Ceferesos, otro caos de García Luna

Tortura, retenciones ilegales, extorsiones, muertes por negligencia, corrupción, abuso de autoridad, deficiencias administrativas registran los centros federales de Readaptación Social, particularmente la Colonia Penal Federal Islas Marías, que hasta el sexenio pasado era el único reclusorio del país que garantizaba la readaptación social de los internos. Hoy es un centro de segregación y tortura que evoca los tiempos del porfiriato.

Ana Lilia Pérez

A bordo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuatro visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobrevuelan las costas de Nayarit con rumbo a la Colonia Penal Federal Islas Marías (CPFIM), la cárcel más antigua del país que comenzó a operar en 1905, en tiempos del general destacado, Porfirio Díaz. Estaba entonces bajo el control del presidente, ahora del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien designó como director del Centro a Jaime T Fernández López, quien fue director interino en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, tras la fuga del narcotráficante Joaquín Guzmán Lorea, el Chapo, en enero de 2001.

Durante los últimos meses en las oficinas del ombusman nacional se recibieron múltiples quejas de internos y de sus familiares que aluden a torturas físicas y sicológicas, extorsiones, abuso de autoridad, segregación, retenciones ilegales, deficiencia alimentaria, enfermos con padecimientos infectocontagiosos sin atención médica, entre otras irregularidades graves. Se diría que es la misma problemática de muchas prisiones mexicanas, sólo que el hecho de que ocurra en Islas Marías resulta alarmante, porque las negras historias de presidio infrahumano en el legendario penal franqueado por “muros de agua” –como lo definió el escritor y activista político, José Revueltas– parecían cosa del pasado.

Después de que fuera el penal más temido de México, retratado en decenas de libros y películas, utilizado para confinar lo mismo a delincuentes peligrosos que a presos políticos, activistas y opositores al gobierno, a partir de 1980, se convirtió en “un modelo de prisión que permite observar la readaptación social de los internos basado en el trabajo y la convivencia en relativa libertad”, de acuerdo con palabras del fallecido siquiatra y criminalista, Carlos Tornero Díaz.

En 2005, cuando fungía como titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP, en tiempos de Ramón Martín Huerta como secretario, Tornero explicó a Contralínea que la base de la readaptación era el trabajo, la educación, las actividades culturales y la convivencia familiar. La oferta laboral incluía actividades agrícolas, de ganadería, apicultura, acuacultura, pesca, carpintería y talleres.

Entonces era frecuente que internos de penales de todo el país solicitaran compurgar los últimos años de una sentencia en las Islas Marías por lo atractivo que resultaba cohabitar con su familia. El estímulo lo obtenían uno pocos: reos de baja peligrosidad que no pertenecieran a la delincuencia organizada, con un historial “ejemplar” en su estancia en otros penales, sentencia ejecutoria pendiente máximo de dos años y buen estado de salud física y sicológica.

“Muchos pedíamos nuestra transferencia allí, pero había que cumplir todos los requisitos y aprobar los exámenes. A los adictos los rechazaban, a los agresivos o a los que no les gustaba trabajar. Para ir allí tenías que estar sano, una sola infracción en el reclu y te eliminaban de la lista”, explica Israel Sánchez, exconvicto del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ingresó bajo cargo de robo y una condena a seis años de prisión.

Los 274 kilómetros que comprenden las islas María Madre, María Cleofas, María Magdalena y el islote San Juanito, en el Pacífico mexicano, fueron hasta el sexenio foxista el penal que cumplía las normas mínimas estipuladas por los protocolos internacionales. Hoy las transferencias son forzadas. Son de nuevo tiempos en que la historia de la CPFIM se inscribe con testimonios de tortura y presidio infrahumano.

“Los derechos aquí ya no existen, vivimos con temor, pues si reclamamos nos castigan. Cada campamento se rige por su propio reglamento, y cada que cambian de comandante hay nuevas reglas”, refirió un interno ante la CNDH (expediente CNDH/3/2011/4598/Q).

Pero la Secretaría de Seguridad Pública aún indica que la CPFIM es un penal modelo. “Se les engaña con un modelo de prisión que ya no existe”, señala el abogado Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador general de la CNDH.

El caso de Rafael, interno del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas, es ilustrativo: le prometieron que si pedía su transferencia tendría un empleo y, viviría con su familia. Lo transfirieron en diciembre de 2009, pero para enero de 2011, denunció ante la CNDH que aún no se había autorizado ni siquiera que su familia pudiera visitarlo, no tenía trabajo remunerado puesto lo obligaban a hacer melga (trabajo no remunerado) y además lo castigaban sin razón.

El viejo modelo consideraba el vínculo familiar como prioritario para la reinserción social. En el de García Luna, el Consejo Técnico Interdisciplinario tarda más de un año en autorizar la visita y no existe la visita conyugal. A las 429 internas, por ejemplo, no se les permite relacionarse con los varones.

Cuando se autoriza una visita, ésta debe llegar a Mazatlán y enlistarse en el barco de la Secretaría de Marina que cada semana provee de insumos a la Colonia. Pero la prioridad en el barco son los enseres, el personal penitenciario y si queda espacio algún familiar.

