJF responder a AMLO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) responda a la petición del candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, sobre que ese instituto organice 12 debates temáticos a lo largo de la campaña federal. Al invalidar la respuesta que en su momento dio mediante un oficio el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, sin tener facultades para hacerlo, el tribunal instruyó a responder a la brevedad posible.

Durante la sesión pública de ayer el tribunal electoral aprobó el proyecto presentado por la magistrada María del Carmen Alanís, en el que centralmente advierte que la respuesta a López Obrador es facultad exclusiva del Consejo General del IFE. Con ello se desestimó que el oficio de la secretaría ejecutiva –en el que incluso se habla de la creación de una comisión especial de consejeros– pueda considerarse respuesta oficial.

Al justificar su proyecto, Alanís dijo que asiste la razón a los partidos quejosos por considerar que hubo violaciones a su derecho de petición, pues tienen derecho a recibir una respuesta en función de sus cuestionamientos y por la instancia pertinente. La magistrada advirtió asimismo que la resolución no prejuzga sobre la viabilidad legal de los 12 debates que propone el precandidato de la coalición de izquierda.

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  • Han sido destinados 889 mil 403 millones de pesos en los pasados tres lustros
Al rescate bancario, lo de 6 décadas de presupuesto contra la pobreza
  • El costo para los contribuyentes equivale a 13.1% del PIB: Auditoría Superior de la Federación
Recursos de los contribuyentes por 889 mil 403 millones de pesos fueron destinados por la administración federal en los últimos tres lustros para hacer frente al costo del rescate del sistema financiero tras el colapso provocado por la crisis de 1995. Aun con tal transferencia, que duplica los actuales presupuestos anuales de salud o seguridad social, la deuda generada por el saneamiento de la banca es actualmente mayor a la cantidad que ya ha sido pagada, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la cuenta pública 2010.

La decisión del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, asumida por las dos siguientes administraciones panistas, de rescatar con recursos fiscales al sistema bancario después de la devaluación de peso en diciembre de 2004 tuvo un costo para los contribuyentes mexicanos que actualmente equivale a 13.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), esto es, 1.7 billones (millones de millones) de pesos.

Se trata de una cantidad que, en términos comparativos, equivale a lo que el Estado mexicano gastaría en seis décadas –con base en el presupuesto ejercido el año pasado– en todos los programas públicos de combate a la pobreza, se desprende del informe de la ASF, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados y de los informes de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas en 2011.
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Tienen la Corte y el CJF guardadito de $1,013 millones para gastos contingentes y pensiones
  • Sus mandos reciben compensaciones superiores a las de otros trabajadores del Estado
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Sesión en la la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo comité de gobierno creó dos fideicomisos para aumentar pensiones de los ministrosFoto Marco Peláez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tienen en dos fideicomisos un guardadito de mil 13 millones de pesos, uno de ellos destinado a gastos de contingencia, mantenimiento y adquisiciones, y otro al pago de pensiones de altos mandos. Sin embargo, explicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para cubrir ambos rubros utiliza recursos presupuestales.

El órgano fiscalizador detalló que entre 2006 y 2010, el fideicomiso constituido en la Corte para manejar los remanentes del gasto ha generado rendimientos por 186 millones 141 mil 100 pesos, debido a que únicamente ha registrado gastos administrativos por el cobro de 552 mil 800 pesos de comisiones del banco en que está depositado.

Esto es –explica–, en 2006 el saldo era de 536 millones 39 mil 800 pesos, y en 2010 ascendía a 694 millones 738 mil 900.

Asimismo, en el informe sobre la Cuenta Pública 2010 que entregó a la Cámara de Diputados, la ASF explica que en 1996 la Corte abrió un fideicomiso de inversión y administración para el pago de pensiones complementarias de mandos superiores, magistrados de circuito y jueces de distrito, que asciende a 318 millones de pesos.
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Creció más de 500 por ciento el gasto del Ejecutivo en comunicación social

El gobierno federal incrementó en 500 por ciento el gasto de comunicación social en los últimos cinco años. En 2006 destinó 476 millones 627 mil de pesos, y en 2010 ese monto se ubicó en 2 mil 850 millones 678 mil.
En su informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostiene que el gobierno federal no acreditó con información que las erogaciones realizadas se han apegado a los criterios de economía, austeridad y racionalidad, dado que esos gastos no se consideran prioritarios. Cabe señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 consignó que no se podían realizar ampliaciones o traspasos a los conceptos de comunicación social y publicidad, con la salvedad de situaciones contingentes, promoción comercial de las entidades que generan mayores ingresos y los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios
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Rápido y furioso, un abuso de poder de EU: John Boehner

Podría repetirse la situación, señala el rotativo The Washington Times

Washington, 16 de febrero. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, sostuvo hoy que el operativo Rápido y furioso, de trasiego ilegal de armas a México, fue un abuso de poder del gobierno estadunidense.

Boehner afirmó en la rueda de prensa semanal que el Departamento de Justicia, encabezado por el procurador general, Eric Holder, debe ser sujeto a rendición de cuentas, en momentos en que sigue la investigación del presidente del Comité de Supervisión, Darrell Issa.

Creo que Issa y los miembros del comité han hecho un buen trabajo en investigar este abuso de poder del gobierno y sigo apoyando sus esfuerzos, señaló el legislador republicano por Ohio.

El caso Rápido y furioso fue abordado esta semana por la secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, quien reiteró su postura de que se cometieron serios errores y que no deben repetirse operativos similares.
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Detecta la ASF dispendio en el Issste; afectación económica por $430 millones

El instituto tampoco aplica controles de calidad en pruebas de laboratorio contratadas a privados

Una afectación económica por 430 millones de pesos tuvo el Issste en 2010 por comprar medicamentos sin asegurarse de obtener el mejor precio posible, mientras por la subcontratación de servicios con terceros en las áreas de laboratorios clínicos y bancos de sangre. En particular, una deficiente evaluación de las necesidades causó que hospitales del organismo dejaran de realizar más de 150 mil estudios de laboratorio.

La revisión de la cuenta pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que hasta octubre de 2011, 58 pacientes del hospital regional Primero de Octubre esperaban que se les realizaran estudios clínicos para determinar si son candidatos a trasplantes de órganos.

Los contratos plurianuales con empresas privadas para pruebas de laboratorio se adjudicaron sin tomar en cuenta las necesidades reales de los nosocomios en cuanto a los estudios, insumos, consumibles y reactivos.

El análisis también encontró que a algunos hospitales, principalmente el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, no reciben beneficios por los convenios de subrogación de servicios de cirugía de mínima invasión.
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En Turissste, irregularidades en contratos por 658 millones de pesos

El Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) reportó egresos por 770 millones de pesos en 2010, la mayoría (658 millones) por contratos que están fuera de su giro, con lo que violó la normatividad, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la revisión de la cuenta pública de ese año, la ASF detectó que dichos convenios se adjudicaron de manera directa y sin aclarar los mecanismos de selección. En esta situación están los contratos asignados por Turissste a nombre de la fundación Bicentenario, los cuales representaron una erogación de 198 millones de pesos.

