Quito, Ecuador. El gobierno del presidente Rafael Correa se apresta a suscribir contratos con las mineras transnacionales Kinross y Ecuacorriente, por una inversión de 3 mil millones de dólares para la explotación de dos proyectos mineros, indicó en entrevista a la agencia de prensa británica Reuters, el viceministro de Minas, Federico Auquilla.
Kinross, con sede en Canadá, tiene el interés en el proyecto de oro, Fruta del Norte; mientras que Ecuacorriente, filial de Corriente Resources (también con sede en Canadá), explotará la mina de cobre Mirador.
De esta forma el funcionario gubernamental ratificó la orientación del gobierno de Correa en avanzar en la extracción minera a pesar de la creciente resistencia social, los cuestionamientos a la falta de rigor científico en los estudios de impacto ambiental y la demanda de los pueblos y nacionalistas por una consulta previa, instituida en la constitución vigente.
El I Foro Social Minero, realizado en noviembre de 2011 en Cuenca, con 800 delegados de todo el país, reveló los graves riesgos que ocasiona la minería y denunció que económicamente los ingresos que generará serán sensiblemente inferiores a los costos de la reparación ambiental, a los daños de las fuentes de agua, por lo cual se consideró que no es un buen negocio para el Estado.
Auquilla afirmó que los contratos están prácticamente terminados y que están definiendo los últimos detalles para el documento definitivo. Calificó las negociaciones como difíciles pero necesarias para aumentar los ingresos del Estado. En sus estimaciones las compañías construirán las minas en dos años y medio.
A decir de Auquilla, los acuerdos incluirían el pago adelantado de regalías. Agregó que el gobierno ecuatoriano no revelaría cuánto deberán pagar las compañías bajo los contratos que firmen; sin embargo afirmó que los proyectos mineros contribuirán con un 5 por ciento del producto interno bruto.
Este pago adelantado, se estima, será destinado para proyectos sociales como nuevos hospitales en las áreas donde operarán las minas, precisamente donde aumenta la oposición, de forma que su uso estará asociado a la estrategia de fraccionar y debilitar la resistencia social a la minería.
El favoritismo de Correa por la minería, demuestra su abandono político de las posiciones nacionalistas y de izquierda y su viraje a favor de las empresas transnacionales que buscan oro en el contexto de la crisis monetaria mundial, donde la onza se ha disparado hacia los 2 mil dólares y se estima que su valor real se sitúa en los 15 mil dólares, lo que tiene un alto costo político para Correa a nivel interno y externo.
El gobierno, por su lado, considera que esta es una forma de diversificar la economía ecuatoriana de su dependencia de las exportaciones petroleras. Sin embargo, es cuestionado por mantener el modelo de explotación y exportación primaria que ha caracterizado las relaciones económicas del país desde los años del colonialismo español. En tanto en otros temas, Correa fustiga a la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, y trata de aparecer como un duro objetante, su posición por la minería es calificada por Reuters como la de un acercamiento más laxo con las transnacionales.
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