A juicio de la CNDH, el nuevo modelo “no favorece la reinserción social de las personas privadas de su libertad y sí, en cambio, la actuación de las autoridades penitenciarias de ese complejo deriva en un acto de molestia, toda vez que no existe fundamento legal alguno que establezca que el Consejo en cuestión se encuentra facultado para restringir el derecho de los internos a ser visitados”.

Isla de lamentos

A 112 kilómetros de San Blas, el helicóptero aterriza en el helipuerto de Balleto, uno de los ocho campamentos que comprenden la Colonia Penal, ahora llamados ceferesos (los otros son Aserradero, Bugambilias, Morelos, Nayarit, Laguna del Toro, Rehilete y Papelillo). En Balleto se concentran las áreas administrativas, las habitaciones del personal de la SSP y el embarcadero a cargo de la Secretaría de Marina.

Cuando los visitadores descienden, apenas se toman un respiro, en unos minutos se hallan entre cientos de internos ansiosos por revelarles sus penares. Algunos a susurros, temerosos de que la custodia identifique a los quejosos y les asesten más “correctivos”. Pero puede más la desesperación que el miedo, se descubren y les muestran los brazos y piernas laceradas por las golpizas. A hurtadillas, uno les expone las marcas que le dejó el custodio que le machacó los testículos y las manos, ahora orina sangre y no puede ni siquiera mover los dedos.

En todos los campamentos escuchan quejas, lo mismo en Balleto que en Aserradero, también en Bugambilias. Hablan los de Morelos, luego los de Nayarit, denuncian también los de Laguna del Toro, Rehilete y Papelillo. Los visitadores toman nota, registran agravios, reúnen evidencias, tres días de labores de sol a sol. Aglutinados los casos integran 25 expedientes que derivaron en la recomendación 90/2011, misma que en diciembre de 2011, la CNDH emitió en contra de García Luna por violar los derechos humanos relativos a la seguridad personal, la salud, la legalidad, la seguridad jurídica, al trato digno y la reinserción social.

Del sexenio de Vicente Fox Quesada al de Felipe Calderón Hinojosa, la CPFIM se convirtió de prisión modelo, a otro penal que reproduce las deficiencias del sistema carcelario mexicano. Son los malogrados resultados del Programa Nacional de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia de García Luna, quien en 2007, prometió hacer de Islas Marías el penal federal más grande y eficiente del país y para ello recibió un presupuesto histórico de más de 4 mil millones de pesos.

Con Fox se concretaba el proyecto de convertirlo en un centro turístico, después de que en noviembre de 2000, fue decretado Área Natural y Reserva de la Biósfera, pero después García Luna definió su nuevo uso: una colonia penal con ocho ceferesos de máxima y “supermáxima” seguridad. Con el histórico presupuesto acordó la construcción con Homex, una empresa sinaloense que, por cierto, ha dejado una estela de supuestos abusos y explotación laboral.

En un lapso de cinco años, la SSP confinó a una población mil veces más grande que la de 2006 (entonces eran 700 internos, ahora son más de 7 mil). Ésta creció de forma exponencial pero no así la oferta laboral, base de la readaptación. Sólo 800 internos tienen empleo remunerado, a otros se les circunscribe a la melga, pero a la mayoría se les tiene inactivos, lo que se contrapone con el artículo 18 de la Constitución que considera al trabajo como un medio para lograr la reinserción social del sentenciado.

Dado las observaciones de la CNDH en su recomendación 90/2011, se podría inferir que de penal modelo no tiene nada, y que hoy Islas Marías es un sitio insalubre donde los internos están a merced de un manejo discrecional de la custodia no ajena a actos de corrupción como extorsiones o cobros indebidos.

La readaptación quedó completamente fuera, antes todos los internos se mantenían ocupados, ahora “es pasmosa la inactividad en la que están, no hay trabajo ni ocupación para la mayoría. Y muchos pasan días y días en segregación sin un claro motivo. Discrecionalmente se deciden los correctivos disciplinarios a los que se ha hecho acreedor”, explica el tercer visitador de la CNDH, Guillermo Andrés Aguirre, jefe del equipo que inspeccionó la prisión insular.

Los apandos

Olores fétidos inundan las inmediaciones de La Marina y La Borracha. El hedor emana de las tazas de baño desbordantes, de la tubería rota, del drenaje expuesto a la superficie. Sobre las paredes el moho forma pestilentes murales amorfos que atraen toda suerte de insectos y fauna nociva.

La Marina y La Borracha, instalaciones a cargo de la Secretaría de Marina, son prisiones dentro del penal de “muros de agua”. Son los apandos que la custodia de la SSP utiliza para “corregir” a los internos.

A las celdas de castigo va directo el que trae el uniforme sucio, los pantalones raídos, el que no tiene gorra, al que le creció el cabello, quien miró mal a un custodio, el que se quejó con los de Derechos Humanos.

A La Borracha va el tuberculoso aunque contagie a cualquiera, porque la SSP no brindó atención médica oportuna ni se impuso un cerco sanitario.

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