El mayor volumen de egresos –634 millones 221 mil pesos– se reportó en la agencia que el organismo tiene en la ciudad de México, oficina de Paseo de la Reforma. Del análisis de 27 expedientes de eventos tramitados por esta sucursal, sólo uno estuvo relacionado con servicios turísticos para derechohabientes y el público en general.
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Falta coordinación en iniciativas del gobierno sobre derechos humanos
  • Por ello persiste discriminación contra migrantes, indígenas y otros grupos
Aunque el gobierno federal ha promovido recientemente diversas reformas legales en materia de derechos humanos, no existe una aplicación real de dichas iniciativas ni un programa de monitoreo de las mismas, y es por ello que la discriminación contra migrantes, indígenas y otros grupos vulnerables no ha podido ser erradicada.

Así lo afirmó Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI) sobre México, quien en entrevista con La Jornada analizó el informe que una delegación del gobierno federal entregó los pasados martes y miércoles en Ginebra, Suiza, ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (Cerd), en donde explica cuáles han sido los avances del país en dicho ámbito.

El documento es una reflexión general sobre la postura de México, en donde reconoce la existencia del problema y dice cómo lo ha combatido a través de políticas públicas, pero la realidad es que no se registran pasos concretos para atender a los sectores afectados, indicó el especialista.
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Necesario, defender conquistas históricas de la laicidad, coinciden especialistas

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El doctor Francisco Piñón, el maestro Ernesto Gallardo y el padre Miguel Concha, durante la cátedra Religión, sociedad y Estado laico, que se inauguró ayer en el CUCFoto Yazmín Ortega Cortés

Ante los embates de sectores conservadores, es necesario defender las conquistas históricas de la laicidad, ya que este marco garantiza el respeto a la libertad de creer o no creer, así como la pluralidad social, religiosa y cultural del país, señalaron los participantes en la jornada inaugural de la cátedra Religión, sociedad y Estado laico, realizada ayer en el Centro Universitario Cultural (CUC).

Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, puso de relieve la importancia de que la academia aborde el tema de la laicidad del Estado mexicano, a la luz de la manera sorpresiva y atropellada en que la Cámara de Diputados reformó hace unos meses el párrafo primero del artículo 24 constitucional, cuyos términos generaron suspicacia, en particular por el tema de las elecciones presidenciales de este año y la próxima visita al país del papa Benedicto XVI.

El activista recordó el documento dado a conocer el pasado 2 de febrero, en el que diversas organizaciones advir- tieron que dicha reforma es un intento velado de la alta jerarquía católica por desmantelar el Estado laico y sustituirlo por uno confesional, lo cual puede generar actos de intolerancia en nombre de dogmas autoritarios, aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano siempre ha negado dicho señalamiento.
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  • Acusa incumplimiento de compromisos de países miembros
Advierte Jorge Eduardo Navarrete creciente irrelevancia del G-20
  • Llama el diplomático a poner en su lugar a instituciones financieras
Debido a la preponderancia de enfoques más conservadores y convencionales en materia económica, y a que los países miembros no cumplen con los compromisos asumidos en las recientes cumbres, el G-20 ha caído en una creciente irrelevancia ante las exigencias de una crisis económica global que todavía está lejos de superarse, aseguró el embajador Jorge Eduardo Navarrete.

Al participar en el Seminario para Medios sobre G-20, dijo que este grupo, integrado por las principales economías del mundo, se ha alejado del espíritu expresado en su reunión de Pittsburgh, en septiembre de 2009, donde no sólo hubo entendimiento y consenso tanto en el análisis de los problemas de la economía, sino también en las políticas que los países miembros adoptarían en favor de la reactivación económica y generación de empleos.

Sin embargo, tras citar diversos hechos de subordinación de algunos países en desarrollo y de incumplimiento de compromisos de otros, los más desarrollados, dijo que la dirección tomada apunta a la irrelevancia en las acciones del grupo.

Durante el acto, realizado en la Casa Lamm, el especialista dijo que si bien los documentos que se suscriben luego de cada reunión no han cambiado, sí se ha movido progresivamente el énfasis de las acciones encaminadas a fortalecer la recuperación económica y la generación de empleos, a privilegiar la consolidación fiscal en momentos en los que todavía no son propicios y la economía sigue sin crecer.
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Busca Calderón dejar Ifai débil y sin credibilidad: especialistas

Académicas especialistas en temas de transparencia señalaron que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) deberían ser nombrados en terna por sus propios representantes, de manera democrática y con participación de organizaciones comprometidas con la transparencia; de lo contrario, aseguraron, se corre el riesgo de mantener un organismo debilitado, sin credibilidad y apegada al Ejecutivo en lugar de los ciudadanos.

Asimismo, indicaron que el presidente Felipe Calderón está a tiempo de enviar al Senado nombramientos de ciudadanos de amplia trayectoria, especializados en la administración pública, pero sobre todo con posturas independientes y no cargadas hacia un grupo político, como pretende hacer, dijeron, con el ex titular de la consejería jurídica de la Presidencia, Ricardo Celis Aguilar Álvarez.

Lo que está buscando Calderón es proteger lo que se diga de su administración después de su mandato, afirmó la académica Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Dinero
  • Propone el auditor otro tribunal
  • Los personajes del gabinete de AMLO
  • Enfermos de cáncer sin médico en el IMSS
Enrique Galván Ochoa

Los informes de la Auditoría Superior de la Federación –órgano de la Cámara de Diputados encargado de revisar las cuentas gubernamentales– se han convertido con el paso del tiempo en un reporte sobre la corrupción y la impunidad. Aunque no audita todo el gasto público, pareciera que el espacio donde toca brota pus. Vale decir que en estos años nunca una denuncia ha llevado a la cárcel a un pez gordo, a pesar de que las irregularidades suman miles de millones de pesos. El titular de la auditoría, Juan Manuel Portal, propuso a los diputados la creación de un nuevo órgano autónomo dedicado a sancionar a los servidores públicos. Esta función en teoría la desempeñan actualmente la Secretaría de la Función Pública y los tribunales del Poder Judicial, pero en la práctica su acción no es eficaz, ya que son jueces y parte. Recientemente el ex secretario de la Función Pública Salvador Vega Casillas se vio involucrado en un escándalo, cuando un grupo de gasolineros denunció que funcionarios de Profeco les pedían dinero para hacerse de la vista gorda cuando sirven litros incompletos. Entre los denunciados figuraba su esposa, ni más ni menos, pero la PGR la absolvió. El auditor supone que con un nuevo tribunal federal autónomo podrían combatirse mejor esas irregularidades. Es buena idea, pero ¿realmente daría resultados? La corrupción tiene un poder invasivo. Tal vez sólo crearía más burocracia y pasaría de largo frente a la corrupción y la impunidad.
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México SA
  • Economía: ¿fuerte, sólida?
  • Calderón: 1.48% a duras penas
  • Deuda pública, fuera de rango
Carlos Fernández-Vega

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, tuvo a bien notificar a los mexicanos que la economía nacional se mantiene fuerte, sólida, y que en este agitado 2012 puede transitar con éxito. Qué tranquilidad da saber que en el Olimpo tecnocrático todo funciona de maravilla y que todo se ve color de rosa, pero siempre queda la duda: una economía que a duras penas registra una tasa promedio anual de crecimiento de 1.48 por ciento en los últimos cinco años, los del calderonato, ¿en serio puede calificarse de fuerte, sólida y todavía augurar un tránsito exitoso en este candente año?

Más allá de la dosis de optimismo que el voluntarioso doctor catarrito pretendió repartir entre los siempre incrédulos mexicanos –por ser ellos los que sobreviven en el México real, es decir, el que está totalmente alejado del Olimpo tecnocrático–, la respuesta, sin quererlo, la ofreció el propio gobernador del Banco de México: en 2012 y 2013 sólo será creada la mitad de los empleos formales que demanda la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo, en un entorno en el que, según datos mostrados este miércoles por el funcionario, el desempleo se mantiene arriba del nivel previo a la crisis de 2009 y el ingreso de los trabajadores ha resentido pérdidas de poder adquisitivo por tres años consecutivos –cuando menos, agrega este tecleador– (La Jornada, Roberto González Amador).
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La nueva política energética de AMLO

Javier Jiménez Espriú*

México requiere una nueva política energética verdaderamente nacional, decidida por los mexicanos para satisfacer las necesidades y conveniencias de los mexicanos; una política energética que, a partir de un nuevo proyecto de nación, garantice su seguridad energética, componente indispensable de la seguridad nacional y elemento esencial para el desarrollo moderno y sustentable de los pueblos y que sea la base para una estrategia nacional de energía que atienda nuestros requerimientos de largo plazo, sustentada en los postulados siguientes:

1. Respeto irrestricto al espíritu y la letra de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Sin transgresiones por interpretaciones tramposas en leyes secundarias.

2. El interés nacional, objetivo único de la estrategia nacional de energía. Seguridad energética y soberanía.

3. La energía, palanca del desarrollo nacional sustentable.

Se trata de garantizar nuestra soberanía y seguridad energéticas en el largo plazo, 25, 50, 100 años, y no la entrega de las funciones de nuestros organismos del sector a la empresa privada, fundamentalmente extranjera, y con ello de contratos claudicantes, inequitativos, ilegales y que entregan a terceros ganancias exorbitantes, incluida parte de la renta petrolera, que deben ser de la nación.
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El Movimiento Indígena Nacional y las autonomías

Gilberto López y Rivas

Con fecha 10 de febrero pasado, la organización denominada Movimiento Indígena Nacional (MIN) circuló un boletín electrónico con los siguientes titulares: Indígenas buscan llegar al Congreso de la Unión/ El MIN da a conocer al PRD precandidatos/ Piden a IFE observar que partidos políticos reserven los distritos indígenas para dirigentes de pueblos indios.

En el documento se asienta que representantes y delegados de 62 pueblos indígenas de México se reunieron en la Asamblea Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas, el 8 de febrero de 2012, para exigir a los partidos políticos asegurar su inclusión para contar con legisladores. De manera particular, piden al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que restituya los espacios a los indígenas perredistas, entre ellos el de ser incluidos en la relación de candidatos en lugares preferentes. Los integrantes de la comisión política de dicha asamblea manifestaron que es tiempo de que los órganos de gobierno del PRD actúen con congruencia, como lo mandatan los principios y estatutos del partido, para la selección de postulantes.

Entre su lista de prioridades dan a conocer los nombres de sus mejores candidatos(as) para la Cámara de Diputados y el Senado, asegurando que todos ellos son indígenas militantes del PRD y considerados como los mejores perfiles, además de tener el compromiso y la agenda política del Movimiento Indígena Nacional
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Sexenio de vacas flacas y balas gordas

Víctor M. Quintana S.

Tan sólo mes y medio Felipe Calderón trazó con toda claridad dos líneas básicas de su gobierno hace cinco años: en diciembre de 2006, vestido de soldado, inició la ofensiva que nos ha acarreado 50 mil muertos. En enero del siguiente año, no pudo contener el aumento al precio de la tortilla y el país se despeñó en una severa crisis alimentaria. Política de seguridad y política agroalimentaria han sido dos de los principales fracasos del sexenio.

Las últimas semanas han ido cayendo los datos que revelan las llamadas no atendidas y las oportunidades perdidas en materia de alimentación. Apenas la semana pasada, el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social), en su Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011, dio a conocer que entre 2008 y 2010 se incrementó en 4.2 millones el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro país, para alcanzar ya el número de 28 millones, uno de cada cuatro mexicanos. No se toma en cuenta, es obvio, el terrible saldo de pobres alimentarios que arroja la sequía que comenzó el año pasado. Algunos analistas calculan que el número de personas en hambruna podrá dispararse hasta 3 millones.

El problema no sólo es el de por sí abultado número de personas que están en pobreza alimentaria o franca hambruna. Radica en que la gente tiene cada vez más dificultad para comprar sus alimentos, pues éstos incrementan su precio más que el salario: al comenzar el sexenio que agoniza, con un salario mínimo se podían comprar 8.1 kilos de tortillas; hoy, 5.3 (La Jornada, 8 de diciembre de 2011, nota de Juan Antonio Zúñiga).En 2006, 48 piezas de pan, hoy sólo 39; 5.7 litros de leche, contra 4.2 de ahora. Y del frijol ni hablemos, pues mientras al comenzar el gobierno calderonista se podían obtener 4.8 kilos con un salario mínimo diario, hoy apenas se pueden comprar dos, y falta que avance el año y pegue más la carestía provocada por el cambio climático.
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viernes, enero 20, 2012

La guerra sucia contra Iran


La bandera de Escocia  durante un mitin electoral. Foto: AP

Gran Bretaña-Escocia: tensiones por referendo independentista

LONDRES (apro).- Escocia se encamina a lograr por primera vez en más de 300 años su independencia del Reino Unido, tras anunciarse un referendo para 2014 que elevó las tensones entre Londres y Edimburgo por el futuro de la Unión. …

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Banderas de la  Unión Europea. Foto: AP

Europa: se degrada la deuda, pese a los acuerdos

BRUSELAS (apro).- A pesar de las medidas de rigor fiscal y de austeridad que están en vías de instrumentar los países de la Unión Europea (UE) en un nuevo tratado en la materia –el cual podrían firmar en marzo próximo--, la crisis no deja de agravarse en la región, principalmente entre los 17 Estados socios que comparten la moneda única, el euro.El pasado viernes...

Mahmud  Ahmadinejad, presidente de Irán. Foto: AP

La guerra encubierta contra Iran

MÉXICO D.F. (apro).- Aparte de las sanciones internacionales y las advertencias públicas contra su controvertido programa atómico, la República Islámica de Irán está siendo sometida a lo que se aprecia como una guerra sucia. El cuarto atentado contra uno de sus científicos nucleares, todos con el mismo método, y la introducción de un virus informático, especialmente diseñado para inhabilitar sus sistemas operativos, no dejan....

Monjes tibetanos  exiliados en Dharmsala, India, en protesta por la auto-inmolación de dos  monjes tibetanos del monasterio Kirti en Aba de Sichuan, China, 26 de  septiembre de 2011. Foto: Ashwini Bhatia / AP

Tíbet: prenderse fuego como protesta

MEXICO, D.F. (apro).- En los últimos diez años, los tibetanos han llevado el activismo pacífico budista hacia manifestaciones políticas más radicales. La cara más dolorosa de este nuevo activismo es la inmolación de varios monjes, quienes mostraron así la insatisfacción tibetana ante las políticas del gobierno chino.El pintor Losang Gyatso explica a Apro que en el 2008, año de los Juegos Olímpicos de....

Sebastián Piñera,  presidente de Chile. Foto: AP

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VALPARAÍSO (apro).- La situación de Sebastián Piñera es altamente compleja. Salpicado de errores e indecisiones, la aprobación a su mandato es la más baja que haya tenido un presidente chileno en la historia.Además, la filopinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) amenazó con quitarle apoyo a su gobierno en caso de que opte por realizar cambios al sistema político para responder a la demanda mayoritaria....

sábado, diciembre 17, 2011

Palabras desde Atenas - Words from Athens

Pedro Olalla reflexiona desde Atenas sobre la situación que vive Grecia entendida en un contexto global (en español - subtítulos en inglés y español).

Pedro Olalla reflects from Athens on the situation in Greece understood in a global context (in Spanish - English and Spanish subtitles).

http://youtu.be/jX7Kqb21b44

miércoles, diciembre 14, 2011

21 entidades ocultan deuda por 48 mil MDP

Veintiún entidades federativas han ocultado su endeudamiento por más de 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. La deuda total de los estados supera los 360 mil millones de pesos y pone en riesgo las finanzas públicas, alerta la Auditoría Superior. Los pasivos más importantes los concentran el Gobierno del Distrito Federal, del perredista Marcelo Ebrard, y la pasada administración del priísta Enrique Peña Nieto, en el Estado de México: más de 95 mil millones, que equivalen al 26.3 por ciento del total.

El Distrito Federal, gobernado por Marcelo Ebrard, y el Estado de México, administrado hasta el 15 de septiembre pasado por el precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, son las dos entidades federativas más endeudadas del país, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. Sus pasivos con la banca privada, la de desarrollo y el mercado financiero superan los 95 mil millones de pesos.
En tercer lugar se ubica Nuevo León, dirigido por Rodrigo Medina de la Cruz. Y es hasta el cuarto peldaño donde se ubica Coahuila, cuya deuda por más de 30 mil millones de pesos fue adquirida en las administraciones de Humberto Moreira Valdés y de Jorge Torres López. Los tres, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Estas cuatro entidades forman parte, a su vez, de la lista de las 21 que habrían ocultado un porcentaje de sus adeudos a las autoridades federales, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. De acuerdo con esa instancia gubernamental, al primer trimestre de 2011 la deuda de los estados y el Distrito Federal ascendió, en total, a 363 mil 422 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo recibió reportes por 315 mil 18 millones 300 mil.
“De acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, al primer trimestre de 2011 la deuda de las entidades federativas y municipios ascendió a 363 mil 422 millones, lo que equivale a una diferencia de 48 mil 994 millones 100 mil pesos, un 15.6 por ciento adicional respecto del monto establecido en el registro de obligaciones financieras administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que las entidades federativas reportan a esta dependencia principalmente la deuda garantizada con las participaciones en ingresos federales”, detalla el Análisis.
En su reporte, entregado a la Cámara de Diputados en junio pasado, la Auditoría Superior observa que “el riesgo ni siquiera se puede determinar de manera confiable y objetiva, porque no se conocen los montos totales de la deuda, de otros pasivos financieros de corto plazo y de contingencias presupuestarias relevantes como las pensiones”.
El diputado perredista Vidal Llerenas Morales –integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– señala que “la deuda de los estados está muy mal regulada, salvo la del Distrito Federal que tiene una regulación de carácter federal. En los estados hay poco control sobre la deuda. El caso de [Humberto] Moreira es el que más clarifica este fenómeno: los estados tienen reglas muy laxas y recurren al endeudamiento a corto plazo con bancos, que es muy caro, luego lo consolidan a largo plazo; no usan la deuda para infraestructura y pagan tasas muy altas”.
Pero los adeudos que dejó el exlíder nacional del PRI en Coahuila no son los más altos. La deuda real del Distrito Federal suma 55 mil 200 millones de pesos, aunque a la Secretaría de Hacienda únicamente se le reportaron 52 mil 258 millones 700 mil pesos. En el caso del Estado de México, el monto real es de 40 mil 738 millones 300 mil, pero el enterado a Hacienda fue de sólo 37 mil 731 millones 200 mil pesos.
Nuevo León que adeuda 36 mil 903 millones 500 mil pesos, sólo dio a conocer pasivos por 34 mil 634 millones 400 mil. Y la deuda real de Coahuila –cuya situación financiera ha sido utilizada con fines políticos por el exsecretario de Hacienda y actual precandidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero– es de 31 mil 973 millones 100 mil pesos, pero sólo reportó 8 mil 329 millones 300 mil. Con ello, se coloca como el estado que ocultó el mayor monto a las autoridades federales, 23 mil 643 millones 800 mil pesos.

Más deuda
Los pasivos por contratación de empréstitos de esas administraciones gubernamentales representan el 45.3 por ciento de los más de 363 mil millones que deben en total las entidades federativas, de acuerdo con los datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.
Pero eso no es todo: al endeudamiento real hay que agregar las líneas de crédito recién solicitadas. Tan sólo, el pasado 17 de noviembre, Standard & Poor’s dio a conocer que le asignó calificación de largo plazo en escala nacional de mxAAA a los certificados bursátiles fiduciarios del gobierno capitalino. Ello posibilitará que, en breve, la administración de Ebrard contrate un crédito de hasta 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con la calificadora, los certificados estarán respaldados por los derechos de crédito y los derechos como beneficiario derivados de las disposiciones que realice el Gobierno del Distrito Federal conforme a un contrato de apertura de crédito simple, derivación de fondos y constitución de garantía suscrito entre el gobierno federal, como acreditado, y Deutsche Bank México, como acreditante. Dichos derechos serán cedidos por Deutsche Bank al Fideicomiso F/00831, constituido en The Bank of New York Mellon, para constituir el patrimonio en beneficio de los tenedores de los certificados bursátiles.
En el caso de Coahuila, a inicios de noviembre pasado se contrataron créditos por, al menos, otros 2 mil millones de pesos. El objetivo fue para refinanciar la deuda global, ante las presiones políticas que recibió el gobierno interino tras darse a conocer la deuda por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 3 mil millones fueron contratados con documentación falsa.
Para el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez, el problema del ocultamiento de la deuda “está en ambos frentes: por una parte, cualquier falsificación de documentos o faltas a la normatividad estatal o federal constituye un delito, por lo que quienes sean responsables tendrán que enfrentar las consecuencias. Por otra, la lección que nos queda es que la Secretaría de Hacienda tiene que mejorar sus mecanismos de control y regular con mayor claridad la información que se debe de reportar, ya que hay instrumentos que no se toman en cuenta que sí deberían hacerlo”.

Los más endeudados
La Auditoría Superior señala que “el proceso de mayor endeudamiento se enmarca en un escenario en el que predominan la fragilidad de las finanzas públicas, un débil crecimiento y el impacto de la crisis económica”.
Agrega que “el elevado endeudamiento representa un riesgo para la sostenibilidad de los financiamientos contratados en el mediano y largo plazos, debido a que los recursos federales constituyen la mayor fuente de ingresos de las finanzas públicas locales (estimados en más del 90 por ciento del total), además de su débil capacidad recaudatoria actual”.
De las tres principales fuerzas políticas del país, ninguna queda a salvo del endeudamiento desmedido. Entre los estados con más compromisos crediticios están Veracruz, que encabeza el priísta Javier Duarte de Ochoa, con adeudos por 22 mil 566 millones 800 mil pesos; Jalisco, gobernado por el panista Emilio González Márquez, con pasivos por 21 mil 122 millones 900 mil pesos; Chihuahua, representado por el priísta César Duarte Jáquez, con pasivos por 18 mil 273 millones 800 mil.
En el octavo peldaño se encuentra Sonora, administrado por el panista Guillermo Padrés Elías, cuyo endeudamiento asciende a 17 mil 287 millones 400 mil pesos. Y le sigue Michoacán, aún en manos del perredista Leonel Godoy Rangel, con una deuda de 15 mil 37 millones 400 mil pesos.
El diputado panista Alfredo Rodríguez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que “hay estados que tienen la situación tan complicada, tan delicada financieramente, que tendrán que tomar la decisión de no optar por acceder a nuevos recursos [vía créditos] porque su capacidad de deuda está al límite. Tienen comprometido prácticamente el ciento por ciento de su presupuesto con el gasto corriente y con las deudas que actualmente tienen”.

Crisis previsible
En su Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011, la Auditoría Superior destaca “el riesgo moral” de los estados. Ello implica que “las finanzas públicas locales no se conduzcan con prudencia debido a que tienen la expectativa de que el gobierno federal –Legislativo y Ejecutivo– tendría que apoyar a los gobiernos locales con recursos en caso de que la falta de liquidez e insolvencia se materializara y se requiriera anular las graves consecuencias que se generarían a la economía del país”.
Por ello, urge fortalecer los mecanismos institucionales para regular el endeudamiento local y racionalizar el destino de los recursos obtenidos mediante los diferentes mecanismos de financiamiento.
El máximo órgano de fiscalización de México señala que “si no se toman las decisiones apropiadas respecto del endeudamiento acelerado de las entidades federativas y se fortalecen sus finanzas públicas, se puede configurar un escenario que ponga en riesgo la estabilidad económica y el desarrollo social del país.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con los responsables de las finanzas públicas de las 32 entidades del país. Hasta el cierre de edición, sólo se obtuvo respuesta del gobierno de Baja California Sur.
Al respecto, el maestro Miguel Ángel Hernández Vicent, director de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Finanzas, explica que en Baja California Sur “se ha tratado de mantener un nivel de endeudamiento acorde al monto total de recursos que maneja el estado. Consideramos que la deuda es útil y sirve siempre que venga a incrementar el potencial de crecimiento del estado y que el perfil de la deuda corresponda con el perfil de las cosas que se van a hacer. Contratamos deuda a largo plazo porque se invierte en cosas que van a tener una vida útil, por lo menos equivalente al tiempo que vamos a pagar la deuda”.
La entidad es una de las que menos deuda han contratado; también una de las que sí han reportado su adeudo total a las autoridades federales. Aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reporta que el adeudo del estado asciende a 2 mil 30 millones 800 mil pesos, Hernández Vicent asegura que el saldo es de 1 mil 272 millones al 13 de septiembre pasado.
Respecto del destino de ese dinero, afirma que ha sido la inversión pública productiva. “Se invirtieron en el hospital Salvatierra, las contrapartes, en obras de pavimentación. Hay créditos que vienen de hace muchos años y cuyos saldos negociamos en su tiempo, pero la totalidad se llevó a inversión pública”.
[RECUADRO]
Bono cero, nueva vía de endeudamiento
La Auditoría Superior de la Federación señala que si los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios no incrementan sus ingresos y racionalizan el gasto –reduciendo los egresos aplicados en programas que no agregan valor público ni tienen impacto económico y social, así como las erogaciones en actividades operativas, de administración, comunicación social y servicios personales, principalmente–, el déficit público persistirá y las necesidades de financiamiento aumentarán con el tiempo.
Y aunque el órgano fiscalizador señaló al Congreso de la Unión que la solución del problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos locales requiere de una reforma integral y de fondo de las finanzas públicas y del federalismo hacendario, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un “bono cero” –deuda– por 50 mil millones de pesos para las 32 entidades federativas.
Al respecto, el diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez explica que la deuda de los estados y municipios como porcentaje del producto interno bruto sigue siendo baja (de 2.3 por ciento). “Es cierto que algunas entidades tuvieron incrementos muy acelerados, pero no estamos ante un problema estructural. El bono o cupón cero que adquirirá el gobierno federal para respaldar la emisión de las entidades tiene la enorme ventaja de que tiene garantizado el pago del principal con los recursos que nosotros ya etiquetamos para tal fin en el Presupuesto. Es decir, las entidades sólo deberán preocuparse por los intereses, los cuales serán muy bajos, ya que se fondearán a una tasa similar a la del gobierno federal. Algo que muy pocos estados podrían hacer por sí mismos”.
El diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Rodríguez Dávila, coincide. “Es una deuda bastante noble, porque los estados pagarán los intereses y la federación pagará al término de los 20 años el capital. Entonces, es como si te ofrecen a ti comprar una casa y solamente vas a pagar los intereses y al término de los 20 años no tendrás que pagar el capital”.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados admite que no existen reglas de operación definidas al ciento por ciento respecto de este nuevo endeudamiento, porque ésas dependen de la Secretaría de Hacienda y se darán a conocer en enero de 2012.
Rodríguez Dávila indica que las entidades que contraten estas deudas deberán registrarlas en sus congresos locales, como lo marca la mayoría de las legislaciones estatales. “Lo que se quiere es que no suceda lo que ya pasó en otros estados, como Coahuila, que nadie sabe. Ahora lo tienes que denunciar”.
Para el diputado perredista Vidal Llerenas Morales, el bono cero es una buena manera de aprovechar las finanzas públicas. Detalla que esta deuda “es muy manejable, es barata para los estados, y te va a permitir financiar infraestructura en un momento en el que tienes que financiar esta infraestructura, que es el año que entra, para reactivar la economía”. (Mariela Paredes)
Estados que sí reportaron su deuda total
Entidad
Deuda
Jalisco
21,122.9
Sonora
17,287.4
Sinaloa
4,879.3
San Luis Potosí
4,823.5
Nayarit
3,150.9
Aguascalientes
2,603.1
Querétaro
2,219.8
Baja California Sur
2,030.8
Morelos
1,269.6
Campeche
328.6
Fuente: Auditoría Superior de la Federación, Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011

lunes, diciembre 05, 2011

Investigan Función Pública y Auditoría Superior megadeuda en Coahuila

Humberto Moreira, presidente del PRI.


MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigan, cada una por su lado, la manera en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó al gobierno de Coahuila, en el gobierno de Humberto Moreira, la contratación de deuda por más de 34 mil millones de pesos.

La SFP ha centrado su indagatoria en la actuación que tuvieron funcionarios de la SHCP en dicho acuerdo, según confirmó el titular de dicha dependencia, Salvador Vega Casillas.

En declaraciones a Radio Fórmula, el funcionario federal reveló que ya se investigan los presuntos actos de corrupción en los que incurrieron funcionarios de esa dependencia al sellar y firmar el préstamo a Coahuila.

Vega Casillas añadió:

“Estamos investigando la parte que tiene que ver con Hacienda, estamos viendo también los registros, los documentos, todavía estamos trabajando en las investigaciones”.

El pasado 18 de noviembre, el expresidente nacional del PRI y exgobernador de la entidad, Humberto Moreira, vinculó a servidores públicos de la SHCP en las anomalías cometidas por sus excolaboradores en la contratación de la millonaria deuda.

Por separado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, dijo que tendrá que revisarse el procedimiento que se siguió para contratar la deuda en Coahuila, lo que implica saber quién tuvo conocimiento, quién autorizó, quién lo solicitó, para qué lo autorizó y si tenía facultades para ello.

Además, añadió, Humberto Moreira debió haber conocido los documentos con los que se aprobó la deuda millonaria de la entidad.

“Se me hace muy difícil que no supiera (de los créditos). Los montos que se obtuvieron son tan importantes que sería ilógico pensar que no supiera que estaba contratada esa deuda”, afirmó Portal.

No obstante, el auditor estatal de Coahuila, José A. Plata Sandoval, aseguró que el exdirigente nacional del PRI no firmó uno solo de los documentos para contratar la deuda en cuestión.

“Está claro para la Auditoría que Humberto Moreira no firmó, y probablemente eso lo exime de responsabilidad”, aseguró.

Quienes firmaron, subrayó, fueron los titulares de las dependencias correspondientes: la Secretaría de Finanzas, la Tesorería General del Estado y el Servicio de Administración Tributaria”.

Además, el auditor estatal señaló que 117 gobiernos municipales y organismos estatales hicieron uso de fondos injustificadamente y que tendrán 30 días para comprobar el uso de estos recursos públicos.

miércoles, noviembre 30, 2011

Investigan a Banorte e Interacciones por coahuilazo

El gobierno de Coahuila omitió reportar el 72 por ciento de su deuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. El endeudamiento oculto no es el único problema que enfrenta el estado: el secretario de finanzas de Humberto Moreira habría recibido diariamente –durante tres meses– más de 500 mil pesos en efectivo de Banorte. Las autoridades federales investigarían, también, los presuntos flujos de efectivo que le habría entregado el banco Interacciones. Ante lo que consideran una arbitrariedad, empresarios promueven amparos masivos y exigen rendición de cuentas del uso del dinero público.

Piedras Negras, Coahuila. Quien fuera secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, Héctor Villarreal Hernández, habría recibido 500 mil pesos diarios en efectivo durante tres meses del Grupo Financiero Banorte. También el banco Interacciones habría entregado dinero en efectivo a ese mismo exfuncionarios aunque aún se desconoce el monto.
Las operaciones, que ya estarían siendo investigadas por las autoridades federales, implicarían a los empresarios Roberto González Barrera y Jorge Hank Rhon, ambos ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que desde enero de 2011 dirige Moreira Valdés.
El dinero en efectivo se habría entregado, al menos, durante un periodo de tres meses por lo que superaría los 50 millones de pesos. Consultado al respecto, Fernando Solís Cámara –director corporativo de Comunicación e Imagen de Banorte– refirió que los movimientos en efectivo son un delito. Y aunque se comprometió a dar en tres días la versión oficial del banco, propiedad de González Barrera, a 20 días de hecha la solicitud, no hubo respuesta.
Éste no sería el único escándalo que habría enfrentado Villarreal Hernández. El pasado 29 de octubre fue detenido por la Policía Investigadora e internado por unas horas en la cárcel de Saltillo. Ahí compareció ante el Juzgado Segundo Penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de uso de documentos falsos y equiparado al fraude por simulación de actos jurídicos.
De acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila, el exsecretario de Humberto Moreira habría intervenido en la contratación irregular de créditos por 3 mil millones de pesos a largo plazo con los bancos del Bajío y Santander.
Y aunque hasta ahora se desconocen los acuerdos a los que Héctor Villarreal habría llegado con Banorte e Interacciones para la entrega del dinero en efectivo, ambas instituciones figuran entre los acreedores del gobierno estatal.
Incluso el pasado 30 de septiembre el Grupo Financiero Banorte informó que, junto con diversas instituciones financieras, suscribió un acuerdo con el gobierno de este estado para refinanciar la deuda mediante un crédito simple por 33 mil 867 millones de pesos, más costos de refinanciamiento, a un plazo de 20 años.
En ese acuerdo también participó Interacciones, de Hank Rhon, cuyo crédito renegociado con Coahuila ascendió a 10 mil 488 millones de pesos. Tras esta operación, Moody’s Investors Service (agencia de calificación de riesgo que realiza investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales) bajó la calificación de fortaleza financiera de este banco.

La deuda oculta
Coahuila es la tercera entidad más endeudada del país y es la primera en la lista de las 21 que han ocultado parte de su deuda a las autoridades federales. Y es que los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López omitieron enterar adeudos por 23 mil 643 millones 800 mil pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011.
El informe –elaborado por la Auditoría Superior de la Federación y presentado a la Cámara de Diputados en junio pasado– señala que el estado reportó un pasivo por concepto de contratación de créditos de tan sólo 8 mil 329 millones 300 mil, al primer trimestre de 2011. No obstante, datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero citados en el reporte revelan que la deuda real en ese periodo ascendía a 31 mil 973 millones 100 mil pesos.
Alejandro Gurza Obregón, empresario de la industria automotriz, señala en entrevista que durante los cinco años que Moreira Valdés gobernó la entidad manejó presupuestos públicos por más de 150 mil millones de pesos en total, cifra a la que se le deben agregar la deuda con bancos, por 34 mil millones, y los pasivos con proveedores, que superan los 200 mil millones de pesos. “¿Qué hizo con ese dinero?”, se pregunta el militante panista.
El monto que ocultaron las dos recientes administraciones priístas en Coahuila equivale al 46 por ciento de los préstamos no enterados a la Secretaría de Hacienda: entre las 20 entidades restantes, los pasivos por créditos no informados suman un total de 27 mil 730 millones de pesos. Tan sólo entre Coahuila, que ocupa el primer lugar en la lista de entidades omisas, y Chihuahua, que se encuentra en la segunda posición, hay una diferencia de más de 18 mil millones. El estado gobernado por el priísta César Duarte Jáquez no notificó un adeudo por 5 mil 168 millones 400 mil pesos.
“El saldo de la deuda [de Coahuila] al primer trimestre de 2011 asciende a 8 mil 329 millones 300 mil pesos, aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero señala que es de 31 mil 973 millones 100 mil, al no contabilizar 23 mil 643 millones 800 mil [pesos]”, señala el Análisis del máximo órgano de fiscalización en el país. Agrega que eso significa un 283.9 por ciento superior al saldo registrado en la Secretaría de Hacienda.
Armando Guadiana Tijerina, empresario de la industria minera y promotor de la organización civil Claridad y Participación Ciudadana, indica que la deuda pública supera en más del ciento por ciento el presupuesto de Coahuila, que en promedio a ascendido a 31 mil millones anuales. Lo cual, dice, es ilegal.
Para la Auditoría Superior, los pasivos por habitante ascendieron a 3 mil 8 pesos –cantidad que supera en 18.3 veces los 164.3 pesos por persona de 2006– en 2010; no obstante, advierte que “la información con base en la cual se estimaron los indicadores es inconsistente, debido a que no está registrada la totalidad de la deuda”.
La entidad fiscalizadora también señala que “con la información disponible se observa que los indicadores de sostenibilidad revelan una tendencia al deterioro. Esto implica un posible riesgo de las finanzas públicas estatales al comprometer una mayor cantidad de recursos para el pago de la deuda”.
De acuerdo con el Análisis, “la deuda pública estatal representa progresivamente un mayor porcentaje del producto interno bruto, de las participaciones federales y de los ingresos fiscales ordinarios. Respecto del ahorro interno, la proporción se incrementa cada vez más, debido a que el crecimiento de la deuda es mayor al del ahorro interno (la tasa media anual fue de 39.1 por ciento entre 2008 y 2010)”.
Para el órgano fiscalizador, “Coahuila presenta [un] deterioro en sus finanzas públicas debido al déficit en sus balances primario y presupuestario, los cuales han sido cubiertos con disposiciones de deuda de corto y largo plazo. Además, la entidad mantiene una alta dependencia de los ingresos federales, los cuales al cierre de 2010 representaron el 92.2 por ciento de los ingresos totales, lo que es indicativo del bajo dinamismo en la recaudación local”.

Rebelión empresarial
La previsible crisis de las finanzas públicas coahuilenses, cuya deuda podría superar ya los 35 mil millones de pesos, encuentra sus primeras reacciones sociales, sobre todo porque quienes acabarán pagando el déficit serán los contribuyentes. Así, un cada vez más nutrido grupo de empresarios se rebelan a las nuevas cargas impositivas y a la falta de transparencia en el uso del dinero público.
Y es que para hacer frente a los adeudos, el 15 de noviembre pasado el Congreso local aprobó en el paquete fiscal 2012 un aumento de 1 a 2 por ciento en el impuesto sobre nóminas, así como la vigencia del cobro de la tenencia vehicular. Del presupuesto total, por 32 mil 296 millones 300 mil pesos, la nueva administración de Rubén Moreira destinará 4 mil 627 millones 968 pesos al pago a la banca privada.
El grupo de empresarios inconformes, encabezado por Armando Guadiana Tijerina, promueve la presentación de amparos contra lo que consideran el endeudamiento excesivo de las finanzas públicas locales.
En entrevista con Contralínea, Guadiana Tijerina explica que “cuando inició el gobierno de Humberto Moreira, el estado no debía un solo quinto a ninguna institución financiera. La única deuda era la de la operación normal del estado, del orden de 300 millones, a proveedores, obras en proceso y cuestiones de esa naturaleza; pero a bancos o instituciones financieras públicas y privadas no se debía un solo peso. Y ahora resulta que llegamos a 34 mil millones de pesos en deuda”.
El empresario Alejandro Gurza señala que en esta previsible crisis financiera, “tan cómplice es Humberto como Rubén: los dos. Uno era el gobernador y el otro era el jefe del PRI”. Para el presidente fundador de Coparmex-Torreón e integrante de la organización civil, “el perverso de Humberto junto con Rubén Moreira [gobernador de la entidad desde el 1 de diciembre de 2011] hicieron un daño más grave a Coahuila que el económico: lo pudrieron, lo corrompieron con cooptaciones, mordidas y compra de votos. Sobre todo [dañaron] al magisterio, que debería ser lo más limpio en el país para bien de la sociedad, porque en el magisterio es donde se le enseña al niño y al adolescente los valores, los principios, la moral, el respeto a los padres, el respeto a los mayores”.
El empresario Víctor Alducin Flores expresa que, “como ciudadanos, hemos sido indolentes, le hemos dejado al gobierno hacer y esa facilidad que le hemos obsequiado, le permitió abusar. Por eso precisamente se ha llegado al grado del cinismo, de lo que pasó aquí, con el famoso coahuilazo. La reacción ciudadana tiene que ser esperada y ya una situación de éstas donde lastima abiertamente al ciudadano y desgraciadamente a los más pobres, a los más necesitados, nos hacen reflexionar y nos hacen accionar”.
En entrevista, el también presidente de la asociación Claridad y Participación Ciudadana y líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la región lagunera advierte que el movimiento de los empresarios apenas comienza. “Esto nada más fue el detonador, el trampolín para exigir a los gobiernos, no nada más al estatal, que es la problemática actual aquí en Coahuila, sino las problemáticas municipales, estatales y la federal”.
Indignado, el empresario Armando Guadiana Tijerina señala: “Definitivamente fue un fraude hacia los coahuilenses, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político y moral. Y ahora resulta que está de presidente nacional de nuestro partido, porque yo pertenezco al PRI. Pero yo quiero un PRI diferente y no el que comanda Humberto Moreira”.

Amparos masivos
La organización civil Claridad y Participación Ciudadana promueve la presentación de amparos masivos en contra de la deuda pública en Coahuila. El abogado Reyes Flores explica en entrevista la estrategia legal que siguen los empresarios y ciudadanos adscritos a esa asociación.
“Es un paquete. Nosotros iniciamos primero con amparos colectivos. Amparos de ciudadanos de manera individual que se presentaron de manera masiva y se siguen presentando. Pero las líneas son varias: una es la oposición en términos del artículo 17 de la Constitución local que es una garantía individual, de oposición ciudadana a la deuda de Coahuila. Ya se presentaron controversias locales constitucionales ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado solicitando la invalidez de la deuda por ser violatoria directa de principios constitucionales”.
El integrante del Partido Acción Nacional agrega que la otra vía es la penal. “Las acciones no sólo son en contra del gobernador interino, que es el que solicita la legalización de la deuda, sino también en contra del gobernador con licencia que consintió durante su periodo la contratación de deuda de manera ilegal. Pero también contra los diputados de la legislatura actual que solaparon y se coludieron con estos funcionarios para legalizar la deuda”.
Reyes Flores agrega: “Nos hemos escandalizado con el monto de los 34 mil millones de pesos, pero lo más grave desde el punto jurídico es el camino de la deuda: primero, los servidores públicos responsables negaron la existencia actual de la deuda. Si se analizan los cinco informes de gobierno y las cuentas públicas de [Humberto] Moreira de los cinco años [de su gobierno], en ninguno se habla de ingresos por deuda. Si lo analizamos en estricto sentido llegamos a la conclusión de que los 34 mil millones de pesos se adquirieron durante el último de gobierno. El año electoral en el que se encapricharon en que su hermano [Rubén] fuera gobernador de Coahuila. ¿Qué sucede en el camino de la deuda? Eso es lo grave desde el punto de vista jurídico”.
El abogado advierte que “la ley de deuda anterior prohibía que la deuda a corto plazo se contratara arriba del presupuesto anual del gobierno. La deuda de Coahuila equivale al 105 por ciento del presupuesto anual y evidentemente han violado la ley. Prohibía expresamente que la deuda se contratara sin la autorización del Congreso; se hizo sin la autorización de éste. Prohibía también que la deuda contratada a corto plazo fuera reestructurada; y el [artículo] 22 de esa ley indica que la deuda contratada en contravención era nula de pleno derecho. Se trata de cuatro principios que impedían la reestructura de la deuda a corto plazo, que la hacía ilegal por haberse contratado por arriba del 5 por ciento del monto del presupuesto anual, y por no haber tenido autorización del Congreso y que también la hacía nula de pleno derecho por no haber cumplido con los requisitos que marca la ley. ¿Qué implica esto? Una deuda nula no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia ni con una nueva ley”.
Para el abogado, “el Congreso del estado, coludido para salvar y lavarle las manos a Humberto Moreira y compañía, abroga la ley anterior y dicta una nueva donde anulan el candado del porcentaje, permiten la contratación sin autorización del Congreso, el refinanciamiento y reestructura de la deuda contratada a corto plazo. Eso es gravísimo, sólo sucede en un estado autoritario”.
Reyes Flores pregunta “¿a dónde se destinó la deuda? El Congreso concluye que a la inversión pública productiva sin tener un sólo documento que demuestre el destino, y concluye que hay 34 mil millones de pesos de deuda sin tener un sólo documento que demuestre el origen. ¿De dónde salen los 34 mil millones de pesos?”.

“Gobierno invirtió deuda en desarrollo”
Los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López destinaron los recursos de la deuda al desarrollo de Coahuila, asegura en entrevista Jorge Verástegui Saucedo, secretario de la Función Pública con Rubén Moreira y exsubsecretario de Vinculación de la Secretaría de Fomento Económico local.
El funcionario detalla que la deuda es de 34 mil 867 millones de pesos, monto renegociado con los bancos. “Es una inversión que difícilmente hubiéramos podido hacer con el presupuesto anual. Es un trabajo que fácilmente se haría en 20 o 30 años; eso es lo que estamos adelantando a nivel estado”.
Añade que “la deuda se dio en 2008, cuando la economía del mundo enfrentó un problema internacional severo derivado de la problemática que se presenta en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers [Holdings Inc, compañía global de servicios financieros]. México no estaba absorto de esa situación y tuvimos repercusiones muy graves: el producto interno bruto (PIB) cayó casi un 6 por ciento a nivel nacional”.
Verástegui Saucedo asegura que, para salir de la crisis, “el gobierno de Coahuila decidió lanzar un programa muy ambicioso de infraestructura vial, educativa, de salud y de desarrollo social. Con ese marco es como se adquiere la deuda, como se compra ésta, dicen los empresarios. La deuda se compra. Y no es malo deber; lo importante, precisamente, es no lo que se debe sino la solvencia que tengas para pagarlo y cómo puedes salir adelante con esa situación”.
De acuerdo con el funcionario, el servicio de la deuda es de 8 por ciento. “Eso nos da un margen de maniobra suficiente para poder enfrentar el siguiente sexenio. ¿Cuál es la mejor prueba de que esto va a ser así? Pues el tiempo. Me lo preguntaban algunos empresarios en el estado; les decía: lo importante es esperar que entre el siguiente gobernador, si tienes alguna duda, y esperar a ver el programa de obras y cómo se va a mover. Ése es el servicio de la deuda, un 8 por ciento. Entonces, sí da margen de maniobra para poder enfrentarlo”.
Añade que ese programa posibilitó que el PIB de la entidad cayera menos que el nacional. “Nos permite ser el tercer lugar en productividad laboral: el haber incurrido en este tipo de programas de infraestructura, como la vial, con todo el sistema de vialidades, puentes, avenidas, bulevares, caminos rurales; dio la oportunidad de ocupar a muchas personas, de dar mucho trabajo”.
Respecto de los sectores cultural y social, indica: “Tenemos 20 bibliotecas, museos, teatros. Sacamos a 106 mil personas de la pobreza; y éstos son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Contamos con un programa que se llamó Cero Marginación que buscó sacar [adelante] a los municipios que estaban en alta marginación y ya no tenemos ningún municipio en alta marginación. Se hicieron 54 mil viviendas con piso firme, casi 34 mil cuadras pavimentadas. Privilegiamos el acceso al agua potable y la energía eléctrica de esas regiones. Hoy tenemos, por lo menos, una preparatoria en la cabecera municipal de los 38 municipios”.